Las pensiones públicas, víctimas del “austericidio”

Antonio González, economista, y Borja Suárez, autor del libro “El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad” (2014). Ambos son miembros de Economistas Frente a la Crisis.

La Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 que el Gobierno remitió a Bruselas hace pocas semanas cuantifica el recorte sufrido por el sistema público de pensiones tras la reforma de 2013. Hay que lamentar que esa estimación no fuera recogida en la memoria económica que acompañaba el anteproyecto de la posterior Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones; ni tampoco en el informe elaborado por el comité de expertos que sirvió de base para esa regulación normativa. Parece lógico pensar que un cambio de tanta envergadura –“de gran calado”, dice el propio Gobierno– debería haber llevado consigo una transparencia equivalente. Ésta es una primera crítica a la que se añade que esas modificaciones tan relevantes fueran impuestas unilateralmente por la mayoría absoluta del Partido Popular sin diálogo ni apoyo del resto de fuerzas políticas e interlocutores sociales. Pero, siendo grave todo lo anterior, lo verdaderamente preocupante son los datos que reflejan el enorme impacto de esta reforma en la evolución del gasto en pensiones que, según el citado documento (página 78), se situaría en 2050 en un nivel muy similar al de hoy, 10,5% del PIB, y sería aún más bajo, del 9,6%, diez años después. Para entender las implicaciones de estos cálculos oficiales conviene echar la vista atrás.

La reforma de pensiones de 2011 –consensuada política y socialmente– perseguía como objetivo fundamental reforzar la sostenibilidad del sistema, suavizando el previsible incremento del gasto que se produciría como consecuencia del inevitable envejecimiento de la población provocado por el alargamiento de la esperanza de vida y por la jubilación de la generación del baby boom. Frente a las estimaciones que, antes de esa reforma, situaban el gasto por encima del 17% del PIB, las medidas entonces articuladas moderaban ese crecimiento para dejar el esfuerzo –según la Comisión Europea – en el 14%, un nivel muy superior al actual, pero perfectamente asumible en términos comparados; no en vano dos de las grandes economías de la UE, Francia e Italia, y otros países como Austria superan holgadamente ese umbral.

El caso es que las tensiones financieras que sufre el sistema público de pensiones desde 2012 fueron utilizadas por el Gobierno de Rajoy para devaluar las pensiones ese año (una pérdida de poder adquisitivo de casi dos puntos, que se sumaba a la congelación de 2011 del Gobierno Zapatero) y a plantear ante la opinión pública la necesidad de impulsar urgentemente nuevas reformas. Ignorando, deliberadamente o no, que esos desequilibrios presupuestarios nada tenían que ver con problemas estructurales, sino que eran consecuencia de una coyuntura adversa agravada por una política económica centrada en reducir el déficit sacrificando el empleo, el Ejecutivo de Rajoy impulsó diversos cambios como falsa prolongación de la reforma ‘socialista’. De hecho, encontró el parapeto de ésta para regular un novedoso factor de sostenibilidad, previsto por la Ley de 2011, aunque en términos bien distintos en cuanto a contenido y calendario de aplicación.

En efecto, la reforma del PP adelanta trece años su aplicación y apuesta por una configuración del citado factor de la que resulta un sistema de pensiones ‘menguantes’ en la medida en que su cuantía se reduce automáticamente conforme se eleva la esperanza de vida. Pero, además, la citada norma modifica el mecanismo de revalorización cuya nueva formulación aboca a todos los pensionistas a la pérdida segura de poder adquisitivo como consecuencia de la adversa situación económica y del gravísimo problema de desempleo, en el corto plazo, y del lastre que supondrá el cuantioso incremento del número de pensionistas, en el largo plazo.

Pues bien, lo que el mencionado Programa de Estabilidad revela es la magnitud del recorte que, según el Gobierno, va a suponer la conjunción de ambas medidas: un gasto del 10’5% del PIB en 2050 supone un ‘ahorro’ (sic) creciente, un recorte, de casi 4 puntos porcentuales de PIB (alrededor de 40.000 millones de euros actuales) en esa fecha respecto de la estimación previa a esta reforma. De manera que la parte de la riqueza nacional que gastaremos en pensiones públicas dentro de cuarenta años será la misma que hoy, con la diferencia de que el número de pensionistas se habrá doblado: de 8 pasaremos a más de 15,2 millones.

