Economistas Frente a la Crisis pregunta, Eduardo Madina, candidato a la SG del PSOE, responde

 

El siguiente documento tiene como objetivo ofrecer una perspectiva sobre las posiciones de los principales candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Ha sido transmitido a los siguientes precandidatos: Eduardo Madina Muñoz, José Antonio Pérez Tapias, Pedro Sánchez Pérez-Castejón y Alberto Sotillos Villalobos.

Estas son las respuestas de Eduardo Madina Muñoz,

candidato a la SG del PSOE

Eduardo Madina

1- Competitividad:

En un contexto en que el tipo de cambio viene determinado por el mercado y la política monetaria es competencia del BCE, las ganancias de competitividad, imprescindibles para contribuir a la fortaleza del sector exterior, pueden conseguirse fundamentalmente a través de una mayor capacitación de los factores de producción, trabajo y capital, es decir, a través de la formación del capital humano y de una más eficiente capitalización financiera y tecnológica de las empresas o a través de la reducción de los costes de laborales. Es decir, innovación frente a devaluación salarial.

– ¿Qué elementos considera motores de la necesaria ganancia de competitividad de la economía española?

Existe un fuerte desequilibrio entre el peso de la economía española en el mundo y sus resultados en los rankings internacionales de competitividad. Estos rankings hay que mirarlos desde una perspectiva crítica, porque no son neutrales, pero sirven para obtener alguna información valiosa.

No llegaremos muy lejos con una estrategia de competitividad basada en precios. Tenemos por lo tanto que lograr construir una estrategia basada en el incremento de la productividad, y la generación de valor añadido en nuestra producción. Los factores que afectan a nuestra productividad son muchos: desde la cualificación de los trabajadores y directivos, la existencia de mercados cerrados y prácticas oligopólicas, la inestabilidad laboral o una cultura de la innovación deficiente.

Mi prioridad serála formación del capital humano: activar masivamente el talento que tenemos instalado en España, promover el retorno de los jóvenes que han salido fuera de nuestro país y atajar el grave problema de descualificación que afecta a más del 40% de los trabajadores. Eso exige una fuerte inversión en educación y formación, una reforma de los itinerarios formativos y la extensión de una formación continua de calidad y con resultados significativos. El factor más valioso que tenemos en España, nuestro principal capital, es su gente. Y el mayor despilfarro son los casi 6 millones de personas desempleadas.

La innovación forma parte también del modelo de economía que proponemos. Debemos incrementar nuestras inversiones en I+D+i pero también utilizarlas de forma más efectiva, reestructurando el sistema nacional de innovación en coordinación con las comunidades autónomas, que juegan un importante papel en su desarrollo. Será una prioridad concentrar los fondos europeos de este período en este objetivo.

Por último, apuesto por un refuerzo de las oportunidades para las PYME’s y autónomos. La política económica debe ayudarlas a aparecer y a crecer, a ganar músculo productivo y financiero. España ha apostado por mantener “campeones nacionales” en determinados sectores, es el momento de fortalecer el grueso del tejido productivo que genera la mayoría del empleo de este país, combinando estrategias sectoriales en sectores de alto potencial –biotecnologías, servicios profesionales y personales, economía de la experiencia, turismo- con estrategias horizontales que afecten al conjunto de sectores con déficits de productividad –comercio, agricultura tradicional, etc. Para ello hay que establecer un marco propicio para su fortalecimiento, eliminando trabas a la constitución y crecimiento, y abriendo los mercados frente a posiciones dominantes y oligopólicas.

¿Qué objetivos se plantearía a corto y medio plazo?

A corto plazo, necesitamos activar urgentemente un plan de choque para la recualificación de los trabajadores con poca formación y que llevan tiempo en el desempleo. Dejarlos de lado no sólo es condenarles, sino sobre todo prescindir de un potencial muy importante. Hay que reformar en profundidad el sistema de formación continua y de formación permanente, y trabajar en la línea de ofrecer itinerarios completos de recualificación.

En segundo lugar, sentar las bases para una estrategia nacional de transición a la sociedad del talento y la innovación. No se trata de verter fondos en I+D, sino de garantizar que existe un ecosistema capaz de absorberlos, de atraer oportunidades y de generar alianzas en torno a nuevos proyectos de innovación. Estamos al borde de una nueva revolución industrial y España debe estar preparada para participar por derecho propio. Hay que reformar el sistema nacional de innovación de principio a fin.

Por último, apuesto por una profunda reforma del sector público, que le convierta en un vector de innovación y de generación de oportunidades. Creo que un sector público netamente innovador y comprometido con el cambio puede favorecer ganancias rápidas de productividad para el conjunto de la economía.

2- Reforma Fiscal

Según recientes datos publicados por Eurostat, la presión fiscal de España se situaba en el 32,5% del PIB lo que nos sitúa en el puesto 19 de 28 de la Unión Europea. Es indudable la necesidad de, por una parte, hacer frente a los elevados niveles de déficit y deuda pública y, por otra parte, contribuir desde la Hacienda Pública al impulso a la demanda, al tiempo que se crean las condiciones tributarias para favorecer un cambio de modelo productivo y el reforzamiento del Estado de Bienestar. Respecto a la cuestión de cómo debe ser la composición del ajuste fiscal

– ¿Debe concentrarse en una reducción del gasto o en un aumento de los ingresos?,

En España el gasto público se encuentra 6 puntos por debajo de la media europea en relación al PIB, mientras los ingresos públicos han caído casi 5 puntos del PIB desde el comienzo de la crisis, situándose en la actualidad casi 8 puntos por debajo de la media Europea. Por tanto, España no tiene un problema de excesivo gasto público si no de insuficientes ingresos debido a un sistema fiscal con graves carencias. Como consecuencia, el ajuste fiscal debe concentrarse predominantemente por el lado de los ingresos, a través de una reforma fiscal justa y progresista, que no aumente los impuestos a las clases medias y trabajadoras, sino que grave las grandes fortunas y la riqueza, eleve la tributación efectiva de las grandes empresas y ataje el grave problema del fraude fiscal. Seremos implacables tanto con el fraude fiscal como con los precios de transferencia que hacen que compañías que obtienen grandes facturaciones en España paguen sumas ridículas de impuestos.

