La insoportable levedad del Informe sobre el Factor de Sostenibilidad.

Bruno Estrada es Director de Estudios y Proyectos de la Fundación 1º de mayo y miembro de Economistas Frente a la Crisis.

Un enfoque incorrecto hace que una supuesta solución se convierta en un problema mayor.

Para encontrar una solución acertada a un problema es imprescindible que el enfoque con el que se aborda sea el correcto. Si no se actúa así lo más probable es que las supuestas soluciones pasen a formar parte del problema que se quiere resolver. Esto es lo que ha sucedido con el “Informe de la Comisión de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” (a partir de ahora el Informe). Pues lo que hace el Informe es enfocar el problema como si fuera una cuestión contable en un universo actuarial cerrado en el que los gastos dependen del volumen de cotizantes y de los salarios de los que han cotizado y los ingresos dependen tan solo de las cotizaciones sociales, sin considerar las interrelaciones bidireccionales entre la evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social y el resto de la actividad económica y el nivel de bienestar de la sociedad española, esto es, dejando completamente de lado las cuestiones redistributivas que están el corazón de los sistemas públicos de seguridad social.

 Parafraseando a Julio Perez Díaz, un reputado demógrafo y sociólogo al que luego me referiré más extensamente: “La mera contabilidad de ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social se muestra insuficiente para dar soluciones a un problema que es esencialmente político: ¿Qué nivel de bienestar queremos para las personas que han finalizado su vida laboral?”

 Si el objetivo es mantener un sistema de reparto, como el actual de la Seguridad Social, que garantice una adecuada pensión en el futuro en la cual no haya un deterioro de la relación de la pensión media con un salario medio que previsiblemente será creciente a largo plazo, derivado de los incrementos de productividad, debe considerarse en primer lugar el desarrollo de nuevos ingresos, incluidos los impuestos, para financiar las necesidades crecientes del sistema de Seguridad Social. Ya que las cotizaciones sociales no se caracterizan precisamente por su progresividad. Como sucede en la financiación de la Seguridad Social danesa: “las prestaciones de la Seguridad Social en Dinamarca se financian con carácter general mediante los impuestos”[1]. Cuestión, por cierto que no se menciona en el informe, aunque se hacen varias referencias a dicho país.

 El incremento del peso de las pensiones en el Producto Interior Bruto (PIB) es algo ineludible, es un dato dado, ya que va a haber un mayor volumen de pensionistas en el futuro, al que hay que dar una solución en términos de ingresos. Nadie cuestionaría que, frente a un crecimiento de la natalidad, el Estado no prevea la construcción de más escuelas y la contratación de más profesores, lo que se estaría discutiendo es como se consiguen los ingresos públicos necesarios para cubrir esa demanda social. En todo caso estimaciones realizadas por la propia UNESPA calculan que dentro de más de veinte años, en 2035, el gasto en pensiones en España aún estaría en un 11,9% del PIB, muy por debajo de Italia, Francia, Bélgica, Austria y Finlandia y sería igual al de Alemania

 Peso estimado del gasto público en pensiones en 2035 en % del PIB

 

Italia

15,2%

Francia

14,4%

Bélgica

14,4%

Austria

13,9%

Finlandia

13,9%

Alemania

11,9%

España

11,9%

 

Fuente: “Cuentas personales: hacia un sistema de pensiones transparente y sostenible”. Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas de UNESPA. Julio 2011.

 La principal incorrección de enfoque del Informe en relación con el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) es plantear la suficiencia del sistema de Seguridad Social fundamentalmente como un conflicto de distribución de la renta inter-trabajadores, entre jubilados y ocupados, entre jubilados de ahora y jubilados del futuro. Sí se plantea únicamente como una transferencia de renta entre la población ocupada y la jubilada perdemos todos, menos las entidades financieras gestoras de los fondos privados de pensiones (En Argentina y México el 22% de la prima de aseguramiento de un plan de pensiones privado se destina a los gastos administrativos, el 15% en Chile y el 14% en Colombia.)[2]. Lo correcto, para encontrar una solución satisfactoria para los intereses de la mayoría de la población, es hacerlo como parte del conflicto social entre trabajo y capital, lo que generaría una sociedad menos desigual, algo en lo que nuestro país debe avanzar mucho para llegar a los parámetros de la zona euro.

 En este sentido hay que recordar que, si bien la pérdida de peso de la remuneración de los trabajadores asalariados en el PIB (incluidas las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios) es una tendencia común en los países desarrollados desde 1975, la participación de la remuneración de los asalariados en nuestro país, en 2012 se situó por debajo del 50%, al menos diez puntos inferior a Francia, EEUU y Reino Unido, que están en el entorno del 60%, y más de cinco puntos inferior a Alemania, Japón, a la media de la UE-15[3] y de la Zona euro[4], que están entre el 55 y el 57%.

 Lo que permitió que en 2010 el gasto público en pensiones ascendiera al 13,5% del PIB en Francia, frente al 8,9% de nuestro país, es que la remuneración de los asalariados supone el 60% del PIB francés, así como una clara voluntad de la mayoría de los franceses de defender su sistema público de pensiones.