Es evidente que ni el Gobierno ni el poder financiero que alienta la orientación de estos cambios están pensando que una buena parte de los jubilados de mitad de siglo vayan a conformarse con ser mucho más pobres que los de hoy. Piensan lógicamente que la transformación demográfica de nuestras sociedades debe aprovecharse para apostar por un cambio de modelo hacia una limitación de las pensiones públicas y una progresiva extensión del peso de los planes (privados) de pensiones. Es decir que su apuesta –no explícita– consiste básicamente en que en 2050 al menos un tercio aproximadamente del gasto total en pensiones tenga que ser sufragado de forma privada.

Éste sería un planteamiento de reforma legítimo, siempre que se encuadre dentro de los límites constitucionales y que se plantee abiertamente a los ciudadanos. Por eso hay que insistir en dos ideas fundamentales.

En primer lugar, el cambio de modelo que se persigue –el paso a un sistema de pensiones mixto– es una opción político-ideológica, no una necesidad inevitable. En este sentido, importa tener claro que las dificultades que hoy atraviesa nuestra Seguridad Social son de naturaleza coyuntural, pues derivan de la pérdida de tres millones de empleos durante la crisis. Con la particularidad de que disponemos tanto de instrumentos para hacer frente a esas tensiones –entre otros, 54.000 millones de euros en el fondo de reserva–, como de orientaciones de política económica que resultarían eficaces para estabilizar la situación financiera del sistema –priorizar la creación de empleo–. Por su parte, los problemas estructurales del sistema de pensiones fueron razonablemente abordados por la reforma de 2011 que, a cambio de los sacrificios que impuso, garantizaba la sostenibilidad de un sistema de reparto reconocible como tal. Los retos estructurales persisten, pero tienen más que ver con aspectos relacionados con la insuficiencia de las pensiones de determinados colectivos –las mujeres, señaladamente–.

Y, en segundo lugar, es muy posible que el modelo hacia el que nos conduce la reforma (‘ruptura’) de 2013 no suponga una reducción importante sobre el 14% del PIB de gasto total en pensiones previsto antes de esta reforma dada la necesidad de los futuros jubilados de suscribir pensiones privadas para mantener su nivel de vida. Pero sí supondrá un cambio de su origen y composición porque el mismo nivel de gasto contendrá mucha menos aportación del sistema público de pensiones y mucha más privada. Y no debe desconocerse que ese nuevo sistema, más individualista, ha de traer consigo enormes desigualdades en términos de protección en función de la capacidad de ahorro individual y un debilitamiento del Estado de Bienestar con el consiguiente incremento de la pobreza.

 

 

4 pensamientos en “Las pensiones públicas, víctimas del “austericidio”

  1. En mi humilde opinión y al contrario que ustedes, pienso que los desequilibrios presupuestarios mencionados están principalmente y directamente relacionados con problemas estructurales, aunque los coyunturales también tengan su importancia.

    Creo que el problema fundamental radica en una estructura económica, función de decisiones políticas tomadas durante varias legislaturas de distinto signo político, que impide o por lo menos no favorece el incremento de productividad y la competitividad, reduciendo el crecimiento y con él los ingresos con que hacer frente a las necesidades de gasto social, no pudiendo descansar la sostenibilidad del sistema en el fondo de reserva, que a este paso durará más bien poco.

    Indudablemente la reforma, incluida la silenciosa, se encamina a un sistema de pensiones de tipo asistencial y en todo este conjunto de previsiones futuras habría que considerar también la evolución del gasto sanitario, que se incrementará considerablemente aunque sea menor que el dedicado a pensiones.

