La herencia Inmobiliaria, el fraude fiscal y el Estado del Bienestar

Emili Ferrer Inglés es miembro de Economistas Frente a la Crisis

25 de mayo de 2012

En España los recursos públicos destinados a la crisis financiera desde 2008 son equivalentes al gasto público total de 2009 en salud y educación. El fraude fiscal calculado para 2009 es superior al gasto total en educación del mismo año.

HINCHANDO LA BURBUJA

 La noche del 28 de abril de 1996, en el Salón Inglés del Hotel Majestic, Jordi Pujol, Macià Alavedra, Joaquim Molins, Josep Sánchez Llibre y Josep Antoni Duran i Lleida, por Convergència i Unió (CiU), y José María Aznar, Rodrigo rato y Mariano Rajoy, por el Partido Popular (PP), acordaron un pacto de gobernabilidad para toda la legislatura (1996-2004), que fue bautizado por la prensa del momento como “Pacto del Majestic”. El día30 de abril de 1996el pacto entre José María Aznar y Xavier Arzalluz completa el bloque parlamentario que dará soporte al gobierno durante este período.

Estos pactos proporcionaron al Partido Popular la mayoría necesaria para gobernar y dio origen a trascendentales modificaciones legales, como la aprobación dela Ley7/1997, de 14 de abril de “Medidas liberalizadoras en materia de suelo” yla Ley6/1998, de 13 de abril, de “Régimen del suelo y valoraciones”. De esta manera, el gobierno de José María Aznar, con el apoyo de CIU,  introdujo el germen para que en España se pudiera construir prácticamente por tierra, mar y aire.

Este pacto de gobernabilidad no agota la explicación de la burbuja inmobiliaria, pero fue necesario para su creación. Aquélla se alimentó después con otros factores: la expansión monetaria derivada de la entrada en el euro, que efectivamente evitó restricciones crediticias, pero incrementó el problema del déficit exterior; las políticas fiscales  aplicadas por el gobierno central, los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales.  En cualquier caso, el “pacto del Majestic” fue la condición necesaria para generar la burbuja inmobiliaria.

Desde los ámbitos empresariales, financieros y políticos más diversos empezó una carrera frenética y devastadora, que queda reflejada en la evolución y crecimiento del precio de la vivienda entre 1997 y 2007. Según Arias y Costas[i], el incremento fue del 180% de su valor, cifra sólo por detrás de la de Estados Unidos y Reino Unido, con subidas del 210% y el 240%, respectivamente.

Lo sucedido a partir de 1997 es bien conocido, pero conviene destacar algunos episodios significativos. Las denominadas “Operación Chamartín”, “Ensanche Campamento” y el “Futuro Valdebebas”, eran las actuaciones urbanísticas más importantes de Europa durante 2003, tanto por su dimensión (45.000 viviendas), como por sus implicaciones económicas.  El día1 de julio de 2003, un caso nunca investigado y explicado suficientemente, la “espantada” de dos diputados socialistas, María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo, que abandonaron el parlamento poco antes de la votación, impidió la elección como presidente dela Comunidad Autónomade Madrid, de  Rafael Simancas, candidato de la coalición PSOE- IU, que había obtenido la mayoría de los sufragios y cuyo programa de gobierno pretendía regular y modificar la gestión de estas actuaciones urbanísticas.

La carrera prosiguió con casos más recientes como el de Martinsa Fadesa, con un volumen de 7.000 millones de euros, o las ayudas públicas a cajas de ahorros con activos inmobiliarios de riesgo. Por ejemplo, los 2.800 millones de euros a la Cajade Ahorros del Mediterráneo (CAM)[ii] de Alicante, que después destinó 15,5 millones de euros a indemnizar a 5 de sus directivos. La ayuda pública de 2.465 millones de euros a Nova Caixa Galicia, que también destinó 23,6 millones de euros a indemnizar a 3 directivos y 16 millones de euros a indemnizar al ex director.

Según cálculos elaborados por El País,[iii]con datos de las entidades financieras, el total de créditos vinculados a activos inmobiliarios de riesgo a finales de 2011 era de 187.976 millones de euros, un 68,42% del cual correspondía a las cajas de ahorros y el restante 31,58% a los bancos.

En España la crisis financiera no se ha producido por procesos de ingeniería financiera, la denominada titulación del crédito, como ha ocurrido en Estados Unidos. La demanda de crédito se ha cubierto acudiendo los bancos, a su vez, a mercados internacionales, fundamentalmente a financiación procedente de bancos alemanes[iv].

