“La crisis no debería servir como excusa para abandonar valores que nos hacen mejores como sociedad”

 La Revista del Colegio de Economistas de A Coruña entrevistó a Jorge Fabra Utray, Presidente de Economistas Frente a la Crisis.

Esta es la entrevista:

  1. ¿Cómo presentaría la Asociación que usted preside, Economistas Frente a la Crisis, a todos nuestros colegiados?

Economistas Frente a la Crisis es una iniciativa impulsada por un grupo de economistas preocupados con el diagnóstico que de la crisis se está haciendo y con los principios ordoliberales con los que está siendo gestionada. En nuestra opinión, la crisis es una crisis de sobreendeudamiento que ha deprimido la demanda interna, y su gestión, desde proposiciones conservadoras y neoclásicas, está siendo procíclica y agudizando la crisis.

 En mayo de 2010 surgió Economistas Frente a la Crisis como idea. Primero dimos un paso testimonial, presentando una candidatura a las últimas elecciones del Colegio de Economistas de Madrid. Fue un impulso moral. Otros economistas existíamos.

 Perdimos las elecciones en un proceso que consideramos lleno de irregularidades en el que ni siquiera tuvimos acceso libre al censo electoral. Ante los tribunales hemos recurrido la proclamación de la candidatura declarada electa, que hoy es Junta de Gobierno, y pedido en ese mismo recurso la convocatoria por orden judicial de nuevas elecciones que estén presididas por principios  democráticos básicos y transparentes.

 Después de estas fallidas elecciones, Economistas Frente a la Crisis, sin casi pretenderlo y sin haberlo previsto ni planificado,  fue consolidándose porque, efectivamente… otros economistas existimos. Surgimos en Madrid pero podíamos haber surgido en cualquier otra ciudad. Somos economistas, pero podríamos ser cualquier otro tipo de profesionales con las mismas preocupaciones. Ahora estamos implantándonos en toda España y entre nosotros también hay otros profesionales como juristas, sociólogos o ingenieros, por ejemplo. La crisis y sus soluciones no son cuestión sólo de economistas. Es cuestión de todos. Todos somos necesarios. Todos debemos aportar nuestros conocimientos, nuestra experiencia.

 En nuestra preocupación… institucionalizar el debate y elaborar  propuestas que contribuyan al progreso social recuperando para la sociedad los conocimientos alcanzados por el avance de las ciencias sociales, en particular por la economía. Al fin, no tenemos otra ambición que poner el pensamiento económico y, en general, el avance de las ciencias sociales al servicio de la sociedad despojado de toda ideología que se sustente en intereses que no se compadezcan con la profundización del estado del bienestar y con la equidad social

Economistas Frente a la Crisis está teniendo capacidad de nuclear en su entorno a muchos economistas disgustados con la idea, interesadamente trasmitida, de que no hay otras alternativas. Las hay. Son las que hemos aprendido en la Universidad y en el ejercicio de nuestra profesión. No podíamos permanecer ni impasibles ni callados.

  1. Señalan ustedes en su manifiesto que “los economistas debemos declarar que no son los mercados los responsables de la crisis. Los responsables son los No mercados”. ¿Podría explicarnos tal aseveración?

Los mercados, si concurren suficientemente los requisitos que los economistas hemos considerado necesarios para que sean eficientes, constituyen el mejor instrumento para encuadrar las actividades económicas de nuestra sociedad. Esta es la razón por la que consideramos que los mercados no son los responsables de la crisis porque, en sentido estricto, no pueden ser denominados mercados aquellos en los que las barreras de entrada y de salida son infranqueables, en los que la información es privilegio de pocos, en los que la concentración oligopolística adquiere mayor poder que el gobierno de los ciudadanos. A este tipo de mercados, en nuestro Manifiesto los denominamos “no mercados” y planteamos que corresponde a los gobiernos intervenir para impedir que los No mercados gobiernen por encima de los intereses generales. Se trata, al fin, de que los mercados funcionen aunque para ello necesiten cambios en su diseño, cambios en su regulación para evitar las ineficiencias asociadas a las imperfecciones.

