En defensa de la actividad sindical y de la UGT

NdE: Economistas Frente a la Crisis reproduce a continuación el Manifiesto en defensa de la actividad sindical, impulsado por decenas de académicos y profesionales, como muestra de nuestro apoyo a la tarea de los sindicatos a favor de los derechos de los trabajadores y del Estado del Bienestar. Se adjunta asímismo una presentación que muestra la situación de los sindicatos españoles respecto a los demás países de la UE por su interés y la profusión de datos e indicadores.

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El progreso social no es posible ni comprensible sin los sindicatos. Prácticamente ninguno de los derechos sociales más básicos de los que hoy disfrutamos en España y en los países de nuestro entorno, y que nos parecen tan naturales como si siempre hubieran existido, hace poco más de medio siglo en realidad no habían aparecido. Su nacimiento como tales se debe esencialmente al esfuerzo continuado y tenaz de las organizaciones sindicales. Desde las pensiones de jubilación al finalizar la vida laboral, la protección frente a la invalidez o el desempleo, hasta la masiva extensión de la asistencia sanitaria, entre otras muchas, son conquistas que hoy están profundamente enraizadas e incorporadas al acervo de derechos de toda la sociedad gracias a la incansable demanda durante décadas –en algún caso, más de un siglo- de las organizaciones sindicales.

El papel sindical es, así, fundamental. Las pruebas ponen de manifiesto que en los países donde hay sindicatos fuertes y bien implantados las desigualdades sociales son menores. Y en estos países, también la economía ha progresado más y se ha hecho más eficiente y productiva, dando lugar a mayores niveles de empleo. Son tantas y tan inequívocas las evidencias de ello que resulta difícilmente discutible.

Pero no es solo la lucha por el avance de los derechos sociales, que es un avance de nuestra civilización, y un elemento esencial en las sociedades más avanzadas. El papel de los sindicatos en las relaciones laborales no es en modo alguno menos importante. La prohibición del trabajo infantil, el salario mínimo establecido por ley o en los convenios colectivos, la jornada máxima de trabajo y el descanso semanal y en domingos y festivos, las vacaciones pagadas, el derecho al trabajo seguro y que respete la salud, los límites al trabajo nocturno, los avances en la no discriminación laboral y salarial entre hombres y mujeres, la indemnización ante el despido injusto son, entre muchos más, derechos laborales básicos que no llovieron del cielo y que no han existido desde el inicio de los tiempos. Son progresos obtenidos por la defensa de la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos en su trabajo llevada a cabo por las organizaciones sindicales.

Es por este papel crucial y por esa función fundamental por lo que la Constitución Española situó a los sindicatos, junto a las organizaciones empresariales, en un lugar preeminente, en su Título Preliminar, otorgándoles uno de los más altos rangos de reconocimiento democrático, y considerándolos como una de las bases fundamentales de nuestro sistema político, económico y social. Todo ello fue fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas, incluida la derecha sociológica de entonces, de convicciones democráticas recientes, que fue capaz de entender y asumir la importancia de las organizaciones sindicales, que en toda Europa era y es consustancial con la democracia.
Los sindicatos, y las organizaciones empresariales han contribuido decisivamente al desarrollo y a la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho en España. Y lo han hecho siempre, en tiempos de crecimiento de la economía y del empleo, y en tiempos de crisis económicas y sociales tan profundas como las que vivimos ahora o las que tuvimos que superar en el pasado. Los sindicatos han estado siempre en su lugar, defendiendo los intereses sociales que les son propios, como les reconoce la Constitución, porque esos intereses son, sin ninguna duda, de todos los ciudadanos.

Por todo ello resulta inaceptable que hoy haya quienes pretendan olvidar u ocultar la imprescindible función económica y social que desarrollan los sindicatos, o que pretendan ponerla en cuestión, con indudable ánimo de debilitarla o, aún peor, de hacerla desaparecer. Sin contar con que, en demasiadas ocasiones, aquellos que pretenden deslegitimar a los sindicatos son los primeros que pretenden legitimarse mediante acuerdos con ellos.

Determinados grupos de interés conservadores deben desistir de su empeño de deslegitimación de las organizaciones sindicales, aprovechando casos concretos y reprobables que pretenden elevar a una categoría general que no responde, en absoluto, a la realidad.