Julio Rodríguez López[v] al analizar este proceso destaca que en 10 años, de 1997 a 2007, los créditos inmobiliarios crecieron a un ritmo del 22,3% anual. En 1997 el crédito inmobiliario era el 39,7% del conjunto del crédito al sector privado, en 2007 había aumentado hasta el 60%. Durante el mismo período, el crédito inmobiliario pasó de ser equivalente al 27,9% del PIB a alcanzar la cifra del 95,5% del PIB. Esta evolución del crédito privado explica el aumento del elevado nivel de endeudamiento que, según Joaquín Estefanía[vi], se sitúa en 2010 en el 357 % del PIB anual, del cual sólo el 58 % del PIB era deuda pública, muy inferior al 194% del PIB de empresas y familias y del 105% del PIB en el sector financiero.

En este proceso, resulta muy significativo que el crecimiento del crédito destinado a promotores ha sido mucho más elevado que el crecimiento del crédito destinado a compradores. Por ello, según fuentes de importantes instituciones financieras, la morosidad afecta básicamente a constructoras y promotores, con una incidencia mucho más baja en las hipotecas familiares.

En consecuencia, se puede afirmar que el déficit público no ha provocado la crisis, es la crisis la que ha provocado el déficit. Josep Borrell[vii] lo describe como el “el círculo vicioso financiero”: la crisis inmobiliaria genera la crisis de los bancos, ésta genera a su vez, por los denominados riesgos sistémicos, las ingentes ayudas públicas de los estados y la crisis de éstos, la cual acaba trasladándose a la economía real.

En este círculo vicioso, la aplicación única de  políticas de austeridad genera más crisis, alimenta la recesión  y, como advierte, Ignacio Ramonet[viii], la crisis económica se transforma en crisis social: aumenta el paro, se reducen las rentas, se reduce el salario social y aumentan las desigualdades, se consume menos y se produce menos ingreso fiscal.

Sin romper el círculo, es decir, sin crecimiento, no es posible reducir el endeudamiento. Las políticas de ajuste fiscal, como las del gobierno Rajoy, se basan en la premisa de que antes de distribuir se ha de ajustar, pero como recuerda Joaquín Estefania[ix], el problema es que no hay evidencia empírica alguna de que tras los ajustes llegue la distribución, o antes incluso, el crecimiento.

LA CAIDA

El episodio más reciente de esta saga es la crisis de Bankia. La gestión de Blesa, Rato y Olivas al frente de la entidad y la colaboración de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, nos ha dejado una herencia de 82.965 millones de euros en forma de ayudas públicas al grupo Bankia-BFA[x] durante el período 2008-2012. Cifra que, según la entidad financiera, podría aumentar en más de 19.000 millones de euros adicionales. Sin duda, una importante aportación al déficit público, si se considera que la deuda pública del conjunto del Estado (Estado, Comunidades Autónomas y corporaciones locales) es ligeramente inferior: 82.107 millones de euros y que, además, Bankia-BFA es la primera inmobiliaria española, con un balance estimado de 31.800 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos.

Desde la quiebra de Lehman Brothers, el15 de setiembre de 2008, se argumenta por los poderes político-económicos dominantes que hay instituciones financieras demasiado grandes para quebrar y a partir de esta premisa, por sus riesgos y efectos sistémicos, se justifica el coste público de un rescate inevitable.

No obstante, siempre suelen haber otros caminos. En contra de esta receta de los promotores de la desregulación y de la liberalización de los mercados, Stiglitz[xi], por ejemplo, sostiene que bastaría con que los acreedores de estas instituciones se conviertan en los accionistas y las acciones pasaran al valor de 1 euro, ya que, nos dice, “si una institución financiera es demasiado grande para quebrar, es que es demasiado grande para existir”. En caso contrario, la dimensión implicará siempre una coacción intolerable hacia los ciudadanos, como considera que sucedió en los Estados Unidos, entre 2008 y 2009 [xii]: ”los bancos tenían una pistola apuntando a la cabeza del pueblo de los Estados Unidos: si no nos dais más dinero sufriréis. Wall Street utilizó el miedo al colapso económico para sacar a los contribuyentes enormes cantidades de dinero, y rápidamente”

