En colaboración con Economistas Frente a la Crisis

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En España, además de la dramática situación de desempleo, que hoy afecta a más de 6,2 millones de personas, nos aqueja una alta tasa de temporalidad. El 22% de los/as trabajadores/as tienen contratos temporales, el segundo registro más elevado de toda la Unión Europea, donde la temporalidad no supera de media el 15%.

Hay quienes creen que estos males de nuestro mercado de trabajo se combaten con reformas laborales, pensando, seguramente con buena intención, que las leyes por sí solas tienen un poder taumatúrgico y pueden cambiar las causas que motivan ese uso intensivo y más que abusivo de la contratación temporal.

Sin embargo, es más que posible que, sin actuar sobre las causas del desmedido uso de la contratación temporal en España, las leyes solas no puedan, por idílicas que se presenten, alterar una cultura de la temporalidad que está anclada en la raíz de nuestro modelo de relaciones laborales desde hace casi 30 años.

Las leyes, efectivamente, no pueden alterar por sí solas el modelo productivo de la economía española, de marcado carácter estacional y con un nivel de productividad media por ocupado/a relativamente reducido, con un elevado peso relativo de la construcción y de las actividades turísticas y con un relativamente reducido peso de las actividades industriales, sobre todo de las más intensivas en capital y en cambio tecnológico y de los servicios más innovadores y de mayor productividad.

Estas características de nuestro modelo productivo, que son ajenas a nuestro mercado de trabajo, marcan sin embargo el desarrollo del mismo.

Un modelo económico, como ha sido el nuestro en el pasado, con mucho peso de actividades de escaso valor añadido y uso intensivo de mano de obra provoca, primero, una escasa exigencia de cualificación en los/as trabajadores/as, y, en segundo lugar, un elevado nivel de rotación, que seguramente están en la base de las altas tasas de temporalidad en la contratación habidas en nuestro país y en la propia segmentación de nuestro mercado de trabajo.

Es, por tanto, el modelo productivo el que propicia la utilización de empleos precarios, dados su bajos requerimientos de cualificación y experiencia, y no al revés. Es verdad que no puede negarse un cierto efecto contario, en el que la facilidad de uso de modalidades contractuales precarias también posibilita el surgimiento de empresas y actividades poco productivas y en sectores de escaso recorrido. Pero este es un efecto mucho más marginal que el que produce el propio modelo productivo.

De este modo, un cambio en nuestro modelo de crecimiento económico será un elemento decisivo de cambio de nuestro mercado de trabajo. Con toda probabilidad, la temporalidad y la segmentación presentes en el mismo se combaten mejor con la apuesta por la educación, la formación y el desarrollo de actividades económicas con alto valor añadido que con cambios en las normas que regulan los contratos de trabajo.

Esto no significa que las reformas de las leyes no tengan ningún papel que cumplir en relación con el mercado laboral. Desde luego no es crear empleo, que depende de las necesidades productivas. Pero el sistema laboral, y el de contratación en particular, sí generan incentivos y expectativas que modulan el comportamiento de las empresas y los/as trabajadores/as. La pasada reforma laboral, por ejemplo, al facilitar el despido en épocas de crisis, ha incentivado la destrucción de empleo. Pero, sobre todo, la legislación laboral define el tipo de empleo -y el modelo de relaciones laborales- al que aspiramos como sociedad.

Pues bien, ni siquiera en momentos de grave crisis económica debemos renunciar al discurso y la defensa de la calidad en el empleo. Es verdad que es muy difícil hablar de calidad en el empleo cuando lo que sucede es que no lo hay y más de 6 millones de personas están desempleadas. Pero la experiencia vivida en la gestión de la crisis nos ha demostrado la certeza de la convicción de que la precariedad no crea empleo.

Es más, la necesidad de generar empleos en nuestra economía debe ser inherente a la mejora de la calidad de los mismos. Porque, siendo imprescindible y urgente elevar nuestro nivel de empleo, lo es igualmente hacer que este sea más productivo, seguro y estable. Se trata no sólo de impulsar la creación de empleo, sino de reforzar el valor del trabajo como elemento esencial de las capacidades de desarrollo económico y social del país.

En este sentido, el elevado nivel de precariedad que caracteriza el mercado laboral español es incompatible con el necesario cambio de modelo de crecimiento y del empleo que requiere nuestra economía.

Ninguna reforma laboral hasta el momento ha sabido corregir esta situación. En buena medida porque, como hemos dicho antes, los resultados del mercado laboral son derivados de la estructura y modelo productivos del país y ninguna de ellas ha actuado contra estas causas. Pero también porque estas reformas no han tenido la capacidad de cambiar comportamientos que se arrastran desde hace décadas, y que han aprovechado los incentivos perversos que ha establecido nuestro sistema de contratación, y en especial algunas modalidades contractuales de fácil y muy barata extinción e insuficientes o ineficaces mecanismos de control.

El enquistamiento de nuestra elevada temporalidad es el resultado del abuso que se ha hecho de un sistema de contratación esencialmente bien diseñado y similar al existente en los países de nuestro entorno, pero al que se ha corrompido por la ausencia de control y su utilización sesgada e interesada. Así, el contrato de carácter temporal se ha utilizado como mecanismo de abaratamiento permanente de costes, perverso instrumento de flexibilidad empresarial (externa), y canal de inserción de los/as trabajadores/as, funciones todas ellas impropias y de efectos indeseables, pero que se han generalizado en el mercado laboral.

A veces parece olvidarse que los/as perjudicados/as no son sólo los/as trabajadores/as, sino también las empresas y, desde luego, el conjunto del sistema productivo de nuestro país. Porque la temporalidad tiene un indiscutible impacto en la calidad del trabajo, lo que reduce la productividad y la competitividad de las empresas; al tiempo que reduce los salarios de los/as trabajadores/as y, en general, lleva aparejado un deterioro de las condiciones de trabajo.

Por si no fuera poco, la reforma laboral de 2012 ha agravado de forma drástica esta precarización de las condiciones laborales en nuestro país, promoviendo un mercado laboral más ineficiente e injusto. Y ha insistido en una progresiva reducción de las garantías de aquellos/as trabajadores/as con contrato indefinido, elevando la precariedad global del mercado de trabajo.

Por eso es urgente recuperar la centralidad del principio de estabilidad en el empleo. Y ello exige partir del reconocimiento de la causalidad de la contratación como rasgo referencial de nuestro sistema de entrada y salida en el mercado laboral. Así, en la medida en que ha sido la quiebra de facto de la causalidad la que ha originado la elevada precariedad actual, parece adecuado reforzarla con actuaciones desde diversas ópticas, que, incorporando medidas que no se han explorado hasta ahora de forma decidida, pueden ser reconducidas a dos grandes esferas.

En primer lugar, la lucha contra la precariedad debe venir de la corrección de abusos en la contratación temporal a través de un reforzamiento efectivo de la causalidad de estas modalidades contractuales:

• derogar el llamado “contrato indefinido de apoyo a los emprendedores”, por no ser más que un contrato temporal de un año de duración que puede extinguirse en cualquier momento sin alegar causa alguna y sin pagar ninguna indemnización (la clave no es si un contrato se llama temporal o indefinido, sino si el empleo que se crea mediante el mismo se comporta como un empleo estable o uno precario, se llame como se llame el contrato);

• limitar de manera más estricta el encadenamiento de contratos temporales, acortando el tiempo máximo de referencia para la conversión del contrato en indefinido y limitando el número máximo de renovaciones;

• establecer como contenido mínimo de los convenios colectivos la determinación de un porcentaje máximo de contratación temporal admisible en la empresa, sancionando con la presunción de indefinición iuris et de iure los contratos temporales que sobrepasen el umbral de temporalidad establecido y con la nulidad el despido de los/as trabajadores afectados/as;

• desvincular el contrato de obra o servicio determinado del fenómeno de las contratas y subcontratas, que es la causa de la temporalidad endémica en algunos sectores de actividad productiva, especialmente del sector servicios;

• controlar la temporalidad injustificada en el ámbito de las Administraciones Públicas y del tercer sector, especialmente la creada al calor de programas de subvenciones públicas;

• en línea con la imposición de responsabilidades económicas reforzadas (astreintes) del sistema francés, establecer una cuantía absoluta de indemnización de 6.000 euros por cada condena judicial declarando que la relación laboral entre las partes era de carácter indefinido por haber sido ilegal la contratación temporal efectuada: se trata de una indemnización fija que no depende ni de la antigüedad del/a trabajador/a en la empresa ni de la duración del contrato y que tiene efectos disuasorios frente a la utilización fraudulenta de la contratación temporal;

• evitar la temporalidad “deslaboralizada” mediante el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control del uso indebido del trabajo autónomo y de los programas de prácticas no laborales y becas en las empresas, para evitar que reemplacen la contratación laboral e impedir el encadenamiento entre las becas y los contratos en prácticas.

De otra parte, hay que aproximar los costes de los contratos indefinidos y temporales, de manera que la temporalidad sea mucho más costosa y se convierta en una excepción frente a la regla general, que debe ser el contrato estable:

• incrementar sustancialmente las cotizaciones de los contratos temporales compensando una posible reducción de las cotizaciones de los contratos indefinidos;

• establecimiento de un sistema de cotizaciones decrecientes en función de la prolongación en el tiempo del contrato de duración indefinida;

• establecimiento de un modelo bonus-malus en la cotización por desempleo, de manera que aquellas empresas que superen los índices de temporalidad media habidos en el sector de actividad al que pertenezcan tengan un plus de cotización y aquellas que estén por debajo de dicho índice tengan un reducción en la misma.

En paralelo a las medidas anteriores, la estabilidad en el empleo también exige que reforcemos el principio de causalidad en la extinción de la contratación indefinida. Frente a posiciones que vinculan la facilidad en el despido con la creación de empleo, que la reforma laboral de 2012 ha demostrado completamente fallidas e incorrectas, debemos recuperar el debate de la causalidad en la extinción del contrato de trabajo. Ello está en línea con el reconocimiento del derecho al trabajo que hace nuestra propia Constitución, en su artículo 35, y con la Carta Comunitaria de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Pero hay más: la plena preservación de la causalidad en el despido constituye una pieza clave para el desarrollo de unas relaciones laborales en las que la incorporación de la flexibilidad no se realice en detrimento de la seguridad de los/as trabajadores/as. No debemos olvidar que la causalidad del despido actúa como factor de impulso de las medidas de flexibilidad interna, escasamente utilizadas hasta la fecha en nuestro país, no porque seamos diferentes al resto de los países europeos, sino precisamente porque en España existe una enorme facilidad para despedir.

