Se venden los bancos capitalizados. Una pesada factura

Julio Rodríguez López* (@JulioRL43) es miembro de Economistas Frente a la Crisis

En nota de prensa de 21 de julio, el Fondo de Regulación Ordenada Bancaria (FROB) informó acerca de la resolución del proceso de venta de Catalunya Banc. Tras la oportuna subasta, el banco BBVA había comprado al FROB dicha entidad de crédito por una cuantía de 1.187 millones de euros. El precio citado correspondía al 100% del capital de la entidad en cuestión, del que el FROB, vehículo estatal de resolución bancaria, posee el 66%.

La noticia tenía un componente tranquilizante, como es que el BBVA comprase la antigua Caixa Cataluña a buen precio, unos 600 millones de euros más un generoso crédito fiscal del gobierno. El contraste entre lo aportado por el gobierno y lo escuálido del importe de la venta supuso un contrapunto negativo a la noticia citada, a la vez que reabrió el debate sobre la estrategia seguida en el salvamento de los bancos afectados por la crisis.

La noticia de la compra implicaba que se había vendido una entidad de crédito con un activo patrimonial neto de 2.500 millones de euros por un coste muy inferior. Se supo que la oferta del BBVA mejoraba sustancialmente la de los otros dos competidores, Santander y CaixaBank, ofertas que tendrían que ser realmente de menguado alcance. Se revelaba asimismo la disposición del FROB de atender a otros vicios ocultos de Catalunya Banc susceptibles de salir a la luz a partir de ahora.

Se consideraba, además, que el ajuste del sistema financiero español había recibido un empujón definitivo y que, por supuesto, la operación citada suponía un paso decisivo en la “normalización” del mismo. Los activos bancarios totales de las tres primeras entidades de crédito (Santander, BBVA y CaixaBank) se aproximan al 57% del conjunto de las trece entidades españolas de mayor dimensión, lo que implica una cuota superior en el mercado interno.

Se prevé que, una vez terminado el proceso de consolidación, el trío citado de entidades controlará unos dos tercios del negocio bancario español. En este momento Santander destaca en volumen de activos, depósitos y capitalización, BBVA tiene la cartera de créditos de mayor dimensión y CaixaBank es la primera entidad en número de oficinas bancarias.

Como ya se ha indicado, la noticia de la operación de venta de Catalunya Banc vino acompañada de la confirmación de que lo que se va a recuperar con la venta es una proporción reducida (alrededor del 6,5%) respecto de lo aportado desde el gobierno, 12.052 millones de euros en el caso de Catalunya Banc. De ahí se ha pasado a extrapolar que, en conjunto, se puede perder una parte importante de los recursos totales aportados, con lo que el coste de la normalización bancaria citada va a resultar un tanto pesado para el conjunto de la economía española.

El Tribunal de Cuentas ha estimado en 107.914 millones de euros los recursos aportados al saneamiento bancario, de los que 32.300 corresponderían al Fondo de Garantía de Depósitos. La Comisión Europea ha estimado en 88.140 millones de euros las ayudas totales de capital concedidas (La Vanguardia, 23.6.2014), el 8,4% del PIB, por encima de la media europea, que ha sido del 4,6%. Las perdidas estatales aseguradas hasta el momento por el rescate bancario van por los 42.852 millones de euros (El Periódico, 23.7.2014).

El alcance de la recuperación dependerá del valor de venta de las entidades nacionalizadas (Bankia y BMN), de las perdidas asociadas a los esquemas de protección de activos otorgados por el FROB en la adjudicación de algunas entidades y de los resultados de Sareb. En esta última no solo el gobierno ha aportado 2.192 millones de euros al capital, sino que también avala los bonos emitidos por Sareb, por una cuantía de 58.000 millones de euros, con los que esta entidad compró los activos problemáticos de los bancos que en su día se nacionalizaron (Grupo 1: Bankia, Nova Caixa Galicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) y los del Grupo 2 (cinco bancos mas, entre los cuales el FROB tiene una amplia mayoría en el Banco Mare Nostrum-BMN-).

El posible coste estatal del saneamiento bancario (entre el 5% y el 7% del PIB), cuya cuantía equivale al déficit publico de alguno de los años de crisis, implica primero que el mayor peso del ajuste bancario ha recaído sobre todos los españoles en forma de una mayor deuda pública. Además, la economía española tendrá que funcionar en lo sucesivo con un sistema bancario fuertemente oligopolizado. La impresión resultante es de que las entidades de crédito, básicamente bancos ahora, pueden crear serios problemas al conjunto de la economía y que, una vez que entre todos los contribuyentes se les ayuda a superar la complicada situación producida, terminan fortalecidos en su posición frente al resto de la economía.

Al previsible coste contable del ajuste debe de añadirse el coste soportado en forma de intensa restricción crediticia y de una amplia incertidumbre económica, que alcanzó el ”clímax” en mayo de 2012. En dicho mes tuvo lugar la dimisión de Rodrigo Rato al frente de Bankia y la intervención estatal de esta última entidad. Tal evolución del sistema bancario español tiene que ver con la prolongada peripecia por la que pasó la economía española entre 2007 y 2013, cuando vio reducirse el PIB en casi un 7% y caer el nivel de empleo en 3,7 millones.

Los problemas del sistema financiero español se anticiparon en la carta de los inspectores del Banco de España al Ministro de Economía en 2006 y aparecieron con crudeza en 2008. Desde el Banco de España y desde el gobierno se siguió una estrategia premiosa. Esta descansó en la idea de que el sistema se habría de sanear sin coste para el contribuyente y de que las fusiones habrían de ser el instrumento clave para lograr los objetivos. No pareció preocupar que desapareciesen las cajas de ahorros, que habían llegado a suponer el 50% del sistema financiero. Los Reales Decretos “Guindos” (I y II) de 2012 produjeron la catarsis final y tuvo que venir el Eurogrupo con recursos del MEDE a financiar la recapitalización y a imponer reformas.

Los resultados están a la vista. Se han aportado recursos públicos al saneamiento por una cuantía de 150.000 millones de euros. Las perdidas finales pueden equivaler al 6% del PIB. El coste ha resultado, pues, más que elevado. Bastantes de las fusiones planteadas provocaron situaciones más complicadas que las preexistentes. Y tuvo lugar la tercera gran desamortización, la de las cajas de ahorros, una vez más en favor de la gran banca, como ya había sucedido en 1991 cuando se privatizó la banca pública. La consecución de la estabilidad financiera se ha logrado a cambio de pagar una factura elevada.

Una versión este artículo se publicó en eldiario.es de 28.7.2014

[1] Julio Rodríguez es miembro del colectivo ”Economistas Frente a la Crisis” y autor del libro «Crisis económica y cambios en el sistema financiero”, editado en 2014 por la Editorial Los libros de la Catarata.

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