Lo anterior no significa que no haya que tomar medidas para controlar el gasto, pero no para recortar servicios públicos esenciales si no para gastar mejor. El gobierno del PP se ha centrado en los recortes pero todavía hay mucho margen para mejorar la eficiencia del gasto público, reduciendo los costes de provisión de servicios públicos, invirtiendo de manera prioritaria en programas que más contribuyan a la igualdad efectiva y a reducir la pobreza, y aumentando la inversión productiva que mejorará nuestro crecimiento futuro (I+D+i, internacionalización de nuestras empresas, formación).

Por lo que respecta a la segunda cuestión,¿Cómo orientaría la reforma fiscal en términos de equilibrio entre impuestos directos/indirectos?

En principio, favorecemos que las reforma fiscal ponga su mayor énfasis en la imposición directa que por su naturaleza es más justa y progresiva, pero no gravando más las rentas del trabajo de las clases medias, sino a través de una mayor tributación de la riqueza, de las grandes fortunas, de las grandes empresas y del sistema financiero.

En España el peso de la imposición indirecta es una de las más bajas de la UE, entre otras razones por el enorme fraude que se produce en el IVA. En este sentido existe margen para subir impuestos medioambientales, impuestos especiales o la puesta en marcha de un impuesto a las transacciones financieras.

¿Qué objetivo de recaudación mantendría en términos de % del PIB? 

Si nuestra aspiración es que nuestro país se equipare a los países europeos más avanzados en términos de cohesión social y niveles de bienestar, entonces el objetivo debería ser acercar la recaudación en España a la media europea, que se encuentra en el entorno del 40-42% del PIB, incluyendo las contribuciones a la seguridad social.

¿Qué medidas tomaría Vd. para aumentar los ingresos y favorecer la distribución de la riqueza?

Nuestro país necesita una reforma fiscal profunda y estructural, que sea justa y progresista, y que proporcione recursos suficientes y estables para el sostenimiento del Estado del Bienestar, no como la que propone el gobierno del PP. Creo en el principio de que se redistribuye tanto en los ingresos como en los gastos públicos.

Una reforma fiscal que aumente la recaudación de una manera justa, repartiendo mejor los esfuerzos fiscales de forma que se pueda aliviar la excesiva carga fiscal de las rentas del trabajo, para gravar más a las grandes fortunas y al sistema financiero. En la actualidad, la aportación del capital, la riqueza y las sociedades, es de apenas un 10% de la recaudación, es decir un euro de cada diez.

Las propuestas del PSOE plasmadas en la Conferencia Política van en la línea adecuada, en particular la creación de un impuesto único que grave la renta y la riqueza de todos los individuos, así como la eliminación definitiva de buena parte de las deducciones y bonificaciones del impuesto de sociedades que benefician sobre todo a las grandes empresas, y el establecimiento de un tipo mínimo para el impuesto de sociedades.

A su vez, la reforma del sistema fiscal tendrá que hacerse compatible con la mejora de su eficiencia y papel incentivador de un nuevo modelo económico, gravando aquellas actividades que generan externalidades negativas (como la especulación o la contaminación), e incentivando las positivas (como el emprendimiento, el ahorro, o la inversión productiva).

Y en concreto ¿Qué medidas específicas tomaría para luchar contra el fraude fiscal?

El fraude fiscal es una verdadera lacra para nuestro sistema tributario. Aunque es muy difícil saber cuáles son las cifras exactas de economía sumergida y fraude fiscal, la mayoría de los estudios lo sitúan entre el 20% y el 30% de nuestro PIB. En todo caso, son cifras muy superiores a países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Reino Unido.

Se debe aumentar de manera significativa los medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude. España es uno de los países europeos con menor número de Inspectores por cada mil habitantes. Se calcula que por cada euro invertido en la lucha contra el fraude el estado recupera 7,5 veces lo invertido. Existe margen para mejorar la funcionalidad la capacidad y las competencias de los funcionarios asignados a la lucha contra el fraude. Por ejemplo, se debería contemplar la creación de unidades especializadas para enfrentarse a los fraudes más complejos, como son las grandes transacciones internacionales.

 Desde el ámbito judicial, se deben endurecer las sanciones contra el fraude y el delito fiscal, ampliando los plazos de prescripción, rebajando el umbral mínimo para considerar delito fiscal a partir de los 50.000€ por persona y año tal y como reclaman la asociación de técnicos fiscales, y reforzando las medidas que permitan llegar al cobro efectivo de las deudas. Además, se debería contemplar la creación de Juzgados especializados en fraude fiscal, a la Seguridad Social, corrupción y delitos económicos, con su Fiscalía correspondiente que pudiera ser la actual “Fiscalía Anticorrupción”, dotándola de más fiscales delegados en las diferentes provincias.

La lucha contra el fraude fiscal debe colocarse en lo más alto de la agenda política. Es un problema que nos compete a todos, y que requiere un conjunto de actuaciones que van más allá de las medidas punitivas y deben incluir actuaciones en el ámbito de la educación y la cultura cívica, así como el reforzamiento de la cooperación internacional a todos los niveles.

3- Desempleo

Con una tasa de paro del 25,9% y una creciente precarización de las condiciones laborales, el desempleo es el principal problema económico y social de España. La reforma laboral aprobada en 2012 establece en este contexto potentes mecanismos para propiciar una ‘devaluación interna’ basada esencialmente en forzar a través de diversas medidas la contracción de los salarios reales y nominales. Por otro lado, el mercado de trabajo español presenta desde hace treinta años elevados niveles de precariedad y segmentación, ante los cuales han aparecido dos tipos de respuestas opuestas: las que optan por resolver esos problemas igualando las condiciones de los contratos, y las que apuestan por compensar las diferentes características de los trabajadores. Cada una de ellas determina evoluciones opuestas en materia de ordenación y funcionamiento del mercado de trabajo.

– ¿Qué medidas considera necesarias para la recuperación del empleo y la disminución del paro?

