¿Qué pasará si no crecemos a corto plazo?

Este artículo ha sido también publicado en el blog Agenda Pública de eldiario.es

Mónica Melle es miembro de Economistas Frente a la Crisis

  • La recuperación será a unos ritmos de crecimiento muy reducidos y partiendo de unos niveles de empobrecimiento de la población
  • España se ha convertido en el Estado con mayor desigualdad social de los 27 que conforman la Unión Europea
  • Los parados de larga duración en España representan más de la mitad de los casi 6 millones de desempleados que hay en nuestro país

España está en depresión. Uno de cada cuatro trabajadores está en el paro y más de la mitad de los jóvenes están en desempleo. El pronóstico para el futuro inmediato es más de lo mismo, incluso peor: en este año 2013 una caída de la economía española del 1,4% como consecuencia de los recortes, que elevará la tasa de paro hasta el 26,9% según las previsiones de la OCDE.

Las recetas de austeridad nos están conduciendo a una crisis más profunda, provocando una disminución de los ingresos y un aumento de los gastos por las prestaciones de desempleo. Las políticas económicas erróneas de los Gobiernos conservadores de la UE y España, además de no permitir el cumplimiento de los objetivos de déficit, están dando lugar simultáneamente a un menor crecimiento y a una mayor desigualdad.

Es verdad que aunque sólo sea por la teoría de los ciclos económicos sabemos que España saldrá de la crisis, pero ¿cómo lo hará y qué pasará si no crecemos lo suficiente? ¿Cuáles serán las consecuencias más previsibles de la recesión prolongada que estamos viviendo?

1.- La recuperación será a unos ritmos de crecimiento muy reducidos y partiendo de unos niveles de empobrecimiento de la población y de un gran retroceso en derechos y factores de competitividad, como la formación de capital humano, la investigación, desarrollo e innovación y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un estudio de Intermón Oxfam indica que necesitaremos 25 años para recuperar los niveles de bienestar previos a la crisis.

2.- El aumento desmesurado del paro y los recortes en el estado del bienestar y los servicios sociales están provocando un drástico aumento de la desigualdad. España se ha convertido en el Estado con mayor desigualdad social de los 27 que conforman la Unión Europea. Desde hace cinco años, la brecha entre los hogares que más ingresan y los que menos no ha parado de crecer. Los más ricos ingresan 7,5 veces más que los más pobres, lo que supone un incremento de dos puntos en el desfase desde el inicio de la crisis. En un año se ha elevado en dos puntos el porcentaje de hogares que viven bajo el umbral de la pobreza. Ahora, el 22% de la población se encuentra en esa situación, 1,7 millones de hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro y hay más de 300 desahucios diarios. En este contexto, los recortes a los servicios sociales de carácter universal tienen un efecto trágico sobre la cohesión social.

3.- Con una recesión prolongada, la desigualdad da lugar a un debilitamiento de la economía. Los más ricos gastan (y consumen) una menor proporción de sus ingresos que los más pobres (a los que no les queda más remedio que gastárselo todo). Se produce un círculo vicioso: mayor desigualdad social, menor consumo, menor demanda agregada, y de nuevo, mayor desigualdad. Además, si no crecemos, los bancos encontrarán nuevos argumentos para no prestar dinero, los precios de la vivienda seguirán disminuyendo, y las familias se empobrecerán cada vez más, lo que contribuirá a inhibir más el consumo.

4.- Las políticas de recortes aplicadas en esta crisis están desmantelando nuestro estado del bienestar, la cohesión y la justicia social, y además perjudican el crecimiento. Desde el punto de vista económico son políticas erróneas. Se crece más económicamente si se crece en derechos y protección social. Las políticas de bienestar social son, además de un instrumento fundamental de solidaridad para corregir las profundas desigualdades que todavía afectan a nuestro país, un factor de dinamización del consumo al permitir mantener la capacidad adquisitiva de amplios sectores de la población. Reducir las pensiones, las prestaciones por desempleo u otras prestaciones económicas tiene un inmediato efecto en el retraimiento y caída del consumo y por tanto de la actividad económica.

Tampoco podemos olvidar que tras las políticas sociales hay una intensa generación de empleo: la sanidad, los servicios sociales, la atención a la dependencia y la educación son muy intensivas en mano de obra. Es más, en los últimos años donde más empleo se ha creado es precisamente en los servicios sociales y la atención a la dependencia, con una relación de coste por empleo generado de lo más favorable. La reducción de las políticas sociales esta teniendo ya un impacto considerable en la destrucción de empleo, muy en especial en lo que se denomina tercer sector u organizaciones no gubernamentales.

