Algo más que bajar el stock de no vendidas

Julio Rodríguez López – 31/01/2012 – 07:00

Durante el último año, el anterior Gobierno socialista y el nuevo Gobierno popular han tenido algún que otro rasgo común en materia de política de vivienda. La consideración de que el principal objetivo de dicha política es la reducción del elevado stock de viviendas de nueva construcción no vendidas en España es lo más llamativo de las declaraciones realizadas en ambos casos.

La política de vivienda incluye, por lo general, objetivos adicionales al objetivo central, como los de soportar el crecimiento a largo plazo de los niveles de vida y el fortalecimiento de la estabilidad monetaria (OCDE, Housing and the economy, Economic Policy Reform 2011). Pero en ningún caso el objetivo central deja de considerarse que tiene que ser el de “asegurar vivienda adecuada a los ciudadanos” (OCDE, op. cit.), y ello con un esfuerzo de accesibilidad razonable.

La reducción del elevado stock de viviendas citado, que en2011 havuelto a crecer y que no debe de andar muy lejos del millón de viviendas, viene a ser, en las presentes circunstancias de la economía española, un objetivo general de política económica y no tanto un objetivo especifico de la política de vivienda. Ello no impide que con las actuaciones previstas de política de vivienda se contribuya a la reducción del stock en cuestión.

Si para hacer política de vivienda se esperase a que se haya vendido o eliminado el número de viviendas construidas y no vendidas, como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria habría que dejar pasar un periodo de tiempo excesivamente largo. A no ser que para lograr dicho propósito se recurriese a métodos tan expeditivos como los que se han desarrollado en la ciudad de Detroit (Estados Unidos), donde se ha vuelto a cultivar la tierra con fines agrícolas en terrenos antaño ocupados por construcciones residenciales.

El nuevo Gobierno se ha estrenado con un reforzamiento de las ayudas fiscales al acceso a la vivienda en propiedad (IVA del 4% sobre las ventas de nuevas viviendas durante 2012 y aplicación de la deducción de vivienda en el IRPF desde 2012 como se hizo hasta 2010, extendiéndola con efectos retroactivos a 2011) y con la eliminación de la ayuda directas a los inquilinos jóvenes, denominada como renta básica de emancipación. Esta última ayuda la puso en marcha en 2007 la entonces ministra de Vivienda, Carmen Chacón, que cumplió con ello una actuación prevista en el programa electoral del PSOE de 2004.

El Gobierno ha reducido el nivel del órgano competente en política de vivienda desde secretaría de Estado a dirección general, coincidiendo con el reforzamiento de las ayudas fiscales al acceso en forma de propiedad. El ahorro de gasto público derivado de dicha reducción del nivel administrativo de la política de vivienda ha sido ampliamente superado por el coste de las medidas fiscales citadas. Dicho coste, disminuido por el ahorro de la supresión de la renta básica de emancipación, podría aproximarse a los 1.500 millones de euros, que no es una cifra despreciable en tiempos de ajuste como los actuales.

Asumido, pues, que a pesar de que el alquiler domine ahora entre las nuevas ofertas y demandas de viviendas en las grandes ciudades, la vivienda en propiedad va a ser el rasgo más destacado del nuevo Gobierno, este debe de hacer algo más que bajar los impuestos a los que pueden comprarse una vivienda en las presentes circunstancias. El instrumento más potente de la política social de vivienda en España, esto es, la ayuda a la promoción y compra de viviendas protegidas (VPO) en España, debe de estar pasando por una profunda crisis como consecuencia de la restricción crediticia, pues al fin y al cabo dicho sistema descansa en los nuevos créditos convenidos para tales actuaciones.

La política de vivienda forma parte de las prestaciones sociales integrantes de lo que viene a denominarse como Estado del bienestar. La reducción del stock de viviendas terminadas y no vendidas está asociada con la reforma del sistema financiero en España, a la vista del fuerte peso que dichas viviendas no vendidas tienen en los balances bancarios. Aunque sea a nivel de dirección general, hay trabajo en el Gobierno de España en cuanto a política social de vivienda se refiere.

La reforma a fondo de la política de vivienda protegida, en un sentido favorable al alquiler y a la rehabilitación, y el conocimiento de la realidad del mercado del alquiler en España figuran entre las principales tareas pendientes.

Julio Rodríguez López. Expresidente del Banco Hipotecario de España

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