 Esa diferencia de 7-10 puntos del PIB en el peso de la remuneración de asalariados, la masa salarial, en nuestro país respecto a los países desarrollados es lo que constriñe nuestro sistema de Seguridad Social, poniendo en cuestión su sostenibilidad cuando se incrementa el desempleo, y también la del conjunto del Estado de Bienestar. Y es así porque dicha masa salarial incluye los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones sociales empresariales y es la base recaudatoria principal de la imposición directa, dados los altos niveles de fraude y elusión fiscal de las rentas del capital, así como sus bajos tipos fiscales en relación con las rentas del trabajo.

 Faltan las cuentas, sobran los cuentos.

 Por ello, lo primero que sorprende del Informe es que no haya ninguna proyección sobre la evolución futura de las cuentas de la Seguridad Social, de sus supuestos equilibrios o desequilibrios futuros, en base a unas u otras hipótesis de evolución demográfica, productividad, etc., lo que impide una visión consistente de lo que podría pasar con la aplicación de los factores de sostenibilidad propuestos. Tan solo en el Anexo 2, página 37 del Informe, se ofrece una previsión sobre la evolución de la esperanza de vida, cuyos resultados serán refutados más adelante.

Esta consideración quedó refrendada por las declaraciones del propio Presidente de la Comisión en el Congreso de los Diputados[5] el pasado 18 de junio, en la que reconoció:

  •  Que no tiene respuesta a la pregunta de qué es una pensión suficiente, lo cual invalida de raíz la supuesta solvencia técnica del Informe, ya que entre sus objetivos se explicita: “Nuestro objetivo ha sido conseguir un sistema de pensiones que, siendo como es, tenga capacidad certificada (…) dentro de treinta o cuarenta años de afrontar su compromiso fundamental de dotar a los jubilados españoles de prestaciones adecuadas”. Si no se tiene claro qué es una pensión suficiente menos aún se puede tener una idea aproximada de lo que es una prestación adecuada, y por tanto no se puede certificar nada.
  • Que sus previsiones no pueden ser consideradas como previsiones estrictas: “Luego la prudencia no es darle carácter de previsión estricta a esas previsiones, sino establecer escenarios de por si acaso” fueron sus palabras. Es decir, estamos ante escenarios de por si acaso, pero sin que sean explícitos. Se pide mucha fe.
  •  Que tampoco hay datos sobre cómo la reforma de las pensiones de 2011 influirá en la evolución financiera del sistema. Dijo: “Es cierto que no hemos mirado con lupa el proceso de transición actual, es cierto”. Es decir, se cuestiona una reforma aprobada hace dos años, con amplio consenso político y social, sin ninguna estimación, ni siquiera de por si acaso, de sus efectos.
  •  Que las simulaciones no son suficientemente precisas, que tendrán que ser hechas por la Seguridad Social.

 Asimismo la siguiente afirmación del Presidente[6] resulta, como mínimo, inquietante: “No soy un experto que tenga una posición clara sobre hacía donde tenga que ir la reforma del sistema de pensiones; no la tengo”. Parece bastante imprudente ser el Presidente de una Comisión que propone una reforma drástica en nuestro sistema de Seguridad Social sin tener una posición clara sobre hacia donde debe ir. Esta afirmación resulta aún más chocante de alguien que ha firmado otros documentos, como el de Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas de UNESPA[7], la patronal de entidades aseguradoras, “Cuentas personales: hacia un sistema de pensiones transparente y sostenible”, que en su página 27 dice: “Tanto en un sistema (referido al de reparto), como en el otro (referido al de capitalización) el problema (el proceso de envejecimiento) podría ser corregido (…) si se alterase la distribución de la renta entre población ocupada y la población jubilada”. Estas y otras expresiones recogidas en el documento de UNESPA, en las que se apuesta por potenciar las cuentas personales (o nocionales) y eliminar la capacidad de redistribución del sistema, si parecen indicar hacia donde quieren algunos que vaya  nuestro sistema de pensiones.

 El Factor de Equidad Intergeneracional (FEI): ¿Susto o muerte?

 El Factor de Equidad Intergeneracional presentado en el Informe supuestamente es un intento de incluir en las nuevas pensiones un cuarto criterio, la esperanza de vida. Pero en la práctica es mucho más que eso, es una propuesta que, bajo un velo supuestamente técnico, supone modificar radicalmente el sistema de pensiones para los nuevos pensionistas, pasando de un sistema de reparto para los actuales pensionistas a uno que se aproxima a las cuentas personales (o nocionales) para los del mañana.

 Esto resulta evidente en palabras de varios de los expertos. Ignacio Conde Ruiz, en su comparecencia en el Congreso dijo: “Digamos que este factor de equidad intergeneracional (…) lo que hace es que todas las personas reciban el mismo montante en pensiones. Si vives más años, como lo tienes distribuido en más años, tendrás que recibir un porcentaje menor cada año, pero en conjunto recibirás lo mismo”. Y el propio Presidente de la Comisión manifestó: “La equidad intergeneracional está planteada aquí como diciendo: vamos a darles a todos el mismo monto de pensión, aún cuando vivan un poquito más, lo que significa: ajústate (…) ¿Parece irrazonable, imprudente, inmoral?”.

