IDEAS DE POLITICA ECONOMICA PARA UN NUEVO SECRETARIO GENERAL

 Por Julio Rodríguez López miembro de Economistas Frente a la Crisis

  La política económica debe  atender, sobre todo, a resolver o paliar el elevado desempleo que ha generado en la economía española  la crisis iniciada en el verano de 2007. Entre el primer trimestre de 2008  y el mismo periodo de 2014 se perdieron 3,7 millones de empleos según la EPA, casi el 18% de la ocupación  existente. El 47,3% de la pérdida de empleos tuvo lugar en el sector de la construcción. La tasa de empleo (ocupados por cada 100 habitantes de 16 y más años) ha descendido en diez puntos porcentuales desde el inicio de la crisis. La caída del empleo es la principal explicación del elevado paro existente. La trascendencia del retroceso del empleo en la construcción confirma el carácter no neoclásico, sino keynesiano de una alta proporción de la pérdida de empleo.

  El crecimiento sostenible, apoyado en una oferta competitiva, y respetuoso con el medio ambiente es el principal factor generador de nuevos empleos. Asimismo, la política económica debe atender a combatir la desigualdad y a recuperar equilibrio social roto con la reforma laboral introducida desde 2012. Dicha  ruptura no se puede compensar tras las políticas de recortes del gasto público que han afectado negativamente a las prestaciones sociales básicas, como la educación y la sanidad publicas y también está tocando a las pensiones, cuyo fondo de reserva no para de disminuir. En la Eurozona resulta necesario modificar y flexibilizar la aplicación del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento y el Pacto Fiscal. El Eurogrupo debe  de dejar de ser el celoso guardián de las esencias liberales de política económica o acabará siendo  la construcción europea  más frustrante.

El crecimiento económico sostenible  debe de apoyarse en una base productiva solida, que permita competir a la economía española en todos los mercados. Una mayor proporción de la demanda debe de satisfacerse con producción interna. Se debe aspirar, en línea con la Eurozona, a que la industria  llegue a suponer en España el 20% del PIB. La mejora de la competitividad exige, entre otros aspectos,  desarrollar una política energética coherente, que racionalice el coste de la energía eléctrica y que contemple un peso creciente de las energías renovables. La mejora de competitividad no puede apoyarse en el envilecimiento del mercado de trabajo, sobre todo cuando las frecuentes revalorizaciones del euro convierten en gratuitas las perdidas del poder de compra salarial.

La política urbanística, de gobierno del suelo, debe estar en línea con la aspiración a una economía competitiva y diversificada. Mientras que en la vecina Francia una Dirección General del gobierno central tiene la última palabra en lo que a destino del suelo se refiere, en España el gobierno del Estado carece por completo de competencias en cuanto a  planeamiento urbano. La política de ciudad es un instrumento contra la desigualdad. El suelo no está solo para construir nuevas viviendas. Si se pretende que la industria gane peso es imprescindible garantizar la disponibilidad de suelo para ese propósito.

El sistema financiero debe de ser útil al crecimiento de la economía española. Importa disponer de un segmento publico bancario compuesto por un ICO fortalecido, reforzado con alguno de los bancos controlados ahora por  el Frob, integrado de forma permanente en el sector público. Las cajas rurales y las cooperativas de crédito deben seguir existiendo, dotadas de la solvencia necesaria y  operando como banca de proximidad y banca alternativa. El futuro no debe de ser patrimonio en lo financiero de unos pocos grupos bancarios

El sistema fiscal debe reforzar su progresividad y, sobre todo, su suficiencia para  contribuir al crecimiento de la economía. Dicha progresividad afectaría no solo a la tributación de las rentas, sino también a la que afecta al patrimonio. Se debe equiparar la fiscalidad del capital a la del trabajo. La fiscalidad y el gasto público son los elementos decisivos contra la desigualdad social. La reforma laboral del PP debe ser objeto de una profunda corrección. El sistema de relaciones laborales debe apoyarse sobre la base de la negociación colectiva, la formación profesional y las políticas activas de empleo.

  Se debe terminar la externalización de los servicios públicos de educación y de sanidad y mantenerse el sistema de reparto en las pensiones. Debiera ser derogada la reforma del artículo 135 de la CE1978 sobre preferencia del pago de la deuda pública. La expectativa de nuevos aumentos de los desahucios obliga a superar el marco caritativo de la ley Antidesahucios 1/2013, debiendo introducirse la ley de segunda oportunidad para los insolventes de buena voluntad.

 El texto precedente se redactó para uno de los tres candidatos a la Secretaria General del PSOE. Ahora  se lo remito al nuevo Secretario General.

 

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