    • Ante todo, muchas gracias, Víctor, por su comentario.
      Coincido con Usted en que los problemas presupuestarios actuales tienen un origen último estructural, incluso los de la Seguridad Social, si tenemos en cuenta que, además de las políticas de austeridad, el desfase actual de ingreso y gasto se deriva de la descomunal pérdida de empleo, muy superior a la de los demás países aunque su PIB haya caído de forma similar al nuestro, debida a un funcionamiento del mercado de trabajo que favorece ante todo el ajuste a través del empleo mediante una mayor facilidad de despido.
      En todo caso, el artículo lo centramos en las previsiones futuras de gasto en pensiones más que en los desfases actuales. Y el tremendo recorte de gasto que prevé el Gobierno a lo largo de las próximas décadas va a cambiar la naturaleza de nuestro sistema de pensiones hasta convertirlo, como también dice Usted muy bien, en un sistema de tipo asistencial.
      El gasto sanitario, al igual que otros gastos relacionados con el considerable peso de la cohorte que llegará a edades avanzadas en las próximas décadas, crecerá sin duda. Lo cual no significa otra cosa que la sociedad española tendrá que contar con ello a la hora de tomar las decisiones de impuestos y gasto público, porque son gastos socialmente obligatorios para cualquier sociedad avanzada que se precie. Y lo que desde determinadas opciones económicas se pretende no es, al igual que en las pensiones, que haya menor gasto sanitario total, sino en realidad cambiar la composición del gasto, elevando la parte privada mediante la reducción de la pública. Con graves consecuencias en términos de equidad.
      Sobre todas estas cuestiones cruciales, Economistas Frente a la Crisis continuará trabajando y tratando de poner al servicio de la sociedad los argumentos y datos que esclarezcan la cuestión. Y la participación, como la suya, resultan a este respecto de gran relevancia. Lo cual le agradezco de nuevo.
      AG

  2. La reforma busca el ahorro, como las precedentes. La mayor productividad de la economía, la menor aportación a las pensiones a través de los pge o cuotas SS, el agujero del sistema muface, ideas,… ,son causas a considerar, y la mercalicitacion de lo publico no seria la solucion

    • A mi juicio, es en efecto una cuestión interesante discernir si esta última reforma es cómo las anteriores, que evidentemente han pretendido todas recortar las pensiones y producir un ahorro en los volúmenes futuros de gasto, o si tiene una naturaleza diferente. Independientemente de que esta reforma establece dos potentes sistemas nuevos de recorte de las pensiones (un coeficiente reductor de toda nueva pensión a medida que se incremente la esperanza de vida, y un sistema de cuasi congelación de la cuantía nominal de cada pensión, que conlleva la aminoración asegurada y constante de capacidad adquisitiva del conjunto de las pensiones públicas a lo largo de las próximas décadas), lo más revelador puede provenir de la magnitud del recorte de gasto que el propio Gobierno prevé como consecuencia de la aplicación de tales medidas. Es cierto que estas se añaden a las medida de recorte de las anteriores reformas. Pero precisamente por eso y por el grado de recorte que suponen de acuerdo con esas estimaciones de gasto futuro, cabe deducir que tienen la capacidad, desconocida hasta ahora, de cambiar paulatinamente las características del sistema público de pensiones español hasta convertirlo en un sistema asistencial o de pensiones públicas mínimas, lo cual -como digo- modificaría en realidad y de forma definitiva el modelo de pensiones español.
      Al margen de esa deducción que acabo de hacer, ciertamente para poder saber de forma definitiva si esta reforma es de naturaleza diferente a las anteriores, tendríamos que saber cuál será la evolución futura de las cuantías de las pensiones individuales o de la pensión media para poder compararla con las correspondientes a las reformas precedentes. Pero, esos datos no los conocemos, aunque presumiblemente existen (por supuesto), lo cual pone de manifiesto el grave y sospechoso oscurantismo de este reforma.
      En cuanto a la incorporación de ingresos futuros para la financiación del sistema de pensiones, bien sea por la vía del incremento de la productividad (en forma de salarios crecientes y sus cotizaciones, o indirectamente a través de aportaciones del presupuesto público), o siendo esas aportaciones superiores al crecimiento de la productividad e incluso del PIB nominal, lo cierto es que esa es exactamente la clave de la sostenibilidad del sistema público de pensiones ante el reto (temporal, por cierto, y no permanente, como se quiere hacer creer) de afrontar el desfase demográfico correspondiente a la jubilación de una generación muy grande (la del baby boom). A este respecto, puede caber la discusión de si un gasto futuro tan elevado como el previsto antes de la reforma de 2011 (alrededor de un 17% del PIB) habría podido conllevar algún tipo de efectos económicos negativos que hubieran debido ser tenidos en consideración, pero de lo que caben muy pocas dudas es de que el gasto futuro previsto antes de esta última reforma de 2012 no planteaba ningún problema de consideración, ya que era similar al que hoy en día están realizando sin problemas muchos países europeos, como sin ir más lejos, Alemania.

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