Estas son nuestras propuestas. Todas ellas dirigidas a acabar con la precariedad y no a extenderla, utilizando el pseudónimo de “contrato único”, a todos/as los/as trabajadores/as de nuestro país.

Desde que en Octubre del 2009 el Primer Ministro griego reconoció que su país tenía un déficit tres veces superior al máximo permitido (y que lo había estado ocultando durante años) la construcción europea empezó a sufrir la crisis más grave de su historia, amenazando la propia existencia del euro y creando una nueva división entre sus pueblos.

Es el momento de recordar a Jean Monnet y su célebre frase: “Europa se hará en las crisis y será la suma de las soluciones que a esas crisis se den”. Desgraciadamente, por el momento es difícil esperar que el proyecto europeo salga de esta crisis reforzado y engrandecido.

Parecía que lo peor había pasado. Gracias a los “guns of august” del Sr. Draghi del verano pasado, la zona euro parecía haber superado los riesgos de desintegración. Pero si la zona euro había superado la fase aguda de su crisis, al menos hasta el reciente episodio de Chipre, hemos entrado en una crisis crónica y duradera de débil crecimiento, paro y recesión en los países del sur (sur en el sentido amplio porque también afecta a Francia y al Reino Unido) y altos riesgos de fractura social. Hay un creciente divorcio psicológico y político entre los países prósperos ribereños del Báltico (el Club Balt) y los mediterráneos (el Club Med) sumidos en la austeridad y la depresión. Aunque el euro parecía salvado lo que está en peligro es el propio proyecto europeo. Como se dice en Bruselas, hemos quizá salvado el euro a costa de sacrificar Europa. La crisis ya no es financiera ni fiscal ni económica, es una crisis política.

Las elecciones italianas y la situación de paro y recesión en España y Grecia muestran que la fractura social y los riesgos para el euro siguen siendo altos. Mientras no se cree una verdadera solidaridad política (lo que implica crear un cierto grado de mutualización de deudas) y se recupere el crecimiento mediante políticas que estabilicen el ciclo económico, la unión monetaria no será creíble ni estable.

Y sin embargo hay que reconocer que la crisis ha hecho progresar a la integración europea en los últimos 2 años más que en los 10 anteriores. La crisis ha cambiado profundamente la teoría, la práctica, la percepción social e incluso los leif motifs de la Europa unida, además de afectar a su papel geopolítico.

Se puede decir que esos cambios se han producido tarde y mal, que se ha hecho poco, a la fuerza  a veces  y casi siempre demasiado tarde. Pero a pesar de todo, se ha creado una solidaridad impensable antes del 2010 entre los países del euro, a cambio de unas exigencias de la mal llamada austeridad, que están precipitando en la recesión a los países afectados por la crisis.

En efecto, la crisis ha cambiado Europa. Y más deberá cambiarla todavía para evitar el riesgo de desintegración. El proyecto europeo ha sido capaz de pacificar Europa pero no de aportar una prosperidad generalizada y sostenible. Los países de la periferia mediterránea han perdido ya una década, su renta disponible ha vuelto a los niveles pre-euro. Tampoco se ha creado una solidaridad basada en un demos europeo emergente. El euro ha acabado con la guerra de las monedas entre las economías europeas pero, sin políticas económicas comunes que corrigieran los desequilibrios, ha servido también para enmascarar diferenciales crecientes de competitividad entre  territorios y ha propiciado procesos de endeudamiento insostenibles.

Casi todo lo que he dicho hasta ahora es bien conocido. Pero como el espacio es limitado y no me va a permitir seguir divagando, me centraré en dos aspectos concretos de los cambios que la crisis ha inducido en Europa.

Primero los cambios en la política económica y sus instrumentos y segundo los cambios en la arquitectura institucional.

 Los cambios en la política económica

Los cambios en la política económica y sus instrumentos han sido dramáticos, como diría un inglés, y con consecuencias dramáticas en el sentido castellano del término.

Los cambios han debido ser importantes porque nada estaba previsto para hacer frente a un problema de financiación de un Estado miembro del euro. Es más, se suponía que algo así no podía ocurrir. Y puesto que era imposible, los europeos nos habíamos prohibido disponer de los instrumentos necesarios para hacer frente a tal eventualidad. Cada Estado era responsable de sus Deudas, los demás no podían compartirlas y el BCE no podía financiar los déficits públicos.

Bajo la concepción alemana, los europeos quisimos crear una moneda sin política, gobernada solo por reglas predeterminadas e inamovibles. Pero vivimos en un mundo estocástico y ninguna regla puede prever la magnitud de los choques a los que habrá que hacer frente. La virulencia de la crisis nos ha obligado a transgredir, sin reconocerlo, esos principios fundadores.

Cuando, hace ya 3 años, fue patente que Grecia no podía financiarse en el mercado a tipos razonables los demás países acabaron convenciéndose de que dejarla caer tendría efectos catastróficos, tanto sobre los países en situación de debilidad como sobre los bancos, especialmente alemanes y franceses, con importantes cantidades de deuda griega en sus carteras. Pero ante la dificultad de reformar los Tratados se fueron construyendo nuevos instrumentos al margen del sistema comunitario. Empezando por préstamos bilaterales y después de muchos errores, pasos intermedios e intentos frustrados, se ha acabado creado un mecanismo permanente de ayuda financiera, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, dotado de capital propio aportado por los Estados, que se financia en los mercados y con una capacidad de préstamo de 500.000 millones de euros. Algo impensable antes de la crisis.

Pero en ese recorrido se han cometido muchos errores. Primero, las ayudas se han concedido in extremis, quizá porque llegar al borde del precipicio era la única forma de hacerlo aceptar por las opiniones públicas de los países financiadores. Segundo, se han concedido  a cambio de una austeridad que contrae la actividad y hace más doloroso y difícil el reequilibrio fiscal. Tercero, se ha subestimado el contagio de la desconfianza y las anticipaciones de los inversores privados (eso que llamamos la especulación). Al anunciar (en la infausta declaración Merkel-Sarkozy de Deauville) que los tenedores de deuda pública sufrirían quitas, se precipito la caída de Irlanda y Portugal. Después del default parcial de la deuda griega España e Italia soportaron tipos de interés insostenibles y solo fueron salvadas por la intervención del BCE en agosto del 2011, a cambio de reformas constitucionales, y por las palabras de Draghi en el del 2012. Cuarto, el circulo vicioso que se dejo instalar entre las dificultades de las haciendas publicas y la solvencia de los bancos. Los Estados se endeudan para salvar a sus bancos y los balances de estos se degradan como consecuencia de la desvalorización de sus carteras de deuda pública. Quinto, y como consecuencia de lo anterior, el parón brutal de los flujos financieros entre Estados y la reducción del crédito a la economía.

En estas circunstancias, solo un agente económico capaz de suministrar liquidez en cantidad ilimitada puede evitar el pánico en los mercados. El BCE ha jugado este papel de prestamista en última instancia con respecto a los bancos a los que, desde el inicio de la crisis les ha ido prestando cantidades cada vez mas grandes con garantías cada vez más débiles y a tipos cada vez más bajos.

Pero los Tratados prohibían, y prohíben, al BCE hacer lo mismo con los Estados. El gran cambio al que la crisis ha obligado, es que el BCE ha acabado haciéndolo, o amenazando con hacerlo, por la puerta de atrás, es decir, en el mercado secundario. Al principio tímidamente, a cuenta gotas y casi pidiendo perdón, pero cada vez mas hasta que Draghi advierte que lo hará de forma ilimitada, si es necesario, con la condición de que antes los Estados hayan pedido ayuda al Mecanismo de Estabilidad Europea y se hayan sometido a una estrecha vigilancia.

Está por ver que al final estas intervenciones se consideren compatibles con los Tratados pero de momento la posibilidad de intervenir ha hecho innecesaria la intervención. Esta es una gran diferencia con lo que ocurre en EE.UU. o en el Reino Unido cuyo Banco de Inglaterra detenta ya el 25 % de la deuda pública británica. Con razón dice el premier Cameron que los continentales se habían propuesto crear una unión monetaria sin ninguno de los atributos necesarios para que funcione: ni presupuesto federal ni trasferencias fiscales ni prestamista en última instancia.

Para corregir esta situación no hemos cambiado los textos ni alterado los dogmas, pero en la práctica los hemos contorneado. Draghi no puede decir, como Bernanke, que su política monetaria está condicionada por el nivel de paro. Pero se compromete a hacer “lo necesario y suficiente” para salvar el euro y el BCE se ha convertido poco a poco en prestamista de última instancia de los Estados víctimas de la desconfianza de los mercados.

Para calmar esa desconfianza los europeos hemos construido una solidaridad directa entre Estados a  través de los fondos de ayuda financiera (gráficamente llamados en algunos países fondos-salva Estados). Y una solidaridad indirecta a través de la compra de deuda pública por el BCE.

Pero eso no basta. Hay que prevenir que la historia se repita, evitar nuevos desequilibrios que produzcan otra crisis y, sobre todo, sacar a los países periféricos de la espiral recesiva en la que han entrado. Es decir, profundizar en la integración de la zona euro para construir una “verdadera unión económica y monetaria” como lleva por título el informe que H. van Rompuy ha elaborado para el Consejo Europeo.

De una forma muy resumida podemos decir que estos cambios se articulan en torno a tres ejes. Una unión bancaria para corregir la peligrosa fragmentación financiera de la zona euro y la incapacidad de algunos Estados de salvar a sus bancos. Un nuevo sistema de reglas para evitar otro derrapaje fiscal a la griega. Y una política europea de crecimiento.