EL FRAUDE FISCAL

Las actividades inmobiliarias especulativas constituyen un entorno propicio para la proliferación de delitos urbanísticos y prácticas de corrupción. Se generan flujos importantes de dinero opaco y crece el fraude fiscal. El volumen de fraude fiscal en España en 2009 se estimaba entre el 20% y el 25%, el doble de la media de la UE. Unindicador utilizado para la estimación del fraude fiscal es la circulación de dinero en metálico. Así, en 2009 circulaban en España 111 millones de euros en billetes de 500 euros, el 64% de todo el efectivo en manos de los españoles. El dinero en metálico en España era equivalente al 10% del PIB, siendo la media de la zona euro el 5% y de Estados Unidos el 6%.[xiii]

En un informe realizado por técnicos de la Agencia Tributaria[xiv], el9 de agosto de 2011, a partir de las declaraciones de IRPF de 2009, el fraude fiscal en España se calcula en 59.515 millones de euros.

El 20 de setiembre de 2011, el influyente diario New York Times[xv] reseñaba la filtración hecha por un directivo del banco suizo HSBC. De los datos filtrados unos 600 españoles eran titulares de cuentas cifradas en aquella entidad. Se calcula que la cuota defraudada por estos evasores es de 44.000 millones de euros, casi el 74% del fraude fiscal total.[xvi]

Esta defraudación es especialmente grave por dos razones. En primer lugar, por lo injusta que es en un país como el nuestro, que Vicenç Navarro sitúa entre los de mayor desigualdad y de menor actuación estatal redistributiva. Y en segundo lugar porque como sostienes José Manuel Gómez-Benitez “la mal llamada amnistía fiscal no es solo una oferta de impunidad a bajo coste por la defraudación cometida, sino también una forma de blanquear el dinero del crimen, en general”

LA CRISIS FINANCIERA Y EL FRAUDE FISCAL SE TRANSFORMAN EN CRISIS SOCIAL[xvii]

Quizás no puedan eludirse las intervenciones de entidades financieras, pero deberían hacerse de forma que se consideren no sólo los déficits económicos (que no haya costes para la hacienda pública o, como en el caso de Bankia-BFA, comportar la conversión en un banco público), sino los déficits estructurales de gasto social en España en relación a los países de la zona euro[xviii]. Toda acción pública (la intervención de Bankia, la amnistía fiscal, etc.) generara más injusticia, si no son consideradas las graves repercusiones sociales y económicas de las medidas de reducción del gasto público de educación y sanidad.

La salud y la educación conjuntamente con el empleo y la vivienda son elementos básicos del estado del bienestar. Pero al mismo tiempo son factores estratégicos del crecimiento económico y de la mejora de la competitividad. Son prioritarios para la estabilidad y la creación de empleo. Por esta razón tiene sentido relacionar los recursos públicos afectados por el rescate de instituciones financieras y los minorados por el fraude fiscal con los recursos públicos destinados a sanidad y educación. Desde esta perspectiva los ajustes fiscales del gobierno Rajoy resultan demasiado ciegos, el saneamiento financiero parece abordarse con los recursos procedentes de desmantelar el estado del bienestar, sin articular políticas alternativas que, con transparencia y compromiso, favorezcan ámbitos de concertación social y de recuperación del progresivo deterioro democrático.

La comparación de las cifras es muy elocuente. El coste público de las instituciones financieras desde 2008, más el fraude fiscal estimado para 2009, es equivalente a una vez y medio el gasto público en sanidad y educación de 2009. Sólo los recursos afectados por Bankia-BFA son superiores al gasto en sanidad de 2009. Y la estimación del fraude fiscal para 2009 resulta superior al gasto público total en educación del mismo año.

Pero lo más inconcebible es la inutilidad de los sacrificios que se están imponiendo a los ciudadanos. Hasta el diario conservador Financial Times  publicaba, el pasado 25 de abril, un artículo de José Ignacio Torregrosa[xix] con el siguiente título: “Ya es hora de decir “basta” a la austeridad sin sentido”.  Por su parte, el Informe de Primavera de la Comisión Europea[xx] considera que el ajuste fiscal de Mariano Rajoy comportará un mayor aumento del paro, crecerá en 630.000 personas, y ofrece peores previsiones respecto el déficit público y la persistencia de la recesión, que las estimadas por el gobierno español.

Sin embargo, nuestro presidente continúa inaccesible al desaliento. El pasado 20 de mayo, en Chicago, insistía que “la apuesta sigue siendo el control del déficit público” y en que “la contención del gasto y las reformas estructurales, seguirán en la base de nuestra política”. Debieron ser declaraciones de primera hora o previas a la lectura del resumen de prensa, pues el día antes, el 19 de mayo, los reunidos en la cumbre del G-8 en Camp David habían manifestado que “en estos momentos es imperativo promover el crecimiento económico, la austeridad ya no es una prioridad”, y abierto sus posiciones a activar rescates para los bancos y “para los ciudadanos”[xxi].

