¿Giro al borde del precipicio?

Las medidas aprobadas son condiciones necesarias pero no suficientes. 

José Moisés Martín es miembro de Economistas Frente a la Crisis

Tras largas horas de negociación, y varias semanas de mentidos y desmentidos, la breve declaración del Consejo Europeo de hoy, día 29 de junio, podría pasar la historia de la construcción europea como el día que los líderes europeos tuvieron la oportunidad de evitar el precipicio. Las  medidas acordadas, todavía con un margen de indefinición muy amplio dibujan un camino que, de ser transitado en su totalidad, podrían suponer un paso de gigante en el proceso de la Construcción Europea. Sin embargo, la falta de concreción y la vaguedad de algunas propuestas pueden generar un efecto de ilusión óptica que nos aleje todavía más de nuestro puerto.

A la espera de la letra pequeña para ver sus resultados definitivos, tres son las principales líneas de avance de este Consejo.

En primer lugar, aceptar que el rescate del sector bancario de un país –España o Irlanda- no es una cuestión que competa exclusivamente a un estado, sino que se trata de un asunto de alcance europeo. Como bien explicamos en otro post[1] en este mismo blog, las interdependencias generadas en el sistema financiero europeo son de tal magnitud que el riesgo está plenamente distribuido en el conjunto de la eurozona. Si los bancos de la Europa Central han otorgado créditos a los bancos de la Europa periférica, un fallo en el sistema bancario de la Europa periférica afectaría irremediablemente a las entidades financieras de Alemania, Francia y Países Bajos. El efecto arrastre que tendría consigo un default de la banca de un único país tendría consecuencias catastróficas para el conjunto de la Unión, por lo que no parece muy justo que un único país asuma todo el coste del mantenimiento del sistema bancario europeo. El rescate directo de la banca española supone asumir dos hechos: la primera, una distribución del riesgo entre todos los países de la Unión, al ser todo ellos contribuyentes al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y al futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad. La segunda, y, consecuencia lógica de la primera, que toda la Unión Europea –todos los contribuyentes a los Mecanismos de Estabilidad- se hace cargo de la estabilidad del conjunto de su sector bancario de manera conjunta, tanto del los bancos que tomaron dinero prestado –los bancos del sur- como de los bancos que prestaron el dinero –los bancos del centro y norte.

Parece obvio que este proceso de sostenimiento conjunto del sistema bancario de la Unión Europea, una vez que, de principio, se ha asumido su carácter continental, sea gestionado de manera supranacional, otorgando al Banco Central Europeo –parece que en detrimento de la Autoridad Bancaria Europea- las funciones de supervisión y regulación. Es un muy importante paso en la dirección de crear una verdadera integración financiera que acompañe a la Unión Monetaria. Sus consecuencias van más allá de las evidentes ventajas que este paso representa para España en el corto plazo.

En segundo lugar, la suspensión parcial del carácter de Acreedor Preferente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que elimina el riesgo de subordinación de los bonos emitidos en el mercado. Esta suspensión, limitada al caso de España –aunque no permanente y general- supone reducir drásticamente la posibilidad de que un país rescatado pierda el acceso a los mercados de capitales. Esta diferencia es clave para entender la naturaleza propia del rescate. Hasta el rescate de Grecia, las intervenciones del Fondo Monetario Internacional tenían lugar cuando un país perdía el acceso a los mercados, esto es, cuando ya no se podía financiar de manera regular en los mismos. Sin embargo, el rescate de Grecia, que tuvo un importante elemento punitivo, se realizó cuando Grecia todavía tenía acceso al mercado pero, al realizarse en condiciones de preferencia, tuvo  como consecuencia la salida de Grecia de los mercados de capitales. Fue un gravísimo error cuyas bases fueron más “morales” (castigar al socio que no cumplió) que pragmáticas (estabilizar cuanto antes la deuda griega). Abrir la puerta a que esto no vuelva a ocurrir, y que los mecanismos de estabilidad sean mecanismos de apoyo, y no de castigo, puede ser un paso en la estructuración de las redes de solidaridad común entre los estados miembro.

Esta medida viene acompañada con el reconocimiento de la posibilidad –ya contemplada, por otro lado- de que los mecanismos de estabilidad (MEDE) actúen en el mercado comprando bonos de los países que estén sometidos a presión especulativa. De esta manera, se liberaría al Banco Central Europeo de parte de esta responsabilidad, hasta ahora asumida a través del Security Markets Program, y supone, de facto, una mutualización parcial de la deuda europea, al hacer que los países contribuyentes del MEDE puedan ser tenedores indirectos de deuda de otros estados, lo que representa una moderación parcial de la claúsula de no bail-out (prohibición de rescates de unas economías por otras) contenida en los Tratados. La necesidad de que la compra se realice a través de una petición formal, y no de manera automática, limita en gran medida el alcance de esta capacidad, ya que, aunque no existera condicionalidad macroeconómica adicional a los programas de estabilidad ya puestos en marcha, podría no servir para el estigma de “país rescatado”.

