Electricidad renovable y política energética

Por Martín Gallego Málaga @margama, miembro de Economistas Frente a la Crisis

Al valorar lo que está pasando con la electricidad en España en estos últimos años, destaca como el Gobierno ha centrado su actuación en atajar el déficit tarifario, promulgando una nueva ley y adoptando múltiples, controvertidas y rectificadas disposiciones, pero el resultado global es claramente negativo, al no haberse abordado las principales causas del déficit (que siguen vigentes), mejorado el funcionamiento de los distintos mercados (que siguen siendo poco competitivos), ni formulado objetivos de política energética (que se han perjudicado por las medidas adoptadas).

El fallo es conceptual: no se puede regular la electricidad sin establecer previamente los objetivos de una política energética a la que contribuye de manera determinante la forma en que se lleve a cabo la producción eléctrica. El déficit, en cambio, no es un objetivo sino una excrecencia del sistema eléctrico que, por supuesto, hay que eliminar pero no puede hacerse, como ha sido el caso, en detrimento de la política energética.

Ha fallado un diagnóstico correcto de los problemas existentes, que requiere un análisis global, sin asumir trampas semánticas ni contabilidades regulatorias conducentes a un “déficit tarifario” originado por los “costes regulados”, que sugiere que las 5 empresas eléctricas incumbentes (ya existentes y dominantes) no cubren sus costes incurridos que sólo conocen ellas. Ese planteamiento lleva inexorablemente a más subidas de tarifas, a pesar de que el precio de la electricidad en España es uno de los más altos de la UE y a recortes que afectan básicamente a esos “costes regulados” de las energías renovables y la cogeneración (producidas en su mayor parte por el resto de empresas), a pesar de que la regulación también reconoce a las centrales convencionales (propiedad de las 5 empresas incumbentes) otras retribuciones de cuantía muy superior.

Lo que pone de manifiesto un diagnóstico correcto de la electricidad en España es la existencia generalizada de sobre-remuneraciones, que deben recortarse para posibilitar una reducción de precios que mejore la competitividad empresarial y la economía de las familias, situando la rentabilidad de los activos de las 5 eléctricas españolas (4,1%, en 2012) más en línea, según datos de UNESA, con las de sus correspondientes empresas europeas (3,3% RWE, 2,6% EON, 2,2% EDF, 2% GDF-Suez, 1,9% ENEL).

La rentabilidad de las 5 españolas proviene básicamente de sus actividades eléctricas en España, ya que estas suponen el 31% de las ventas pero proporcionan el 41% del resultado de explotación, también según datos de UNESA. Ésa facilidad para obtener beneficios en España explica porque de esas 5 eléctricas españolas tres han pasado a ser propiedad de eléctricas extranjeras y en las otras dos ha habido una importante inversión de constructoras españolas.

El nuevo sistema eléctrico que hay que construir en España no puede comenzarse por el tejado del déficit, sino por los cimientos de la política energética que necesita hoy el país. Cuatro pueden ser sus objetivos: Abastecimiento energético a un precio asequible, Seguridad de aprovisionamiento, Minimización del impacto ambiental y Fomento de un desarrollo industrial que cree empleo de calidad.

Para que el precio de la electricidad pueda ser más asequible ya se ha señalado que hay que reducir numerosas sobre-remuneraciones reconocidas. Hay algunas particularmente descaradas como las que remuneran la resolución de las restricciones técnicas (en las que algunas centrales convencionales, al ser obligado su funcionamiento, ofertan y cobran su energía hasta a 100 veces su coste) pero es la remuneración de la energía producida en las centrales hidroeléctricas y nucleares (a un precio marginal cinco y tres veces superior respectivamente a su coste) la que produce a las empresas unos beneficios regulatorios inesperados de varios miles de millones de € al año (netos, pues su inversión ya fue recuperada por los Costes de Transición a la Competencia que percibieron y por los altos precios que han estado y siguen percibiendo en el mercado, siempre muy superiores o los previstos en la Ley de 1997).

Con respecto al objetivo de seguridad del aprovisionamiento energético existe una sobrecapacidad instalada que hace que no se requieran durante una década ni nuevas centrales eléctricas ni plantas para regasificar el gas natural que llega licuado en barcos. A este despilfarro de recursos económicos se ha llegado mediante una combinación de libre iniciativa en el sector eléctrico y planificación en el del gas, que parece conveniente corregir.