 LA RESPONSABILIDAD

No puede haber espacio alguno para la impunidad. Deben exigirse  explicaciones y responsabilidades a quienes directa o indirectamente han participado en la gestión de  Bankia-BFA: sus directivos, el Banco de España, el gobierno anterior (que gestionó un préstamo de 4.465 millones de euros), el gobierno actual (que disponía en la oposición de información privilegiada) y los gobiernos de las Comunidades Autónomas de Madrid y de Valencia.

Desde el Partido Popular y el conservadurismo mediático se está señalando al gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, como único culpable. Tal empeño erosiona la propia institución y, en consecuencia directa, la credibilidad, los intereses y las finanzas de España.

No se trata, como se ha dicho, de eludir o eximir responsabilidades personales, pero es conveniente preservar los intereses institucionales y obligado contraponer la valoración que merecen los agentes públicos y privados que han intervenido o lo harán en la situación de crisis financiera de Bankia: Banco de España, los directivos de Bankia-BFA o auditores como Roland Berger y Oliver Wyman o Goldman Sachs.

El Banco de España, para prever los riesgos derivados de crisis financieras, obligó a los bancos a realizar provisiones genéricas anti cíclicas. Iniciativa que como señalan Arias y Costa[xxii] “el G-20 alabó este mecanismo de provisiones españolas (como se le conoce en algunos países) y propuso su extensión. Lo mismo hizo el Banco Internacional de pagos (BIS)”. Esta normativa es mucho más exigente que la vigente en el resto de países de la zona euro y los únicos países que disponen de sistemas parecidos son Canadá, Brasil y Australia. Aunque se critica al Banco de España por no pasar de la advertencia y la reconvención sobre prácticas incorrectas a acciones más contundentes[xxiii].

Respecto los directivos y gestores Bankia-BFA no ocurre lo mismo. No obstante el silencio mediático actual, en setiembre de 2011 la prensa se hacía eco de la auditoría sobre la gestión interna del Fondo Monetario Internacional durante el período que Rodrigo Rato fue su Director General. La evaluación y conclusiones de la auditoria resultaban demoledoras, “ofrece una imagen catastrófica del organismo, señalando falta de rigor, peleas internas, liderazgo cambiante y aplicación de criterios arbitrarios” (diario El Mundo, del 2 de setiembre de 2011). Eran los tiempos en los que el FMI, dirigido por Rodrigo Rato, declaraba que “las perspectivas son las mejores en mucho tiempo, la economía se dirige a un periodo de crecimiento sostenido”.

Pese la extrema necesidad de transparencia y exigencia de responsabilidades el gobierno de Mariano Rajoy ha rechazado el pasado18 de mayo de 2012las comparecencias de Rodrigo Rato o el gobernador del Banco de España ante el Congreso de los Diputados y ha vetado la constitución de una comisión de investigación.

“Creíamos que no había hueco para hacer más tonterías; pero sí, lo había” y se están haciendo “destrozos institucionales nunca vistos”, son palabras de un banquero recogidas por Miguel Á. Noceda[xxiv] al informar del “cabreo” del personal e inspectores del Banco de España con el gobierno, materializado con una escrito dirigido a Mariano Rajoy. En el mismo sentido, y en relación a la privatización de auditorías competencia del Banco de España, señala  Vidal-Folch, cuando se pregunta si tales compañías son mejor que el banco de España, “Oliver Wyman está descalificada para calificar a ningún banco, español o extraterrestre, desde que en 2006, dos años antes de su nacionalización, calificase al catastrófico Anglo Irish Bank como el “mejor banco del mundo” y desde que entre otros asesoró a la banca de Wall Street para que multiplicase sus hipotecas basura. Debería ser arrinconada en España, por la CNMV y por el Gobierno que, en vez de ello, la contrata. Incumple la ley contable y viola la fiscal, lo que le valió en 2010 una sanción de 77.000 euros por el Impuesto de Sociedades”. Su opinión sobre Goldman Sachs, futuro valorador de Bankia-BFA no resultan mejores,  a tenor de cómo les ha ido a sus clientes (Grecia, ABN-Amro, IKB…)[xxv]

LA HERENCIA

Parece evidente que una parte de la denostada herencia es compartida por los diferentes gobiernos que antecedieron al actual, prescindiendo de su  color político. Fiaron demasiado a las probabilidades de evolución favorable de la situación económica exterior y demasiado poco a reformas estructurales que quedaban a menudo en situación de espera.