Esta es la pregunta clave, porque en este momento crear empleo debe ser el centro de toda política, junto a la reducción de la pobreza y las desigualdades. Las empresas solo contratan si lo necesitan. Dicho de otra forma, si no hay crecimiento económico, no hay creación de empleo. Por eso, la mejor medida para reactivar la generación de empleo es lograr que la actividad económica crezca, y que lo haga de una forma equilibrada y sostenible. De nada sirve abaratar la contratación si no existe demanda, si las empresas no necesitan producir. Ello requiere una nueva orientación de la política económica, tanto a nivel europeo como nacional, para dirigirla a estimular el crecimiento.

Sería deseable que se modificara la arquitectura europea, cambiar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para flexibilizar sus criterios, que se dotara un presupuesto europeo acorde con la importancia de la zona, etc. También sería muy importante la puesta en marcha de un plan de inversiones transnacional a nivel europeo, como está proponiendo la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Hay que trabajar en Europa para hacer esto posible. Pero hay que ser conscientes de que de momento todo esto parece difícil, con una mayoría conservadora y una estructura institucional que dificulta mucho los cambios. Y mientras tanto, hay que actuar, porque el paro sigue siendo acuciante. España requiere de una estrategia de medio y largo plazo, que pase por cinco patas: financiación asequible a proyectos de inversión productiva y exportación; reforma del sector energético; impulso al I+D+i; una política industrial coherente; y un modelo educativo y formativo de calidad.

Todo eso hay que empezar a hacerlo cuanto antes. Y todo requiere financiación, para lo que deberíamos dotarnos de otro sistema tributario, que el PSOE diseñó bien en su Conferencia Política de noviembre del pasado año, más potente en términos recaudatorios y que reparta mejor los esfuerzos. Lo contrario de lo que acaba de hacer el gobierno del Partido Popular. Por último, a corto plazo es imprescindible un plan de choque para recuperar a los desempleados con mayores dificultades de inserción laboral, a los que están engrosando las filas del paro de larga duración, con más y mejor formación, con programas empleo-formación, y con una redefinición del papel de los servicios público de empleo, potenciando las funciones de orientación laboral.

– ¿Respalda la devaluación salarial como estrategia de política económica?

La devaluación salarial es veneno para la recuperación económica, y también para la cohesión social. Responde a una estrategia de muy cortas miras, porque las ganancias marginales de competitividad que pueden obtenerse a corto plazo en alguna actividad son insostenibles, y porque lo que se obtiene por ese lado se pierde con creces por la depresión del consumo que provoca. No se hace a un país competitivo por la vía de empeorar las condiciones de vida de sus trabajadores, de las familias en definitiva. Ése es el modelo de competitividad que se aplica en países con estándares sociales mucho menos avanzados que el nuestro, un modelo que yo rechazo. Por supuesto que es preciso que los costes de las empresas sean moderados, que no supongan un freno para competir en un entorno globalizado como el actual. Pero eso es otra cosa, y se alcanza de otra manera.

Para empezar, es muy necesario un pacto de rentas, de moderación; pero de todas las rentas, de los salarios, de los beneficios, y de los impuestos sobre el consumo. Si no, estamos haciendo trampas, porque la devaluación salarial solo castiga a los asalariados, y eso es muy injusto además de ineficiente. Se requiere de un pacto de rentas que sea fruto del diálogo social, a tres bandas: gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos. El gobierno del PP ha arruinado ese diálogo, y hay que hacer de él un activo permanente, como lo fue antes. Y luego, es necesario aumentar la productividad, que es lo que más y mejor modera los costes de las empresas. Y eso depende de una organización empresarial eficiente, de la dotación tecnológica de los puestos, de la formación y cualificación laboral,…de los factores que hacen a una economía más competitiva de manera duradera.

– ¿Cambiaría la reforma laboral? ¿En qué sentido?

La “ruptura” laboral del PP ha sido nefasta. Solo ha servido para hacer más fácil y barato el despido y para desequilibrar las relaciones laborales en el seno de las empresas, dando una capacidad de decisión unilateral casi total al empresario. Con ese modelo de relaciones laborales no se construye una economía avanzada y competitiva, ni es posible un modelo social estable y de progreso. Ahora hay 1,2 millones de ocupados menos que antes de la reforma laboral del PP, ha aumentado la precariedad de manera alarmante, y la negociación colectiva está muy tocada, ha perdido cobertura y calidad. El gobierno del PP no reformó el modelo de relaciones laborales, lo rompió.  

Hay que recuperar un modelo democrático de relaciones laborales equilibrado que se base en el diálogo entre sus protagonistas, empresas y trabajadores, y se articule a través de un marco legal capaz de conciliar seguridad y estabilidad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas. Eso es posible. Como punto de partida, hay que revertir todos los cambios que ha hecho el gobierno del PP, sentarse con los sindicatos y con las organizaciones empresariales y consensuar un nuevo modelo de relaciones laborales que recoja las mejores experiencias de nuestro entorno europeo, que ponga en el centro del mismo la estabilidad y calidad del empleo, y que tenga el diálogo como instrumento de gestión cotidiana de las relaciones laborales. Este nuevo planteamiento debe concretarse en tres ejes principales de actuación normativa. Uno, combatir con medidas contundentes la utilización injustificada de la contratación temporal. Dos, recuperar la centralidad de la negociación colectiva sectorial, sin perjuicio de la mejor articulación del modelo. Y, tres, apostar por la flexibilidad interna (negociada) como mecanismo de ajuste, lo que pasa por restringir el margen de decisión empresarial para despedir y por establecer fórmulas que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo que velen por el interés empresarial sin sacrificar los derechos de los trabajadores.

– ¿Considera que el desempleo es un problema de rigideces normativas o se deriva de una fuerte debilidad de la demanda?

Creo que son ambas cosas, aunque no con la misma responsabilidad. El desempleo se produce por la falta de necesidades de trabajo de las empresas, porque no venden. En este sentido, es un problema de demanda, que es el que se ha agravado con la crisis, y que hay que intentar solucionar con estímulos al crecimiento y mejorando la competitividad del tejido productivo.  

