Los PGE para 2012: no es esto, no es esto.

Antonio González es miembro de Economistas Frente a la Crisis.

“Yo ya no entiendo qué más podemos hacer, si se está haciendo lo divino y lo humano. Los mercados son los que son”, decía un analista de una de las principales entidades de inversión bursátil españolas a la vista de las reacciones ante los Presupuestos Generales del Estado de los mercados y los analistas en el exterior. Desazón y un punto de desesperación muestran esas declaraciones. Pero también importantes dosis de incredulidad e incomprensión. Y esto refleja el problema principal, no ya del analista, sino de los Presupuestos.

Si, como se ha dicho, estamos ante el mayor esfuerzo presupuestario que ha realizado nunca un país desarrollado, en un ímprobo impulso por reducir el déficit público, ¿por qué analistas y mercados no están contentos? Si tanta gente se ha pasado tanto tiempo insistiendo en que la falta de una corrección mucho más rápida y drástica del déficit público generaba desconfianza, ¿por qué ahora, que se aborda una reducción casi brutal del mismo, se muestran quizá más desconfiados?

La respuesta está en el propio análisis, en el error fundamental en el planteamiento mismo de la cuestión: no es el déficit público y su corrección actual lo que plantea desconfianza, sino la deuda privada y las serias dudas sobre su capacidad para devolver los préstamos que sobre las mismas nos hicieron a lo largo de los años.

Los, tantas veces aludidos, mercados, lo que observan es:

1.- El peligro creciente de que no se puedan devolver esos créditos y empréstitos del exterior por parte de las empresas y de las entidades financieras nacionales.

2.- Que ese riesgo aumenta a medida que se observa que la situación económica española se deteriora con una vuelta a la recesión, lo que reducirá los niveles de producción y renta generados, y todo el mundo sabe que, cuando se gana menos, es más difícil pagar las deudas, y más probable incumplir los pagos.

3.- Que nuestras entidades financieras, que son las intermediarias en la mayor parte de esos créditos (ellas pidieron el dinero prestado para luego otorgar los créditos), y por lo tanto las garantes de los mismos, concedieron grandísimas sumas de ese dinero a la promoción inmobiliaria, las cuales no se podrán recuperar, o no se podrá evitar incurrir en pérdidas importantes, debido a que esas promociones no podrán ser vendidas, o no podrán ser vendidas sin pérdidas. Quebrantos cuya probabilidad y cuantía aumenta a medida que se percibe como inevitable el hundimiento de los precios de los activos inmobiliarios, en parte debido a la propia falta de crecimiento de la economía. Un elemento adicional de desconfianza general se deriva directamente del hecho de que las entidades no reconozcan esta situación y mantengan ‘ocultos’ en sus balances tales problemas, y que tampoco estén realmente contabilizados en las previsiones que el Gobierno ha realizado respecto a las obligaciones de saneamiento del sector financiero.

4.- Que como resultado de todo lo anterior muy probablemente tendrá que ser el Estado el que tenga que hacerse cargo al cabo del tiempo de las deudas del sector privado, asumiendo para ello las pérdidas del sistema financiero (sus pérdidas son los créditos no pagados por las empresas y los particulares, tanto por el hundimiento del mercado inmobiliario como por efecto de la recesión y de la imposibilidad de la economía para recuperar el crecimiento). Y que esas deudas que tenga que asumir el Estado español sean tan grandes que hagan imposible que este pague. Ese peligro amenaza, lógicamente, a toda la deuda que el Estado tiene en circulación por lo que la prima de riesgo aumenta.

Y esa prima de riesgo aumenta más justo cuando se plantea el mayor ajuste del déficit público, porque –aunque parezca un contrasentido, no lo es- esas medidas tan tremendas para reducir el déficit de las cuentas públicas no hacen sino confirmar (o aumentar la probabilidad de que sobrevenga un panorama caracterizado por) las consecuencias de esa medidas de recorte: que la economía española se sumirá en la recesión, que no podrá pagar las deudas privadas, que se hundirá más el mercado inmobiliario, que las entidades financieras quebrarán, que el Estado se tendrá que hacer cargo de todo, y que no podrá, y por lo tanto que los que desde ahora compren deuda pública española corren un enorme riesgo.

Esta es la explicación de esa reacción de los mercados ante los PGE que provoca incredulidad en el analista. La idea de que esto que hacemos es lo que quieren los mercados es un profundo error. Se están mezclando confusa e interesadamente dos planos diferentes.

Por un lado, los mercados, entiéndase por ellos los que prestan dinero, que quieren recuperar su inversión y los beneficios añadidos, y les preocupa poco en sí mismo lo que se haga, siempre que se les asegure que eso va a suceder. Y si ven que las medidas que se adoptan son contraproducentes para ese objetivo, desconfían.

Por otro lado, aparecen los traficantes de ideología más o menos camuflada y maloliente. A estos, en realidad, les preocupa menos si los prestamistas desconfían, y por qué, que el hecho de utilizar esa desconfianza para introducir su mercancía en la incauta e indefensa sociedad y a veces en los gobiernos, para de esa forma ‘convencer’ de que es inevitable para recuperar la confianza de los mercados adoptar los recortes que ellos, los traficantes, defienden. De ahí el interés en recortar a toda costa (es decir, a toda velocidad, a costa del crecimiento económico, y llevándose por delante cuanto más se pueda del Estado de Bienestar y de los servicios públicos) el déficit público.

Alguien dirá que muchos de los que defienden esa política de recortes son representantes de otros gobiernos europeos, e incluso representantes de altas instancias europeas, y no creadores de opinión, lo cual es cierto, pero en ningún sitio está escrito que, a veces, ambos grupos no puedan confluir en intereses y convicciones, especialmente cuando se trata de gente que pertenece a fuerzas políticas que, de forma coyuntural o profunda, han abrazado los planteamientos radicales del neoliberalismo.

