Defendiendo la Sanidad Pública

  1. LA POLITICA DE RECOTES Y LA PRIVATIZACIÓN
  2. LA DEMONIZACIÓN DE LO PÚBLICO
  3. LA GETIÓN PRIVADA ¿EFICIENCIA O CUOTAS DE NEGOCIO?
  4. UNA NUEVA GOBERNANZA: MÁS ALLÁ DEL PARNERSHIP

“Defendiendo la Sanidad Pública” pretende ser  un reconocimiento a los ciudadanos y las ciudadanas  y a los profesionales de la sanidad pública que con su actitud y su compromiso defienden la integridad del sistema público de salud, un derecho fundamental cuya pérdida sería difícil de explicar a generaciones futuras.

Por Emili Ferrer Inglés, colaborador de Economistas Frente a la Crisis

Las reflexiones que siguen pretenden, en primer lugar, contextualizar la crisis de la sanidad como una consecuencia de las políticas de ajuste fiscal y de recortes impulsadas por el gobierno de Rajoy que son también el eje básico de la actuación del gobierno de Mas en Catalunya, y, en segundo lugar, tratan de constatar dos grandes efectos: el aumento de la desigualdad y la instrumentalización  política e ideológica de los procesos de privatización-externalización y del aumento de los denominados copagos.

Así, se intensifica la presión mediática sobre  el binomio sanidad pública vs sanidad privada, con lo que de forma eufemística se denominan formas de gestión supuestamente más eficientes. Un debate que esconde la incapacidad e incompetencia gubernamental para abordar, más allá de la eficiencia necesaria,  la eficacia en la gestión de la salud así como una imprescindible nueva gobernanza democrática que nos permita salir de la crisis.

  1. 1.   LA POLÍTICA DE RECORTES Y LA PRIVATIZACIÓN

Iniciamos este artículo resaltando dos efectos que las políticas de ajuste fiscal centradas en los objetivos de déficit público y  de recorte en gasto social, -entre otros servicios-, tienen en la salud pública, provocando la indignación y la desesperación de los ciudadanos.

 En primer lugar recordar que el déficit público no encuentra su origen en el gasto público, y sin duda alguna, tampoco en el gasto de la sanidad pública.  Es en el llamado “circulo vicioso financiero”[1]  donde hallamos una de las causas que ha  provocado el déficit:  la crisis inmobiliaria genera la crisis de los bancos, ésta genera a su vez, -por los denominados riesgos sistémicos-, las ingentes ayudas públicas de los estados y la crisis de éstos. La crisis fiscal acaba trasladándose a la economía real y aparece la crisis social: aumenta el paro, se reducen las rentas, se reduce el salario social y aumentan las desigualdades, se consume menos y se produce menos ingreso fiscal. Un rondó de dramáticas consecuencias sociales que nos devuelve a la situación inicial, pero en un estado mucho más grave.

 En segundo lugar, los efectos de los recortes sobre la economía que Antón Costas[2] considera devastadores porque no logran reducir la deuda y el déficit. Advierte también de los efectos negativos que tienen estas medidas sobre la cohesión social, así como de la deslegitimación democrática de cualquier gobierno que las aplique: “Les hacen aparecer como meros recaudadores de ingresos sobre los más débiles para dárselos, como si fuesen compensaciones de guerra, a los prestamistas, amparados en muchos casos por sus Gobiernos. Prestamistas que libremente dejaron su dinero a los bancos españoles y que ahora se niegan a responsabilizarse de sus malas decisiones de inversión.”

 Cabe recordar que en 2011 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya fue pionero en España en llevar a la práctica los llamados recortes aplicados a la sanidad, la educación y la protección social. Los primeros en España y aún hoy los de más volumen.

Tony Judt[3] sugiere que “nos hemos vuelto insensibles a los costes humanos de políticas sociales aparentemente racionales y que nos enorgullecemos de ser lo suficientemente duros como para infligir dolor a otros, olvidando el uso más antiguo, en el cual ser  duro consistía en soportar el dolor, no en imponérselo a los demás”.