Pero también hay problemas de regulación laboral que hacen que el desempleo sea más un problema en España que en otros países de nuestro entorno. Problemas como una muy elevada e injustificada temporalidad, que facilita que el ajuste se haga vía despidos, en lugar de hacerlo reajustando la jornada, por ejemplo, y que dispara el paro al menor síntoma de dificultades en las empresas, algo que no sucede en el resto de Europa. Tampoco funcionan bien los servicios de empleo, que apenas si recolocan a los desempleados; hay desajustes de cualificación entre lo que requieren las empresas y lo que ofrecen los trabajadores, y no se detectan y solventan con la celeridad precisa. Ahora mismo, hay millones de trabajadores en desempleo que provienen del sector de la construcción, con cualificación muy específica para ese sector, y que no se pueden recolocar en otras actividades sin la formación adecuada. Esa es una rigidez de la que pocas veces se habla, pero que es esencial. Nada de lo anterior lo ha solucionado la “ruptura” laboral del PP. Hay que racionalizar la regulación de la contratación y de la negociación colectiva, y en esto los interlocutores sociales deben ser protagonistas.

Y en concreto, ¿qué medidas considera apropiadas para atajar el desempleo juvenil?

Si de verdad el desempleo juvenil se considera uno de los problemas más graves en toda Europa, los instrumentos para atacarlo deben estará a la altura, tanto en dotación económica como en diseño de medidas concretas. Yo creo que sí lo es. El Plan de Garantía Juvenil promovido por la Comisión Europea es una buena idea: que todo joven en desempleo disponga en un plazo de cuatro meses de una oferta de empleo adecuada, de un curso formativo que mejore su capacitación o de acceso a la educación reglada para que completo sus estudios, si los abandonó prematuramente. Pero su puesta en marcha requiere de financiación adecuada, y la que hay no es suficiente. La Unión Europea debe implicarse más, y a nivel nacional las políticas activas de empleo (que es lo que estas actuaciones son) deben constituir una prioridad presupuestaria. El gobierno del PP las ha reducido a casi la mitad desde 2011. Eso refleja muy poca voluntad política para afrontar el paro en general y el juvenil en particular. El PSOE tiene ya propuestas, plasmadas por escrito en las conclusiones de su Conferencia Política: fortalecer y flexibilizar la oferta educativa obligatoria y post-obligatoria para que los desempleados y desempleadas más jóvenes retornen al sistema educativo; revisar los contratos formativos, las prácticas no laborales y los programas de becas, para hacerlos una vía de inserción laboral natural y que no se constituyan en nichos de precariedad y empleo barato; o establecer un “plan de recuperación del talento”, incentivando la contratación de jóvenes españoles de cualificación media o superior que trabajen fuera. ¿Y de dónde saldría la financiación para todo esto? De nuevo la respuesta está en una reforma fiscal adecuada, como la que ya ha propuesto el PSOE.

¿Está de acuerdo en la implantación del denominado “Contrato Único”?

El PSOE ya se ha planteado este debate y no hemos considerado que el “contrato único” sea una solución adecuada. Además de los problemas jurídicos e incluso constitucionales que plantea, no creo que el problema de la dualidad del mercado laboral en España se deba a la existencia de uno o más contratos.

Pero la alternativa no es quedarse cruzado de brazos. Hay que dar respuesta inmediata a todos aquellos que han perdido su trabajo y se enfrentan al abismo de no volver al mercado de trabajo en mucho tiempo. Tenemos que reconocer que los esfuerzos por reducir la temporalidad no dieron sus frutos, y no podemos conformarnos con estos resultados tan pobres. Hay que construir una tipología de contratos sencilla, pero que responda a las necesidades de las empresas, y sobre todo con las garantían adecuadas. Si el empleo es estable, contrato indefinido; y si es temporal y está justificado, contrato temporal, con las características ambos parar ofrecer la suficiente compatibilidad entre el mercado de trabajo y la realidad productiva, y con las garantías necesarias para evitar un uso pervertido de los mismos. Todo ello complementado con unos instrumentos adecuados de flexibilidad interna en la empresa, para hacer del despido el último recurso, algo excepcional y realmente obligado. Esta es la línea a seguir, y para ello también es preciso dialogar con empresas y sindicatos.

4- Energía

En el año 2006 el Gobierno deroga la DT Sexta de la Ley del Sector Eléctrico que regulaba la percepción de los Costes de Transición a la Competencia (CTC’s) por las empresas propietarias de las centrales eléctricas existentes antes de 1997, consolidando así una elevada retribución de las Centrales Nucleares (CC.NN) e Hidroeléctricas (CC.HH) muy por encima de la esperada por sus propietarios y por los consumidores cuando se produjeron las correspondientes inversiones. En los años 2010 y 2011, el Gobierno emitió diferentes normas que modificaron con carácter retroactivo determinados aspectos del régimen económico bajo el cual se habían producido las inversiones en las centrales eléctricas renovables (EE.RR) existentes. En 2012 el Gobierno aprobó un RD mediante el cual quedaban paralizadas las inversiones en EE.RR. En 2013 el Gobierno promulgó una Ley mediante la cual se modifica de manera completa y sistémica la regulación técnica y retributiva de la EE.RR. En 2014 el Gobierno emite normas de desarrollo de la Ley aprobada en 2013 que confirman su carácter retroactivo lesivo de primer grado.

Este proceso normativo ha afectado a la seguridad jurídica y a la confianza legítima en las normas de los consumidores primero y de los inversores en EE.RR después, comprometiendo la aportación posible del Sector Eléctrico a la competitividad de la economía y el tránsito hacia un nuevo modelo energético crecientemente renovable.

 Para cambiar el rumbo de este proceso destructivo,

¿Estaría de acuerdo en que sean restituidas las regulaciones técnicas y retributivas bajo las cuales se produjeron todas y cada una de las inversiones en las centrales eléctricas existentes?

 En efecto, resulta imprescindible revisar una buena parte de las medidas tomadas por el gobierno del PP en materia energética, que castigan de una manera muy perjudicial a las energías renovables. En particular hay que revertir los cambios retroactivos en la remuneración de las plantas de energías renovables, que son contrarios a las buenas prácticas y están generando inseguridad jurídica y una enorme desconfianza entre los inversores extranjeros, algunos de los cuales ya han demandado al gobierno español.

 Y para el futuro ¿Considera que la planificación energética debe recuperarse y recurrir a las subastas por tecnología como instrumento de una política energética e industrial económica y medioambientalmente sostenible?