La Unión bancaria está en marcha desde que fue aprobada en el consejo Europeo de junio 2012. Se basa en tres elementos. Un sistema de supervisión, confiado, con excepciones al BCE. Un sistema de garantía de depósitos a nivel europeo cuyo principio ha estado a punto de naufragar en Chipre y sobre el que no hay ningún acuerdo para hacerlo realmente paneuropeo. Y un sistema de resolución de crisis bancarias todavía en estudio. El proceso será largo y difícil, la puesta en práctica del primer pilar condiciona los otros dos y es más fácil decirlo que hacerlo. Mientras tanto, el MES no puede recapitalizar directamente a los bancos y sus ayudas transitan por los Estados aumentando su déficit y su Deuda como bien sabemos en España. Y como han aprendido los chipriotas.

El segundo elemento, el sistema de vigilancia presupuestaria de los Estados se ha desarrollado ampliamente. Si las reglas fueran suficiente garantía (ya hemos visto que no) podríamos estar tranquilos porque en 2 años nos hemos dotado de un arsenal de reglas impresionante. Probablemente excesivo y excesivamente focalizado en la policía del déficit público como si este fuera el único desequilibrio peligroso (también hemos visto que no). Un pacto político, el denominado Pacto Euro Plus, un sistema de coordinación presupuestaria, el Semestre Europeo, un paquete de seis directivas (el six pack) aprobadas en noviembre del 2011 que refuerza la dimensión preventiva del Pacto de Estabilidad, un nuevo Tratado sobre la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza (TECG) que introduce la llamada “regla de oro”, al máximo nivel de las legislaciones nacionales por la que se limita el déficit estructural al 0,5 % del PIB. En nuestro caso en la Constitución, lo que me parece una medida desafortunada. Y por si fuera poco, otras dos directivas, el two pack, recientemente aprobadas por el PE que refuerza el control por la Comisión de los presupuestos nacionales y crean autoridades fiscales independientes en cada país.

Desde luego por reglas, a veces redundantes y repetitivas, no va a quedar. El problema, como hemos aprendido en España en la lucha contra la corrupción, es que no se trata de las reglas sino de su aplicación efectiva, su inforcement. No voy a entrar ahora, ni tendría espacio para hacerlo, en el análisis del TECG, llamado un legal monster, sobre el que tengo serias reservas  y no solo por su naturaleza jurídica de Tratado que afecta a las instituciones de la Unión pero que no es un Tratado de la Unión y del que no son parte todos los países.

También, y por primera vez, se extiende la vigilancia preventiva a desequilibrios macroeconómicos distintos de los del déficit público. Como el crecimiento del crédito, de los salarios, de los precios inmobiliarios y de los desequilibrios comerciales. Pero con estos se es mucho más benevolente y laxo. Las sanciones son más ligeras y los parámetros parecen hechos a la medida del cliente. Por ejemplo, el límite máximo de superávit comercial es del 6 %, y curiosamente la media del superávit alemán en el periodo 2008-2010 es el 5,9 % (mayor que el de China) y por tanto no se considera excesivo.

En política de crecimiento, los cambios inducidos por la crisis no están  a la altura de los problemas a los que hay que hacer frente. Hace falta una verdadera política de crecimiento europea  porque la austeridad sin crecimiento nos lleva directamente contra la pared. El ajuste de los diferenciales de competitividad a base únicamente de deflación en el sur, sin una contribución expansiva en los países excedentarios del norte no es socialmente posible. Como dice The Economist, los del Club Balt tienen razón en exigir responsabilidad a los del Club Med pero tienen que ser realistas en las exigencias que acompañan los bail outs y contribuir con sus políticas nacionales al reequilibrio del conjunto. Eso es especialmente cierto para el triunvirato que dirige hoy la política económica europea: Alemania, Finlandia y Holanda. Cierto que los finlandeses sufrieron lo suyo para salir de la recesión causada por la implosión de la URRSS y de su propia burbuja inmobiliaria en la década de los 90. Pero quizá deban recordar que no estaban en el euro y devaluaron su markka un 30 %.

Excesiva austeridad y deflación, con elevados niveles de desempleo, crecimientos negativos  y sequia de crédito harán imposibles aplicar las reformas necesarias para restaurar la competitividad de los países del sur. Si los países excedentarios siguen aplicando políticas restrictivas y los crecimientos salariales de los años 2000 a 2010, los ajustes de competitividad internos de la eurozona exigirán niveles de “devaluación interna” en el sur que será económicamente contraproducente y política y socialmente imposibles .

Si no se restaura rápidamente el crecimiento no hay esperanza para la estabilidad de la eurozona. Hay que romper el tabú de que las políticas de demanda son intrínsecamente malas. Hay que buscar las formas de impulsar la demanda al tiempo que se mantiene una trayectoria creíble de estabilización fiscal (relajar las reglas de cofinanciación de los proyectos europeos, o excluir las inversiones del déficit público para aumentar la calidad del ajuste fiscal). Como argumenta Uride del Peterson Institute, las reformas estructurales son contractivas en el corto plazo porque aumentan la incertidumbre y disminuyen la renta, lo que reduce la demanda. Para que tengan éxito tienen que acompañarse de políticas de expansión de la demanda. Si además no se puede recurrir a utilizar el tipo de cambio para aumentar la demanda externa se genera un circulo vicioso recesivo como está ocurriendo en España, donde la situación es realmente explosiva… y las opiniones públicas están a punto de volverse definitivamente antieuropeas.

Hace pocos días en Bruselas, en una reunión de un grupo de estudiosos del euro, H Van Rompuy nos decía que la UE tiene una estrategia de crecimiento a corto plazo para acompañar las políticas de ajuste estructural y fiscal. Permítanme dudarlo. La “Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, durable e inclusivo” es poco mas que retorica. El pacto por el crecimiento decidido en junio 2012 para acompañar el TECG es un mini plan de relanzamiento europeo dotado con 120.000 millones de euros que no está a la altura del problema.

Los cambios inducidos por la crisis no han sido suficientes para dotar a la UE de un presupuesto que le permita una acción contra cíclica tanto más necesaria cuanto que los presupuestos nacionales están sometidos a reglas estrictas que les impiden jugar este papel. Los presupuestos para el próximo septenio, recientemente aprobados, van en la dirección contraria.

El informe de H. Van Rompuy antes citado propone dotar a la UE de capacidad fiscal y presupuestaria pero de momento estamos en el limbo de los principios. Ningún acuerdo sobre los recursos propios de la UE ni sobre su capacidad de endeudamiento para financiar grandes proyectos paneuropeos ni sobre los eurobonos. Y sin embargo, la Unión bancaria no será creíble mientras la UE no disponga de alguna clase de risk free asset, que es el papel estratégico que deberían jugar los eurobonos.

A pesar de la austeridad, el ratio de endeudamiento  ha subido en los países en crisis y en la UE en su conjunto. Hay que analizar los resultados de las políticas de austeridad seguidas hasta ahora y preguntarse por su viabilidad social hasta que consigan los resultados prometidos.

En Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, ahora en Chipre pero también en Francia, se están aplicando políticas de ajuste que reducen el déficit público, el endeudamiento del sector privado, los balances bancarios. También se reducen los salarios para ganar competitividad, las inversiones públicas y las pensiones para contribuir al ajuste fiscal. Como era de esperar estas políticas reducen la demanda interna, la actividad y el empleo. Como era también de esperar provocan un creciente rechazo social expresado en las elecciones italianas y el reciente voto del Parlamento chipriota.

La cuestión es si esas políticas producirán efectos positivos antes de que sean definitivamente rechazadas y los países afectados se vean obligados a aplicar otras estrategias, incluido la salida del euro, o cambie de política la propia UE.

Hasta el momento, incluso en los países como España y Portugal en los que se han producido mejoras de competitividad-coste, la situación general es extremadamente negativa y el ratio de endeudamiento sigue subiendo. La reducción en costes salariales no se traduce en idénticas mejoras de la competitividad debido a la viscosidad de los precios. Hay razones para ser pesimista acerca de la carrera entre efectividad del ajuste y resistencia social.

La mejora en la competitividad-precio ha contribuido a un incremento de las exportaciones y de las inversiones extranjeras, pero este impulso parece estar disminuyendo en España y más aun en Portugal.

A la vista de los datos la estrategia de ajuste comprimiendo la demanda interna no parece muy efectiva. Ciertamente ha disminuido el enorme e insostenible déficit exterior pero al precio de una depresión que puede tener efectos crónicos en el tejido social y productivo.

Los cambios políticos e institucionales

Dejando ya los cambios económicos y socioeconómicos producidos por la crisis, es también importante analizar los político-institucionales.

Todos los cambios que se ha producido en Europa a consecuencia de las crisis, y más aun los que quedan por hacer, implican una trasferencia de soberanía a un nivel supranacional que debería acompañarse del necesario control democrático a ese mismo nivel. Hasta ahora no ha sido así y la propia situación de crisis puede explicarlo. Pero cara al futuro es obligatorio considerar el modelo político que va adoptar la UE. Y este puede ser, como es bien sabido, el intergubernamental o el comunitario.

Hubiera podido esperarse que el cambio inducido por la crisis fuese en la dirección del federalismo. No ha sido así, ha primado la lógica intergubernamental que se puede resumir, como hace Jean Pisany Ferry, director del Instituto Bruegel de Bruselas, en un seguro colectivo, una especie de mutua interestatal, acompañada de un refuerzo de la disciplina presupuestaria sin armonización fiscal.

La UE se construyó inicialmente desde una lógica federalizante que entró en conflicto con el esquema intergubernamental que la gobernanza del euro tuvo desde el principio y que la crisis ha acentuado. Cuando desde 2010 un Estado miembro del euro necesita ayuda financiera no es el presupuesto comunitario quien se la da. La financian los demás gobiernos a prorrata de sus propios recursos y bajo el control de sus parlamentos nacionales. Se hubiera podido hacer de otra manera, dotando de recursos al fondo comunitario que da asistencia financiera a los países de la Unión que no son miembros del euro y que tienen problemas con su balanza de pagos.

Así se hizo con Hungría y para ello la UE acudió a los mercados con la garantía de sus recursos presupuestarios. Paradójicamente no se quiso utilizar un instrumento comunitario para ayudar a los países del euro que eran los que más habían avanzado en la integración comunitaria. Se prefirió un sistema de seguro mutuo entre países del cual el Mecanismo Europeo de Estabilidad es la expresión más elaborada, gobernado por un grupo de ministros de Hacienda y que no da cuenta de sus decisiones al Parlamento Europeo.

