La Economía Política del Ministerio de Medio Ambiente

Julio Rodríguez López es miembro de Economistas Frente a la Crisis

En el actual gobierno destacan algunos aspectos  de la actuación del titular del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. En principio, el perfil ecologista de dicha actuación no se advierte por ninguna parte. Las actuaciones más controvertidas del Ministerio en cuestión  suelen ir acompañadas de declaraciones  del titular del mismo, Miguel Arias Cañete,  propias de concejal  de Urbanismo de cualquier ciudad costera. Lo que sí evidencian dichas declaraciones es que el modelo productivo que parece defender el gobierno no ha cambiado en absoluto respecto del que dominó la trayectoria de la economía española en la etapa de la burbuja inmobiliaria.

Con motivo de la tramitación de la nueva ley de Costas,  desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha defendido la reducción de la zona protegible hasta solo 20 metros de la línea del litoral (hasta ahora dicha línea se situaba a cien metros).  También se han legalizado  indiscriminadamente   las viviendas construidas  sin licencia de obras en dicha zona. La justificación ha sido que así se apoya al turismo, que es la actividad que más ingresos aporta a España, según dicho del ministro. En otras ocasiones, Arias Cañete ha manifestado que el turismo es la primera industria  española. En la “cuenta satélite” del turismo, realizada por el INE,  se estimó que dicha actividad explica el 11% de la actividad productiva en España. Existe, pues, un 89% del PIB procedente de otras actividades productivas, entre ellas la agricultura, circunstancia que el titular de Medio Ambiente no parece tener en cuenta.

El modelo productivo que parece defender el gobierno no ha cambiado en absoluto respecto del que dominó la trayectoria de la economía española en la etapa de la burbuja inmobiliaria.

Cuando se analiza lo sucedido en la pasada etapa de intensa construcción residencial,  se señala a la expansión crediticia como el principal factor causante de los excesos cometidos en lo que  a construcción de nuevas viviendas se refiere. Se deja de lado al papel determinante que  desempeñó en dicho proceso  la calificación masiva de suelo  como de urbanizable residencial por parte de las autoridades locales y autonómicas. La aportación crediticia  a dicha expansión fue el “lado monetario” de lo sucedido.  Existió, además, un  “lado real”,  consistente en la facilidad urbanística a  proyectos que implicaban unos beneficios extraordinarios para los titulares de dichas operaciones. Estas  últimas  con frecuencia no respondían al interés general de las ciudades donde se localizaban tales desarrollos.

El diario británico Financial Times ha comentado que en España se  construyó  una pirámide inútil, visible en el millón de viviendas vacías, que se financió con un endeudamiento masivo de hogares y de empresas. Las entidades de crédito  adquirieron una pesada deuda frente al resto del mundo. Dicho  endeudamiento privado  pesa ahora de forma relevante sobre la economía española y se va transformando de forma gradual en deuda de todos los españoles. Esto se advierte,  a título de ejemplo,  en la forma en la que el “banco malo”, Sareb, va  a financiar  un balance de 60.000 millones de euros, en el que se incluirá una masa sustancial de activos inmobiliarios “tóxicos”.

La presión de algunos ayuntamientos sobre  fábricas que resistían llegó a ser asfixiante. El pretexto era el fomento del turismo.

Las ciudades próximas a la costa sufrieron un proceso de expulsión de actividades productivas, en muchos casos competitivas. Dicha expulsión  se realizó para destinar el suelo así “liberado” a la  construcción de nuevas viviendas, sin apenas previsión de demanda. La presión de algunos ayuntamientos sobre  fábricas que resistían llegó a ser asfixiante. El pretexto era el fomento del turismo. Tras el “pinchazo” de la burbuja, la superficie de suelo calificado como de residencial no construido es ahora espectacular.

El denominado “turismo residencial” crea empleos cuando se construyen las viviendas.  Una vez terminada  dicha construcción  lo que queda son enormes ciudades de viviendas vacías, con ”las persianas bajadas”, donde el silencio domina la mayor parte del año. Las oficinas de empleo de dichas ciudades  están llenas de albañiles en paro. En las oficinas de urbanismo de los ayuntamientos confían en que retornen  los créditos que reactiven el viejo modelo.  El suelo  queda a la espera de  nuevas burbujas. Los proyectos están lejos  del interés general,  que en muchos casos aconsejaría pasar desde suelo residencial a suelo destinado a servir de base a nuevas actividades productivas.

El discurso del ministro Arias Cañete no puede ser más diáfano. Por el mismo resbalan aspectos trascendentes como la necesidad imperiosa de diversificar la oferta productiva española, el conveniente fomento de  actividades competitivas que permitan  exportar  al resto del mundo, el interés de que una parte mayor de la demanda interna se cubra con producción nacional. La modernidad no radica en la limitación de la oferta productiva española a un panorama destinado  en exclusiva al “sol y playa”. Dicho discurso resulta demasiado familiar, aunque  suene raro en boca de un ministro de Medio Ambiente.    

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