La banca debe asumir la dación en pago

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Mónica Melle Hernández es Profesora Titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense y miembro de Economistas Frente a la Crisis

El sacrificio para salir de la actual crisis económica y financiera no está siendo compartido. Las ayudas públicas a la banca, que fue quien originó la crisis, son una constante desde el inicio de la misma y los privilegios de los banqueros apenas se han alterado.

Esta crisis evidencia la urgencia de profundizar en la regulación financiera. Legislación que exija mayor transparencia y mayores controles al gobierno corporativo de estas entidades, para evitar que los directivos asuman riesgos excesivos a corto plazo, que están en el origen de la crisis financiera de 2008. Es de lamentar que la reforma del gobierno corporativo en las instituciones financieras no se llevara a cabo aprovechando situaciones como la creación del FROB. Son bienvenidos, aunque se produzcan por exigencias de la Unión Europea, cualquier control y limitación a las cuantiosas remuneraciones de directivos bancarios.

El proceso de reestructuración del sistema financiero, además de acabar con las cajas de ahorros –que, por cierto, se mantienen en otros países como Alemania– y con ello su papel relevante en la financiación de las PYMES y en el desarrollo de una política industrial territorial, ha supuesto ya más de 140.000 millones de euros de ayudas públicas a la banca. Primero 40.000 millones a través del FROB, y después el rescate europeo, del que ya se han utilizado 42.000 millones de una línea de financiación de hasta 100.000 millones de euros.

Para terminar privatizando las ganancias y nacionalizando o socializando las pérdidas a través del “banco malo” (SAREB) creado a finales del pasado año. Todo ello sin exigir responsabilidades a los banqueros sobre la evolución de eso que ahora llamamos “activos tóxicos” en sus carteras, cuando la toxicidad la han generado ellos mismos aplicando en no pocas ocasiones criterios irresponsables en la concesión de créditos hipotecarios. Pone de manifiesto la necesidad de prohibir a las entidades financieras estar en el accionariado de las tasadoras y endurecer su régimen disciplinario, para que las tasaciones sean obligatorias e independientes de los bancos.

También de Europa nos viene la necesaria mejora de la supervisión y control de las entidades financieras, que llevará a cabo la recientemente creada Autoridad Bancaria Europea, homogeneizando los procedimientos de supervisión con las mejores prácticas que se hacen en los distintos países, y aumentar la transparencia de las operaciones activas y pasivas de las entidades de crédito.

Las consecuencias de la reestructuración financiera en nuestro país todavía son bastante negativas. Sigue sin fluir el crédito a la economía real, continúa una fuerte reducción de las plantillas de los bancos (tan sólo en 2012, 55.000 personas menos), y sigue en aumento la morosidad y los desahucios ligados a los préstamos hipotecarios.

El problema de los desahucios deriva en muchos casos de una mala praxis del sistema financiero, e incluso de fraudes de las entidades financieras. La Ley hipotecaria en vigor, que data de 1946, resulta insuficiente, y será también la UE, esta vez, a través del Tribunal de Estrasburgo, la que nos fuerce su necesaria y urgente reforma. Requiere cambios profundos para equilibrar la relación desigual que hoy se produce entre bancos y deudores. Entre otros la prohibición de cláusulas abusivas, como los desorbitados intereses de demora, que estamos conociendo cada día en numerosos préstamos, y la incorporación de la dación en pago, vigente ya en otras legislaciones de nuestro entorno.

Según las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, más de 350.000 familias se verán abocadas a abandonar su vivienda en los próximos cinco años, fruto de las ejecuciones hipotecarias que se han venido produciendo a raíz de la crisis. El drama de las familias desahuciadas se agrava aún más con la merma actual de políticas públicas de vivienda, la práctica ausencia de medidas que fomenten el mercado público del alquiler social, la drástica reducción de la obra social de las extintas cajas de ahorros,…Por no hablar de la dramática situación de desempleo que vive este país que podría provocar un incremento sustancial de fallidos abundando en este grave problema social.

