La electricidad, clave de la transición energética

Por Jorge Fabra Utray (@JorgeFabraU), miembro de Economistas Frente a la Crisis

La electricidad constituye para las empresas y  las familias un vector energético que no es sustituible por ninguna otra forma de energía. Es el común denominador de muy variadas fuentes primarias y materias primas energéticas que de otra forma no podrían tener como destino gran parte de las actividades de nuestra sociedad. Nuestros… ordenadores, por ejemplo, no pueden funcionar ni con energía hidráulica ni con energía nuclear ni con la fuerza del viento ni con la radiación solar… pero si puede funcionar con la electricidad producida por esas energías primarias en centrales eléctricas que dispongan de las correspondientes tecnologías de transformación.

Y lo mismo que decimos de nuestros ordenadores lo podemos decir para una infinidad de actividades, casi todas las que se nos puedan ocurrir. Y las que todavía escapan a la electricidad empiezan ya a ser actividades que utilizan tecnologías que están más en el pasado que en el presente. El transporte por carretera está en la antesala del vehículo eléctrico. Nada escapará a la electricidad como vector energético dominante  en el futuro. Su penetración en todas las actividades a las que todavía no ha llegado de manera completa, acabará duplicando el tamaño del Sector Eléctrico de hoy. Su importancia social y económica se sitúa, por consiguiente, en el pelotón de cabeza de los sectores económicos que proyectan su influencia de modo sistémico sobre la vida de la sociedad, no sólo por su realidad presente, sobre todo por su futuro.

Un bien esencial que contiene elementos de bien público

La electricidad es un bien muy especial del que la sociedad no puede prescindir. Nos suministra, calor frio, fuerza, luz… que constituyen bienes o servicios esenciales que hacen de la electricidad –por la propiedad transitiva- un bien esencial. Pero es que además, la electricidad contiene elementos de bien público con independencia de cuál sea su calificación legal: en la fiabilidad de su suministro se verifican los principios de no exclusión y de no rivalidad que para los economistas constituyen los elementos que hacen de cualquier servicio o de cualquier bien, un servicio o un bien público. La fiabilidad no puede discriminar entre consumidores porque cualquier avance o retroceso en su calidad afectará a todos sin que ninguno pueda ser excluido de sus efectos, sin que ninguno, por esa circunstancia, pierda o gane posiciones de ventaja sobre el resto.  Y la cuestión es que, como es bien sabido,  el mercado falla en la provisión de bienes públicos.

A ello hay que añadir que cada tipo de tecnología, que es dependiente de la energía primaria utilizada para su conversión en electricidad, presenta externalidades positivas y negativas -empleo cualificado, desarrollo tecnológico, tejido empresarial, contaminación, dependencia exterior… –  que tampoco el mercado puede gestionar porque afectan a terceros no presentes en las transacciones entre empresas y consumidores que son las que definen el ámbito en el que el mercado puede actuar.

En el ejercicio de la defensa de los intereses generales implicados en la electricidad -un bien, desde diferentes perspectivas, esencial, público y sistémico- el Estado debe contar con los instrumentos institucionales y regulatorios que le permitan desempeñar eficientemente la gestión correspondiente. En este ámbito se justifica y ubica la necesidad de restablecer la planificación energética que, para su ejecución, debe tener a su disposición los medios necesarios, entre ellos y en primer lugar, un mercado cuya regulación tome en consideración las especialísimas características técnicas, económicas y jurídicas que presenta el suministro de electricidad.

La doble dimensión del concepto de sostenibilidad en el Sector Eléctrico

En el contexto de estas reflexiones, en España ha irrumpido la cuestión eléctrica como un grave problema. Su coste se sitúa dos dígitos porcentuales por encima de la media de los países de nuestro entorno europeo, acercándose al 30% en algunos segmentos claves para nuestra economía, como son las empresas de mediano tamaño. Se trata de una situación insostenible que limita la competitividad, drena las rentas de las familias y agudiza las manifestaciones con las que se expresa la pobreza en la que la crisis ha hundido a miles de ciudadanos.