Simultáneamente, estos recortes en gasto social son utilizados como instrumento ideológico para demonizar lo público y justificar la privatización /externalización de servicios de la sanidad pública. De esta forma se atienden  los  intereses de grupos financieros y de los que están esperando turno para usar “la puerta giratoria” que facilite el tránsito del sector público a los negocios privados, -con billete de ida y vuelta. Las explicaciones que justifican  la alternancia de unas mismas personas que pasan de ser un peligroso burócrata ineficiente a ser un eficiente directivo de prácticas excelentes, o al revés,  sin solución de continuidad, acostumbran a ser muy alambicadas.   Estas prácticas son consustanciales con la privatización y favorecen lo que Antón Costas denomina “un capitalismo depredador, basado en la concesión pública; eso sí con aval del Estado”.

2.       LA DEMONIZACIÓN DE LO PÚBLICO

Miguel Martin,  presidente de la Asociación Española de la Banca, afirmaba el pasado 12 de diciembre ante la Subcomisión de Economía del Congreso que  los accionistas del sistema bancario “que no son culpables de la crisis” habían sufrido unas pérdidas en bolsa de 60.000 millones de €. Una referencia para el rescate del dinero privado  de la banca española, que pagaremos entera entre todos los ciudadanos -incluidos  aquellos que no tienen la capacidad de sufrir pérdidas de esta dimensión-, es decir con dinero público.

 Sin embargo, los beneficiarios de esta garantía pública,  tienden a identificar  sus intereses privados con el interés comunitario y a expresarlo a través de una ideología que enmascara la realidad (Ferrater Mora, 1941)[4]. Sosteniendo que la eficiencia de la gestión privada es, en cualquier circunstancia, superior a la  eficiencia de la gestión pública. Es relativamente fácil comprobar que este principio no coincide con la realidad. Por ejemplo Gerardo Diaz Ferran  ejercía el liderazgo de la actividad económica privada con la visión de que  “La mejor empresa pública es la que no existe… más libertad de empresa, más mercado, más desregulación y más competencia”[5]. Pero al mismo tiempo que  transitaba por la supuesta superior eficiencia de la gestión privada, esta supuesta superior eficiencia en la gestión privada ha sido causa de una petición de fianza jamás vista, por parte de la judicatura. Una de las pocas certezas contrastadas es que la iniciativa privada sin regulación suficiente, es decir sin política pública, nos ha situado en el desastre. Lo demás está por probar.

 Un buen ejemplo de la falsedad de este axioma de la gestión privada  la hallamos en la ineficiencia y en la imprudente de algunos promotores, de algunos constructores, de algunos banqueros que nos conducido a la burbuja inmobiliaria, cuya financiación con dinero público es la causa de los recortes, y a su vez sirve de argumento para las privatizaciones de las que se sienten merecedores.

 La sanidad no es ajena al afán privatizador, de tal forma que  un actual alto cargo de la administración sanitaria en Catalunya afirmaba que uno de los elementos que diferenciaban la función directiva en el ámbito privado y en ámbito público era que en este último carecía de “valores”. En este sentido fue muy significativo el  titular “Oportunidades de negocio para su empresa”  la presentación de plan de sanidad de Madrid convocada en 2008 por del Consejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes. Por otra parte, es conocida la posición del Conseller Boi Ruiz quien considera que “La salud es un bien privado que depende de uno mismo, no del Estado”…

La Gran Recesión es la excusa para reducir los derechos civiles, políticos, económicos y sociales implícitos con la condición de  ciudadanos[6].  Las privatizaciones son un instrumento que según Tony Judt[7] “Elimina del Estado la capacidad y la responsabilidad de compensar las deficiencias en las vidas de las personas; también elimina estas mismas responsabilidades de la consciencia del ciudadano, que ya no sienten una carga compartida por dilemas comunes”

En este contexto,  el discurso del copago ayuda a dotar de justificación ideológica los proyectos de progresivo desmantelamiento del sistema público de salud  y crea estados de opinión en ausencia de debate sobre la conveniencia, la equidad y la justicia de la introducción de nuevas formas de copago o de aumentar las actuales. La ampliación del copago no ha sido activada en un contexto de crecimiento económico y, sin embargo,  se impulsan cuando la insolvencia y la pobreza son más graves[8].