Mercados y regulación no son incompatibles sino expresión de una misma cosa. Liberalización y regulación son conceptos complementarios, inseparables, porque los requisitos que los economistas hemos formulado para que los mercados aporten eficiencia al progreso y al bienestar sólo están presentes, cuando lo están, de manera imperfecta, y en ocasiones en sectores económicos de alcance sistémico con resultados letales para el bienestar.

  1. ¿Cómo valoraría las medidas de índole económica que está adoptando el gobierno para hacer frente a la crisis?

 Mal, muy mal. Podría acabar mi respuesta aquí. Pero se entenderá mejor esta respuesta si digo lo que pienso:

La prestación de servicios sociales esenciales, vertebradores del estado de bienestar, la sanidad, la enseñanza, las prestaciones sociales: desempleo, pensiones contributivas y asistenciales; los gastos orientados a los equilibrios territoriales o el urbanismo, están siendo objeto de las políticas de desregulación. Detrás hay intereses económicos que se disfrazan con postulados hueros que desprestigian el pensamiento económico y desvirtúan el contenido de los conceptos más queridos para los economistas: en vano se nombra la eficiencia, la flexibilidad, los mercados, la austeridad, las reformas estructurales para amparar poderosos intereses privados en conflicto con el interés general. Mientras… la crisis sigue su curso agudizando los problemas del desempleo y deteriorando el estado de bienestar. Las medidas que se están imponiendo detrás de un objetivo que sólo es instrumental: disminución del déficit público, no sólo no frena la crisis sino que la agudiza. Es como si la realidad no existiera y sobre ella se impusiera la ideología que emana de quienes en esta crisis son ganadores. La culpa parecería ser del paciente, no de un mal diagnóstico ni de un inadecuado tratamiento.

En Economistas Frente a la Crisis no nos parece -al menos no nos enseñaron otra cosa nuestros profesores en la universidad- que sea demasiado heterodoxo sostener que la política económica debe evitar ser procíclica; sostener la inconveniencia de ajustar al mismo tiempo la deuda pública y la deuda privada y más cuando la deuda pública se desenvolvía en niveles cercanos al óptimo; carece también de sentido calificar de heterodoxas propuestas que pretendan la compatibilidad de los ajustes con los intereses básicos de los ciudadanos o lo que es lo mismo, que la consolidación fiscal deba hacerse en plazos compatibles primero con el mantenimiento del empleo y después con su recuperación. O que la preocupación del Banco Central Europeo deba ir más allá de la estabilidad de los precios y alcanzar también al empleo y al crecimiento. Muchas de estas cosas no dependen del Gobierno español, dependen de la mayoría conservadora que gobierna Europa. Pero nuestro Gobierno es parte de esa mayoría.

Esto es lo que pienso y por eso mi valoración de las medidas de índole económica que está adoptando el gobierno, es mala, muy mala.

  1. Hace unas semanas Fernando Ónega titulaba su columna diaria en La Voz de Galicia: “Para qué sirve esta puñetera austeridad”. ¿Tiene usted respuesta?

 Para poco y para mucho. Me explico. Lo que los ideólogos de las políticas procíclicas y contractivas denominaban “austeridad expansiva” ha resultado ser un estruendoso fracaso. Si  su objetivo era calmar a los mercados, el coste de financiación del Tesoro español se empeña en refutarlas; si era garantizar el flujo de crédito hacia las unidades productivas, las restricciones financieras, el rescate a la banca y la sequía de crédito a las empresas evidencian lo contrario; si era reducir el déficit y la deuda pública, las cifras nos dicen que el mayor gasto asociado al ciclo y al mayor volumen y coste de la deuda impiden la consolidación. Si, en definitiva, el objetivo era reducir el desempleo y retomar la senda de crecimiento, los escalofriantes datos del desempleo que cada trimestre nos ofrece la EPA, los polígonos industriales vacíos, las fabricas paradas, los carteles de “se traspasa” en los comercios de nuestras ciudades, en fin, la infrautilización productiva, son pruebas irrefutables de lo equivocada de la política económica desde la perspectiva de los intereses generales. No es austeridad expansiva, es un derroche contractivo de capacidades y recursos productivos que además hipoteca nuestro futuro ahogando la educación, la sanidad, las capacidades en I+D+i, el desarrollo de tecnologías medioambientalmente sostenibles…

