La reforma laboral, ¿éxito o fracaso?

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Alfonso Prieto es miembro de Economistas Frente a la Crisis

Transcurrido un año de la implantación de la reforma del mercado de trabajo, por Real Decreto-Ley del 11 febrero de 2012, convertido en Ley en julio del mismo año, cabe preguntarse si se han alcanzado los objetivos declarados, principalmente crear empleo y detener la sangría del paro que se viene produciendo desde el inicio de la crisis en 2008. La respuesta evidente no puede ser otra que el estrepitoso fracaso de la reforma, que ha supuesto, además, la destrucción del modelo de relaciones laborales vigente desde la aprobación en 1980 del Estatuto de los Trabajadores.

Si el objetivo era poner fin a la destrucción de empleo y al aumento del paro, en el año de aplicación de la reforma se ha alcanzado una cifra de desempleo de casi seis millones de personas, el 26% de la población activa, la cota más alta desde que existe la Encuesta de Población Activa (EPA). En el año 2012 el empleo se redujo en 850.000 personas y el paro aumentó en 691.700, con una disminución muy significativa de la población activa y con un fuerte aumento del número de hogares en los que todos sus miembros activos están en paro, que ya suman más de 1.833.000. El año 2012 es el segundo peor año de la crisis en términos de empleo perdido, después de 2009. Este es el primer balance que cabe presentar de la reforma laboral.

Pero los efectos negativos de la reforma no quedan ahí. Además, ha desbaratado el sistema de relaciones laborales, con un ataque demoledor a la negociación colectiva, otorgando a los empresarios un gran poder para modificar, unilateralmente, las condiciones de trabajo, lo que ha dado pié a una devaluación generalizada de los salarios, pero no de los precios ni de los tipos impositivos. El resultado ha sido una significativa pérdida del peso de los salarios en la renta nacional y un aumento de los márgenes empresariales, que no han sido destinados a la inversión. La devaluación interna que ha comportado la aplicación de la reforma ha sido, junto con los recortes del gasto público, la única respuesta a la crisis del Gobierno del PP, lo que ha conllevado una fuerte pérdida de la capacidad de compra de los asalariados, precisamente en una coyuntura definida por una debilidad de la demanda agregada de la economía, lo que no ha hecho más que agudizar la recesión, con la consiguiente pérdida de empleo y aumento del paro.

Pero, ¿cabía esperar otro resultado, cuando en plena recesión se facilita y abarata el despido, haciendo de ello el primer recurso de los empresarios para realizar el ajuste a las condiciones de la negativa coyuntura? Y esto se hace desde la afirmación de que no hay otra política posible. Pero sí hay políticas alternativas a la falsa austeridad impuesta por el Gobierno. Es preciso cambiar las prioridades políticas a escala de la eurozona. La devolución de la deuda y la reducción del déficit público deben acompasarse al ritmo de crecimiento de la economía. La prioridad es el crecimiento y el empleo y a ello deben destinarse los recursos que hoy se detraen de la economía para reducir el déficit en un ejercicio de falsa austeridad.

No es verdad que el despido en España, antes de la reforma, fuera difícil. El despido era muy fácil y, en muchos casos, descausalizado. Ahora es más fácil despedir y además sensiblemente más barato. No había un problema de rigidez como mostraban los indicadores de la OCDE para medir la protección del empleo, que situaban a España en los parámetros de los países centrales de Europa. No existía ese problema, como no existía un problema de salarios que castigara la competitividad de las empresas españolas en los mercados internacionales, ni que la negociación colectiva supusiera un impedimento para el desenvolvimiento de la vida de las empresas y la formación de los salarios. Todo eso eran excusas para aplicar medidas que la derecha española ha querido implantar siempre, con crisis o sin crisis. Pretender que los convenios colectivos de empresa tengan prioridad aplicativa sobre los de ámbito superior, con un tejido empresarial dominado por las empresas de muy reducido tamaño (7 trabajadores de media) es un sinsentido. La negociación colectiva funcionaba adecuadamente. Ahora, en el primer año de la reforma, se han firmado menos convenios que en los años anteriores, con excepción de 2011, y el número de trabajadores cubiertos por convenios es el más reducido de la historia reciente.

Preguntarse sobre si en un futuro, más o menos próximo, la reforma de 2012 puede contribuir, entonces sí, a la creación de empleo carece de sentido, ya que el objetivo se fijaba con carácter inmediato y la necesidad era urgente. Un vez que se supere la crisis (ya se verá en qué condiciones) es natural que se cree empleo, con esta o con la anterior legislación, que ya lo demostró en los años de crecimiento, cuando en España se creaba la mayor parte del empleo generado en la eurozona.

Con este balance no debería preguntarse si la reforma ha sido un fracaso, lo que parece evidente. Pero, si los objetivos perseguidos fueran otros que los declarados (más empleo, menos paro), quizá cabría hablar de éxito. Si lo que realmente se perseguía era desbaratar las relaciones laborales, facilitar y abaratar los despidos y llevar a cabo una devaluación de los salarios, sí que podrían explicarse algunas manifestaciones de responsables del Gobierno, cuando afirman, mintiendo descaradamente a los ciudadanos, que se están cumpliendo los objetivos; algo disparatado si el Gobierno dijera la verdad.

Los recortes efectuados en el gasto público, todos ellos dirigidos a debilitar el estado del bienestar, no van a sacarnos de la crisis. Esto lo sabe muy bien el Gobierno, que ha aprovechado la crisis para aplicar su programa máximo, oculto en su programa electoral. Es la propia crisis la que ha permitido al Gobierno hacer lo que ha hecho y que quería hacer: destruir el modelo de bienestar y hacer que los más desfavorecidos y las clases medias carguen con el peso de todos los efectos negativos de la crisis.

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