De nuevo citando a Pisani-Ferry, este sistema tiene dos problemas: la escasa representación del interés general europeo y la debilidad del ejecutivo a nivel comunitario. El papel de la Comisión es muy limitado y el Parlamento no tiene prácticamente ninguno. La política sigue siendo nacional y las decisiones de aportar recursos o de tomar decisiones de ajuste son de los parlamentos nacionales. Cada uno de ellos responde a su interés nacional y no se les debe reprochar porque ese es su papel. Y ya hemos constatado que ese interés se percibe de forma muy distinta desde Berlín o desde Nicosia.

La dirección de los cambios que la crisis va a inducir en la construcción europea dependerá de si se profundiza en el modelo intergubernamental de seguro mutuo + disciplina dictada entre colegas,  o se va hacia una vía federal.

Profundizar en el modelo intergubernamental exige resolver los dos problemas antes citados y no es fácil sin cambios institucionales complejos que garanticen la legitimidad y el control político necesario para, por ejemplo, emitir los eurobonos. Circulan muchas ideas, como la de constituir una asamblea parlamentaria compuesta por representantes del Parlamento Europeo y de las Comisiones de Hacienda de los Parlamentos nacionales de los países del euro. Todas ellas requieren de una ingeniería institucional y de cambios en los Tratados difíciles de aplicar.

Avanzar en serio en la estructura federal requiere dotar a la Unión, o a la zona euro en la óptica de las dos Europas (la zona euro y la no-euro) de un recurso verdaderamente propio con entidad suficiente para financiar bienes públicos europeos y una capacidad de trasferencias estabilizadoras. Además de una capacidad de endeudamiento para financiar los programas de ayuda financiera a países y/o de recapitalización bancaria. Esos títulos de Deuda, los eurobonos serian títulos emitidos por un Tesoro Europeo dotados de una garantía conjunta de todos los países.

Los problemas de aceptabilidad política y de aplicación práctica no son menores. Los candidatos naturales a ese avance federalizante son los países del euro, de por sí ya mas integrados. Un presupuesto para la zona euro debería basarse en gastos de trasferencias y de inversión de naturaleza anticiclica. El seguro de desempleo sería un buen ejemplo, a costa de romper otro tabú, el de que la UE no interviene en trasferencias interpersonales. Y además exigiría una armonización de las políticas laborales. En la gestión de crisis se ha optado por mecanismos interestatales, que no son realmente transferencias no reembolsables, como los préstamos bilaterales a Grecia  primero, el fondo europeo de estabilidad financiera después, o el activismo del BCE en el mercado secundario de deuda pública. Los mecanismos de solidaridad interpersonal deslocalizarían los choques asimétricos repartiendo el coste entre el conjunto de la UE. Como sería el caso si se comunitarizara la garantía sobre los depósitos bancarios. La implantación de los eurobonos sería un mecanismo de solidaridad interestatal que junto con los de carácter interpersonal haría innecesarias las malas decisiones ad-hoc en reuniones agónicas del Eurogrupo (véase el caso de Chipre).

Soy consciente de que los mecanismos de solidaridad interpersonal se producen en comunidades políticas consolidadas como son las nacionales (y discutidos, caso actual de Cataluña, cuando esa comunidad nacional no es sentida como tal) .Y ese no es el caso de la UE. Pasar de una solidaridad entre Estados, limitada y condicionada, a una solidaridad entre ciudadanos requiere un ethos compartido. Pero aunque sea un planteamiento hoy por hoy utópico, de eso se debe tratar cuando se habla de Unión política.

Puestos a escoger entre dos caminos difíciles, mi preferencia sería la de constituir la zona euro en forma de una federación y aproximarla al modelo americano. Es lo que da sentido a la existencia de una misma moneda que reclama una coordinación de las políticas económicas y fiscales. En realidad los EE.UU. nacieron como una federación cuando Hamilton convirtió la deuda de los Estados en deuda federal, lo que sería parcialmente el efecto de los eurobonos. Pero dudo de que en Europa estemos viviendo ahora un hamiltonian moment. Si Hamilton lo pudo hacer es porque esas deudas de los Estados se habían generado en la lucha contra un enemigo común, la Inglaterra colonial, y  a los europeos del siglo XXI nos falta un enemigo común que aglutine nuestras voluntades.

A cambio, los europeos deberíamos aglutinarlas en torno a un objetivo común, a una visión, en el sentido anglosajón del término. Europa se encuentra ahora a mitad de un proceso inestable porque es incompleto. No ha avanzado bastante ni lo bastante deprisa en su integración y corre el riesgo de la desintegración. Reencontrar un proyecto cuyos beneficios fuesen perceptibles por los ciudadanos europeos seria también positivo para el resto del mundo. Por ejemplo, se necesita una Europa dotada de esa visión de futuro para evitar caer en la tentación de disminuir la lucha contra el cambio climático y los esfuerzos en la transición energética. O para estabilizar la democracia y asegurar la paz en los países de la primavera árabe, nuestros vecinos más inmediatos ante los que tenemos responsabilidades indeclinables. Pero eso solo será posible si los europeos salen de la crisis más convencidos de la necesidad de su unión.

Si una gran compañía quiere instalarse en el éxito debe construir un relato que lo mitifique. Esa es una de las reglas de la comunicación empresarial y del periodismo de marca impulsor del storytelling en los mensajes corporativos, es decir de historias informativas que refuerzan el mensaje de su posicionamiento en el mercado.  No es fácil, por tanto, saber si Gore-Tex como se afirma en la revista Yorokobu es el mejor ejemplo de una empresa sin jefes, sin jerarquías y sin supervisores ni qué significa eso a pesar de los parabienes que pueda suscitar ese mensaje en otros textos, en lo que se les pone como ejemplo de otro sistema productivo, de una “democracia de masas” incluso.

Sería en todo caso no una empresa “sin jefes” sino simplemente “sin jefes intermedios”, es decir, con un poder absoluto concentrado en pocas personas. Y veremos qué significa esto.  Para entenderlo, lo esencial, en mi opinión, es afirmar que la realidad empresarial actual, sobre todo la de las grandes empresas, esas que crean las pautas del modelo empresarial, contradicen las tendencias participativas asociadas a las TIC que las escuelas de negocio habían puesto de moda durante los años 80 y 90 del siglo pasado y que se manifiestan en otras parcelas de nuestra vida.

Las propiedades de las tecnologías de la información están asociadas a Internet sinónimo de colaboración. Las extensión de las redes sociales es el mejor ejemplo de los entornos participativos, una verdadera revolución que altera los hábitos y la comunicación y facilita el intercambio y la participación ciudadana. Multitud de procesos asociados convergen y  favorecen una innovación social permanente  que hace a la sociedad más flexible y dinámica, menos encorsetada, y a los individuos más autónomos, autosuficientes incluso.  Se trata de pulsiones horizontales, que se retroalimentan de abajo hacia arriba en una construcción a la vez más eficaz y más democrática.

Entre la tecnología y la realidad se interpone el ejercicio  del poder.

Sin embargo, y esa es (otra vez) la gran paradoja de los avances tecnológicos,  estas posibilidades son desechadas por la corriente dominante del sistema productivo que no solo no ha democratizado el ejercicio del poder sino que lo ha hecho más elitista al concentrarlo, más aún, en la cúpula directiva.

Lo que las tecnologías facilitan lo niega las relaciones de poder. Aunque aquellas capacitan para la libertad no garantizan la libertad,  algo que corresponde a la política, es decir a la voluntad de los hombres. Y es que los cambios técnicos no garantizan nada de por sí. La sociedad los incorpora en la forma en que puede hacerlo, en aquellos espacios en los que no hay fuerzas poderosas que se opongan a su desarrollo liberador. Impulsa nuevas empresas y nuevos sectores industriales en donde se desarrollan plenamente, facilita nuevas relaciones de colaboración entre iguales, el cooworking, posibilita nuevas alianzas y nuevas relaciones sociales. Pero no altera la tendencia dominante, no altera la lógica del poder hegemónico sino todo lo contrario. El capitalismo privatiza y altera los beneficios potenciales de todo cambio tecnológico.

Cuando las circunstancias y las tecnologías, cuando los hombres y las máquinas, están más preparados para funcionar en entornos colaborativos, cuando pareciera que los impulsos de abajo hacia arriba deberían ser determinantes para favorecer la innovación, se fortalecen la autoridad y la centralización del poder. Las oportunidades liberadoras que ofrecen las tecnologías de la información quedan, en buena parte frustradas, o sometidas al dictado de la lógica dominante que impone una concepción elitista del mundo.

El refuerzo del poder omnímodo de la alta dirección. 

En la medida que los equilibrios y contrapesos que muestran las fuerzas sociales son escasos, la tecnología se convierte en un aliado de lo establecido,  aumentando los grados de libertad en los que se desenvuelve el poder. El poder es, al final, una cuestión de fuerzas, de equilibrios de fuerzas. El debilitamiento de los trabajadores en relación con la situación que tenían en los primeros tres cuartos del Siglo XX, facilita la regresión capitalista y recupera la lógica capitalista más primitiva. Al tiempo, la lógica del dominio financiero sobre la economía refuerza el elitismo tecnocrático y el poder de las cúpulas empresariales.

La variable tiempo pasa a ser fundamental en la organización y percepción del poder. La implantación de objetivos trimestrales  impuestos por los mercados solo es posible integrando en un solo flujo, las aportaciones de información de todas las filiales, direcciones y departamentos, con sus análisis, propuestas y detalles. Las TIC facilitan la capacidad de procesar ese creciente volumen de información en tiempo real y, con ello, conceden una presencia activa y cotidiana a la alta dirección y refuerzan su  capacidad para implantar objetivos y controlar los resultados.

La centralización del poder en torno al primer ejecutivo es una realidad consolidada. La sensación de que la empresa “son ellos” y el equipo de alta dirección que le arropa, se interioriza en cada  empresa a la vez que se exporta a toda la sociedad. La parafernalia que les rodea les hace creer que los éxitos son solo suyos (los fracasos nunca), lo que les legitima para fijarse para sí, con todo descaro, unos sueldos cuya evolución e importe se convierte en algo independiente de los beneficios de las empresas que gestionan.