 ¿Por qué digo que también ha servido para mucho? Porque ha conseguido echar por tierra conceptos básicos en la construcción europea, como la solidaridad entre los estados miembros, entre los ciudadanos de los distintos países que conformamos Europa. Ha conseguido que poco a poco se rompan los lazos de solidaridad entre los ciudadanos españoles y los ciudadanos no españoles que viven en España a los que de manera vergonzante se les niega asistencia sanitaria en nombre de una fracasada política de austeridad. Porque está acabando con la razón de ser de Europa, con el Estado del Bienestar, porque nos está haciendo peores como sociedad. Algunos sectores económicos y políticos están consiguiendo sus objetivos de siempre con la coartada de la crisis.

  1. ¿Qué opinión le merece la estrategia llevada a cabo para reestructurar el sector bancario español? ¿Hay más aciertos o desaciertos?

La estrategia seguida para sanear el sistema financiero español ha resultado a todas luces mejorable. Entre 2008 y 2011 se tardó en reaccionar.  En España no había riesgos significativos en materia de “activos tóxicos” en los balances bancarios, pero la financiación de la ”burbuja inmobiliaria” había provocado que el peso de los créditos inmobiliarios  en las carteras de créditos  creciese desde el 40% de 1997 hasta el 60% en 2007. Una proporción elevada de dicha financiación procedía de recursos captados en los mercados mayoristas a plazos inferiores a los de los préstamos a comprador de vivienda.

Durante  más de cuatro años se permitió la renovación de un amplio volumen de créditos a promotor inmobiliario que no eran recuperables. Se advirtió que la concentración del riesgo inmobiliario era mayor en las cajas de ahorros que en el conjunto del sistema crediticio. A dichas entidades  les resultaba difícil lograr las necesidades requeridas de recursos propios por su naturaleza de bancos con capital fundacional. La supervisión compartida entre el Banco de España y las comunidades autónomas sobre las cajas complicó la salida a la situación.

En 2013 persisten las incógnitas sobre  las necesidades de capital de una parte del sistema financiero. La restricción crediticia persiste, frenando la recuperación de la economía. La reforma del sistema crediticio en España viene a ser un proceso que no puede considerarse como rematado. De la experiencia se deducen algunos errores claros.

Entre los errores, destaca, en principio, la supervisión de las cajas de ahorros de forma  compartida entre el  Banco de España y las CC. Autónomas; la falta de transparencia en los activos bancarios que ha ocultado la gravedad de los fallidos; la exigencia de unas provisiones muy elevadas que ha llevado a generar situaciones de urgencia en 2012 que afectaron de forma negativa a la imagen del conjunto de la economía española.

Antes de seguir una estrategia como la de 2012 resulta necesario preparar salidas a las situaciones complicadas que pueden generarse. Se han traspasado más de 100.000 M€ en activos inmobiliarios a Sareb.  Dicha financiación  deberá devolverse, pero no parece  claro si va a obtener  recursos y beneficios para hacer frente a los vencimientos correspondientes y para remunerar su capital privado. Así, el riesgo de que los avales se conviertan en gasto público, sin más, es muy alta. En definitiva, el balance entre desaciertos –que vienen de lejos- y aciertos no es muy favorable a estos últimos.

  1. ¿Es usted capaz de aventurar la hoja de ruta de la salida de la crisis de España?