No es de extrañar que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguiera el respaldo de la firma de más de 1,4 millones de ciudadanos, para regular la dación en pago e intentar poner coto al drama de los desahucios.

La dación en pago, fórmula consistente en saldar la deuda con la entrega de la casa financiada, es una cuestión de justicia social. Su respaldo legislativo permitiría encauzar un número mayor de acuerdos entre ciudadanos y entidades bancarias, en los que tendrían mayor cabida las renegociaciones de las deudas y de las condiciones contractuales pactadas en su día. Sin embargo, no es una vía fácil de articular, ni un tema exento de controversia.

Es cierto, que con la regulación de la dación en pago, el tipo de interés de las hipotecas subirá, ante la asunción de mayor riesgo por parte de las entidades financieras. Pero ello puede ayudar a prevenir la especulación, mejorar la transparencia del sector, aumentar el rigor en el análisis de los riesgos y la concesión de los préstamos y evitar hipertrofias del sistema financiero, que termina sin cumplir su principal función: canalizar ahorro hacia la inversión y la economía real. Es también cierto que estos mayores costes financieros de las hipotecas excluirán de la compra de viviendas a un porcentaje importante de la sociedad. Ello, per sé no es malo, ya que puede ayudar a cambiar nuestra cultura de compra y orientarnos hacia el alquiler como opción igualmente válida; evitando, al propio tiempo, situaciones como la que ahora vivimos de un sobreendeudamiento privado.

El lobby bancario, con bastante poder económico y político en nuestro país, ha puesto el grito en el cielo. En síntesis, para ellos, la dación en pago, sobre todo si es retroactiva, crearía inseguridad jurídica, poniendo en peligro las garantías que en este momento tienen los títulos hipotecarios emitidos al país. Asimismo, estrangularía la liquidez de las entidades, perjudicando aún más la grave situación del crédito.

 

¿Qué hay de cierto?

El principal instrumento de financiación de nuestros bancos, y con la crisis de deuda el único que últimamente consiguen emitir en los mercados de capitales, son bonos con garantía hipotecaria, las llamadas cédulas hipotecarias. Son títulos emitidos por las entidades financieras que pagan un interés fijo y que tienen como garantía la totalidad de los créditos hipotecarios concedidos por la entidad que los emite. Además, la banca emplea las cédulas también como garantía para acceder a la barra libre de liquidez abierta por el Banco Central Europeo (BCE) y evitar el colapso de nuestro sistema financiero.

Los bancos nacionales tienen emitidos más de 425.000 millones de euros en cédulas hipotecarias garantizadas con el reembolso de los préstamos que han ido concediendo para la compra de viviendas. La calidad de esta inmensa deuda, la más demandada por los inversores extranjeros, podría verse afectada si se regula la dación en pago con carácter retroactivo y de manera generalizada. Y ello repercutiría en las rentabilidades que por estas cédulas tienen que ofrecer los bancos que dependen del nivel de solvencia que les asigna el mercado. Y también reduciría su valor como garantía para el BCE provocando más restricción de crédito. Lo que retrasaría la reactivación y la creación de empleo, provocando probablemente más desahucios.

Es preciso, en primer término, focalizar el problema de los posibles impagos de las hipotecas a las situaciones de vulnerabilidad. De las 116.279 ejecuciones hipotecarias intervenidas ante notario desde enero de 2007 hasta noviembre de 2012, según la estadística del número de actos relacionados con las ejecuciones hipotecarias del Consejo General del Notariado, la mitad aproximadamente, unas 58.000, han terminado en dación en pago. De la otra mitad, un número importante se refiere a segundas viviendas. La retroactividad de la dación en pago se debe restringir sólo para las economías domésticas más golpeadas por la crisis, buscando además alternativas para esas familias, como por ejemplo el alquiler social en el parque de viviendas que los propios bancos rescatados mantienen sin vender. Este proceso retroactivo debe ser con tutela judicial, que sea quien dictamine que el deudor desahuciado es de buena fe y que hay causas objetivas para impagar la hipoteca.