Prescindir de los mediadores tradicionales crea indefensión.

En la nueva realidad la alta dirección dispone de un amplio control de la organización. En la medida que se siente capacitada para actuar  directamente, se ve tentada a saltarse  sus mediadores tradicionales: por un lado, a los cuadros medios, imprecindibles para hacer funcionar la cadena de mando; por otro, a los propios sindicatos en tanto que mediadores sociales, a los que se habían amoldado como parte imprescindible en la solución de los conflictos.  Es de esa nueva empresa y de sus mitos donde surge .las bases del anarcocapitalismo.

 En el pasado era normal que la alta dirección dispusiera de poca información sobre los sucesos demasiado recientes, demasiado alejados o demasiado complejos y en esas operaciones, los directivos y cuadros intermedios mantenían un margen de actuación. Ese margen le permitía al trabajador un espacio para la negociación personal con sus superiores inmediatos que, de alguna forma, le pro­tegía, complementado, en caso de conflicto, con la apelación a los otros mediadores, a los sindicatos.

 La individualización de las relaciones laborales se acompaña demasiadas veces a la pérdida de poder de los jefes intermedios y, en absoluto, puede identificarse al triunfo del “individualismo responsable” ni de la ” responsabilidad social” ni de la “cohesión colaborativa”. La empresa en la que no hay organigrama ni normas claras y en las que el poder se muestra difuso, aunque omnipresente, crea sensaciones de desprotección a los profesionales, a los cuadros intermedios e, incluso, a los directivos, a los que concede menos espacio para esconderse de un control abrumador. Y en consecuencia, los individuos, incluidos los más valiosos, se sientan desorientados y desprotegidos.

 Más que revalorizar al trabajador considerado individualmente, el trabajo empieza a ser  percibido como una commodity, algo imprescindible pero indiferenciado. Ni los más jóvenes en donde residen los nuevas habilidades y saberes, ni los más maduros, en los que la experiencia es fuente de un valor especial e insustituible se sienten valorados. Como dice Richard Sennet el poco reconocimiento del trabajo moldea íntimamente la vida de cada trabajador hasta el punto que la inseguridad, la incomodidad, la inhibición y el desapego marcan crecientemente a los profesionales. Ese desapego tiene una causa objetiva: en la medida en que la creación de valor reside en la cúpula, el desprecio al trabajo es la consecuencia de lo que se siente como su poca contribución a la creación de riqueza.

 Los desarrollos tecnológicos que eran potencialmente liberadores de energías sociales han quedado reducidos en las grandes empresas a mecanismos de centralización del poder.  En ausencia del empoderamiento del trabajo, un objetivo vinculado a la democratización del sistema productivo, los cambios que aporta la cultura digital quedan reducidos a una circunstancia más aprovechada para apropiarse del creciente valor del trabajo en el nuevo capitalismo.

La energía constituye un sector cuya eficiencia afecta de manera directa y sistémica a toda la economía. Son pocos los sectores económicos que tienen características de este tipo. Desde luego la tienen el sector financiero y el mercado de trabajo. En esta crisis, la energía está tan en el centro de los problemas como lo están estos sectores, pero una singular dificultad de comprensión impide que los economistas y otros profesionales debatan abiertamente sobre la cuestión de la energía, en particular del sector eléctrico, núcleo de todos los problemas energéticos. Es como si una maldición oscureciera las mentes de quienes se aproximan o intentan emitir opiniones sobre los extremos que definen el problema: típicamente, el Déficit de Tarifa, el alto coste de la electricidad y su relación con la gestión del cambio climático.

Poderosos intereses económicos están en las causas de la oscuridad, pero también la propia naturaleza de la electricidad, un bien  o un servicio especialmente raro que necesita que sus singulares características sean conocidas en todo su alcance para comprender que la electricidad no puede ser tratada por los economistas y los juristas como si se tratara de cualquier cosa. Los ingenieros y los físicos esto lo saben muy bien, pero aunque entre sus especialidades no se encuentre la regulación jurídica y económica de la electricidad, de ellos, economistas y juristas, no podemos prescindir.

Hay una tendencia generalizada a pensar que un cambio en los objetivos de política energética implican en sí mismo una reforma, pero no es así. Sólo la reforma permite establecer un cambio de objetivos. De otra forma los objetivos se convierten en una especie de brindis al sol… completamente inoperante. Naturalmente estoy refiriéndome a objetivos de política energética que tengan presentes la sostenibilidad económica y medioambiental, exigible a cualquier cambio que pretenda contribuir al progreso social desde la energía.

El mercado de la electricidad en la LSE 54/97

La actual regulación del Sector Eléctrico Español, vigente desde 1997, tiene uno de sus principales soportes en el mercado spot de la electricidad diseñado de forma un tanto peculiar: la retribución de la energía eléctrica es una combinación de precios de mercado y de precios administrados que actúan siempre como complemento de los primeros. Se trata en definitiva del reconocimiento de que un mercado en el que concurren ofertas de electricidad generada desde centrales con tecnologías y costes muy diferentes no cubre suficientemente los costes de algunas centrales eléctricas que son necesarias por distintas razones entre las que cabe señalar la disponibilidad limitada de recursos primarios energéticos y el diferente balance entre las externalidades positivas y negativas que cada tecnología de generación presenta. No cubre los costes de algunas centrales y los cubre en exceso en el caso de otras.

 Diversidad tecnológica

Para cubrir la demanda y la diversidad de costes variables que esto implica, la gran mayoría de todas las centrales existentes ofertan en este mercado imperfecto de “sólo energía ” a precio cero. Es decir son “precio aceptantes” porque sea cual sea el precio del mercado tendrán interés en producir. Al fin, el precio que retribuirá a todas las centrales se dirime en una disputa competitiva entre sólo pocas unidades térmicas -las de costes variables más altos- que fija los precios en el entorno del coste del combustible de la última central acoplada (bajo el utópico supuesto de inexistencia de poder de mercado)

Es obvio que un mercado de la electricidad de estas características produce pérdidas a unas centrales y beneficios a otras.

 La regulación conoce el comportamiento de este tipo de mercados y complementa con primas o precios administrados, los precios que en el mercado perciben las tecnologías con costes medios superiores a los precios del mercado. De otra manera no sería posible cubrir la demanda de electricidad porque nadie invertiría si no pudiera, no sólo no tener beneficios, ni siquiera recuperar los capitales propios y ajenos invertidos. Estas primas reciben diferentes nombres: pagos por capacidad para las centrales térmicas, que son fijos e independientes de la producción, que se desglosan en incentivos a la inversión para las centrales de gas y pagos por disponibilidad para las centrales de carbón importado. Por su parte, las centrales de carbón nacional tienen cantidades y precios protegidos por el BOE según una metodología desconocida.

Las centrales nucleares y las centrales renovables (precio aceptantes o estructuralmente inframarginales), como ya se ha señalado, ofertan a precios cero porque tienen la seguridad de que los precios que fijen las centrales térmicas serán muy superiores a sus costes variables y retribuirán todos o parte de sus costes medios y siempre por encima de sus costes variables. Pero mientras las primeras tienen costes medios inferiores a los precios del mercado, las segundas los tienen muy superiores a esos precios porque fueron inversiones en la primera generación en tecnologías renovables necesarias para desencadenar la fuerte curva de aprendizaje que ahora presentan estas tecnologías. Sin esas iniciales inversiones, ahora no estarían tan cerca  de alcanzar plena competitividad frente a sus alternativas térmicas.

El resultado es obvio:  las centrales de tecnologías renovables a las que nos referimos –entre las que a su vez hay una extensa variedad de tecnologías y por tanto de costes medios, variables y fijos- no recuperan sus costes medios en el mercado y perciben también, como en el caso de las centrales térmicas, primas denominadas por sus diferentes apellidos: primas eólicas, fotovoltaicas, biomasa etc. aunque, en contraste con las primas del resto de las centrales, sus primas son variables con su producción y se determinan por la diferencia entre la tarifa que a cada tecnología le ha asignado el BOE y el precio que perciben del mercado. Es decir, sea cual sea el precio de mercado las renovables perciben, cada una de ellas, su correspondiente tarifa por cada MWh producido. Se trata de un sistema retributivo que emula una retribución basada en contratos por diferencias (sobre los que más adelante hablaremos) entre los precios del mercado y la tarifa que les corresponde. Es decir, las primas renovables son tan volátiles como los precios del mercado y se mueven en dirección contraria a los precios.

Los grandes aprovechamientos hidroeléctricos y las centrales nucleares españolas, ya con un alto grado de recuperación de sus inversiones porque han estado percibiendo en los últimos 8 años ingresos superiores a los esperados, tienen costes medios remanentes inferiores a los precios que obtienen en el mercado que, por esa razón, les proporciona elevados márgenes. Pero también, y paradójicamente, estas centrales, además de percibir el precio del mercado, perciben adicionalmente, unos complementos administrativos o primas que reciben diferentes nombres: las primeras, las nucleares, han percibido unas primas denominadas pagos por capacidad, que fueron fijos e independientes de su producción hasta su desaparición en 2009 en que fueron suprimidos. La segundas, las hidroeléctricas mantiene esos pagos bajo el nombre de pagos por disponibilidad.

La producción hidroeléctrica presenta características especiales. Su producción a plena potencia está en una media de poco más de 2.000 horas al año y puede elegir el momento de producir a lo largo de las 8.670 horas del año sin perder producción porque con sus embalses tienen capacidad de regular el momento de producir ofertando a precios ligeramente inferiores a los costes variables de las centrales que sustituyen o simplemente una cantidad limitada de energía a precio cero para no hundir temporalmente los precios del mercado. De esta manera maximizan sus ingresos vía mercado y los del resto de las centrales acopladas entre las que se encuentran todas las centrales retribuidas por precio de las que son propietarios también, los propietarios de las centrales hidroeléctricas.

 El coste para los consumidores

Con esta regulación retributiva de la electricidad, los consumidores pagan los precios del mercado que perciben todas las centrales y las primas de térmicas y renovables que completan la cobertura de sus costes medios.

Hemos mencionado los pagos regulados establecidos por el BOE casi todos hoy todavía vigentes. Pero en la reciente historia del Sector Eléctrico ha habido otros pagos regulados de importancia determinante que condicionan completamente el diagnostico que pueda hacerse de la regulación vigente y cualquier propuesta de reforma que quiera plantearse: son los Costes de Transición a la Competencia CTC’s.