A los sindicatos, como a las organizaciones empresariales, como a todas las organizaciones políticas y sociales, y más aún cuanto mayor es su rango institucional y la importancia que la sociedad y el ordenamiento constitucional les otorgan, es preciso exigirles la mayor responsabilidad en su comportamiento y en su actuación. Ellos mismos han de ser los primeros en velar por ello, en actuar decididamente y con absoluta transparencia, y en asumir sus propias responsabilidades. Su mayor activo es la confianza que en ellos depositan millones de trabajadores, y su comportamiento debe ser intachable. Pero, es inadmisible que se persiga y se denigre a los sindicatos cuando en su seno aparecen comportamientos, ciertamente reprobables pero puntuales.

La gestión de programas financiados con fondos públicos, que realizan no solo las organizaciones sindicales y empresariales como tantas entidades, sino miles de empresas y centenares de organizaciones sociales de las más diversas vinculaciones, está justificada por las funciones que realizan, que son de clara utilidad pública y social. Pero, a todos ellos se les exige que esa gestión esté sujeta, sin excepción, al cumplimiento riguroso de la ley, a la máxima transparencia y a todos los controles públicos. Y la misma exige una alta responsabilidad.

El destacado reconocimiento constitucional que se ha otorgado a los sindicatos y a las funciones que desempeñan no se ha visto nunca completado, sin embargo, con una preocupación real por los medios económicos de los que disponen para hacer frente a tareas de una magnitud formidable. En este sentido, el ordenamiento jurídico y buena parte de la sociedad española han adoptado una actitud pasiva o negativa, muchas veces por desinformación, que es tiempo de corregir y superar.

No es realista pretender que una exigua minoría de trabajadores organizados con sus propios y únicos medios tenga que asumir la defensa de los intereses, la negociación de todos los convenios colectivos y expedientes de regulación de empleo, y la mejora de las condiciones de trabajo de los millones de trabajadores de este país. Sin contar un largo etcétera de cuestiones y responsabilidades públicas que las leyes les asignan.

Esas leyes, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, entre otras muchas, encomendaron a las organizaciones sindicales un amplio número de tareas y servicios al conjunto de los trabajadores, para lo cual no era preciso que estos se integraran en los propios sindicatos. De este modo, todos los trabajadores, sean afiliados o no, se ven beneficiados de las mejores condiciones y derechos obtenidos Pero esas mismas leyes nunca quisieron entrar en la cuestión de con qué medios se debería desempeñar esa encomienda. Una encomienda y un reconocimiento vacío, huero, que en realidad ha recortado de facto la capacidad de todos para reclamar y defender todos esos derechos sociales y laborales que hacen a los sindicatos tan relevantes y tan fundamentales para el progreso social.

Por todo ello, los abajo firmantes PEDIMOS:

• El máximo respeto para las organizaciones sindicales.
• El reconocimiento de la función que los sindicatos han desempeñado siempre y que deben seguir desarrollando en el futuro.
• Que la sociedad, y los partidos políticos que la representan en las instituciones, apuesten por un nuevo reforzamiento de los sindicatos en España, porque son una pieza decisiva para seguir avanzando en un verdadero Estado social y democrático de Derecho.
• Que los poderes públicos aborden de una vez por todas y cuanto antes el imprescindible sostenimiento legal, económico y social de las funciones que la Constitución y las leyes han encomendado a los sindicatos como instituciones imprescindibles para la defensa de los intereses sociales que les son propios, que son hoy, más que nunca, los de todos los ciudadanos.
• Que el sostenimiento legal tenga en cuenta el altísimo grado de representatividad obtenido libre y democráticamente en las elecciones sindicales y, en función de ello, asegure los medios para el desarrollo por los sindicatos de la negociación colectiva, y la defensa de las condiciones de trabajo y de los intereses del conjunto de los trabajadores españoles.

Consulte aquí la lista de firmantes.

2 pensamientos en “En defensa de la actividad sindical y de la UGT

  1. Ruego añadan mi nombre a la lista en defensa de los sindicatos. Gracias
    Manuel Lumbreras Giménez, Presidente, Fundación Excellentia 2000

    • Buenos días. Economistas Frente a la Crisis no ha impulsado como organización este manifiesto en defensa de la actividad sindical y no recoge firmas de adhesión. Tan sólo lo reproducimos para reconocer la fundamental labor de los sindicatos que se encuentra en línea, en la mayoría de los casos, con las propuestas que economistas frente a la crisis ha señalado en nuestros diversos comunicados Manifiestos.

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