A esta situación es necesario añadir el contundente posicionamiento de la comunidad científica y la creciente toma de conciencia de la ciudadanía sobre los problemas ambientales de nuestro planeta que se concretan, en su dimensión de mayor gravedad, en el cambio climático. La sostenibilidad ambiental se revela, finalmente, como un elemento muy dependiente de la política energética de la cual la electricidad es su centro. Pero la sostenibilidad medioambiental del sector eléctrico no es posible si para los consumidores – empresas y familias-  los costes  de la electricidad no son sostenibles. Y esta cuestión no requiere mucha discusión. Sencillamente, no podrá existir nunca un regulador –por mucha que sea su preocupación medioambiental- capaz de imponer costes inasumibles para las familias y para la competitividad de la economía. Esta afirmación es de naturaleza axiomática. Pero la cuestión es que la insostenibilidad medioambiental del sector eléctrico implicaría una auténtica catástrofe económica porque la electricidad contiene la capacidad de introducir las fuentes primarias de energía renovable en todos los sectores económicos y, por consiguiente, se constituye en el vector energético desde el cual es más eficiente la gestión del cambio climático de origen antropogénico.

Regulación y liberalización son conceptos complementarios y no antagónicos como con frecuencia sostienen quienes sustentan intereses económicos desde posiciones oligopolísticas, siempre proclives a defender la “autorregulación”, o lo que es lo mismo, la desregulación de los mercados que no conduce, en casi ninguna circunstancia, a su funcionamiento eficiente.

La necesidad de la regulación nace, precisamente, en la pérdida de la eficiencia de los mercados desregulados que tienden hacia el desequilibrio. Y este desequilibrio se ha manifestado con toda su crudeza al consolidar, con la reforma eléctrica aprobada en 2013, y todavía en proceso de desarrollo, una retribución a las centrales históricas -aprovechamientos hidroeléctricos y centrales nucleares- injustificadamente alta, sin que el mercado pueda legitimarla –es inexistente la libertad de entrada en estos segmentos tecnológicos- y carente de justificación jurídica –las empresas propietarias acometieron las correspondientes inversiones bajo un régimen económico que no contempló nunca las elevadas retribuciones que estas centrales están percibiendo-. Un desequilibrio, al fin, traído de la mano de la desregulación y de su inevitable consecuencia, la autoregulación,  en el que la competitividad de la economía y los consumidores son los perdedores.

Pero la insostenibilidad económica es inasumible… y a los perdedores se les ha querido compensar minorando, inesperadamente, la retribución de las nuevas inversiones realizadas en la generación de electricidad con tecnología renovables que han visto así frustrada su confianza en las normas emitidas por la Administración del Estado. Una frustración que compromete seriamente el camino de la transición energética hacia un modelo energético crecientemente descarbonizado y, por consiguiente, medioambientalmente sostenible.

En definitiva, la sostenibilidad económica pretendida con la reforma eléctrica se niega a sí misma porque ha sido hecha en contra de la sostenibilidad medioambiental del Sector Eléctrico.

Tres ejes imprescindibles para un cambio regulatorio estable en el Sector Eléctrico

Entrelazadas de manera indesligable, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica del Sector Eléctrico plantean la exigencia de construir un modelo regulatorio que contemple esta doble dimensión de la sostenibilidad. Tres serían sus ejes fundamentales:

1-Mantener el mercado spot de la electricidad, que contiene la capacidad de optimizar la utilización de los recursos energéticos primarios necesarios para producir electricidad y de estimular la tensión competitiva en los  mercados de abastecimiento de combustibles fósiles.

2-Crear un mercado de subastas por tecnología para las nuevas inversiones que pueda determinar de manera competitiva el régimen retributivo de cada tecnología, lo cual implica que, para desarrollar una la política energética activa, el Estado debe dotarse de instrumentos eficientes entre los que hay que destacar la planificación energética de la potencia firme y del mix tecnológico desde los que debe ser abastecida la demanda de electricidad.

3- Restaurar el régimen retributivo para todas las inversiones realizadas  de  acuerdo con el marco regulatorio bajo el que fueron decididas y realizadas. Ello permitiría contener los costes del suministro y restituir la confianza perdida de consumidores e inversores en las normas, imprescindible para que la electricidad pueda contribuir a cambiar el modelo productivo cuyo agotamiento ha sido puesto de manifiesto por esta crisis.