 La gestión pública de la sanidad en nuestro país comparada con la de otros países de la zona euro  queda por encima de la media. Aunque con toda seguridad hay bolsas de ineficiencia y amplios campos de mejora en la gestión, pero no es posible aceptar que la alternativa sea un cambio hacia la generalización de la gestión privada de la sanidad pública.   Alcanzar mayor calidad y mayor eficiencia en los servicios públicos requiere una constante revisión y adaptación de los mismos y especialmente la participación de los profesionales y la colaboración de los pacientes.

Muchos profesionales, durante muchos años han venido trabajando en la mejora de la eficiencia y de en la eficacia de la gestión pública de la sanidad,   es una evidencia reconocida.  Indudablemente queda mucho por hacer,  pero también es cierto que esta progresión a sufrido una parada imprevista, la  provocada por la incapacidad, la incompetencia o la avaricia de los que nos conducido a esta regresión. Debemos repensar y corregir prácticas en sanidad, en educación, en protección social. Pero esto no es sinónimo de reducción. No podemos destruir Ítaca antes de llegar.

Da la sensación de derribo sistemático del consenso social sobre el que se asienta nuestro sistema político: la sanidad, la educación, los derechos laborales, la protección social y la vivienda.  Los “viernes-Decreto Ley” es el instrumento utilizado para este fin, eludiendo de esta forma el control parlamentario consustancial en democracia.

Será necesario reconstruir la nueva gobernanza democrática, y en cualquier caso, será tarea tan compleja como imprescindible. Recientemente Ignacio Torreblanca[9] contextualizaba de forma precisa “… En nuestra experiencia histórica, la democracia surge como resultado de la aceptación del mercado por parte de la izquierda como un mal menor y del Estado de Bienestar por parte de la derecha como otro mal menor. Paradójicamente la suma de males menores se convierte en un bien mayor”

3. LA GESTIÓN PRIVADA: ¿EFICIÈNCIA O CUOTAS DE NEGOCIO?

La Ley 15/1997 , de 25 de abril sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud hace posible que en Valencia, Baleares, La Rioja y Madrid se introduzcan en formas de gestión privada de competencias del Sistema Nacional de Salud. Se aplican los sistemas conocidos como PPP (Public Private Partnership) de adjudicación de la construcción de hospitales y de la gestión de los servicios no sanitarios, y  PFI (Private Finance Initiative) en los que también se adjudica la gestión de los servicios sanitarios. Ambos sistemas nos sitúan en un escenario de privatización.

 En primer lugar cabe precisar que no estamos en un ámbito de concesión a fundaciones o consorcios,  sino en el camino de la privatización. Es una evidencia cuando Antonio Burgueño, procedente de Ribera Salud y Director de Hospitales de la CA de Madrid,  sitúa un principio a la vez ideológico y confuso: “es necesario que España devuelva a la sociedad  la riqueza de la sanidad” y que “que los hospitales no puedan seguir siendo propiedad del Estado, es bueno, justo y necesario”, así como que pagar por asistencia médica no es copago “sino financiar aquello que cabe en la cesta de la compra”.

También según Antonio Burgueño “el negocio se halla en la gestión de los servicios no asistenciales de los hospitales” es decir en la adjudicación[10] de la hotelería, el mantenimiento, la limpieza, la lavandería la televisión, telefonía para pacientes, locales comerciales, gestión de residuos, etc. Ámbitos importantes, pero de los que difícilmente se pueden considerar decisivos para una sanidad más eficiente. En los documentos consultados de Ribera Salud y de los adjudicatarios de Madrid[11], no hay otras referencias a la salud y a la atención sanitaria que dos temas recurrentes: “el hospital estará más cerca”, absolutamente cierto si antes no existía y la afirmación de que “la atención sanitaria será de más calidad” y la “gestión más eficiente”  sin ninguna explicación del cómo ni del porqué, menos aún encontraremos referencias a los resultados en salud.

 En tercer lugar,  los adjudicatarios de estos servicios sanitarios suelen ser bancos,  grupos financieros o directamente las corporaciones de capital riesgo.  Resulta paradójico que estas últimas consideren actividad de riesgo financiero la gestión de servicios no asistenciales como los antes relacionados y de retribución pública garantizada.