 El FEI parte, por tanto, de un criterio que tiene que ver más con las cuentas personales, por tanto con un sistema de capitalización, que con el actual sistema de reparto. En un sistema de reparto no tiene sentido hablar de un monto total de la pensión recibida durante todo el periodo de tiempo que transcurre desde que una persona se jubila y la fecha de su fallecimiento, ya que lo que se fija es una pensión mensual calculada en función de las bases de cotización realizadas y de los años cotizados. Bajo una supuesta formula de sostenibilidad se está intentando alterar elementos básicos de nuestro sistema público de Seguridad Social. El propio Presidente de la Comisión reconoció en su mencionada comparecencia en el Congreso que la “equidad intergeneracional” plantea un problema importante de individualización del riesgo.

 Es decir, introducir un factor relacionado con los sistemas privados de pensiones de cuentas personales en el sistema de reparto de la Seguridad Social. Esto es plenamente coherente por lo expresado por dos de los expertos en el mencionado trabajo realizado para UNESPA en 2011, esto es que: “El sistema de cuentas personales, por otra parte, sirve para garantizar (…) que la relación entre las aportaciones y las prestaciones no está alterada por factores redistributivos”.

 Para los expertos el concepto de “equidad” se define en términos de justicia actuarial, es decir, que haya una relación más estrecha entre las cotizaciones realizadas en la vida activa y las prestaciones recibidas en la vida pasiva, no en términos de equidad de prestaciones.

 Individualización del riesgo supone, en palabras del mencionado informe de UNESPA: “un modelo flexible  (…) en el que la prestación deja de ser una función directa del número de años cotizados y pasa a ser una función directa de lo aportado”. Es decir, que no habrá redistribución en las pensiones. Quienes hayan tenido salarios bajos o largas épocas de desempleo cobrarán “la pensión que les corresponde”: una pensión de miseria, por cierto.

 Si bien en el Informe se matiza que nada impide que la solución sea aumentar los ingresos del sistema de Seguridad Social, parece evidente que el esfuerzo desarrollado para justificar esta introducción de las de cuentas personales en el sistema público ha sido mucho mayor que el análisis sobre como incrementar los ingresos al sistema de Seguridad Social. No hay ni una sola mención a que la presión fiscal de nuestro país, un 33% del PIB sea de las más bajas de la UE-15, estando 7 puntos por debajo de la media.

 Respondiendo a las preguntas realizadas por el Presidente de la Comisión en su comparecencia no parece razonable ni prudente que: 1) sin hacer estimaciones sobre los ingresos y gastos futuros del Sistema de Seguridad Social; 2) ni previsiones demográficas correctas; 3) ignorando elementos claves sobre su suficiencia, como es la evolución de la productividad; 4) en base a escenarios “de por si acaso” que no se muestran; se llegue a la conclusión de que cuanto más años viva una persona menos pensión cobrará, en palabras del Presidente de la Comisión: “ajústate”.

 Es inmoral plantear, con todos esos condicionantes sobre la falta de justificación del factor de sostenibilidad, que haya que optar, en términos más coloquiales, entre el susto de que te reduzcan la pensión cuanto más vivas o la muerte.

 Sobre todo cuando él propio Presidente de la Comisión ha reconocido en el citado trabajo de UNESPA de 2011[8], que: “la tasa de rentabilidad que proporcionan los sistemas basados en la capitalización no puede llevar asociado a largo plazo una tasa de rentabilidad mayor que la que proporciona el sistema de reparto”.

 O si tenemos en cuenta lo expresado por el citado experto Ignacio Conde Ruiz[9] en El País: “En mi opinión, los sistemas de reparto son mejores a los de capitalización. Por ejemplo, en Estados Unidos el sistema público de reparto (pay as you go) se introdujo después del Crash del 29 porque todas las personas mayores perdieron sus ahorros”. 

 La gran olvidada: la productividad.

 Un factor clave para cuestionar los supuestos argumentos de base demográfica es la evolución futura de la productividad. Lo fundamental, como dice el demógrafo Julio Pérez,  no es la evolución demográfica basada en un arcaico análisis de contabilidad de personas, sino ¿cuánto producirá la población ocupada en el futuro?

 Desde 1900 la riqueza de nuestro país ha crecido 24 veces[10] y la población tan sólo una vez y media, este fuerte crecimiento de la productividad es lo que ha permitido la mejora de las condiciones de los españoles. En este sentido lo que debería preocupar en primer lugar a nuestras autoridades económicas son las bajas tasas de crecimiento de la  productividad del trabajo registradas en el periodo 1986-2010. La tasa anual acumulativa en dicho periodo fue del 1%, muy lejos de la tasa anual del 4,9% que se experimentó en nuestro país en el periodo anterior, 1961 y 1985, e inferior también a las cifras de los últimos veinticinco años del Reino Unido, un 2%, Japón y EEUU, un 1,7% y Francia, un 1,3%.

 El reducido volumen de stock de capital productivo privado por empleo de nuestro país está detrás de esa baja productividad. En 2009 tan sólo alcanzó el 75,6% de la media de la UEM-13, un porcentaje que apenas ha crecido desde el 75,1% de 1995[11]. Causa de ello es la escasa reinversión de los beneficios empresariales a la que están acostumbrados los empresarios de nuestro país. El porcentaje que representaban los intereses y los dividendos sobre el beneficio empresarial, la parte del capital que sale de la empresa, que no se reinvierte en ella, pasó de un 39% en 1995, a un 60% en 2008.