En segundo lugar, reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que establece que si la subasta de la vivienda queda desierta el banco se queda con la casa por el 50% del valor de tasación. Esta situación debe suavizase.

En tercer término, aprobar una ley de segunda oportunidad, similar a la que ya tienen otros países como Bélgica, Alemania o Francia. Una ley de insolvencia especialmente adaptada a las personas físicas que permita dar una solución a la insolvencia, reglando el proceso a seguir y la posibilidad de suspensión del procedimiento hipotecario mientras no estuviera resuelto ese concurso, declaración de suspensión de pagos o insolvencia personal y/ó familiar.

Aunque no podemos olvidar que el sistema financiero español se está saneando y recapitalizando con fondos europeos. Cualquier cambio que pueda afectar a sus activos y balances, como una reforma de la ley hipotecaria y, en concreto, la fórmula de la dación en pago, debe pasar el filtro de los socios comunitarios.

Hay soluciones a esta tragedia que pasan por una mejor regulación financiera que equilibre las posiciones de las partes contratantes: ciudadanos y banca. Y que, por tanto, controle y reduzca la posición dominante de la banca en esta relación. Así los sacrificios para salir de la crisis podrían empezar a compartirse.

3 pensamientos en “La banca debe asumir la dación en pago

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  2. El titulo del articulo, “La banca debe asumir la dacion en pago” no resulta del todo coherente con el contenido del mismo. En este ultimo se indica la necesidad de aplicar la dación citada con selectividad, cuando se dice “la retroactividad de la dacion en pago se debe de restringir solo para las economías domesticas mas golpeads por la crisis”.
    El articulo no entra en la dificultad estadistica de conocer el alcance del problema, pues los datos de ejecuciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no distinguen entre los diferentes tipos de activos inmobiliarios. Se dice textualmente que “mas de 350.000 familias se verán abocadas a abandonar su vivienda en los próximos cinco años”. Segun los datos del CGPJ, entre 2008 y 2012 se han acumulado 415.000 procedimientos de ejecucion hipotecaria, pero no se sabe cuanto correspnde a hogares que van a ser expulsados de su vivienda habitual, que es el segmento mas problemático de dicha estadistica agregada.

    Por otra parte, la dación en pago es menos mala que el desahucio con crédito residual y embargo del salario, pero no es una panacea, pues los hogares afectados pierden la vivienda, lo que resulta complicado en un pais como España, que tiene un escaso parque de alquiler.
    La dacion en pago no es una formula generalizada a nivel mundial en caso de impago del préstamo,pues de hecho solo funciona en Estado Unidos, y no en todos los estados.En Europa Occidental funciona sobre todo la denomnada “ley de 2ª oportunidad”, en la que el ciudadano que incurre en insolvencia no culpable puede acogerse a un plan de pagos para afrontar el sobrendeudameinto. .
    En el articulo se habla del “lobby bancario” como opuesto a la dacion en pago. Mas que dicho “lobby” (mejor hablar de AEBE, CECA, y algunos banqueros) han hablado “los mercados”, esto es , los inversores,que ya han avisado que pueden exigir la cancelacion anticipada de las cédulas si se cambian sustancialmente las garantias de los prestamos que las respaldan .
    La dacion en pago, pues,debe de aplicarse con selectividad. Ahora es importante paralizar los procedimientos a los hogares con bajos ingresos, hacer obligatorio a los bancos el Codigo de Buenas Practicas,ampliamente fortalecido, cambiar el procedimiento, rebajando drasticamente los intereses de demora, obligando a que se emplee la tasación que se hizo en el momento del prestamo, acortar los plazos de la ejecucion para no acumular mas deuda y abrir el camino a la “ley de 2ª oportunidad”.
    Todo ello resulta preferible a esperar del favor y de la discrecionalidad de los bancos, como parece derivarse del titulo del articulo. En democracia hay que esperar de las leyes y de la justicia, no de la caridad de lo bancos.

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