En palabras de Tony Judt[12]el único motivo porque quieren correr el riesgo que implica el hecho de generar (o perder) enormes cantidades de riqueza sobre el papel es que las recompensas son muy importantes” y “cuanto más grande sea el riesgo, más grande será la recompensa que conseguirá”. El tipo de actividad y  la garantía del Estado minimizan el riesgo privado. Pero genera una amenaza para la sanidad pública: “si no tienes que preocuparte por si tomas una decisión equivocada, entonces, hay muchas posibilidades que tomes una decisión equivocada” que cuestiona de que la privatización de la gestión transforme riesgo  público en riesgo  privado. Es cierto en los modelos PPI i PFI permiten construir hospitales sin endeudamiento público, pero lo transforman en gasto corriente de cada año con lo cual el gasto público es  como mínimo es el mismo, e incide de la misma forma en el déficit y en el endeudamiento. Menos coste y más calidad por esta vía pertenece al mundo de la magia.

En cuarto lugar: lo que pertenece al mundo de lo real son las continuas revisiones al alza de las condiciones de adjudicación para evitar la “quiebra del modelo”[13]. La evidencia disponible[14] de estas experiencias concluye, entre otras consideraciones,  que la gestión es más costosa, duplican estructuras de gestión, son rígidas frente al cambio. Siendo de destacar la ausencia de estudios que aporten evidencia de lo contario. En los hospitales de gestión pública se concentra la alta especialización, la docencia y la investigación. Los de gestión privada se apoyan en la red hospitalaria y drenan recursos con frecuencia y trasladan pacientes y costes[15].

El llamado modelo Alzira, Hospital de la Ribera, una concesión del 2003 para 10 años es sustancialmente modificada en plazos y condiciones al final del cuarto año y en 2003 se procede a una nueva adjudicación a la misma UTE, introduciendo duros blindajes que trasladan el riesgo a la administración pública como son: aseguran crecimientos anuales de presupuesto idénticos a los de la Consejería de Sanidad o como mínimo del IPC y una rentabilidad interna asegurada del 7,5%.

En la Comunidad Autónoma de Madrid se reproduce el mismo proceso en relación al Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011 y al Nuevo Plan de Sostenibilidad de 2012.  Transcurridos tres años de la adjudicación de los seis hospitales inaugurados en 2008, David Taguas presidente de SEOPAN y actuando en nombre de los adjudicatarios solicita a Javier Fernández-Lasquetty una modificación, también sustancial, de las condiciones de la reciente adjudicación. A diferencia de la renovación implícita de la adjudicación al Hospital de la Ribera, realizada en un contexto de crecimiento del gasto sanitario. En el caso de Madrid, irrumpe en julio de 2008 la crisis financiera, y en consecuencia la petición de mejora de las condiciones de la adjudicación se produce en un contexto de reducción del gasto sanitario.  Utilizando como referencia el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid[16] y las memorias del Hospital Puerta de Hierro de 2008 y 2009, el incremento planteado es del 4,48% anual (31,9 M€ anuales) pero el sobrecoste que se generaría de acceder al recurso por la modificación del IVA añadiría un 10% más.  Valorando en 80 M€ las inversiones pendientes de reconocer.

Finalmente,  en quinto lugar,  desde la perspectiva de la sanidad como sector productivo, es decir 6,5% del PIB[17], y con la sanidad privada el 9,5%, sorprende que la colaboración del capital riesgo con el sector público  no es lo que sería deseable, y esperable,  si atendemos al objetivo formal de estas corporaciones.  Desde la visión de sector productivo la implicación de capital riesgo en actividades relacionadas con el conocimiento, las tecnologías y la innovación, permitiría financiar algo que al contrario de los recortes generaría actividad económica y empleo.

4. UNA NUEVA GOBERNANZA: MÁS ALLÁ DEL PARNERSHIP

Los recortes destruyen la sanidad pública y forman parte de una política económica sin salida, construida con incapacidad e incompetencia, solo útil para viajar hacia el incremento de las desigualdades y para agrandar la fractura social. Son políticas incentivadoras de la externalización de servicios y  de prácticas de privatización de la sanidad pública. Acciones  de destrucción del Servicio Nacional de la Salud. Hay quien lo describe como voladura controlada.