 Las sinrazones demográficas. Previsiones falseadas sobre la esperanza de vida.

 En los objetivos del Informe sobre el factor de sostenibilidad  se dice “El sistema corre un evidente riesgo demográfico (…). Pero hay un punto de vista que es completamente nuevo, el demográfico, y que se resume en que nunca hemos tenido una sociedad tan envejecida, que seguirá envejeciendo en el futuro”.

 Esta contundente afirmación recoge una obviedad palmaria. Desde el fuerte descenso experimentado por las tasas de mortalidad a mediados del siglo pasado, cada año se puede decir que nunca antes hemos tenido una sociedad con tantas personas mayores, cuya proporción seguirá aumentando en el futuro, excepto a principios del s. XXI por la fuerte afluencia de inmigración. La única referencia a la evolución futura de la esperanza de vida se encuentra en los cálculos que se presentan en el anexo 2 en base a las Tablas de Mortalidad del INE[12]. Por cierto dichos cálculos son mucho más sencillos que los que había en el borrador del Informe de abril. En este sentido hay que decir que la evolución futura de la esperanza de vida se hace sólo mediante supuestos matemáticos tendenciales basados en la evolución pasada de la mortalidad, sin ninguna consideración sobre como serán las sociedades de dentro de 50 años. Es decir, es un interesante ejercicio de matemática-ficción cuyo anclaje en la realidad actual o en supuestos sobre la evolución de las sociedades futuras es nulo.

 Resulta relevante, no obstante, que en el borrador de abril del Informe dichos cálculos sobre la evolución de la esperanza de vida se hicieran mediante una función logística. En una función logística a partir de cierto punto el crecimiento se ralentiza, e incluso llega a detenerse finalmente. Esto es ciertamente coherente con la evolución de la esperanza de vida en nuestro país.  Sí la esperanza de vida ha aumentado mucho en las sociedades humanas en las últimas décadas, ha sido debido al fuerte descenso de la mortalidad infantil, situación que no se va a repetir en el futuro. El último informe sobre Movimiento Natural de Población[13] del INE en 2012 confirma esta hipótesis, ya que ha registrado por primera vez una disminución de la esperanza de vida para las personas de 65 años, de 0,2 años sobre 2011.

 En este sentido llaman la atención las palabras del Presidente del Comité y de otros expertos en sus comparecencias: “Sobre la razón de ser de la aplicación del factor de sostenibilidad, creemos que el reto principal a la sostenibilidad del sistema resulta de la combinación de la evolución de la esperanza de vida y de la tasa de dependencia a largo plazo. La esperanza de vida aumenta unos dieciséis meses cada diez años…”. Este dato esta sacado de la literatura del Informe, pero es contradictorio con los datos que aporta el propio Informe sobre las previsiones de evolución de la esperanza de vida en el anexo 2. En la primera década dichos datos sí suponen una previsión de envejecimiento de un año y seis meses, pero esa proporción disminuye en las siguientes décadas, lo que lleva a la conclusión del citado Anexo 2 del Informe de que la esperanza de vida en 2051 para los mayores de 65 años se incrementaría en unos cuatro años y nueve meses, frente a los casi seis años que supondría la relación expuesta por los expertos en el Congreso.

 Sin embargo, es aún más relevante que esa previsión de la versión final del Informe sea contradictoria, en mucha mayor medida, con la que había en el borrador de de abril. En él se concluía que la esperanza de vida de los mayores de 67 años (que es la edad relevante a partir de la reforma de 2011), no de los mayores de 65 años, en 2060 habría alcanzado los 21,3 años[14], frente a los 18,8 de la actualidad, es decir que no llegaba a un incremento de dos años y medio. En el Anexo 2 del Informe final se cita como fuente el INE, mientras que en el borrador de abril en base a las hipótesis del INE se calculaba una función logística ¿Por qué se abandonó esa estimación? Tal vez porqué no era suficientemente alarmista.

 Ateniéndonos a las cifras del propio borrador[15] de abril, la conclusión que se saca es que esos datos no confirmaban los negros presagios con los que los expertos nos querían abrumar. El borrador de Informe llegó a la conclusión, con todas las salvedades expuestas, de que en el año 2027 (este es el año en el cual la Ley 27/2011 debería introducirse el factor de sostenibilidad), la esperanza de vida de las personas que alcancen los 67 años de edad tan sólo se habría incrementado en poco más de un año, que dicho incremento sería de dos años dentro de 33 años, y que finalmente la esperanza de vida en 2060, dentro de 47 años, será superior a la actual para ese colectivo en dos años y medio. Eso sin tener en cuenta las consecuencias que la actual crisis, y las erróneas medidas de política económica tomadas para enfrentarse a ella, puedan tener en un descenso de la esperanza de vida (recorte de gasto sanitario público, malnutrición infantil). En todo caso no parece que el supuesto incremento de un año en la esperanza de vida de las personas que inicien su jubilación en 2027, en relación con la actualidad, y de dos años y medio para quienes lo hagan dentro de 47 años sea un factor que haga ahora “precisa la búsqueda de soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”, como dice el Informe final.