Disponiendo de estos tres ejes regulatorios, un Gobierno no dependiente de intereses oligopolísticos, que pueda contar además con instituciones regulatorias independientes integradas por profesionales expertos y competentes, podrá desarrollar una política energética que dé respuesta a las exigencias que plantea la doble dimensión de la sostenibilidad económica y medioambiental que caracteriza a todo sector eléctrico eficiente.

Este artículo es una versión de la editorial del número 236 de la revista “Temas para el debate”

3 pensamientos en “La electricidad, clave de la transición energética

  1. Un texto para enmarcar, Jorge. No se puede ser más claro y contundente en una materia que es de interés general y que condiciona absolutamente la marcha de la economía y que se encuentra en manos de intereses privados, de los que han mandado siempre en este país, contando ahora con sus cómplices políticos que no dudan en sacrificar los intereses públicos a la obtención de sus incontrolados beneficios.

  2. Muy didáctico, pese a la utilización de “palabros” que son adecuados y precisos, pero poco asequibles para el común de los mortales.
    Salvo en la afirmación de que “cualquier avance o retroceso en su calidad afectará a todos sin que ninguno pueda ser excluido de sus efectos, sin que ninguno, por esa circunstancia, pierda o gane posiciones de ventaja sobre el resto” de la que disiento (porque dichos “avances o retrocesos” pueden incluso llegar a ser utilizados como arma económica), estoy de acuerdo con todo lo que se expone, argumenta y propone.
    Pero dado el inmenso poder de los actores que se benefician del actual estado de cosas, a nivel nacional (compañías operadoras) e internacional (petroleras, gasistas y minería del carbón y el petróleo), dudo mucho del poder de esa regulación “complementaria de la liberalización”.
    Si estamos de acuerdo en que se trata de un “bien público” parece razonable que se gestione directamente desde “lo público”.
    O, como mínimo, ya que somos impenitentes creyentes de las virtudes de los mercados, que el sector público tenga una participación directa y determinante en la fijación de la oferta.
    O, dicho más llanamente, que el Estado tenga grandes empresas en los sectores del aprovisionamiento, la generación y la comercialización (entiendo que en el transporte ya la tiene por su participación en REE) con pacidad para “determinar” los precios y las condiciones de servicio.
    Y la política pública en la gestión de un bien (servicio) público, debiera desligarse (del todo) del concepto “competitividad” y atender exclusivamente a las siguientes cuestiones:
    Prestación de servicio “a todos” (sin exclusiones y garantizando el servicio –básico- incluso al ciudadano que no puede pagarlo)
    Consolidación de un sistema generador medioambientalmente sostenible (incluso intentando superar los objetivos marcados por los acuerdos internacionales)
    Desarrollo de una industria nacional basada en la innovación, el respeto al medio ambiente y la reversión y reparación de los daños producidos en anteriores décadas.
    Apoyo a la sustitución de las energías fósiles en el sector del transporte mediante la puesta a disposición (a precio marginal) del hidrogeno eventualmente producido a partir de los excedentes de generación (por razones meteorológicas) de centrales eólicas y, eventualmente, hidráulicas (que sólo debieran para la producción por razones de mantenimiento y en el caso de las hidráulicas, de gestión de las reservas).
    Finalmente quisiera añadir, aunque sea salirme del estricto guion del kilovatio, que una reestructuración de este calibre en “ese” sector no es viable en tanto no se desaloje del poder a quienes actualmente gobiernan; Y además se neutralice la capacidad de “influir” de todos los que antes (y antes, y antes) gobernaron y hoy ocupan confortables despachos desde los que trabajar discreta y elegantemente para Unesa (por resumirlo en un solo nombre)
    Saludos.

  3. Felicitar a Jorge Fabra por su exposición de los hechos y, también en la propuesta de soluciones, aquello que siempre demandan los del establishment cuando alguien se le ocurre tirar una piedra que perturba las aguas de “su” estanque.