 La planificación energética pasa por recuperar un modelo energético mucho más sostenible, limpio y económico, en el que se apueste por las energías renovables como alternativa clara frente a los combustibles fósiles o la energía nuclear; y que garantice la seguridad del suministro. En el sector el de las renovables España es uno de los países líderes a nivel mundial con gran capacidad exportadora. En este sentido, la creación de un mercado de subastas para cada tecnología puede ser un buen instrumento para incentivar las inversiones en renovables que determine de manera transparente y competitiva su régimen retributivo y su evolución en el tiempo.

-¿Estaría de acuerdo en una regulación bajo la cual el autoconsumo energético pudiera desplegarse sin trabas?

 Absolutamente. La reforma y modernización del sistema energético en España, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, debe pasar inexorablemente por una mayor descentralización y democratización de la producción de energía, que acabe con el monopolio actual de unas pocas grandes empresas, que concentran demasiado poder e influencia.

 Por razones ambientales, sociales y económicas, es muy urgente comenzar la transición hacia un sistema energético más limpio y sostenible, reduciendo drásticamente la dependencia del exterior y de los combustibles fósiles y la energía nuclear. La modernización de nuestro sistema energético constituye también una oportunidad para descentralizar la producción de electricidad, y pasar del modelo actual de control casi exclusivo por parte de unas pocas grandes empresas, a un modelo más democrático y socializado de autoconsumo energético y generación distribuida más cercana al consumidor, donde coexistan millones de pequeños y medianos productores integrados en edificios, o en automóviles y vinculados al ámbito local. En nuestro país el autoconsumo es una opción extremadamente interesante debido a las muchas horas de luz solar y al bajo coste de sistemas fotovoltaicos. Se trata de un enfoque energético que además de ser más democrático puede generar miles de empleos, muchos más que el actual modelo centralizado.

Lamentablemente, las últimas medidas tomadas por el gobierno del PP van exactamente en la dirección contraria, penalizando a las plantas de renovables y muy especialmente a los pequeños productores para autoconsumo. Así la nueva normativa obliga a incluir todos los sistemas fotovoltaicos distribuidos en un registro central y, a continuación, castigar con una “cuota de reserva” excéntrica a toda la energía que produzcan. Con estas medidas, el gobierno ha logrado que el autoconsumo sea incluso más caro que las altas tarifas que cobran las grandes empresas eléctricas.

-¿Cuál es su opinión sobre la prolongación de la vida útil de diseño de las CC.NN?

La catástrofe de Fukushima en 2011 ha puesto de manifiesto los riesgos que entraña la energía nuclear, no solo por la seguridad de las centrales, si no por el problema del almacenamiento de los residuos nucleares, un legado problemático que dejaremos a muchas generaciones posteriores. Por eso, frente a las actuales políticas del PP, la apuesta por las energías limpias, seguras y sostenibles que contribuyan al cambio de modelo productivo tendría que ser una absoluta prioridad en un gobierno socialista, y la energía nuclear no es una alternativa de futuro.

Reafirmo la posición del PSOE de no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares pasados los 40 años para las que fueron diseñadas, lo que significa el cierre del último reactor en el año 2028.

-¿Cuál es su opinión en relación con las prospecciones petrolíferas en las costas españolas? ¿Y sobre la tecnología de Fraking para la extracción no convencional de hidrocarburos?

 En este asunto me remito a la posición general del PSOE, expresada en la última Conferencia Política, que plantea la paralización de los actuales proyectos de perforación a través de técnicas de fracturación hidráulica, conocido generalmente como ¨fracking¨, así como la suspensión de nuevas actividades hasta que se demuestre que no existe ningún riesgo ambiental.

5- Estado del Bienestar

La crisis ha modificado el equilibrio de fuerzas entre trabajo y capital y a menudo ha sido utilizada como excusa para eliminar derechos y asimismo reducir el alcance del limitado Estado del Bienestar español. Además, en concreto, la última reforma del sistema de pensiones realizada en 2013 ocasionará, según la Actualización del Programa de Estabilidad del Gobierno, una reducción en cuatro puntos del PIB del gasto anteriormente previsto para 2050 tras la reforma de 2011, lo que entraña caminar hacia un modelo de pensiones públicas reducidas y muy complementadas con un sistema privado de capitalización mucho más robusto que el actual. Aun así, nuevas propuestas, como las que defienden el establecimiento de cuentas nocionales, consideran que el sistema de pensiones públicas de reparto debe transformarse en otro basado exclusivamente en las estrictas aportaciones individuales.

-¿Qué aspectos del actual Estado de Bienestar español le parecen angulares?

Claramente, sanidad y educación. Son la base de la igualdad de oportunidades. Hay que recuperar su universalidad y su gratuidad. Eso no significa que no necesiten reformas, en algunos casos, en profundidad, como nuestro sistema educativo, o nuestro sistema sanitario. No debemos olvidar que tanto uno como el otro forman parte de un sistema de protección social más amplio, y que, jugando un papel protagónico, están sometidos a tensiones precisamente por déficits en los otros elementos del sistema.

-¿Cuáles reformaría, y en qué sentido?

Las reformas realizadas en los países escandinavos desde principios de los 2000 pueden servir de guía pues nos muestran que, frente al Estado del Bienestar tradicional predominante en España, se puede avanzar hacia un sector público más activador, enfocado en la inversión social en educación, formación integral, y la movilización de todos los agentes sociales inactivos jóvenes, mujeres, mayores, etc. –para convertirlos en ciudadanos económica y socialmente útiles. Nuestro sistema de bienestar está centrado en ofrecer garantías de rentas a un núcleo central de la población, pero no se está mostrando muy eficaz ante las nuevas formas de exclusión social. Hay que reorientar las prioridades hacia las etapas más tempranas de la vida, ofrecer herramientas que garanticen una auténtica igualdad de oportunidades. A fecha de hoy hay mayor porcentaje de riesgo de pobreza en menores de 16 años que en mayores de 65. Sin embargo nuestro sistema no está diseñado para hacer frente a esta nueva realidad.

– ¿Qué reforma de las pensiones plantea?