 La previsión de incremento de la esperanza de vida de la OCDE[16] para los países miembros de esa organización hasta 2050, tres años para los varones y tres años y medio para las mujeres, es mucho más aproximada a la del borrador de abril del Informe que a la expresada por los expertos y publicada en la versión final.

 Más bien parecería que los cambios aprobados por la Ley 27/11 (el incremento en dos años de la edad legal de jubilación a partir de 2027 y en el número de años cotizados para recibir el 100% de la base reguladora) podrían ser suficientes para hacer frente al previsto incremento de un año en la esperanza de vida de los mayores de 67 años en esa fecha. Tal vez a la mayoría de la Comisión no le interesaba dar una información tan poco alarmista, y su objetivo era que unas previsiones en base a un indefinido “por si acaso” tuvieran un efecto mediático mucho mayor que previsiones mucho más razonables y objetivas.

 En el borrador de abril del Informe se llegaba a la absurda conclusión que el supuesto incremento de la esperanza de vida de dos años y medio en el 2060 exigía aumentar en cinco, hasta llegar a los 40, los años de cotización para alcanzar el 100% de la pensión.

 En este contexto la anteriormente parafraseada frase del demógrafo Julio Pérez Díaz resulta tremendamente esclarecedora: “La mera contabilidad de personas se ha demostrado insuficiente para explicar y predecir el cambio demográfico y sus consecuencias.”

 Las sinrazones demográficas de los supuestos peligros de sostenibilidad del sistema ya han quedado suficientemente rebatidas por la propia realidad en el pasado. En los años 90, al calor del incremento del desempleo, surgieron multitud de estudios sobre la insostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social en el horizonte del cambio de siglo. Tal vez el más significativo fuera el financiado por La Caixa “El futuro de las pensiones en España: Hacia un sistema mixto”, de José Antonio Herce ( et allia.) que pronosticaba, fallidamente, un déficit del sistema en el año 2000. El subtítulo de dicho Informe era suficientemente explícito: “Exploración de los efectos y resultados de la introducción paulatina de un sistema privado de capitalización como alternativa al actual sistema público de reparto”. El fuerte crecimiento del empleo y la migración exterior se encargaron de refutar las predicciones supuestamente científicas de dichos estudios.

 El Factor de Revalorización Anual (FRA) y las cuentas de la lechera sobre la evolución de la Tasa de Dependencia: el problema es el paro y la baja tasa de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.

 Sorprende que la mayoría de la Comisión haya decido extralimitarse en sus funciones, a pesar de que en la Presentación del Informe se explicita el objetivo del requerimiento del gobierno: “El mandato es muy concreto: desarrollar un factor de sostenibilidad para el actual sistema de pensiones”. También sorprende que a continuación se diga que la formula presentada por los expertos garantiza que el proceso de transferencia de recursos de unas u otras fuentes al sistema de pensiones sea transparente, es decir, informado y financieramente equilibrado, cuando no hay previsiones financieras y las únicas previsiones demográficas son tan erróneas que resultan sospechosas de querer generar una alarma social infundada sobre nuestro sistema de Seguridad Social.

 Esta sorpresa se troca en sospecha una vez oídas las palabras del Presidente de la Comisión en el Congreso cuando dice: “El factor de revalorización anual es simplemente decir: ¿Con qué ingresos contamos? Seamos realistas, no podemos repartir lo que no tenemos. Es así de simple y de elemental”.

 No, no es así de elemental. Se dice que el FRA intenta asegurar los potenciales riesgos asociados a la tasa de dependencia y los riesgos de carácter estructural, pero ¿dónde están estimados, aunque sea en un escenario de por si acaso dichos riesgos? En el Informe final no.

 Veamos cómo se tratan en el Informe las previsiones de evolución futura de la tasa de dependencia, un índice demográfico cuyo numerador es el número de personas dependientes, es decir, ni activas ni ocupadas, y cuyo denominador es el número de ocupados.

 En la versión definitiva se hace una genérica mención al supuesto problema “El sistema de pensiones de reparto es muy sensible en última instancia a la tasa de dependencia (…). Y todo hace pensar que esa tasa de dependencia va a aumentar en las próximas décadas.” ¡Y ya está! En el borrador de abril del Informe se hacía un mayor esfuerzo, aunque muy limitado y erróneo, por justificar el supuesto problema. En vez de la tasa de dependencia se hacía mención a la relación afiliados/pensionistas, un ejemplo más de que se parte de un erróneo enfoque de universo actuarial cerrado, y se referencia[17] tan solo a la evolución en los últimos diez años, de los cuales la mitad han sido de fuerte destrucción de empleo. Pero en el Informe final la mayoría de los expertos no han juzgado necesario tener que demostrar nada sobre esta cuestión capital.