Los Costes de Transición a la competencia CTC’s no fueron otra cosa  que una indemnización  que aseguraría a las empresas propietarias de las centrales eléctricas existentes en 1997 (denominadas en la literatura regulatoria española, centrales históricas) que su retribución no se vería mermada por cambios regulatorios. Su valor se fijó en 8.664 M€ que fueron pagados por los consumidores entre 1998 y 2005, vía tarifa y vía exceso de precios de mercado sobre el precio de 36 € MWh, con el que fueron calculados. Sin embargo, desde entonces hasta el presente, a pesar de haber cobrado los CTC’s -es decir, su indemnización-, las centrales históricas han percibido ingresos por su producción resultado de precios determinados por los costes del gas natural, muy superiores a los esperados cuando les fueron reconocidos los derechos indemnizatorios o CTC’s.

Esto es lo que el modelo vigente está haciendo… está haciendo que los consumidores paguen por la electricidad, no sus costes de su producción sino la envolvente de los costes de producción de todas las centrales más los beneficios inesperados de las centrales nucleares e hidroeléctricas, no debidos a aciertos en la gestión de sus propietarios sino al Boletín Oficial del Estado.

Una conclusión irremediable

El mercado que tenemos es pura ineficiencia y la realidad es incontestable: la vigente regulación del Sector Eléctrico nos ha situado ante el caso más radical de socialización de pérdidas y privatización de beneficios. Así las cosas,  el resultado no puede ser otro: España tiene el coste de electricidad más alto de la Unión Europea, la envolvente que cubre pérdidas (es imprescindible) y beneficios inesperados (es prescindible) que la literatura económica denomina WindFall Profits (WFP) o, en su traducción más común, beneficios caídos del cielo que, en el caso español, más que caídos del cielo son caídos… hay que insistir porque la confusión inducida es dramática, del BOE.

Existen alternativas que debieran ser acometidas con toda urgencia

Enumeraré sintéticamente, las de mayor alcance:

1- Mantener el mercado spot de la electricidad y la libertad de establecimiento a precios de mercado.  El mercado spot optimiza la utilización de los recursos energéticos primarios y genera competitividad en los  mercados de abastecimiento de combustibles fósiles. Es decir es un instrumento adecuado, en ausencia de poder de mercado, para el consumo óptimo de los recursos primarios energéticos.

2- Restaurar el régimen retributivo para todas las inversiones realizadas  de  acuerdo con el marco regulatorio bajo el que fueron decididas y realizadas. Ésta medida acabará con los WFP que genera el mercado y derogará las normas retroactivas que han perjudicado a los consumidores en unos casos y a los inversores en otros, creando problemas insoportables de inseguridad jurídica con la consiguiente pérdida de confianza en las normas.

3-  Crear para las nuevas inversiones un mercado de subastas por tecnología que permita determinar de manera competitiva su régimen retributivo. Esta medida permitirá que el mercado revele los costes medios de las diferentes tecnologías y su evolución en el tiempo.

 4- Retribuir las instalaciones de generación hoy existentes a través de contratos por diferencias entre la retribución determinada en su específico marco retributivo – tal y como se ha señalado en el punto 2 anterior- y los precios del mercado spot. Esta medida permite que la socialización de las pérdidas –representada por las primas térmicas y renovables-  tenga una contraparte que socialice los beneficios que ese mismo mercado también genera en hidroeléctricas y nucleares.

5- Revisar costosas adherencias surgidas en los fallidos intentos de arreglar el disparatado modelo regulatorio de la electricidad que no sólo no han arreglado nada sino que lo han encarecido sin aportar valor alguno. Entre estas adherencias destaca el modo de establecimiento de la Tarifa de Último Recurso que, además de no proteger a los consumidores “vulnerables”, ha suministrado cuantiosos ingresos adicionales a las empresas eléctricas UNESA y a intermediarios de oportunidad surgidos al amparo de mercadillos innecesarios (léase las subastas CESUR)

 Un nuevo diseño de mercado para las nueva inversiones

El mercado spot actualmente existente cumple una función: optimiza el consumo de recursos primarios energéticos. Hay que mantenerlo. Pero ese mercado no debe determinar –tampoco lo hace ahora- los costes para el consumidor ni los ingresos para las empresas. Los precios fijados en el mercado deben ser complementados, con su signo, no por precios administrados salidos de los laberintos del BOE sino por los precios de un mercado de subastas en el que las nuevas centrales disputaran su acceso al mercado. Es decir, la competencia en el mercado debe complementarse con la competencia por el mercado..

Las opciones para producir electricidad estarían a disposición de todo tipo de inversores. Las barreras de entrada serían asumibles hasta el extremo de que cualquier ciudadano podría ser auto productor. Y el Gobierno podría desarrollar una política energética e industrial independiente.

En este punto, cabe aventurar, que en España, con frontera temporal en 2030, no se construirán centrales térmicas convencionales ni ciclos combinados. Tampoco centrales nucleares que reemplacen el parque existente. El futuro es renovable. Las razones se encuentran en el balance positivo de sus externalidades:

• Independencia energética
• Tecnología e Innovación
• Fuerte pendiente de su curva de aprendizaje
• Creación de tejido industrial, empresas y empleo
• Mejora de nuestra Balanza de Pagos
• Contención de la contaminación medioambiental
• Aumento de la competitividad de la economía

El problema es que para el mercado las externalidades son invisibles. Por eso los economistas las llamamos externalidades. Pero para el regulador no lo son o no deberían serlo si sus ojos no estuvieran cegados por campaña mediáticas que ocultan y desvirtúan la información que permite diagnosticar los problemas.

En un mercado de nuevo diseño, el regulador establecería las reglas bajo las cuales los competidores competirían para fijar precios sobre la base de sus costes medios. Los nuevos inversores serían los que fijarían los precio en competencia con sus competidores a través de las subastas de acceso al mercado. La libertad de establecimiento en el mercado spot se mantendría intacta y competiría con la entrada a través de las subastas convocadas por el regulador cuyo resultado suministraría una retribución con márgenes estables asentada en un contrato regulatorio, mucho más robusto -desde la perspectiva de la seguridad jurídica- que una norma que puede ser pisada por la siguiente.

De esta manera, los consumidores pagarían por la electricidad consumida el coste real del mix energético y no la envolvente de los costes reconocidos ex ante a las centrales cuya inversión se produjo después de 1997 mas los precios con los que el mercado sólo energía retribuye a las centrales nucleares e hidroeléctricas (que no son otra cosa que costes reconocidos ex post a sus propietarios sin relación alguna con los costes y muy por encima, con toda seguridad, de los que una auditoría regulatoria podría acreditar).

La técnica regulatoria de este nuevo mercado es la que definen los contratos por diferencias entre los precios del mercado spot y la retribución que a cada central correspondería en aplicación de su regulación originaria (la del pasado -pensando en las centrales existentes- y la que una nueva regulación del mercado determine para las inversiones futuras).

Hoy España tiene una deuda reconocida con las empresas eléctricas que se acerca a los 30.000 M€. A pesar de ello los costes del suministro, si prescindimos de casos singulares como son Malta y Chipre, se encuentran entre los más altos de la Unión Europea erosionando la competitividad de nuestra economía. Simultáneamente, son identificables costes ociosos o injustificables por un valor que supera los 5.000 M€ anuales que está impidiendo, por un diagnostico erróneo del origen de esos costes, el desarrollo de las tecnologías de generación del futuro que, irremediablemente, es renovable. Una profunda reforma es insoslayable. El Sector eléctrico está en el centro de la crisis.

Una versión de este artículo fue publicada el 15 de Mayo en la WEB de la FUNDACIÓN 1º DE MAYO http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada

María Luz Rodríguez es Profesora Titular de Derecho del Trabajo en la UCLM y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Exsecretaria de Estado de Empleo.

Este artículo fue publicado en eldiario.es y en esta misma web en noviembre de 2012.

El pasado [26 abril conocimos las terribles cifras de desempleo que asolan nuestro país. 6,2 millones de personas sin trabajo, un 27,2% del total de las personas que quieren trabajar.(NB: datos actualizados)] La intensidad y el dramatismo de esta situación de paro que no cesa parece que debiera invitar a todos a una reflexión profunda y serena sobre las razones de la misma y las vías de una posible solución. Sin embargo, duele ver como, en lugar de ello, algunos analistas utilizan su prestigio intelectual y su predicamento entre los medios de comunicación para volver, por enésima vez, a “vender su libro”.

¿Cómo es posible que con una economía en recesión; con un sistema financiero enjugando deudas que pagamos todos; con un nivel de consumo bajo mínimos, entre otras razones porque se ha producido una fuerte devaluación de los salarios; un nivel de recortes en el gasto social que está dejando miles de trabajadores de la educación, la sanidad o los servicios sociales en la calle; una amenaza de rescate por parte de la Unión Europea, que todavía no ha comprendido que sus políticas de austeridad están ahogando cualquier esperanza de crecimiento económico en la zona euro; y una desconfianza en la clase política y las instituciones democráticas como no había habido nunca antes, algún afamado economista, de los que se dicen, además, progresistas, le eche la culpa del número de personas en situación de desempleo al maltrecho Derecho del Trabajo?

Y ¿cómo es posible que, ante tantos y tantos problemas y de tal magnitud, la solución “mágica” que propongan esos afamados economistas sea un tipo de contrato que llaman “contrato único”? Sinceramente, o es soberbia intelectual, o es miopía o es ideología.

Pero no de esa que, en un sano ejercicio de honestidad, se profesa y se confiesa públicamente, para no llamar a engaño a quienes están leyendo o escuchando nuestras propuestas, sino de esa otra que se presenta ante la opinión pública con la apariencia de ciencia, y que hace pensar que se trata de verdades incuestionables y neutras, cuando no son más que dogmas de una determinada forma de entender y pensar la realidad. En este caso, la que comprende los derechos de los trabajadores como trabas para el funcionamiento “eficiente” del mercado de trabajo y no como elementos de equilibrio de poder e igualdad real demandados por nuestro Estado Social.

