Una reforma… para destruir empleo

Toda la evidencia económica permite asegurar que la estrategia de bajar el coste del despido no es adecuada para crear puestos de trabajo

Alfonso Prieto y Antonio González, miembros de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS

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La reforma laboral es un tsunami de incalculables consecuencias. En este momento inicial, nuestro propósito es describir los efectos de las medidas más graves para señalar que tendrá consecuencias económicas y laborales intensamente negativas, y que es inútil e innecesaria. Utilizaremos para ello parte del análisis realizado por “Economistas Frente a la Crisis”.

I. La reforma, en primer término, promueve el despido. Para ello, se adopta toda una batería de medidas por lo que resulta absurdo que ahora líderes del PP traten de negarlo. Uno, se rebajan hasta un 43% las indemnizaciones por despido sin justificación (improcedente) de los nuevos contratos indefinidos. Dos, esa misma reducción se aplica también, a partir de la entrada en vigor del Decreto ley, a los casi nueve millones de asalariados del sector privado (y a una parte del sector público) que ahora tienen contrato indefinido. Una regresiva novedad en las reformas laborales, que nunca habían afectado a los contratos vigentes. Tres, se reforma el despido objetivo por causas económicas: una simple merma coyuntural de ingresos, no de beneficios, durante tres trimestres, justifica el despido. Cuatro, se facilitan los despidos colectivos incorporando la causa económica anterior y eliminando la autorización administrativa para convertir la decisión empresarial en soberana. Cinco, se crea un nuevo contrato indefinido para las empresas de menos de 50 trabajadores (más del 95% del total) con un periodo de prueba de ¡un año!, durante el cual lógicamente no rigen las reglas ni las indemnizaciones por despido.

Las medidas, por tanto, son múltiples. Suponen la mayor rebaja cuantitativa de la indemnización por despido, y el mayor volumen de trabajadores afectados, que se ha realizado hasta la fecha. Es necesario un detenido análisis de sus efectos conjuntos, pero se pueden plantear ya algunas cuestiones relevantes: si el objetivo de la reforma fuera facilitar el despido justificado, ¿por qué se rebaja el coste del improcedente?; si la pretensión fuera crear empleo, ¿por qué se reducen las indemnizaciones a los ya empleados?; si no se quisiera aumentar el daño social del despido, ¿por qué se incrementa tanto la facilidad de los despidos colectivos?; si en suma, el propósito de la reforma fuera que el despido sea el último recurso de las empresas, ¿por qué se fomenta aún más el despido?

Además, la creación de un contrato con un periodo de prueba de un año va a causar un desastre incalculable: al no necesitar justificación para su rescisión durante ese plazo, ¿por qué no van a sustituirse por este, cuyo coste de rescisión es cero, todos los contratos temporales? El Gobierno ha dado por fin con la piedra filosofal para eliminar la temporalidad: millones de contratos “indefinidos” pero de menos de un año de duración.

En el otro gran ámbito de la reforma, la negociación colectiva, se otorga prevalencia al convenio de empresa y se invalida toda la negociación colectiva de ámbito superior, que poco a poco será superflua. Si el tamaño medio de las empresas en los convenios sectoriales son 7 trabajadores, realmente no habrá negociación colectiva.

Por otro lado, se limita la ultraactividad del convenio a dos años, ofreciendo una posición de infinita ventaja a la parte empresarial: sabiendo que en un par de años todo lo que hay en el convenio (salarios, jornada, todo) se lo lleva el viento, nunca llegará a acuerdos, excepto si son draconianos para los trabajadores y se inicia un proceso de rápida rebaja de los estándares de trabajo.

II. La reforma es, por lo tanto, terriblemente más dura que las abordadas en el anterior periodo de gobierno, 1996-2004. Una reforma tan propia del ala más radicalmente neoliberal del PP como completamente inútil. Primero, sin crecimiento económico, ninguna reforma creará empleo. Ni siquiera esta, por más cruel y desreguladora que sea. ¿Alguien, dentro o fuera del Gobierno, está dispuesto a asegurar que creará empleo antes de que la economía recupere el crecimiento? ¿Se comprometerá públicamente a ello el Presidente? Los más avispados afirman que la reforma mejorará el empleo cuando crezca la economía. Pero el empleo ya crecía cuando crecía la economía: España es el país de la OCDE que registró el mayor crecimiento del empleo en el periodo expansivo 1994-2007, y con la regulación laboral de entonces. Segundo, toda la evidencia económica permite asegurar que la estrategia de bajar el coste del despido no es adecuada para crear empleo. Lean, incluso, los informes del FMI. Tercero, no sólo la evidencia económica sino el sentido común desaconsejan vivamente facilitar el despido en medio de una recesión. Cuarto. Otro argumento para justificar la reforma es provocar una devaluación interna para recuperar la competitividad perdida y crear condiciones para generar empleo. Pero esto es poco riguroso. Por un lado, no parece muy clara la pérdida de competitividad cuando España es de los pocos países que ha mantenido su cuota en el mercado mundial. Por otro, la idea de ser competitivos bajando salarios es –aparte de desastrosa- sencillamente quimérica: un somero análisis de la estructura de nuestras exportaciones indica inequívocamente que nuestros problemas no son salariales.

En cuanto al funcionamiento del mercado de trabajo, menos justificada es una reforma que se dirige a facilitar los despidos. Porque, acudiendo a la fuente más fiable, los indicadores de protección del empleo de la OCDE, la situación española no es especialmente desfavorable. Es intermedia, muy próxima al promedio europeo, e inferior a la de países a menudo mencionados como modelo, como Alemania, Holanda o Suecia.

La reforma va a aumentar a corto plazo los despidos y, a medio y largo plazo, uno de nuestros grandes problemas, la inestabilidad en el mercado de trabajo, incrementando los flujos de entrada y salida, y elevando la volatilidad del empleo. No es esperable, en consecuencia, que estimule la mejora de la formación y la productividad del trabajo. Si esta reforma, como dice el Gobierno, pretende terminar con la segmentación del mercado de trabajo y aumentar su estabilidad, no ha podido adoptar medidas más equivocadas.

En síntesis, la reforma laboral es inútil para lograr los objetivos que se establecen: no puede crear empleo y el Gobierno la aprueba porque no sabe cómo hacer que crezca la economía mientras sus medidas fomentan los despidos, agravando los problemas de nuestro mercado de trabajo. La reforma es, además, injusta: desequilibra las relaciones laborales en favor de una de las partes y, aprovechando la coyuntura económica, reduce los derechos de los trabajadores. Se diría que su propósito es dar satisfacción a los grupos más radicales que apoyan al PP desde posiciones neoliberales.

Antonio González y Alfonso Prieto, son economistas y miembros de “Economistas Frente a la Crisis” www.economistasfrentealacrisis.com

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