El demógrafo Julio Pérez[18] en el grafico siguiente pone en evidencia que la tasa de dependencia en España, desde 1976 hasta la actualidad, ha estado condicionada fundamentalmente por la evolución de los dependientes en edad laboral (entre 16 y 64 años), no por el incremento de la relación entre dependientes mayores de 65 años y ocupados. Por tanto, la evolución de la relación entre el número de dependientes por cada ocupado desde 1985 hasta la actualidad ha venido determinada fundamentalmente por dos factores, uno de carácter estructural que ha reducido dicha relación al aumentar el denominador, esto es, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, y otro de carácter coyuntural, el fuerte incremento del desempleo, que ha hecho, al incrementar el numerador, que aumentara dicha relación cuando se ha producido.

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Como se observa en el gráfico la relación entre población de más de 65 años y población ocupada fue prácticamente la misma en 2005 que en 1985, un 0,4, a pesar de un incremento absoluto del número de personas mayores de 65 años en más de tres millones y medio, un 77% más. Esto fue posible gracias al fuerte aumento del número de ocupados en ese periodo, en casi ocho millones, un 72% más. El incremento de la tasa de dependencia a principios de los años noventa y en la actualidad tiene un claro responsable, el fuerte incremento del desempleo.

Resulta curioso el empeño del Informe en resaltar, en negrita, la previsible evolución del número de pensionistas en términos absolutos: “En cifras absolutas, el número de pensionistas que prevé la Seguridad Social pasaría de los 9 millones a los 15 millones en 2052”[1].  Es decir se incrementaría en un 66,7% en cuarenta años. Sin embargo acabamos de ver como la sociedad española ha absorbido en la mitad de tiempo, veinte años, un incremento del número de personas mayores de 65 años del 77% sin que  ese riesgo haya “impactado en la línea de flotación del sistema de pensiones públicas”, en palabras literales del Informe.

 Por otro lado, la relación entre la población de menos de dieciséis años y la población ocupada se ha reducido a la mitad durante ese periodo. El incremento que se puede observar  en 2009 no es fruto de un incremento del número de personas de esas cohortes de edad, ya que la tasa de natalidad en 2007 y en 2009 disminuyó ligeramente, del 1,08% al 1,06%, según el INE, sino evidentemente por el aumento del paro.

 En este sentido es importante tener en cuenta que la incorporación de la mujer al trabajo en España aún tiene un largo recorrido hasta llegar a parámetros europeos. Resulta evidente como incluso en los años 2007-2008, cuando la tasa de empleo de las mujeres en nuestro país ha sido la mayor de su historia, un 43%, aún nos separaban entre diez y quince puntos con los de los países europeos en los que hay una mayor integración de las mujeres en el mercado laboral, Dinamarca (58%) y los Países Bajos (57-58%), Suecia (55-56%), Finlandia (53-54%).

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En el Informe no ha ninguna consideración sobre los posibles movimientos migratorios que se puedan producir en el futuro y que pudieran poner en cuestión las previsiones en el recogidas. Flujos migratorios, tanto de entrada, inmigración como la que hemos vivido desde finales de los años noventa hasta el estallido de la crisis, que hizo que se incrementara el volumen de trabajadores ocupados, como de salida, emigración de un volumen importante de jóvenes, como la que se vivió a partir de los años sesenta, y que pueda suponer menores requerimientos futuros de nuestro sistema público de pensiones al haber sido cotizantes en otros países.

 Asimismo hay un importante error matemático en la ecuación propuesta para el Factor de Revalorización Anual. En dicha ecuación (un indicador comprensible según el propio Informe) no todas las variables son independientes. Hay una clara relación circular entre dos variables explicativas, la pensión media (gs) y los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social (It-Gt). Tal como resaltó y Antonio Mora en un artículo[2]. Es decir, en las previsiones que hagan los organismos oficiales sobre ingresos y gastos futuros, las que se utilizarán para el cálculo de la revalorización, tendrán que considerar alguna previsión (explícita o tácita) sobre la evolución de las pensiones medias en el año de revalorización y en los siguientes. Por tanto, los ingresos y gastos estarán condicionados por esa previsión apriorística que se haga de la pensión media. No serán criterios técnicos los que definan los supuestos escenarios de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, sino decisiones políticas.

 Habla mal que algo queda.

 Las falsas razones demográficas parecen un intento de utilizar los desequilibrios a corto plazo derivados del incremento del número de parados, para los cuales el sistema de Seguridad Social ya tiene un mecanismo para afrontarlos (el Fondo de Reserva), con el objetivo de producir cambios estructurales en el sistema que rebajen las pensiones futuras. A pesar de lo expresado categóricamente por uno de los expertos de la Comisión en abril de este año: “Después de haber asumido el pago correspondiente a ese ejercicio (2012) todavía restan 63.008,58 millones de € (en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social) (…). El déficit del sistema de pensiones en 2012 tiene un componente fuertemente coyuntural y, por tanto, no debe ser utilizado para aplicar reformas estructurales.”[3]

 Supeditar las pensiones a los ingresos a la Seguridad Social en cada periodo, como se intenta con el Factor de Revalorización Automático (FRA), es someter al sistema a una permanente incertidumbre que no tiene otro objetivo que propiciar el incremento de los planes de pensiones privados para cada vez mayores sectores de la clase media, desvinculándolos de la defensa del sistema público de pensiones. Planes de pensiones privados, que por otro lado, nadie garantiza su rentabilidad futura, como ha sucedido en Suecia, Chile y Argentina, y reconocen algunos de los propios expertos. Además quienes se benefician de ellos principalmente son los trabajadores de mayores ingresos, como dice la OCDE: “De hecho, en la mayoría de los países que cuentan con sistemas de pensiones voluntarias es menos probable que los trabajadores de ingresos bajos participen en los planes de pensiones privados”[4]. Sin olvidar que los planes privados de pensiones exigen una financiación pública encubierta, a través de incentivos fiscales que restan ingresos públicos (ya que son gastos fiscales), con un elemento fuertemente regresivo al no estar al alcance del resto de la población. El 20% de declarantes con mayor renta se benefician del 70% de esos incentivos fiscales[5].