5.- Las políticas correctoras como los impuestos pierden poder de redistribución de riqueza. En un período prolongado sin crecimiento se produce un incremento de las personas sin empleo y las que tienen trabajo precario. El esfuerzo fiscal se traslada desde la imposición directa a la indirecta, perjudicando a los colectivos más vulnerables que cuentan con menos recursos pero tienen necesidad de seguir afrontando gastos de consumo de primera necesidad. Es preciso un aumento equilibrado de los impuestos, incorporando la tributación de las grandes fortunas, para favorecer la redistribución de la riqueza, y con ésta, el aumento del PIB y el empleo.

6.- La recesión prolongada perjudica gravemente a los más jóvenes. En nuestro país más de la mitad de los jóvenes están desempleados. Muchos jóvenes están emigrando ante la falta de oportunidades y de futuro en nuestro país. La pérdida de capital humano y de talento puede ser irreversible y es seguro que condicionará la recuperación. Incluso en lo más básico, la tasa total de pobreza infantil se sitúa ya en el 27,2%, es decir, más de 2,2 millones de niños viven en España por debajo del umbral de la pobreza (ingresos de 15.820 euros al año para una familia de dos adultos y dos menores de 14 años).

7.- El desempleo de larga duración se convierte en estructural, lo que supone, además de un drama humano y social, una descapitalización de la mano de obra que hace cada vez más difícil su recolocación en el mercado de trabajo. Los parados de larga duración en España representan más de la mitad de los casi 6 millones de desempleados que hay en nuestro país. La tasa de paro entre los mayores de 55 años pasó del 5,5% de finales de 2007 al 16,8% en junio de 2012, y sigue aumentando con la prolongación de la crisis. El 67% de este colectivo de parados lleva más de un año intentando encontrar un empleo sin éxito.

8.- Una recesión prolongada puede derivar en una cada vez mayor conflictividad social e indignación de la ciudadanía cansada de los recortes y sacrificios que se le están exigiendo. Afortunadamente la madurez democrática de la sociedad española sabe discernir entre lo que es la justa y legítima protesta por la vulneración de nuestro estado del bienestar a causa de unos ajustes tan desmedidos como carentes de propuestas para el crecimiento y la generación de empleo, y lo que es la convivencia que garantiza la paz social. Pero también esa madurez democrática se basa en límites infranqueables, como los de la protección y la cohesión social.

La crisis ha antepuesto la economía a la política. Resulta urgente que la política recupere la gobernanza económica y que incorpore reformas que mejoren nuestro sistema democrático y social, impulsando la transparencia. La crisis está haciendo asimismo que no exista ninguna tolerancia hacia la corrupción de determinados cargos públicos políticos.

La ciudadanía, ante los reiterados incumplimientos de los programas electorales de los gobernantes reclama la denominada “democracia real”, esto es, una mayor participación además de su derecho a votar cada cuatro años. La política debe escuchar la voz de los ciudadanos y debe permitir corregir los fallos del mercado. La desregulación financiera y detrás de ella, la desregulación también de sectores con alcance sistémico sobre la eficiencia de la economía (como es la desregulación del mercado de trabajo o de la energía), no es liberalización. Es, simplemente, mala regulación, porque regulación y liberalización no son conceptos excluyentes sino complementarios.

Cualquier sistema económico debe tener reglas y normativas que no solo protejan a los ciudadanos trabajadores frente a los más poderosos, sino que no permitan que éstos se enriquezcan aún más a expensas del resto de la sociedad. Los mercados por sí solos dan lugar a altos niveles de desigualdad, unos resultados que generalmente se consideran injustos. Uno de los papeles que ha de asumir el gobierno es redistribuir los ingresos, sobre todo cuando los resultados de los procesos de mercado son demasiado divergentes respecto de los que reclaman la misma eficiencia asignativa y la equidad social.

Que al menos la profunda crisis que estamos viviendo nos sirva de oportunidad para poner en marcha reformas políticas y económicas que, parafraseando a Stiglitz (2012) en El precio de la desigualdad, nos permitan conseguir una sociedad más justa y equitativa, además de una economía más sólida y estable.

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Este artículo ha sido también publicado en el blog Agenda Pública de eldiario.es

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