Como cuestión previa, cabe hacer dos puntualizaciones. De una parte, hay que ser conscientes de que los problemas financieros que hoy sufre la Seguridad Social son consecuencia de la pérdida de empleo y la caída de la afiliación provocada por la crisis y la errada política económica; son, por tanto, tensiones estrictamente coyunturales –nuestro nivel de gasto sigue siendo bajo–que exigen respuestas de esa naturaleza. De otra parte, los desafíos estructurales de sostenibilidad vinculados al envejecimiento de la población –y, en particular, a la jubilación de la generación del baby boom–fueron ya abordados por la reforma de 2011, con el aval del Pacto de Toledo y de los interlocutores sociales: los cambios entonces introducidos garantizaban que el nivel de gasto en pensiones en 2050 se situaría en cotas perfectamente asumibles, por debajo de lo que ya hoy gastan países como Francia o Italia.

Las reformas que habría que impulsar son de dos tipos. En primer lugar, es urgente recuperar el consenso social y revertir los cambios regresivos introducidos por el PP en 2013. La financiación de las pensiones es algo estratégico para el futuro de España y no podemos someternos a una reforma del sistema cada cuatro años. Es necesario recuperar los consensos básicos en torno al mismo. Y, en segundo lugar, deben impulsarse cambios, en el marco del Pacto de Toledo y del diálogo social, en torno a dos ejes fundamentales. Uno, la mejora de las fuentes de financiación en el medio y largo plazo, incrementando la aportación del Estado que hoy es claramente inferior a la de los países de nuestro entorno. Otra, la mejora de la adecuación del sistema a través de por un lado, una recuperación de la política de dignificación de las pensiones mínimas y por otro, una corrección del peor tratamiento que sufren determinados colectivos, en particular las mujeres cuya pensión media es un 40% inferior a la de los hombres.

¿Apoyaría la transformación del actual sistema de reparto en otro basado en las cuentas nocionales?

Mi apuesta es el mantenimiento del sistema de reparto y de prestación definida porque es el que permite articular una acción protectora más redistributiva, solidaria e integradora que ha convertido las pensiones públicas en la pieza más importante, cualitativa y cuantitativamente, de nuestro Estado de Bienestar.

6- Sistema financiero

En toda economía el Sistema Financiero es uno de los sectores económicos sistémicos. De hecho la crisis financiera ha alcanzado en España una magnitud superior a la que podía, por sísola, ser soportada por la economía española. Esta circunstancia ha obligado a un rescate del sector financiero que impuesto una fuerte condicionalidad a la política y legislación, limitando aún más el margen de maniobra en manos del Gobierno de la política económica. La profundidad de la crisis bancaria ha conducido además a un intenso proceso de concentración bancaría sin que haya podido solucionar, no obstante, los problemas del flujo de crédito que padece nuestra economía.

Ante la concentración bancaria en marcha y el alto grado de bancarización de nuestra economía,

-¿Dejaría alguno de los bancos ahora controlados por el gobierno dentro del sector público?

Más allá de las consideraciones sobre las bondades de la banca pública, la realidad es que el proceso de toma de control por parte del FROB de aquellas cajas que tuvieron que ser recapitalizadas con cargo a fondos públicos, no tenía como objetivo político la consolidación de la banca pública. Sin embargo, nos encontramos con que, una entidad como Bankia, controlada por una institución de carácter público, está actuando con fines estrictamente privados con dinero público. No hay que confundir la gestión con criterios privados con tener unos objetivos que se alejan del interés general. La nacionalización de Bankia nunca tuvo como objetivo la recuperación de la banca pública. Al mismo tiempo, el proceso de desaparición de las cajas ha traído consigo un serio problema en la banca de proximidad y en el desarrollo de sus obras sociales, problema que de debe abordar.

No obstante, hay que destacar que uno de los principales impedimentos para la recuperación de la actividad económica se encuentra en el sistema financiero y en las restricciones crediticias. Los bancos no están cumpliendo con uno de sus cometidos fundamentales, la concesión de crédito a los hogares y a las entidades no financieras.

Así, se deben despejar de una vez por todas los cuellos de botella que persisten en torno a nuestro sector bancario y que lastran la recuperación del crecimiento y del empleo.

Mientras tanto, sería apropiado aumentar la capacidad financiera del Instituto de Crédito Oficial y aprovechar la red de oficinas de las entidades financieras nacionalizadas para facilitar la capilaridad que dificulta el correcto funcionamiento del ICO.

A largo plazo, sería partidario de unificar en una gran agencia financiera los instrumentos de financiación que hoy tiene dispersos la administración general del Estado: ICO, COFIDES, ENISA, CDTI. El modelo que planteo sería similar a la experiencia de la KfW Alemana.

-¿Dejaría que siguiesen existiendo cooperativas de crédito-cajas rurales- o las bancarizaría como se ha hecho con las cajas de ahorros?

En principio no veo necesidad para cambiar el régimen jurídico de las cooperativas de crédito y de las cajas rurales. Dada la proximidad a la actividad productiva que financian, este tipo de entidades cumplen una función importante en segmentos de la producción en los que los empresarios carecen de fuertes activos que respalden sus inversiones y sus créditos.

No obstante, la crisis financiera que hemos vivido nos ha enseñado que prácticamente todas las entidades financieras son potencialmente fuente de tensiones sistémicas, más aun en un contexto como el actual en el que la recuperación es todavía débil y persisten las dudas sobre las necesidades de capital de algunos bancos.

Por tanto, al igual que en las instituciones bancarias, se debe reforzar la supervisión y mejorar la regulación y su gobierno corporativo para evitar que las posible ineficiencias en la gestión de este tipo de entidades suponga un riesgo adicional para los empresarios con repercusiones negativas sobre el conjunto de los ciudadanos.

7- Política fiscal europea

Las políticas de austeridad se han estructurado fundamentalmente en torno a dos ejes: (i) el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, reforzado para aumentar la supervisión presupuestaria y (ii) el Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación Económica, conocido como Pacto Fiscal. El primero de ellos introduce un sesgo prociclico en la política fiscal, al exigir la consolidación fiscal independientemente de la posición cíclica, al tiempo que exige la revisión del borrador de los Presupuestos incluso antes de que sea conocido por los Parlamentos nacionales. El segundo eje, el del Pacto Fiscal, establece reglas fiscales semiautomáticas e introduce la recomendación de incorporar el equilibrio presupuestario en las Constituciones nacionales.

– ¿Propondría, como Secretario General del PSOE, la modificación de estas normas europeas?