 Otro elemento que el Informe afronta de forma absolutamente equivocada son los efectos procíclicos que tendría el sistema propuesto de Revalorización Automática. Así parece bastante absurda, por contradictoria con los efectos que tendría la propuesta, la expresión contenida en el texto[6]: “El sistema de pensiones públicas debería contribuir a estabilizar en ciclo económico; luchar contra las consecuencias de esta dinámica, no profundizarlas”. El FRA, al basar la evolución de las pensiones en los ingresos del sistema, es decir, que los pensionistas cobren menos cuando haya crisis, nos situaría en un círculo vicioso: contraer aún más la demanda en situaciones recesivas como la actual solo puede significar retrasar aún más la ya lejana salida de la crisis.

 Conclusiones.

 En un sistema público de reparto, como el de la Seguridad Social, la viabilidad futura del sistema no se va a garantizar en función de resolver un falso conflicto intergeneracional entre los pensionistas y trabajadores ocupados, o entre jubilados actuales y jubilados futuros, lo que, para la mayoría de los expertos redactores del Informe, justificaría el Factor de Equidad Intergeneracional. Como reconocen incluso algunos defensores de los sistemas de cuentas personales (o nocionales): “Aunque el sistema de cuentas nocionales tiene en cuenta la esperanza de vida de los jubilados a la hora de calcular la pensión, esto no soluciona totalmente este riesgo demográfico: si aumenta el número de pensionistas en relación a los cotizantes, será necesario, en un futuro, disminuir las pensiones o aumentar la tasa de cotización, o bien introducir transferencias del Estado para pagar dichas pensiones”.[7]

 El objetivo no debe ser buscar una “equidad” en términos de “justicia actuarial”, sino una equidad en términos de bienestar, de disfrute de unas prestaciones suficientes para todos los futuros pensionistas. La política social, que está en el origen de los sistemas públicos de pensiones, desaparece totalmente en las propuestas contenidas en el Informe, pues vez de definir cuál es el nivel de prestaciones adecuadas y justas que queremos, y cuáles son los ingresos necesarios para ello, lo que hace es hacer recaer todo el ajuste sobre las pensiones. En este sentido hay que tener en cuenta que nuestro sistema fiscal y de prestaciones sociales, por el menor volumen de gasto social per capita, ha reducido menos las desigualdades sociales en el periodo 2005-2011 que la media de los sistemas europeos[8], y que más de la mitad del efecto redistributivo de todas las políticas se ha producido a través de las pensiones contributivas. Resulta evidente, por tanto, que las modificaciones propuestas en el Informe tendrían como resultado, dadas las carencias de nuestro Estado del Bienestar en políticas clave como vivienda o dependencia, el incremento de las ya elevadísimas desigualdades de nuestro país.

 En la medida en la que el número de pensionistas en el futuro crecerá, se deben destinar más recursos para cubrir las demandas de ese colectivo, hasta los porcentajes actuales en muchos países del euro, en torno al 14% del PIB. El conflicto sobre el que hay que actuar para resolver los supuestos problemas de financiación del sistema de Seguridad Social es sobre el reparto de la riqueza generada entre capital y trabajo, lo que indudablemente implica mejorar la distribución primaria de la renta entre trabajo y capital. En este sentido nuestro país debe avanzar mucho para llegar a los parámetros europeos, y para ello es básico una reforma laboral que devuelva poder de negociación a los trabajadores y a sus sindicatos, así como dotarnos de un sistema fiscal más progresivo capaz de garantizar suficientes recursos para el sistema, como en Dinamarca, y hacer frente a las escandalosas cifras de fraude y evasión en las que está instalada nuestra sociedad, y que hacen que nuestra presión fiscal sea una de las más bajas de la zona euro.

 Asimismo, aumentar el número de trabajadores ocupados y sus salarios medios exige políticas macroeconómicas, financieras, industriales, tecnológicas, fiscales y laborales que orienten la economía española hacia una sociedad de alta productividad, en la cual mantener un cierto ámbito de soberanía económica en varios sectores de actividad económica es fundamental para incrementar del porcentaje de empresas tractoras, empresas con poder de mercado en algunas fases de los procesos productivos, frente al enorme volumen que hay en nuestra economía de empresas-vagón, precio-aceptantes, fabricantes de productos estandarizados y subcontratistas de otras. Para aumentar la productividad es imprescindible incrementar la relación entre capital productivo y PIB a través de un incremento de la reinversión de beneficios y un mayor esfuerzo empresarial en I+D. Así como unas políticas sociales y de conciliación de la vida familiar y laboral que favorezcan la incorporación de la mujer al trabajo.