En cualquier caso, lo que resulta bastante evidente, se mire como se mire, es que las medidas de recorte del déficit dañan decisivamente el crecimiento económico y hacen más difícil pagar las deudas. Lo que debería conducir a una anástrofe, a una inversión de los términos de la política económica: primero, recuperar el crecimiento para, a continuación, reducir (incluso más rápidamente de lo que ahora es posible) el déficit público. Pero, en ese caso, hay que reconocer, que irremediablemente se pierde en buena medida la oportunidad de obligar a realizar recortes en el gasto público.

Unos recortes que, para los que defienden los mismos no vale que sean en cualquier partida. Lo cual deja nuevamente en evidencia las principales intenciones. Hoy miércoles, sin ir más lejos, en un periódico de tirada nacional, un analista, que firma como profesor de economía e investigador de Fedea, afirma que en los PGE para 2012 no hay ajuste (¿?), que el que hay (parece que, a pesar de todo, sí lo hay) es sólo… de corto plazo, porque más adelante nos veremos forzados a recuperar los niveles precedentes de gasto en lo recortado, y que las partidas que “realmente necesitamos” recortar porque afectan a la sostenibilidad de las cuentas públicas no se tocan. Termina caritativamente nuestro ángel de la guarda pidiendo al BCE que retire toda ayuda a España en forma de compra de nuestra deuda para “obligar al Ejecutivo” (sí señores, eso dice), se entiende que a través de un hundimiento internacional de la confianza de los mercados en nuestro país, “a realizar el ajuste que necesitamos”. Esa es la clave: el que necesitamos, el que él dice que necesitamos, no cualquier reducción del déficit. Y en este sentido señala directamente que los recortes deben afectar al capítulo 1 (sueldos y salarios de los empleados públicos, es decir, el tamaño y la capacidad de intervención del Estado) y al capítulo 4 (las transferencias corrientes contempladas en los PGE, lo más sustancial de las cuales es el mantenimiento de los servicios públicos, como la sanidad, la educación, las políticas de empleo, y de las prestaciones sociales, como las pensiones, las prestaciones por desempleo, etc.). Claro como agua de mayo. Lo cual se agradece porque habitualmente suelen plantear las cosas de forma mucho menos explícita.

El Gobierno, por ejemplo, no plantea las cosas con tanta claridad. Cierto es que del todo no debe compartir, (al menos la oportunidad política) la idea de hacer recortes del estilo de los apuntados más arriba, puesto que no son exactamente esos los que ha decidido. Pero el planteamiento de política económica que subyace en la elaboración del los PGE-2012 se basa esencialmente en la idea de que la drástica y rápida reducción del déficit público mejorará las condiciones de financiación de la economía española y con ello se asegurará la recuperación del crecimiento y del empleo, tal y como ha explicado el Ministro de Hacienda en la presentación pública de estos Presupuestos.

Esto, a nuestro juicio, está muy lejos de la realidad. El resultado va a ser, lamentablemente, el contrario: los Presupuestos deprimirán aún más la economía, agudizando la recesión a la que de nuevo hemos vuelto, aumentarán las dificultades para devolver los créditos, crecerán los fallidos, y arreciará la desconfianza en las perspectivas futuras de la economía española, y las condiciones de financiación serán todavía más difíciles. Ninguno de los problemas se habrá resuelto. Al contrario, serán más graves. Y entonces, todos los que insisten en los recortes, y el propio Gobierno, volverá a decir que, para salvar la situación, hacen falta nuevas reformas, es decir, nuevas podas a los maltrechos servicios públicos. Habremos dado una vuelta más en esta espiral en la que algunos parecen estar tan cómodos.

Nadie pretende decir que la salida alternativa sea fácil desde un punto de vista político, pero sí desde la racionalidad económica. En esta perspectiva, lo primordial es recuperar el crecimiento y con ello la confianza. Para lo cual los ritmos con los que se plantea la reducción del déficit deberían ser ahora mucho más lentos y después, con la recuperación, intensificarse paulatinamente. Se deberían aflorar plenamente los problemas de las entidades financieras (que solo lo hacen, y tal vez ni siquiera totalmente, en el momento de los procesos de fusión o adquisición), capitalizándolas por el Estado utilizando la financiación ofrecida por los dispositivos europeos. Se debería impulsar un verdadero plan europeo de reactivación de la economía a través de importantes inversiones financiadas con un presupuesto comunitario reforzado. Las economías europeas más saneadas deberían abordar una política más expansiva y anticíclica. Y se debería terminar con los problemas de desconfianza y especulación contra la deuda soberana mediante la intervención plena de instituciones públicas de ámbito europeo.

Las resistencias políticas a realizar este giro copernicano en la política económica son bien conocidas. Pero el hecho de que esas resistencias existan no aminora ni un ápice el verdadero fondo del asunto: hay respuestas válidas y viables desde el punto de vista económico, y son precisamente las contrarias a las que se están adoptando. Lo primero, lo esencial para vencer las resistencias es, en consecuencia, explicar que no es cierto que sea la economía la que nos fuerza a hacer lo que, equivocadamente, se está haciendo.

Las posibilidades y acciones necesarias para superar las resistencias políticas no son el objeto de estas líneas -por más que se considere que son estas y no las económicas el núcleo esencial de los verdaderos problemas- y habrán de quedar para otra ocasión y sobre todo para ámbitos más cualificados en la materia.

Antonio González es miembro de Economistas Frente a la Crisis.

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