Las normas fiscales sobre las que se han fundamentado las políticas de austeridad han resultado ser profundamente contraproducentes y procíclicas, ahondando el ciclo recesivo. Este fallo es especialmente grave si tenemos en cuenta que dentro de los países de la zona euro la política fiscal es prácticamente la única herramienta de estabilización macroeconómica en manos de las autoridades nacionales. Por ello, hay que evitar que las reglas comunitarias impongan un uso sesgado y procíclico de la misma. La modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es ya urgente. No basta con una simple interpretación flexible de las normas actuales. Hay que repensar en profundidad las normas fiscales europeas.

Es sintomático que el Ministro de Economía Luis de Guindos se haya mostrado contrario a la modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) propuesta por el Primer Ministro italiano, Mateo Renzi. Los mismos que hablaban de austeridad expansiva siguen empeñados en los recortes, en la austeridad, a pesar de que una modificación del PEC sería positiva para España. Anteponen su ideología neoliberal a la evidencia empírica.

El llamado Pacto Fiscal debe ser también reformulado, si no derogado, para primar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo y de esta manera corregir su carácter procíclico.

La reforma de las normas fiscales europeas deben incorporar elementos de estabilización del ciclo. Para ello, un gobierno socialista impulsará una reforma del PEC. En el contexto de la contabilización del déficit público a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo, se deben excluir determinadas partidas de gasto público. Considero que el candidato natural debe ser la inversión pública dados sus elevados efectos arrastre sobre el conjunto de la economía y la capacidad de aumentar el crecimiento potencial del PIB. La protección de la inversión pública a través de reglas fiscales más flexibles es por tanto imprescindible para llevar a cabo una política fiscal sana y equilibrada en la Unión Europea y, especialmente, en la zona Euro.

– ¿Qué opinión le merece la reforma que se realizó del artículo 135 de la Constitución Española?

La reforma del Artículo 135 de la Constitución Española se produjo en un contexto de fuertes tensiones en los mercados financieros internacionales que amenazaban con expulsarnos de los mercados y precipitarnos a una intervención completa de nuestra economía, cuando no con una ruptura del Euro. La reacción de Gobierno español y de las Cortes fue la incorporación de una regla presupuestaria en la Constitución, con el objetivo de “constitucionalizar” uno de los principios básicos de la gobernanza económica europea, que es la estabilidad presupuestaria. El artículo defiende un principio, que es el de estabilidad presupuestaria, que está sujeto a interpretación, y que la puede tener más conservadora, como la actual ley de estabilidad presupuestaria, o la puede tener más progresista. Como principio, creo que, en el medio plazo, el gasto público de un país debe estar respaldado por capacidad de hacerle frente por la vía de los ingresos. Y creo en la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo.

Me consta que la rapidez con la que se aplicó la reforma no fue entendida por un importante sector de la población y aún hoy hay quien la considera excesiva, precipitada, o de dudosa consistencia económica. De haberse planteado en otros términos, quizá la interpretación hubiera sido diferente. Sin embargo, no creo en absoluto que sea un obstáculo insalvable para una política económica alternativa. España y otros países gobernados por socialistas y socialdemócratas han sido capaces de elaborar políticas progresistas con criterios de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Creo que hemos sido capaces y que podemos volver a serlo.

8- Desigualdad

El último informe, publicado recientemente por la (OCDE) sobre la desigualdad, muestra que en los cuatro primeros años de la crisis 2007-2011, el ingreso medio del 10% más pobre de la población española retrocedió7,5 veces más que lo que cayóla renta del 10% más rico, apenas erosionada entre 2007 y 2011. En ninguno de los treinta países industrializados que aglutina la OCDE se ha producido un ajuste tan desequilibrado en la sociedad. España es uno de los países de la OCDE en el que la desigualdad ha aumentado más y hay sólidos indicios de que en los dos últimos años, desde la llegada del PP al poder, la desigualdad se ha acentuado aún más.

-¿Qué tipo de estrategias de política económica pondría en marcha para abordar el problema de la desigualdad en nuestro país?

La igualdad es uno de los valores esenciales para conseguir el ideal principal del socialismo democrático. La lucha contra las desigualdades y la justicia social ha sido tradicionalmente uno de los objetivos prioritarios de las políticas y programas de los partidos socialdemócratas. Tal y como se indica en los últimos años hemos asistido en España a un incremento gigantesco de la desigualdad, motivado en buena medida por la crisis económica, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el crecimiento enorme del desempleo que afecta sobre todo a trabajadores poco cualificados. Pero sin duda, los enormes recortes en las políticas sociales llevadas a cabo en estos dos últimos años por el gobierno del Partido Popular han agravado las desigualdades.

La lucha contra la desigualdad requiere de una estrategia integral y comprehensiva para mejorar no solo la igualdad de oportunidades, si no también defender una cierta igualdad de resultados que permita mantener la cohesión social en el marco del conjunto de la colectividad.

En la última Conferencia Política el PSOE aprobó toda una ¨Agenda contra la Desigualdad¨ que hago mía completamente y que contempla un abanico de actuaciones, tanto a corto plazo, como medidas más estructurales de largo plazo, entre las que se incluyen: la recuperación de la inversión en educación y sanidad públicas, una política pública de promoción de viviendas para colectivos vulnerables, una reforma fiscal que aumente la progresividad del sistema gravando particularmente la riqueza, medidas para limitar las retribuciones a los directivos de las grandes empresas, un mayor equilibrio en las relaciones laborales con la recuperación de la negociación colectiva.

Junto a lo anterior, se necesita poner un mayor énfasis en políticas de formación y reciclaje para los parados que mejoren su empleabilidad, especialmente para parados de larga duración, o políticas familiares, de ayuda a la dependencia y de igualdad que faciliten e incentiven la plena e igual integración de las mujeres en el mercado laboral.

¿Podría poner ejemplos concretos?,

Un sector esencial para avanzar en la igualdad de oportunidades es sin duda la educación. Nuestro país requiere de un esfuerzo público vigoroso de inversión en educación pública de calidad, imprescindible para restaurar el daño hecho por los injustos recortes llevados a cabo por el PP en estos últimos años. La propuesta socialista que asumo como propia si soy elegido Secretario General, es llegar hasta el 6% del PIB en educación, en línea con los países más avanzados de la UE.