En el sector eléctrico las 5 empresas incumbentes han tratado de cerrar el paso a nuevos competidores, habiéndose instalado desde que se liberalizó el sector 67 unidades para producir electricidad con gas (con una inversión superior a los 13.000 M €) de las que sobran la mitad (funcionan sólo 1.000 horas al año, frente a las 5.000 previstas). ¿Tiene esto algo que ver con la denigración por parte de las 5 eléctricas de las energías renovables, a pesar de que la potencia instalada por estas últimas se haya ajustado a los Planes de Energías Renovables?. ¿Es casualidad que la eléctrica más virulenta en esa campaña sea, con 18, la que más grupos de gas ha instalado?.

En el sector del gas el marco es el opuesto, pero el resultado igual de despilfarrador. Existe una planificación oficial de regasificadoras pero también se han instalado el doble de las necesarias, con una infrautilización que ha dado lugar a que la última -tras finalizarse y reconocerse su remuneración fija- no se haya llegado a inaugurar. ¿Tiene esto algo que ver con que el operador del sistema gasista no sólo es dueño de las redes -como sucede con el eléctrico- sino también de la mayor parte de esas regasificadoras?

En ambos sectores, electricidad y gas, el esquema resultante ha acentuado, sin embargo, la insularidad energética de España que es la más cara y arriesgada  desde el punto de vista de la seguridad. La interconexión de las redes eléctricas y de gas españolas con las europeas es obviamente la solución deseable para los consumidores (aunque no para los comercializadores de energía) pero requiere decisión política por parte del Gobierno no sólo español sino de la UE, puesto que el sur de Francia está casi tan aislado como España de los grandes corredores energéticos europeos, concepto que sólo se recuerda momentáneamente en la UE cuando hay problemas con los gasoductos ucranianos, hace 8 años, 5, o ahora, aunque en el caso de España sea una carencia permanente y decisiva sin resolver.

Con todo la principal fuente de inseguridad del abastecimiento energético español proviene de la necesidad de importar un 73% de los recursos necesarios, porcentaje muy superior al 53% del conjunto de la UE. En España el petróleo supone un 54% de la energía final consumida, porcentaje que llega casi al 70% si se añade el gas, no habiendo ninguna producción significativa de ambos en España.

El problema es que no disponemos de recursos de hidrocarburos significativos (podría haber petróleo para el consumo de 4 años y gas para 12) y además el 60% de ellos está localizado a unos 50 km de la costa africana de Canarias. El Gobierno regional estima que su explotación no les reportaría ingresos decisorios y teme pueda afectar negativamente al turismo. Aunque en otros países desarrollados se extraigan estos recursos, ese rechazo también es compartido en algunos como las comunidades costeras de California, que no aceptan perforaciones offshore aunque se sabe que hay importantes reservas petroleras.  El conflicto en Canarias debe ser negociado y planteado en un ámbito geográfico más amplio ya que, en caso contrario, un enquistamiento entre los Gobiernos estatal y regional podría conducir a que los canarios no obtuvieran beneficio alguno de la explotación de hidrocarburos españoles y estuvieran, en cambio, expuestos al riesgo medioambiental de la explotación de las concesiones marroquíes, sólo 5 km más alejadas de Canarias que las españolas.

Tampoco dispone España de recursos significativos de gas no convencional de esquistos, aunque su investigación para conocerlos mejor no debería causar problemas ambientales significativos (están situados en la cuenca terrestre vasco cantábrica). Sin embargo su previsiblemente reducido y dilatado desarrollo no  permite ni proponerlo como solución al abastecimiento español, ni tampoco preocuparse en exceso por los riesgos de un fracking acotado por la reducida cuantía de los recursos existentes en España respecto a otros países de la UE (200 bcm en España -el consumo de 7 años- frente a 900 en Dinamarca, Holanda y UK, o 4.000 en Polonia y Francia, según la US EIA).

Por otro lado la sobre-dependencia española de combustibles fósiles importados trasciende a la seguridad de abastecimiento y constituye por sí misma un importante problema económico por su incidencia en la balanza comercial. Este problema endémico se ha acentuado además por el comportamiento opuesto de las balanzas comercial y energética en la actual crisis. Al comenzar esta en 2007 la balanza comercial tenía un saldo deficitario de 100.000 M€ (66.000 comercial sin energía y 34.000 energético); en 2013 la balanza comercial sin energía ha pasado a tener un superávit de 25.000 M€, mientras la energética ha aumentado su déficit hasta 41.000 M€ (muy superior a los ingresos netos del turismo: 33.000 M€) suponiendo un lastre que el país tiene que aligerar.