Es bien conocido lo que pienso del llamado “contrato único”. Una forma de llamar contrato fijo a lo que en realidad no es sino un puro contrato temporal.

Si el coste del despido es nulo o bajísimo, cualquier trabajador, se llame como se llame su contrato, puede ser despedido en cualquier momento. Es decir, cualquier trabajador se convierte de facto en un trabajador temporal, porque no tiene asegurada más que nominalmente la duración indefinida de su relación laboral.

Es también una forma de eludir el control judicial de la decisión de despedir. Lo que significa convertir la decisión del empresario de dar por finalizado el contrato de trabajo en la única decisión de todo nuestro ordenamiento jurídico que no se somete a un control de legalidad. Además de quebrantar, muy probablemente, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, despojando al trabajador de la posibilidad de probar en juicio un uso arbitrario o abusivo de los poderes de despido que la legislación laboral reconoce al empresario.

Siempre he sostenido su inconstitucionalidad. Interpretando el “derecho al trabajo” que se reconoce en el artículo 35 de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional ha entendido que no exige de los poderes públicos que consigan un puesto de trabajo para cada ciudadana o ciudadano, sino algo mucho menos ambicioso que consiste en que, una vez que han conseguido un puesto de trabajo, no puedan perderlo sin una causa que lo justifique. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, y por derivación del reconocimiento constitucional del “derecho al trabajo”, toda extinción del contrato de trabajo -para entendernos, todo despido- debe ser causal. De este modo será inconstitucional cualquier propuesta que, como la del denominado “contrato único”, no exija al empresario motivar la decisión de despedir y ser sancionado cuando no lo haga.

El “contrato único” siempre me ha parecido una estrategia para abaratar los costes del despido sin decirlo abiertamente.

Finalmente, el recurso al “contrato único” siempre me ha parecido una estrategia para abaratar los costes del despido sin decirlo abiertamente. La indemnización por despido que llegaría a alcanzarse por la extinción de un “contrato único” jamás alcanzaría la cuantía de las indemnizaciones que hoy se abonan -y recuérdese que la cuantía de estas ya ha sido muy rebajada en la última reforma laboral- por el despido sin causa de un trabajador fijo. Si se quiere un mercado de trabajo donde las indemnizaciones por despido sin causa sean más bajas, dígase abiertamente a la opinión publica y no nos inventemos ficciones o tipos de contrato para hacer eso mismo, pero de manera oculta.

Porque además los que hoy claman por el “contrato único” son los mismos que no hace mucho tiempo insistían en que eran los altos costes del despido los que estaban impidiendo la creación de empleo (de ahí la utilización del subterfugio de un nuevo tipo de contrato de trabajo pretendidamente indefinido para rebajarlos). No olvidaré jamás como el anterior Gobernador del Banco de España dijo públicamente que los empresarios de nuestro país tenían “horror” a contratar trabajadores porque había que pagar mucho por despedirlos. Pues bien, ahora se paga mucho menos por despedir sin motivo, porque la última reforma laboral ha rebajado, y mucho, las indemnizaciones del despido improcedente; y, sin embargo, hay cada vez más despidos y, lo peor de todo, cada vez más personas en situación de desempleo. Con lo que la realidad tozuda ha venido a demostrar la falacia de la idea de que la creación de empleo depende del coste que tenga destruirlo.

Aun pensando así, estoy dispuesta a debatir con quien sea las fórmulas para acabar con la denominada dualidad de nuestro mercado de trabajo, esto es, con la utilización masiva y más que abusiva de la contratación temporal en nuestro país, que es también uno de los objetivos de los afamados economistas a que me refiero. Aunque, puestos a hacer propuestas audaces, parece que sería más coherente atacar el mal que se denuncia, que es el uso y abuso de la contratación temporal, y no, como hace la tesis del “contrato único”, debilitar el contrato que se pretende defender, que es el contrato indefinido. Por ejemplo, ¿podríamos pensar en la hipótesis de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico las figuras de contratación temporal para que todos los contratos fueran indefinidos? A lo que no estoy dispuesta, sin embargo, es a pensar, como hacen estos economistas, que una discusión de este tipo o una figura de contrato de trabajo creada en un laboratorio científico pueda considerarse el “bálsamo de Fierabrás” que cure la amarga enfermedad de un país que tiene ya mas de 6 millones de personas en el paro.

La Junta Directiva de la Asociación de Economistas Frente a la Crisis (EFC) ha quedado compuesta por:

Presidente                   Jorge Fabra Utray
Vicepresidente 1º       Juan Ignacio Bartolomé Gironella
Vicepresidente 2º       Antonio González González
Secretario                   Enrique Benedicto Mamblona
Vicesecretaria 1ª         Mónica Melle Hernández
Vicesecretario 2º        Alfonso Prieto Prieto
Vocales

1. Bruno Estrada López
2. Concha Toquero Plaza
3. Ignacio Muro Benayas
4. Julio Rodríguez López
5. José Ignacio Pérez Infante
6. José Moisés Martín Carretero
7. Mari Luz Rodríguez Fernández
8. Mariano Nava Calvo
9. Mauro Lozano Belda

Los estatutos aprobados establecen que los asociados de EFC a fecha 8 de Mayo de 2013 constituyen la Asamblea de Socios Fundadores que tendrá carácter consultivo de la Junta Directiva. Los socios fundadores son los siguientes:

1.     AGUILAR BELDA, MANUEL
2.     ALVAREZ LAGUNA, PILAR
3.     ARAGÓN MEDINA, JORGE
4.     AZCONA OLORIZ,  JUAN JOSÉ
5.     BARTOLOMÉ GIRONELLA, JUAN IGNACIO
6.     BENEDICTO MAMBLONA, ENRIQUE
7.     BLAZQUEZ LIDOY, JORGE
8.     BRAVO MORENO, JAIME
9.     BORRELL FONTELLES, JOSEP
10.   CASTILLO (DEL) GORDO, ÁNGEL LUIS
11.   DÍAZ PLASENCIA, ANGEL
12.   ESTRADA LÓPEZ, BRUNO
13.   FABRA PORTELA, JORGE
14.   FABRA PORTELA, NATALIA
15.   FABRA UTRAY, JORGE
16.   FERNÁNDEZ ANTONIO, JOSÉ RAMÓN
17.   FERNÁNDEZ MONTES, FRANCISCO
18.   FERNANDEZ SANCHEZ, EMILIO
19.   FERRER INGLÉS, EMILI
20.   FUENTES PEQUEÑO, DAVID
21.   GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
22.   GUTIERREZ BENITO,  EDUARDO
23.   GUTIERREZ DEL CASTILLO, CONCHA
24.   JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ LUIS
25.   LINDE CASTRO (DE), FRANCISCO
26.   LOSCOS FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER
27.   LOVELACE GUISASOLA, RICARDO
28.   LOZANO BELDA MAURO,
29.   MARTÍN CARRETERO, JOSÉ MOISES
30.   MELLE HERNÁNDEZ, MONICA
31.   MORENO CEREZO, EDUARDO
32.   MORENO LORIENTE, EMILIO
33.   MOTILLA ARANAIZ, JESUS
34.   MULLOR PARRONDO, ÁNGEL
35.   MURO BENAYAS, IGNACIO
36.   NARBONA RUIZ, CRISTINA
37.   NAVA CALVO, MARIANO
38.   NOVALES MONTANER, GERARDO
39.   PALACIO MORENA, JUAN IGNACIO
40.   PAMBLANCO RODRIGUÉZ, LUIS
41.   PAZ GODAY, JOSÉ MARÍA
42.   PEREZ INFANTE, JOSÉ IGNACIO
43.   PEREZ PASCUAL, AURORA
44.   PEREZ PITA, VICTOR
45.   PORTA CANTONI, RUTH
46.   POZO (DEL) SEN, ALBERTO
47.   PRIETO PRIETO, ALFONSO
48.   RABANAL GARCÍA, JAIME
49.   RAPAPORT ANDELMAN, CARLOS
50.   ROCHA (DE LA) VÁZQUEZ, MANUEL
51.   RODRIGO CENCILLO, FERNANDO
52.   RODRIGO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO
53.   RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª LUZ
54.   RODRÍGUEZ LÓPEZ, JULIO
55.   RUESGA BENITO, SANTOS
56.   RUIZ DE ASSIN CHICO DE GUZMÁN, DIEGO
57.   SÁNCHEZ ACERA, PILAR
58.   SANCHEZ PINGARRÓN, JULIAN
59.   SUÁREZ CORUJO, BORJA
60.   TOQUERO PLAZA, Mª CONCEPCIÓN
61.   VIDAL PORTILLO, JOSÉ

Economistas Frente a la Crisis (EFC) es una iniciativa nacida en septiembre de 2011 impulsada por un grupo de economistas preocupados por la interpretación que predomina sobre la naturaleza de la crisis, su diagnóstico y los principios y proposiciones que están guiando su gestión. EFC está integrada e impulsada principalmente por economistas, pero no sólo. Entre sus socios se encuentran también ingenieros, juristas y sociólogos y está abierta a la  participación de otros profesionales, titulados o no, que que con su trabajo y conocimientos pueda contribuir al desarrollo y empuje de esta iniciativa.

A partir de  su constitución, la Asamblea de Socios Fundadores ha acordado abrir la Asociación EFC a la incorporación de nuevos socios que se sientan identificados con sus objetivos y valoraciones básicas que son públicas, tal y como están expresados en su Manifiesto http://wp.me/P1HlFd-1S ,  cuyos firmantes están especialmente invitados a incorporarse como socios de EFC.

En breve publicaremos los nuevos estatutos de la Asociación EFC y una hoja de inscripción para solicitar la incorporación como socio. Las solicitudes serán aprobadas por la Junta Directiva. Todos los socios tendrán los mismos derechos políticos.

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Julio Rodríguez López es miembro de Economistas Frente a la Crisis

En abril de 2013 el INE publicó los primeros resultados del Censo de Viviendas de España correspondientes a la fecha de referencia del 1º de noviembre de 2011. Según dicha estadística, en la fecha citada había en España 25,2 millones de viviendas familiares, 4,3 millones más que en  la misma fecha de 2001. La variación relativa del número de viviendas sobre 2001 fue del 20,3%, inferior  a la que se resulta de las estimaciones efectuadas en años anteriores por el Ministerio de Fomento, en las que en 2011 ya se superaban los 26 millones de viviendas. Dentro de las cifras publicadas ha destacado, entre otros aspectos, el fuerte aumento (25%) de las viviendas principales, esto es, de las destinadas a vivienda habitual, que se han situado en 18,1 millones de viviendas.