Dicho esfuerzo inversor debe también extenderse a la educación infantil, entre los 0 y 3 años, pues está comprobado que es en los primeros años de vida los que más influyen en el recorrido vital y profesional de las personas. Por ello este país debe hacer un esfuerzo en la provisión de guarderías con financiación pública, para garantizar la disponibilidad de suficientes plazas a un coste asequible a todas las familias trabajadoras que lo demanden. 

-¿Cuál cree que debe ser el objetivo principal de la Política Económica?,

El principal objetivo de la Política Económica debe ser sin duda la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente de aquellos que menos tienen. Por supuesto, la desigualdad y la pobreza entroncan directamente con este objetivo principal y como tal deben de formar parte de la política económica.

-¿Cree que la desigualdad es solo un problema ético?

No, la desigualdad no es solo únicamente un problema ético y moral, sino que afecta claramente a la eficiencia económica y a la esencia de la democracia. Existe ya suficiente evidencia que demuestra que la elevada desigualdad de ingresos afecta negativamente a la igualdad de oportunidades, y es ineficiente desde el punto de vista de la inversión en capital humano, lo que repercute en menores tasas de crecimiento a largo plazo. Y si el argumento de la eficiencia económica no fuera suficiente, hay que añadir los efectos dañinos de la desigualdad para la cohesión social y la legitimidad democrática, que deviene en factor causal de la inseguridad y la violencia.

En todo caso, también comparto a respecto a la igualdad, que es la seña de identidad de la socialdemocracia, y que forma parte de cualquier agenda de todos los gobiernos del PSOE. Defender la igualdad es luchar por una economía más próspera, pero representa un principio ético por encima de todo lo demás.

9- Desafección

La desafección de la ciudadanía en las instituciones ha acabado por irrumpir en el panorama político con una fuerza inusitada. Los equilibrios políticos existentes desde 1978 están seriamente comprometidos. La dispersión del voto progresista y las elevadas tasas de abstención en las consultas electorales son prueba fehaciente de la gravedad del problema que, más allá del mayor o menor grado de racionalidad con que es expresado, es parte de una realidad insoslayable que enraíza en lo más profundo de los graves problemas económicos que sufre gran parte de la población. Paro, pobreza, precariedad e incertidumbre son la concreción de una creciente e intolerable desigualdad que amenaza con ser la característica principal con la que nos es ofrecida la salida a esta crisis.

La desafección alcanza a todas las instituciones. Todo está puesto en cuestión. Desde los medios de comunicación que se prestan a difundir el “argumento de la estabilidad a ultranza” hasta la alta Magistratura del Estado, nada escapa a la desafección. La falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones es tal que dejaría de resultarnos sorprendente la aparición de episodios de desobediencia civil. El desprestigio de los órganos reguladores, de inspección y vigilancia: CNMC, CNMV, CSN, BdE, Tribunal de Cuentas; o de la Justicia: Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional; o de la gobernanza de las grandes empresas que bajo la protección de la LSA ha generado una nueva clase de ejecutivos multimillonarios y especuladores; de los partidos políticos y de los sindicatos que alcanzan las cotas de desprestigio más altas desde 1978…. todo ello configura una situación de inestabilidad que no puede ser ignorada. Sus efectos sistémicos sobre la economía podrían comprometer una salida a la crisis que fuera socialmente compartida y, por consiguiente, sostenible y creíble.

– ¿Comparte –aunque sólo sea con matices- este diagnóstico que no está exento de alarma?

Lo comparto parcialmente. El Partido Popular ha erosionado mucho la calidad institucional con decisiones muy desacertadas sobre el liderazgo de instituciones clave. Pero creo que el alarmismo hace un flaco favor a la causa de la profundización democrática. Estamos en crisis muy severa y nuevas formas de expresión y comunicación política no encuentran cauce en viejas estructuras e instituciones desbordadas por los acontecimientos. El sistema institucional necesita, sin duda una reforma en profundidad, pero debemos evitar tirar al niño con el agua.

¿Considera que la calidad de nuestras instituciones está entre los fundamentos de la desafección ciudadana? En caso de que así lo considere ¿qué ejemplos pondría como exponentes de una baja calidad institucional?

España es una democracia consolidada y sus instituciones son homologables a las de nuestros países de referencia. No se trata de un deficiente diseño, sino de la necesidad de actualización del sistema. Nacieron para una sociedad diferente y ahora deben adaptarse a nuevas demandas y circunstancias sociales. Hay instituciones que están evolucionando y actualizándose. Otras que van a necesitar un fuerte impulso y un liderazgo claro para enfrentarse a una nueva época.

¿Qué medidas o acciones considera que deben ser puestas en marcha para mejorar la calidad de las instituciones?

Son tantas que no tendría sentido incorporarlas en este breve cuestionario. He propuesto una reforma constitucional, una reforma de la ley de partidos, de la forma de hacer política, que es la manera en la que la ciudadanía escoge sus proyectos de futuro. Creo que si los partidos políticos ganamos en apertura, democracia interna, coraje y cercanía a las bases y a nuestros votantes y simpatizantes, una parte importante del camino estará hecha. No creo en los partidos políticos como lobbies o como clubs privados, sino como instrumentos para transformar la sociedad.  Propongo también una reforma en la manera en que las instituciones centrales del sistema: gobierno, parlamento, senado, poder judicial, organismos reguladores, se relacionan con la sociedad y atraen talento y ganas de generar innovación y cambio.

 

 

 

 

 

 

5 pensamientos en “Economistas Frente a la Crisis pregunta, Eduardo Madina, candidato a la SG del PSOE, responde

  1. Pingback: Los candidatos del PSOE | Economistas Frente a la Crisis

  2. Pingback: 28-29 de junio de 2014, núm. 245-257 « Andalán.es

  3. Lo que dicen estos políticos del PPSOE en la oposición nunca tuvo nada que ver con lo que hacen cuando gobiernan ¿por qué les vamos a creer ahora?

  4. Eduardo, eres demasiado correcto en las respuestas, y como se suele decir muy “aparato” no traes nada de frescura al Partido, con migo desde luego no cuentes par ser secretario General ni tampoco para ir de cabeza de lista a la Moncloa para las generales.

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