En cualquier caso, a estas alturas, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro ya no están seguros de quien es el testador de una parte importante de la herencia que tanto les preocupa. La respuesta no les aportara tranquilidad y sosiego, al contrario puede dejarlos en un estado permanente de crisis de identidad.


[i] Xose Carlos Arias y Anton Costas (2012) “La Torre dela Arrogancia” Editorial Ariel, 2012.

[ii]Josep Borrell i Andreu Missé (2012) “La crisis del euro. De Atenas a Madrid”; Ediciones Turpial, S.A. ; Madrid 2012

[iii] El País; 12 de mayo de 2011

[iv] Xose Carlos Arias y Anton Costas (2012) ut supra

   I Ignacio Ramonet: “La catástrofe perfecta” (2009); Icaria editorial, S.A.; Barcelona, 2009

[v] Julio Rodríguez López: “Activos tóxicos y concentración bancaria”. El País; 2 de abril de 2012

[vi] Joaquín Estefanía: “La economía del miedo” (2011); Galaxia Gutenberg, S.L.; Barcelona, 2011

[vii] Josep Borrell  y Andreu Missé (2012) ut supra.

[viii] Ignacio Ramonet (2009) ut supra

[ix] Joaquín Estefanía (2011) ut supra

[x] “COSTE PÚBLICO DEL SECTOR FINANCIERO”. El País del 26 de marzo y del 2 de mayo.

[xi] Stiglitz, Joseph (2010) “Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial” Santillana Ediciones Generales, 

  S.L. Madrid, 2011

[xii] Stiglitz, Joseph (2010) ut supra.

[xiii] GESTHA , ver el cuadro: “FRAUDE FISCAL2009”

[xiv] GESTHA. Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda: “El fraude en grandes empresas triplica al de pymes y autónomos”.

   9 de agosto de 2009

[xv]London, Thomas “A banker’s Secret Wealth”, New York Times. 20 de setiembre de 2011, i  Viçens Navarro “La banca, el fraude

   fiscal y el New York Times” http://www.nuevatribuna.es

[xvi] Vicenç Navarro “La banca, el fraude fiscal y el New York Times” de enero de 2012, que no he referenciado por error.

[xvii] Ignacio Ramonet  (2009); ut supra

[xviii] Vicenç Navarro, Juan Torres López i Alberto Garzón Espinosa: “Hay alternativas”; Ediciones Sequitur. Madrid, 2011

[xix] José Ignacio Torregrosa: “Time tos ay “basta” to the nonsense of austerity”. Financial Times. 25 de abril de 2012.

[xx] Europeanne Commission: “Spring forecast: towards a slow recovery”. 11 de mayo de 2012

[xxi] Joaquín Estefania: “Si no lo logras inténtalo otra vez”. El País. 21 de mayo de 2012

   The White House. Office of the Press Secretary. Camp David Declaration. May 19, 2012

[xxii] Xosé Carlos Arias y Anton Costas (2012) ut supra.

[xxiii] Xosé Carlos Arias y Anton Costas (2012) ut supra.

[xxiv]  Miguel Á. Noceda “Rebelión en el Banco de España”. El País Negocios.27 de mayo de 2012

[xxv] Xavier Vidal-Folch, Las zorras en el gallinero, El País24 de mayo de 2012

7 pensamientos en “La herencia Inmobiliaria, el fraude fiscal y el Estado del Bienestar

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  4. Un análisis detallado y minucioso. Pero si son los preferentistas estafados a los que se les dice, que tendrían que saber lo que firmaban y que tendrían que haber leído la letra por pequeña que fuera, por parte del gobierno. Y los organismos de control, gobiernos incluidos, entidades financieras y especuladores de todo tipo dicen no saber que ocurrió y escurren el bulto, jubilándose con pagas vergonzantes, como si nada fuera con ellos. Como nos extrañamos de la desafección de la gente con la política, o mejor, con el poder. Como pueden estos mismos perseguir la economía sumergida y el fraude fiscal?. Y más aún, adornados en exceso los gobiernos con casos vergonzosos de corrupción. ¿Como volver a levantar el andamiaje del pais si este se basa sobre la confianza y esta se ha perdido. El pueblo ha perdido la confianza en sus entidades financieras y en sus políticos. ¿Que hacer entonces? ¿Como salimos de esta?

    Un abrazo Emili.

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