Agravar las desigualdades pone en peligro cualquier posibilidad de mejora de la competitividad necesaria para la recuperación de la actividad económica y la generación de empleo. La salud y la educación, juntamente con el empleo y la vivienda son elementos básicos del Estado del Bienestar, pero son al mismo tiempo factores imprescindibles de sostenibilidad económica.  Sin abordar la reducción de las desigualdades no hay salida para la crisis y sus consecuencias.

Es una evidencia que la sanidad pública tiene ámbitos  en los que es posible mejorar la eficiencia,  igual que los tiene también la sanidad privada. Por lo tanto previo a recortar el sistema sanitario público es posible actuar sobre estos márgenes de mejora y bolsas de ineficiencia.  Sin embargo tales ineficiencias no justifican cambiar el modelo sanitario.

Pero para caminar en la dirección correcta es necesario relegar las referencias abstractas a  la eficiencia  y substituirlas por propuestas de actuaciones concretas y de resultados contrastables.  Por ejemplo, tal como se hizo en el Segundo Informe Vilardell[18]  que hace una propuesta de enumeración de ámbitos específicos  donde la mejora es posible.

Esta posibilidad  está abalada por el precedente de profesionales que, trabajando con salarios bajos y en condiciones a veces poco fáciles, han contribuido a mejorar la eficiencia y la calidad del sistema sanitario público.

En un sector donde el conocimiento no se halla en los vértices de dirección, sino en las unidades operativas no es posible actuar sin la prioridad de la participación, de la concertación y del consenso con los profesionales. ¿Cómo puede haber capacidad de gestión si previamente no hay participación? La opinión de los directivos y profesionales del sector no ha sido considerada. Su opinión es necesaria  al afectar directamente estas mediadas a la calidad asistencial.

Es necesario un marco de regulación, de seguimiento y de control de la colaboración entre lo público y lo privado.

Si no se actúa en esta dirección y se mantienen las actuales políticas las preguntas son  cada vez más inevitables: ¿Cómo se recuperará el impacto de las medidas en la actividad asistencial? ¿Qué efectos tendrá sobre la salud? ¿Qué consecuencias futuras tendrá sobre el sistema sanitario público? ¿Que se está destruyendo a las próximas generaciones? ¿Cómo explicar la incapacidad para resolver las desigualdades?

Quizás la respuesta se encuentre e una expresión utilizada entre cirujanos: “ir por delante de la hemorragia”  adelantarse a un estallido social que podría llegar a ser inevitable.  Lo que está en juego es importante, es más que la sanidad pública. La democracia y la gobernanza creíbles estan en juego.

Por lo tanto si queremos concluir nuestro viaje a Ítaca es necesario que continuemos mejorando la eficiencia, que aumentemos la justicia social reduciendo las desigualdades  y esto solo puede hacerse en un necesario y urgente proceso de concertación social, que nos proporcione una nueva gobernanza y una democracia recuperada.

Estas políticas nos han hecho más desiguales. Podríamos ser ciudadanos más pobres pero no necesariamente más desiguales. Nos han desposeído, sin consultarnos de unos derechos que nuestros gobernantes deben considerar privilegios.

Estas reflexiones solo  pueden terminar como se han iniciado con un reconocimiento a los ciudadanos y a los profesionales de la sanidad pública que con su actitud y su compromiso defienden la integridad del sistema público de salud,  un derecho fundamental cuya pérdida sería imposible de explicar a generaciones futuras.


[1] Josep Borrell i Andreu Missé (2012) “La crisis del euro. De Atenas a Madrid”; Ediciones Turpial, S.A. ; Madrid 2012

[2] Anton Costas: “Los recortes no son las reformas que necesitamos”. El País, 9 de diciembre de 2012.

[3]  Tony Judt : “Algo va mal” (2010), Taurus 2011, páginas 36 y 47 (citando a Avner Offer, 2007) y “Pensar el segle XX” (2012), La

Magrana. Barcelona

[4] José Ferrater Mora (1941) : “Diccionario de Filosofía”. Círculo de Lectores, 2002.  Página 1749. Naturaleza enmascaradora de las ideologias

[6] Joaquín Estefanía (2011) “La economía del miedo”. Galaxia Gutemberg, 2011. Página 9.

