La derrota del 9 de mayo

El 26 de agosto de 2011, ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, publicó esta entrada en la que se analizaban las consecuencias que el cambio constitucinal que limitaba el déficit público estructural tendría sobre la política económica y sobre el Esrtado del Bienestar. 

Hoy, 9 de junio de 2012, cuando la intervención en el sistema financiero español parece inminente, retomamos este artículo para poner de manifiesto que no es la deuda pública, no es el déficit, no son las contrarreformas impulsadas desde Bruselas y aplicadas mansamente por el último Gobierno del PSOE y de manera entusiasta por el Gobierno del PP. No. Hoy se pone de manifiesto que no es el Estado de Bienestar el que nos ha llevado a esta situación, sino una ideología que rechaza el crecimiento, que rechaza la idea de Europa, que rechaza la solidaridad como principal contribución a la construcción europea. 

La derrota del 9 de mayo

26 de agosto de 2011

El Presidente del Gobierno anunció el martes 23 de agosto de 2011 que sometería a la aprobación de las Cortes una reforma de la Constitución para incluir un límite al déficit estructural de las Administraciones Públicas. La medida culmina un giro en la orientación de la política económica del Gobierno iniciado el 9 de mayo de 2010. Entonces, la mayoría conservadora representada en la reunión del ECOFIN impuso una política fiscal procíclica y contractiva que aseguraría, en el mejor de los casos, un crecimiento débil durante los siguientes años, la progresiva destrucción de las conquistas sociales que han moldeado el estado del bienestar y una nueva etapa de desintegración europea. Entonces se escucharon afirmaciones que todavía hoy producen espanto: la generación que hoy se enfrenta por primera vez al mercado laboral será la primera generación que tendrá un nivel de vida inferior al que disfrutó la generación de sus padres.

A la espera de conocer los detalles de la reforma constitucional* cabe plantearse dos escenarios alternativos. Si la limitación del déficit estructural (aquel que recoge las decisiones discrecionales de las autoridades económicas al margen de las variaciones del saldo público debidas al ciclo) se basa en una regla rígida, como por otra parte sugieren algunas posiciones, las consecuencias serían desastrosas porque nos estaríamos enfrentando a una política fiscal próciclica, es decir, se perdería definitivamente la capacidad de hacer frente a la posible llegada de shocks exógenos, una vez hemos perdido la autonomía de la política monetaria, ahora en manos del BCE. En definitiva, perderíamos el último instrumento de estabilización del que disponen las autoridades económicas españolas. La situación se agrava si el BCE tiene unos objetivos de política económica limitados y nos enfrentamos a  cierta asincronía en el ciclo económico en los países europeos

Por otra parte, si se trata de diseñar una regla flexible, como proponen otros, cabe preguntarse cuál sería el efecto deseado, pues no limitaría la orientación de la política fiscal más allá de lo que ya lo hace el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, más aún ahora con el Pacto del Euro y el endurecimiento de los mecanismos de alerta temprana y las sanciones reputacionales y financieras que la propuesta contempla.

Nadie, o casi nadie, duda ya de las ventajas de mantener unas políticas fiscal y monetaria estables, que reduzcan la incertidumbre y faciliten la toma de decisiones por parte de los agentes. El debate de reglas frente a discreción no es nuevo y por tanto no sorprende. Lo que sí sorprende, llegando a causar estupor, es que en España, país cuya estructura económica es particularmente procíclica, el Gobierno haya decidido incluirlo en la Constitución, cuyas dificultades para reformarla eliminan en la práctica la flexibilidad que ahora demanda el candidato socialista. Se corre el riesgo, además, de que al no explicitar el límite en la Constitución se estén eliminando las ventajas reputacionales que pretendidamente se quieren conseguir, al mismo tiempo que, en la práctica, se limita la capacidad de estabilización de la política fiscal con su incorporación a la legislación española mediante una Ley Orgánica.

En definitiva, limitar la posibilidad de incurrir en déficit estructurales es coartar la posibilidad de que las AAPP confieran una orientación expansiva a la política fiscal. Es decir, supone la renuncia a la política fiscal como instrumento de política económica, en tanto que se limita el único componente del saldo del sector público que responde, verdaderamente, a las decisiones discrecionales de las autoridades económicas.

Sin embargo hay un punto sobre el que no se está prestando excesiva atención. No se trata sólo de que mediante esta reforma las autoridades económicas perderán la capacidad de estabilización del ciclo al dificultar, nada menos que mediante una Ley Orgánica, la política fiscal expansiva. No. Se trata además de que se está impidiendo que el Estado sea una agente activo en la economía, ya sea a través de la prestación de servicios, la toma de participaciones en empresas o la propiedad de ciertos medios de producción. Más allá de consecuencias coyunturales, pues la gestión del ciclo no deja de ser una cuestión coyuntural, lo que esta reforma impide es el papel activo del Estado en la economía. Es, por tanto, impedir que los ciudadanos elijan una opción política que promulgue una mayor presencia del Estado en la economía.

El problema de que te enseñen economía “en dos tardes” es que como mucho se conseguirá ser un buen gestor de las decisiones que toman otros, con las consecuencias implícitas en éstas, pero la ausencia de criterio propio impide que se tengan en cuenta las particularidades de la economía española y que se fortalezca la solidaridad ente los estados miembros de la Unión Europea.

El 9 de mayo de 2010 no sólo se asestó un duro golpe al Estado del Bienestar europeo. Fue también el día en el que las posiciones que nos llevaron a esta crisis triunfaron sobre el sentido común.

http://www.economistasfrentealacrisis.com

* Cuando se escribieron estas notas, no se conocían todavía los detalles. Hoy ya sabemos que la opción elegida sitúa el límite del déficit público estructural en el 0,4% del PIB, 0,26% para la Administración Central.

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