Artículo publicado en el nº 62 de la Revista de Derecho Social  Abril- junio 2013. Editorial  Bomarzo


[1] Pagina 5 del Informe.

[2] Los errores económicos y matemáticos del comité de expertos. Antonio Mora. Diario digital Nueva Tribuna, 14/06/13.

[5] Efectos distributivos de los incentivos fiscales a planes de pensiones complementarios en España. José Ignacio Antón. Principios nº 12, 2008

[6] Pagina 5.

[7] Cuentas nocionales de aportación definida: Fundamento actuarial y aspectos aplicados. Carlos Vidal, José Enrique Devesa y Ana Lejárraga. http://www.actuarios.org/espa/anales/2002/vidal2002.pdf

[8] La capacidad redistributiva del sistema español de prestaciones e impuestos. Olga Cantó. Papeles de Economía Española nº 135, 2013.

[2] Lo que debes saber para que no te roben la pensión (pag. 116). Vicenç Navarro y Juan Torres. Editorial Espasa, Barcelona, 2013.

[3] Informe del CES 3/2013. Distribución de la renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos.

[4] La distribución funcional de la renta  en España y en la UEM en la última década. María Jesús Fernández. Economía Española 231. Funcas, Madrid 2012.

[5] Comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo.

[6] Comparecencia del 18 de junio en la Comisión del Pacto de Toledo.

[7] El referido documento fue firmado por dos de los miembros del Comité de expertos, Víctor Pérez Díaz y Rafael Doménech, junto con otras cuatro personas, entre las que figuran José María Fidalgo y José Luis Leal Maldonado (presidente de la Asociación Española de banca hasta 2006).

[8] Página 27.

[9] Entrevista Digital en El Pais de 14 de junio de 2013. http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=10224

[10] Lo que debes saber para que no te roben la pensión. Vicenç Navarro y Juan Torres. Editorial Espasa, Barcelona, 2013.

[11] Lecciones de Economía Española. José Luís García Delgado y Rafael Myro (directores). 10ª edición. Thomson-Civitas. Madrid 2011.

[12] Proyección de la población a largo plazo. Parámetros de evolución demográfica 2012-2051. INE (2012)

[13] Esperanza de vida y esperanza de pensión. Manuel Díaz Olalla. Revista Sistema Digital. http://www.fundacionsistema.com/Pubs/ArticleSearch.aspx?ID=3

[14] Anexo Técnico 1 del borrador de abril del Informe de los expertos.

[15] Página 45 del borrador del Informe.

[17] Pagina 35 del borrador de abril del Informe.

[18]  Apuntes de Demografía. Blog de Julio Pérez Díaz.

6 pensamientos en “La insoportable levedad del Informe sobre el Factor de Sostenibilidad.

  1. completo informe de nuestras futuras pensiones, y con cuerdo contigo que no debe ser buscar una “equidad” en términos de “justicia actuarial”, sino una equidad en términos de bienestar, de disfrute de unas prestaciones suficientes para todos los futuros pensionistas.
    Excelente, éxitos.

  2. Pingback: La insoportable levedad del Informe sobre el Factor de Sostenibilidad | La Cebolla

  3. Excelente artículo.
    Pero es que además, en la “venta” al público que se está haciendo del Informe se está falseando el contenido y los objetivos que se persiguen.
    Una muestra de ello es el artículo de opinión del pasado día 16 de julio en EL PAIS de dos de los autores del Informe del Comité de expertos, J. Conde y R. Doménech, en el que insisten en dar una explicación tergiversada del contenido de las fórmulas de revisión que se proponen en el mismo.
    En concreto del objetivo de desvinculación de las pensiones con respecto a la inflación.
    Porque, en contra de lo que se afirma en dicho artículo de opinión y en el propio Informe en este punto, es falso que el FRA (Factor de Revalorización Anual) dependa, entre otros componentes, de la tasa de inflación media. La tasa de inflación no tiene ninguna influencia en la determinación de la variación de las pensiones según la fórmula de sostenibilidad del Informe.
    Según la fórmula FRA, la variación anual del importe nominal de las pensiones depende, ceteris paribus, de la variación nominal de los ingresos del sistema y la variación real de los importes de las pensiones depende de la variación real de los ingresos del sistema.
    Podemos sumar o restar en ambos lados de la ecuación FRA, como podemos hacer con cualquier variable que se nos ocurra, la tasa de inflación de cada año, que el resultado no cambia para nada: El IPC no determina la variación del importe de las pensiones en modo alguno. Incluir o no el IPC en la fórmula FRA sólo sirve para definir las tasas de variación de las pensiones como “nominales” o “reales” pero no su valor, que será igual en ambos casos, según la fórmula FRA, a la variación de los ingresos “nominales” o “reales” del sistema.
    Todo el diseño del factor de sostenibilidad del Informe va dirigido a desvincular completamente la variación de las pensiones de la variación del coste de la vida. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no es un objetivo y la realidad es que el factor de sostenibilidad acaba directamente con la vinculación entre pensiones e inflación.

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