[7] Tony Judt amb Timothy Snyder (2012): “Pensar el segle XX”. Edicions La Magrana. Barcelona 2012. Pag 455

[8] el 21,9% de la población está en riesgo de pobreza (entre la población infantil el 28%), el 26,7% según la tasa AROPE, siendo la media de la UE del 21,6%, teniendo una tasa de paro del 22,6%, y cuando muchos jubilados deben ayudar a miembros de su familia en paro, invirtiendo el sentido  de la solidaridad intergeneracional[8]. Mientras se mantenga esta situación no parecen  oportunas nuevas acciones sobre aumento del copago

[9] Ignacio Torreblanca: “Mao, el mal y el mercado”. El País, 30 de novembre de 2012

[10] Cesar Pascual Fernández :“Modelos sanitarios de colaboración público privada en la Unión Europea: La experiencia de Madrid”. 29 de abril de 2012.

[11] a) E. Tarazona Ginés; A. de La Rosa Torner y M. Marin Ferrer (2005): “La experiencia del Modelo Alzira del Hospital de la Ribera. Área 10 de salud: la consolidación del modelo”. Revista de Administración Sanitaria, 19 de diciembre de 2005.

b) Manuel Marin Ferrer: “La Experiencia de la Ribera. Departamento 11 de Salud”. Proyecto Sócrates. 26 de junio 2008

c) Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. “Nuevo Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Público de la CAM”. Octubre 2012.

[12] Tony Judt amb Timothy Snyder: “Pensar el segle XX”. Edicions La Magrana. Barcelona, 2012. Pàgina 445.

[13] The Guardian. 11 de diciembre de 2007: “13 grandes hospitales, construidos bajo la fórmula PFI, estaban técnicamente en quiebra”

[14] a) OMS:”Public private partnerships for hospitals” Las alianzas público-privadas para los hospitales, Martin Mckee, del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas Sanitarios, y Nigel Edwards y Rifat Atun.  World Bulletin of the Health Organization. Novembre  2006

(www.who.int/bulletin/downloads/en/index.html)

b) A. Prieto Orzanco, A. Arbelo López de Letona y E. Mengual García  : “El papel de la financiación público-privada de los servicios sanitarios”.  Fundación Alternativas . Documento de trabajo 99/2006

c) Fiona GodLee “Evidence not ideology”BMJ. (British Medical Journal) 2005 October 8; 331(7520): 0. 2005, BMJ Publishing Group Ltd.

[15] José Ramón Repullo, Jefe de Planificación y Economia de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Declaraciones a El Pais. EG Sevillano. 12 de marzo de 2012

[16] Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid: INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTIPULACIONES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LAS EMPRESAS CREADAS POR LEY 4/2006, DE 22 DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN SU ARTÍCULO 12, EN EL PERIODO 2007-2009. 24 de septiembre de 2012.

[17] OECD: “Economics Surveys: Spain 2012. OECD Publishing. 29 de noviembre 2012. Pág. 29

[18]Segundo Informe Vilardell: “Segon document marc del Grup de Treball per a la Racionalització i el Finançament de la Despesa Sanitaria”. Marzo de 2010

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4 pensamientos en “Defendiendo la Sanidad Pública

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  2. Hay un aspecto crucial en la economía española que hoy poco se comenta y es la privatización de la compañía de teléfonos en los días de Felipe Gonzalez. Esta es una empresa que tiene un mercado cautivo y que produce ganancias planetarias que van a parar a los paraisos fiscales.
    Esta empresa representa puntos del PIB. Si asumimos una ganancia de 30 o 40% que es común en la alta tecnología, esto es mas que el crecimiento económico del país. o sea un decrecimiento neto. Esto sostenido por decenas de años o por pocos años con bajo crecimiento deberían considerarlo un factor de la crisis que hoy se vive y se manifiesta en los grandes males que se viven y los mayores que se avecinan.

  3. Las llamadas privatizaciónes o externalizaciónes, en realidad son expropiaciónes de los bienes del pueblo para entregarselos a las empresas privadas en las que los poderes público se sumergen para enriquecerse de forma ANONIMA E ILICITA.

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