Para avanzar en esa dirección es importante considerar el tercer objetivo de la política energética, minimización del impacto ambiental, que tendría que conducir hacia dos frentes de sustitución: el carbón en la generación eléctrica y el petróleo en automoción.

El carbón importado está teniendo España un peso creciente en la generación eléctrica por su menor coste respecto al gas (al contrario de lo que sucede en USA por el desarrollo del gas de esquistos) a pesar de que emite SO2 (inexistente en el gas) y el doble CO2 y triple NOx por kWh. La normativa europea de Grandes Instalaciones de Combustión que entra en vigor en 2016 obliga a efectuar inversiones considerables para reducir las emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno, que es difícil se produzcan en la mayor parte de las centrales, con excepción de las dos más modernas y diseñadas para carbón importado de Cádiz y Almería.

Con respecto al carbón nacional, este se extrae en yacimientos con mayor riesgo y es de inferior calidad (azufre) y más caro que el internacional (salvo alguna excepción a cielo abierto, que emplea poca mano de obra), por lo que ha visto reducida su participación en la generación eléctrica del 65% al 35% del carbón total, a pesar de las ayudas que reciben las térmicas que lo queman. Por otro lado las ayudas a las minas no rentables sólo pueden, según decisión de la UE, seguirse recibiendo si se cierran en 2018.

Parece pues que antes de cuatro años habrá desaparecido la mayor parte de las centrales térmicas de vapor, especialmente las de carbón nacional cuya producción habrá casi desaparecido. Esta previsión, con evidentes beneficios medioambientales, acentúa sin embargo el problema no sólo de los mineros (su número se ha reducido de 45.000 en los años 90 hasta menos de 5.000 hoy) sino también de las comarcas mineras. Para remediarlo sería conveniente redirigir las ayudas, ahora destinadas a empresas mineras o eléctricas, hacía las propias comarcas mineras, para apoyar actividades alternativas a la minería, entre las que podrían incluirse algunas relacionadas con las energías renovables, especialmente biomasa que debería recibir una atención considerable en un territorio con las características del español.

Con respecto al uso del petróleo en automoción debe promoverse el desarrollo de los vehículos eléctricos y la sustitución de carburantes por biocombustibles avanzados y por gas, especialmente en el caso del gasóleo que es mayoritario en España aunque emite, en relación con la gasolina, más óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas , por lo que la Organización Mundial de la Salud los ha clasificado no como cancerígenos (que pueden provocar cáncer) sino como carcinógenos (que producen cáncer).

En todo caso las energías con más recorrido para reducir el impacto ambiental son las renovables (EERR) que, además de cumplir con el cuarto objetivo de promover un desarrollo industrial con empleo de calidad, son las únicas en las que, por primera vez en la historia, tenemos ventaja comparativa por disponer del recurso eólico y solar (con doble intensidad de radiación que Centro-Europa) y de tecnología propia.

Por ello hay que mantener una demanda doméstica mínima que permita asegurar la supervivencia del tejido industrial renovable creado en España, para que pueda participar en el crecimiento global previsto en el que las EERR van a suponer el 60% de la nueva potencia eléctrica (y el 70% de la inversión) que se instale en todo el mundo hasta 2030.

Por último hay otra razón decisiva a favor de las renovables. La electricidad puede sustituir como energía final al petróleo en automoción y al gas en calor y climatización, pero hay que cambiar la forma en que se produce hoy la electricidad, ya que el modelo termodinámico actual implica el despilfarro como pérdidas del 66% de la energía fósil que hay que importar para producir la electricidad y del 16% para refinar el petróleo. Sólo las EERR permiten producir con ellas electricidad sin que exista consumo ni pérdidas de energías fósiles.

Como conclusión: La creciente electrificación va a ser la fuerza directora del sistema energético global por su potencial para transformar tanto la oferta como la demanda de energía. La política energética es clave para establecer la forma más adecuada de producir la electricidad pero, en el caso español, sólo si se basa en EERR será posible lograr los objetivos energéticos que requiere el país. A ello deberá contribuir la regulación y ese es el desafío por el que será valorado el Gobierno.

3 pensamientos en “Electricidad renovable y política energética

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  2. La calidad regulatoria del MIE con el Sr. Nadal a la cabeza ha sido infima, por cortoplacista y sesgada a favor de los grandes grupos. La inseguridad juridica que le ha acompañado augura la huida del pais del inversor (ENEL, EON, sectores renovables) y pleitos por doquier. El PP ha arrasado un sector básico de la economia que tendrá consecuencias duraderas a largo plazo.

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