    No obstante, en mi opinión, cabe hacer algunas matizaciones a la exposición sobre lo que es y puede representar en el futuro el vector eléctrico como estimulo a una mayor penetración de las energías primarias renovables en nuestro mix energético. En realidad todo gira entorno a considerar hasta donde es posible esa electrificación y si permite continuar nuestro sistema de crecimiento económico (del producto) como hasta ahora (Business as usual).

    Es cierto, que los países más desarrollados desde el punto de vista económico son en aquellos en los que la energía se consume en forma eléctrica en mayor medida, aunque existen variaciones, y que puede representar entre el 20-25% del total del consumo. A nivel mundial, ese porcentaje cae hasta poco más del 10%. Esto puede ser visto como una oportunidad, viendo el margen de mejora que existe. Teniendo en cuenta que la tecnología de las fuentes primarias renovables está dirigida abrumadoramente a la producción eléctrica son, sin duda, buenas noticias.

    Nuestro punto de partida no es tan halagüeño, las fuentes de energía primaria no renovables representan más del 90% del total de la energía consumida, y la inmensa mayoría proviene de combustibles fósiles. De forma significativa, la energía primaria de mayor crecimiento en los últimos 20 años ha sido el carbón, muy por encima de las renovables. Esto no es casualidad, se trata de un problema inherente al actual sistema económico. Debemos tener muy presente, que gran parte de los soportes necesarios para las energías renovables son no renovables, aunque parcialmente reciclables si disponemos de energía de forma creciente. Por ejemplo, el aumento de producción de placas fotovoltaicas y su descenso en el precio, gracias a la fabricación China, se debe a la utlización creciente de combustibles fósiles. Normalmente, los que afirman que las placas fotovoltaicas con económicamente rentables padecen lo que ya Frederick Soddy enuncio en los años 20 del siglo pasado, una confusión entre la vara de medir y lo que mide. El problema es que esas placas llevan incorporado en su fabricación un gran porcentaje de carbón, así salen más baratas.

    El caso del transporte eléctrico es el más significativo, pensar en un mundo donde el transporte basado en combustibles fósiles sea sustituido uno por uno (además del crecimiento de la población) por transporte basado en la electricidad no es utópico, es distópico. La cantidad de materiales escasos necesarios para los soportes no renovables que permiten aprovechar la energía renovable no permite el BAU. Cosa completamente diferente, es si abandonamos la idea absurda que el bienestar está ligado al crecimiento del producto, que siempre requerirá un aumento en el consumo de recursos, y pensamos que debemos maximizar la conservación del capital, tanto natural como hecho por el hombre, y una reducción del flujo (producción). Es lo que se llama pasar de una economía cowboy a una economía astronauta. Si reducimos drasticamente nuestras necesidades de transporte, tanto de personas como de mercancías, esa sustitución será posible. En un futuro cercano y no tan cercano, los combustibles fósiles, especialmente, el petroleo no tienen sustitutos viables a nivel global ya que su intensidad energética es incomparable. La eficiencia del motor eléctrico es inigualable, el problema es que la cuenta del rendimiento comienza mucho antes de que el motor transforme la electricidad en movimiento.

    El problema del fallo de mercado que el artículo resalta respecto a la electricidad, es en realidad un fallo que se transmite desde las fuentes primarias, ya que ningún recurso natural, ya sea abiotico o biotico cumple con las condiciones necesarias de rivalidad y exclusión para que el mercado produzca una asignación eficiente del mismo. Cuando un bien permite la exclusión, el ejercicio de los derechos de propiedad el mercado funciona, cuando es rival quiere decir que entendemos todas los impactos que genera, no hay externalidades, todo es interno (ojo si su uso ahora afecta a generaciones futuras, aunque sea rival en está generación no permite una distribución eficiente entre generaciones).

    La cuestión es que lo constituye un fallo de mercado en realidad depende de la teoría que se aplique al funcionamiento de los mismos. La corriente mayoritaria de los que generan opinión en política económica considera que cualquier intervención del estado es más perjudicial que el propio fallo. En un estado poco transparente, con escaso control democrático, esto es cierto, pues el regulador capturado no hace más que favorecer al grupo de presión que lo controla, el ejemplo de España es de libro. Evidentemente, esto no debe ser necesariamente así, pero requiere un cambio en profundidad del sistema en su conjunto.

    Saludos

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