El tercer lugar, la apertura, todavía muy tímida, de una estrategia de crecimiento que podría movilizar hasta un 1% del PIB de la Unión Europea en programas destinados al crecimiento económico y productivo. Se debe señalar que muchos de estos fondos son, en realidad, fondos del presupuesto comunitarios que estaban sin utilizar, pero su movilización supone un importante estímulo. Baste recordar que todo el presupuesto de la Unión Europea representa un 1,23% del PIB de la Unión, de los cuáles la inversión estructural representa sólo el 30%. La movilización de este 1% del PIB comunitario debe entenderse en esa escala, pequeña, pero significativa.

Queda por detallar el papel que tendrá el Banco Europeo de Inversiones, que necesariamente deberá incrementar su capacidad de préstamo, y dirigirla a aquellos sectores que generen más tejido productivo activo. Sería un grave error que se enfocase en industrias que, como la construcción o las infraestructuras, están, a fecha de hoy, incapacitadas para generar ningún impulso productivo a largo plazo.

En conclusión, las propuestas adoptadas hoy suponen un relajación de las condiciones necesarias para utilizar los fondos de rescate. De esta manera sientan las bases para hacer los rescates compatibles con el acceso a los mercados de capitales, en la previsión de su futuro uso por parte de economías como Italia y España, demasiado grandes para acordar un “programa completo” como el de Grecia o Portugal.

El giro al borde del precipicio que puede marcar este Consejo Europeo es eso: una maniobra temporal para evitar el inminente derrumbe de la Unión Económica y Monetaria, pero no es la respuesta a todos los problemas de la Unión Europea, ni mucho menos de España. Subsisten serias dudas sobre su ejecución y sobre los plazos, y no es substitutivo de un verdadero cambio de políticas. La negociación que se inicia para la concreción de estas medidas será sin duda compleja, y más larga de lo que requeriría la situación, ya que las condicionalidades exigidas en contraprestación por estos avances podrían ser muy altas. Cabe preguntarse si estos acuerdos, que modifican las provisiones establecidas en el pacto fiscal y en el mecanismo de estabilidad, requerirían de una modificación formal de dichos pactos.

Un acuerdo global por el crecimiento debe ser mucho más ambicioso, y llevar consigo otras medidas, como la ampliación de los plazos de la consolidación presupuestaria, el fomento de la demanda interna en los países centrales –Alemania principalmente-, el establecimiento de una tasa de inflación superior a la actual –entre el 4-5% anual- para el conjunto de la eurozona. Más a largo plazo, es necesaria una revisión en profundidad de los tratados, incluyendo la reformulación del estatuto del Banco Central Europeo para ampliar su mandato en la línea de la Reserva Federal norteamericana, y el avance hacia una unión fiscal democráticamente gestionada, con un presupuesto comunitario digno de tal nombre y fuertes poderes de control del Parlamento Europeo (al contrario de lo que se está planteando con la creación de un “superministro” de finanzas, cuya intergubernamentalidad incidiría todavía más en el déficit democrático de la Unión Europea). El incremento de los fondos disponibles debe venir acompañado de medidas estructurales que refuercen el mercado único y eliminen asimetrías y distorsiones en la economía real. La integración financiera, de infraestructuras y energética debe venir acompañada con una fuerte prioridad en la creación de empleo y en la reactivación del tejido productivo.

De no ponerse en marcha una nueva agenda europea, Europa salvará este momento crítico pero, a medio plazo, la recesión se tornará en un declive largo y profundo.

En el año 2000, los firmantes del Tratado de Niza, lanzaron un proceso de reflexión que culminó con la Convención Europea y la propuesta de Tratado Constitucional. Fueron años de recuperación del impulso de la integración europea, del sueño de una Europa unida y solidaria hacia sí misma y hacia el mundo. La crisis que vivimos hoy tiene su origen en el fracaso de aquel intento.

Cabe pensar que es el momento de retomar esa reflexión, y de volver a poner, en el horizonte, un auténtico objetivo político para los 27, de manera audaz y determinante.  Una Europa que recupere su matriz democrática y social, solidaria y abierta, dinámica y sostenible. Ese objetivo político sigue durmiendo, a fecha de hoy, el sueño de los justos.

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