 No hay una única solución, ni modelos a los que seguir punto por punto. Sería demasiado osado por mi parte y pretencioso aventurar una hoja de ruta para la salida de la crisis. Hay muchos y muy buenos economistas que se dedican exclusivamente a esto y sin embargo no han dado con una única solución. Pero si tuviese que dar un consejo –el consejo que daría con seguridad cualquier economista- a las instituciones que diseñan y ejecutan la política económica, tanto aquí en España como en las instituciones europeas (que, recordemos, tienen una elevada capacidad de acción y supervisión sobre buena parte de las decisiones de política económica del Gobierno), aconsejaría que se observase la realidad con ojos permanentemente críticos antes de tomar decisiones económicas de alcance sistémico. De otra forma esas decisiones estarán marcadas por principios escolásticos siempre tendentes a simplificar una realidad que es muy compleja y refractaria a soluciones estándares. Es fundamental insistir en que la salida de la crisis no debería servir de excusa para cambiar sin consenso las relaciones entre los diferentes actores que conforman la sociedad. No debería servir como excusa para abandonar valores que nos hacen mejores como sociedad, la solidaridad y la igualdad los principales. Y no debe servir de excusa para rechazar un modelo de crecimiento medioambientalmente sostenible que sólo si lo es será económicamente sostenible.

  1. Se está hablando mucho a raíz de la crisis económica acerca de la reforma del modelo económico que logre impulsar la competitividad de España. ¿Hacia donde considera que debería tender esa redefinición del modelo de crecimiento?

Lo primero que cabría que decir es que la propia crisis ha cambiado ya el modelo productivo que ha caracterizado los fundamentos estructurales en los que se ha asentado el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto en los últimos años. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha eliminado del mix de nuestra producción una componente de bajo valor añadido, baja innovación, baja cualificación de la mano de obra y, adicionalmente, responsable de la generación de parte del sobre endeudamiento de nuestra economía –no sólo de las familias, también de la banca-. A partir de aquí, es obvio que nuestro modelo de crecimiento debe tomar nota de la experiencia reiniciando un nuevo rumbo que evite burbujas tan poco sostenibles.

Al respecto, algunas ideas sin ningún ánimo exhaustivo, naturalmente:

La mayoría del sector exportador español son medianas empresas, poco capitalizadas, pero muy activas. Ese músculo de medianas empresas sufrió mucho durante los años de la burbuja inmobiliaria. A este músculo productivo hay que dotarle de tamaño y capacidad.

España es una potencia verde, el país con mayor biodiversidad de Europa. No habrá desarrollo sostenible que no se base en la preservación y aprovechamiento de esta realidad. La Ley de Costas recientemente aprobada va en la dirección contraria: apuesta por el ladrillo, es destructora de nuestro principal activo natural –la costa- y deteriorará la calidad de nuestro sector turístico.

Favorecer la innovación, la investigación y el desarrollo. La inversión privada en I+D es ridícula y no puede suplir la menguante capacidad del Estado para financiar la innovación. Es necesaria una política radical de promoción de la innovación, a través del fortalecimiento del apoyo financiero prestado a la Investigación y al Desarrollo a través del Capital Riesgo.

Efectuar una auténtica reforma de nuestro sector energético que fortalezca nuestra capacidad de autoabastecimiento, que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles importados, y que permita cumplir ambiciosos objetivos en materia de reducción de dióxido de carbono. Las energías renovables nos permitirían contribuir a no perder el tren del progreso, de la recuperación de la competitividad de la economía española, del cambio del modelo productivo que necesitamos para salir de esta crisis, al tiempo que nos ayudarían a afrontar la mayor amenaza que gravita sobre nuestro planeta, el cambio climático

Frenar la fuga de jóvenes talentos. En España hacen falta trabajadores altamente cualificados y productivos. La inversión realizada en mantener una educación pública de calidad debe ser rentabilizada, y urge encontrar soluciones para evitar que los más preparados decidan abandonar España.

Pero ninguna redefinición del modelo no podrá dar resultado si continúan las políticas procíclicas que están agudizando la crisis. Cualquier redefinición necesitará el apoyo de otras medidas de política económica, entre las que deberían estar al menos las siguientes:

De manera inmediata, alargar los plazos de consolidación fiscal hasta no menos de 2018. España deberá desarrollar una enérgica política de entendimiento con Italia y Francia frente a Alemania.