En dichos resultados ha sorprendido el practico estancamiento aparecido en el total de viviendas secundarias o de temporada existentes, que solo aumentaron en el periodo intercensal 2001-2011 en unas 37.000 viviendas, un 8%. También ha resultado inferior a lo previsto el número de viviendas vacías existentes a 1.11.2011, que solo habrían crecido en unas 337.000 (10,8%) sobre el correspondiente resultado del Censo de 2001. De este modo, el total de viviendas no principales (secundarias mas vacías) supondría en 2011 el 28,2% del total de viviendas familiares, por debajo del  32,2% correspondiente a 2001.

La explicación del INE a dichos resultados es que las viviendas secundarias y vacías han descendido  en el periodo en cuestión de forma sustancial en las ciudades, ante el importante aumento del número de hogares producido en España en el periodo intercensal. Dicha evolución habría sido consecuencia de la fuerte presencia de inmigrantes y de la mayor emancipación de jóvenes que habría tenido lugar. Según la Encuesta de Población Activa del INE, el crecimiento de los hogares se redujo  después de 2007 y la inmigración también se frenó después de dicho año, hasta hacerse negativa en 2011.

El  INE realizó un Censo de Edificios con carácter previo a la realización del Censo de Viviendas de 2011 y  deberá de explicar las definiciones empleadas en la elaboración del último Censo de Viviendas. Esto es así  porque los resultados de este último parecen contradecir  el relato resultante de los indicadores del mercado de viviendas disponibles con periodicidad inferior a la de los Censos de Viviendas.

La realidad que emana del Censo de Viviendas de 2011 es la de un buen ajuste entre oferta y demanda de vivienda y de un aumento moderado del total de viviendas  no principales en la España de la primera década del siglo XXI. La historia que sale del Censo no resulta, pues,  coherente con la dura realidad española actual, en la que el pinchazo de la burbuja  inmobiliaria y el stock de viviendas sin vender  han llegado a provocar, entre otras cosas, la desaparición de las cajas de ahorros como entidades de crédito. Y todo  ello como consecuencia del exceso de viviendas financiadas, exceso que no se advietre en los resultados del Censo de Viviendas.

En el Centro Cultural Blanquerna, C/ Alcala 44, Madrid

AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Las afiliaciones a la  Seguridad Social en situación de alta laboral han aumentado en abril en relación con el mismo mes del año anterior en 51.077. Esta cifra, aunque más favorable que la del mismo mes del año anterior, es menos positiva que la de abril de 2010 y 2011. Ahora bien, la totalidad de este aumento es de carácter estacional. En efecto, si se corrigen los datos originales de la estacionaldad favorable del mes de abril, las afiliaciones se reducirían en 23.492, dato muy similar al de los dos meses anteriores (-25.300 en febrero y -27.200 en marzo). En términos interanuales, en relación con el mismo mes del año anterior, el retroceso sigue siendo muy elevado, 686.727 afiliaciones menos, el -4,1% en términos relativos.

PARO REGISTRADO

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha disminuido en 46.050 en el mes de abril (-0,91%). El número total de parados se sitúa en 4.989.193. El paro baja entre hombres (más) y mujeres, en todos los sectores, aunque sube en el colectivo sin empleo anterior, y en todas las CC.AA, excepto en Comunidad Valenciana y Canarias. La variación interanual muestra un incremento del paro en relación al mismo mes del año anterior de 244.958 (5,16%), sensiblemente inferior al correspondiente a un año antes (11,12%).

Sin embargo, según los datos desestacionalizados, el paro en abril sube en 17.663 personas, que es el peor dato de los primeros cuatro meses del año ya que desde diciembre de 2012, según los datos desestacionalizados, el paro venía disminuyendo. No obstante, si se suman los aumentos en cifras absolutas originales del paro en los meses de marzo y abril de los últimos cuatro años, para incluir en este periodo los posibles efectos de la semana santa, que este año fue en marzo, el resultado es que en marzo y abril el paro disminuyó en 51.000 personas frente a los aumentos de los tres años anteriores: 11.800 en 2010, 29.900 en 2011 y 32.200 en 2012.

CONTRATACIONES REGISTRADAS

El comienzo de la temporada primaveral favorecedora de la contratación ha provocado un aumento de 183,513 respecto de marzo. Pero este aumento es fundamentalmente de carácter temporal, lo que hace que el porcentaje de contratos registrados que son indefinidos baja del 10.11% en marzo al 8,53% en abril. Este porcentaje de abril es, además, muy inferior al de un año antes, el 11,10%, lo que es sintomático de la incapacidad de la reforma laboral para reducir la temporalidad.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Con los datos de marzo, la tasa de cobertura. (porcentaje de parados registraron con experiencia  laboral perceptora de estas prestaciones) sigue disminuyendo hasta  situarse en el 61,54%, 4,9 puntos menos que un año  antes y 10,2  puntos menos que dos años  antes.

RESUMIENDO, los datos del paro registrado y de las afiliaciones a la Seguridad Social de abril están influidos por la estacionalidad favorable de este mes, aunque no suponen ningún cambio de tendencia sustancial a la tendencia negativa del mercado de trabajo, reflejada por la EPA del primer trimestre, tendencia que está afectada por las consecuencias de la crisis económica y agravada por la estrategia de austeridad y por los efectos de la reforma laboral de 2012.

Economistas Frente a la Crisis

Por Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo, catedrático de Matemáticas Empresariales y miembro de Economistas Frente a la Crisis

Se empieza a dar razón a los que desde hace tiempo venimos criticando las políticas de austeridad con las que la UE ha intentado hacer frente a la crisis. A los que advertimos de que las reducciones drásticas y aceleradas del déficit público, cuando todos los agentes privados reducen su endeudamiento y con un tipo de cambio fijo y sobreevaluado, producirían una espiral recesiva que haría más difícil aún recuperar en un plazo razonable el equilibrio presupuestario. Ahora nos sentimos reconfortados porque crece la conciencia de que la adición de políticas de austeridad en toda Europa conduce a la catástrofe. Y desde el FMI al presidente de la Comisión Europea advierten del peligro de la excesiva austeridad.

Y lo hacen porque a la vista están los resultados que muestran el fracaso de esas políticas. Y empiezan a aflojar la cuerda concediendo plazos más largos a España para reducir su déficit y a los demás para devolver sus deudas. Pedir que el BCE se comporte como los demás bancos centrales ya no suena a herejía. Los mercados relajan las primas de riesgo y las bolsas suben porque se empieza a pensar que se va a dar prioridad al crecimiento frente a la austeridad a ultranza. Lástima del mucho dolor social, el mucho paro y el cierre de empresas sacrificados en el altar de los dogmas y los errores de política económica que se han pretendido justificar en «incuestionables» estudios académicos que ahora resultan estar equivocados.

El primero de esos errores fue la estimación del multiplicador (efecto que la variación del déficit público tiene en la actividad económica) por parte del FMI. Su economista jefe reconoce que se equivocaron y que los efectos recesivos de la reducción del déficit fueron mucho mayores de lo previsto. Como santo Tomás, han tenido que poner el dedo en la llaga de lo que estaba pasando en Grecia para darse cuenta de que si seguían aplicando las mismas dosis de la medicina matarían al enfermo. A la vista de esos nuevos cálculos, el FMI pide a los europeos una senda más gradual de reducción del déficit, y a Alemania, políticas de relanzamiento de la demanda. ¡Y pensar que en España tenemos economistas supuestamente acreditados que hace poco negaban la existencia del efecto multiplicador tachándolo de antigualla keynesiana! Y que la Comisión Europea se ha negado a reconocer esas nuevas estimaciones del multiplicador tachándolas de técnicamente incorrectas porque quitaban fuerza a sus políticas…

El segundo gran error, que pasará a la historia de la ciencia y de la política económica como el error Excel, es el de dos economistas de Harvard (Reinhart y Rogoff). Su famoso estudio sobre el impacto de la deuda pública en el crecimiento económico, publicado al principio de la crisis griega, pretendía demostrar que si la deuda pública pasaba por encima del 90% del PIB se impedía el crecimiento. Fue la gran arma intelectual para apelar a la austeridad fiscal a ultranza. El comisario Rehn lo ha utilizado decenas de veces para justificar draconianas reducciones del déficit. En su carta de febrero a los ministros de Hacienda les recordaba que «la más seria y reputada investigación académica ampliamente reconocida (¿) nos dice que no debemos pasar del 90% de deuda y que por tanto hay que seguir con los programas de consolidación fiscal».

Pero otros investigadores del MIT han revisado ese estudio y han descubierto errores en los cálculos del programa Excel. Una vez corregidos, desaparece también la tesis del fin del crecimiento si la deuda pública pasa del 90%. Incluso se puede pensar que la relación causa-efecto es la contraria y que el débil crecimiento es lo que hace crecer la ratio de endeudamiento y no al revés.

El ridículo del señor comisario es mayúsculo. Pero sin importancia frente a las dramáticas consecuencias para millones de seres humanos y para la pervivencia del propio proyecto europeo de las políticas que esa «reputada investigación» ha ayudado a justificar.

Aun sin ese error de cálculo, la tesis de que había un límite en la deuda pública, por encima del cual el crecimiento se paraba, siempre me pareció el típico abuso de las matemáticas que suelen hacer los economistas, que las usan como los borrachos las farolas, es decir, más para apoyarse en ellas que para iluminarse. Esas teorías tienen validez en las ciencias físicas. Los ingenieros sabemos que si aumenta el ángulo de ataque del ala de un avión por encima de un cierto valor crítico, se pierde bruscamente la sustentación y el avión se cae. Pero pretender que hay un valor crítico del endeudamiento público que produce una entrada en pérdida del crecimiento es una superchería intelectual que además resulta que se apoya en errores de cálculo. Demasiados errores con consecuencias demasiado dramáticas. Pero de momento, sin que nadie asuma ninguna responsabilidad.