España necesita urgentemente un pacto de rentas, una política que permita moderar drásticamente la distribución de los beneficios empresariales y los beneficios mismos –compitiendo en precios- en respuesta a la caída de las rentas del trabajo que ya se ha producido. La competitividad de nuestra economía no puede buscarse en la depresión de las rentas salariales sino en las mejoras de eficiencia en la organización del trabajo, en la capitalización tecnológica de las empresas, en el fortalecimiento de las instituciones del mercado de trabajo, en la estabilidad del empleo. Nuestra fuerza de trabajo ni es cara ni ineficiente, pero seguramente no podríamos afirmar lo mismo de nuestros empresarios. Implicar a los trabajadores en los proyectos empresariales contribuiría a mejorar la eficiencia conjunta de los recursos productivos de nuestro país.

Es ineludible aumentar la presión fiscal. En España los ingresos públicos sobre PIB se encuentran a 8 puntos porcentuales de la media europea. Pero este aumento de la presión fiscal debe ir unido a una profunda reforma que aumente la equidad horizontal y vertical de nuestro sistema fiscal… y no como sostienen algunos de nuestros economistas más afamados… el dumping fiscal.

En conclusión: Necesitamos una nueva gobernanza económica, una gobernanza que deje actuar al mercado allí donde sea eficaz, pero que actúe, precisamente, para generar mercado y para fortalecer sus instituciones, que dirija estratégicamente el desarrollo de la economía. Regular para que la liberalización de nuestra economía aporte eficiencia. Lo contrario, la desregulación nos ha traído hasta aquí, hasta esta crisis.

  1. Economistas, políticos, empresarios, banqueros… ¿Qué colectivo considera que ha sufrido un mayor lastre en su imagen pública a consecuencia de la crisis?

 Por este orden: banqueros, políticos, economistas y empresarios. Pero sinceramente creo que la opinión pública debería afinar más en sus juicios. Ni todos los banqueros, ni todos los políticos, ni todos los economistas, ni todos los empresarios tienen la misma responsabilidad en esta crisis.

  1. Cambiando de tema, por su dilatada trayectoria profesional, es usted un gran conocedor del sector energético de nuestro país. La Comisión Europea ya ha señalado que el déficit tarifario español constituye un genuino “problema macroeconómico” y podría llegar a ser considerado parte del ” déficit presupuestario “. ¿Qué medidas habría que adoptar bajo su punto de vista para reducirlo?

 El tema es muy complejo, pero puede resumirse. Se trataría de restituir los principios de la regulación retributiva bajo la cual los inversores adoptaron y ejecutaron sus decisiones de inversión. Simplemente este tema permitiría cortar la sangría que significa el aumento anual de la Deuda Eléctrica o Déficit Tarifario al mismo tiempo que restauraría la seguridad jurídica perdida por inversores y consumidores ante la alteración de las normas en las que confiaron.

 Todo esto quiere decir una cosa muy sencilla: es necesario acabar con la sobre retribución de la electricidad producida en las centrales nucleares e hidroeléctricas y derogar las normas retroactivas que han lesionado expectativas legitimas de los inversores en tecnologías renovables. Adicionalmente sería necesario revisar multitud de normas que sin aportar valor alguno a la electricidad y su suministro, encarecen el coste de la electricidad para los consumidores.

  1. Para terminar, y agradeciéndole su amabilidad, fue usted Decano del Colegio de Economistas de Madrid entre los años 1980 y 1983. ¿Qué papel cree que deben de jugar en la actualidad los Colegios Profesionales, bajo el prisma además de la futura Ley de Liberalización de Servicios Profesionales?

Desde hace ya mucho tiempo, y desde luego con la liberalización de los servicios profesionales, los Colegios de Economistas deberían haber abierto –deben abrirlas ya- sus  puertas de par en par a todos los economistas y a todos los ciudadanos que quisieran compartir el debate que sobre la economía está hoy en la calle. Poner el pensamiento económico al servicio de los ciudadanos es la mayor contribución que podrían hacer los Colegios para prestigiar a los economistas en la sociedad. Al fin, no hay mejor defensa corporativa que restablecer el prestigio y la confianza de la sociedad en los profesionales de la economía.

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