El Decálogo de Economistas Frente a la Crisis

CAMBIAR LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA RECUPERAR EUROPA 

En su manifiesto fundacional, Economistas Frente a la Crisis aseguraba que el Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo. Sin esa propuesta la democracia perdería profundidad y, seguramente, también la Unión perdería parte de su sentido. El Manifiesto, escrito a finales de 2011, se centraba en las consecuencias económicas y políticas que las medidas de austeridad estaban teniendo sobre el crecimiento económico, sobre el desempleo y sobre el modelo de convivencia social del que los ciudadanos españoles nos habíamos dotado. Durante los dos años transcurridos desde entonces, hemos sido testigos de cómo una política económica errónea ha puesto en peligro la propia continuidad del Euro y generado enorme sufrimiento humano y social. En el verano de 2012, las tensiones en los mercados financieros llevaron a España a solicitar el rescate de su banca ante el riesgo de un colapso sistémico que, por su efecto contagio, habría tenido consecuencias desastrosas sobre el propio proyecto europeo.

Hoy la economía europea tiene una menor capacidad de crecimiento, lo que se evidencia en una significativa caída del PIB real y potencial. La gravedad de este hecho estriba en que los impulsos a corto plazo, necesarios para poner de nuevo en marcha el motor de la economía europea, son menos efectivos porque la crisis se ha llevado por delante una buena parte de nuestra capacidad industrial y capital humano, expresado en millones de trabajadores desempleados, en la pérdida de conocimiento motivada por falta de inversión en I+D+i y en educación y en la destrucción de miles de empresas. Es decir, se han debilitado los pilares para una recuperación sostenida y sostenible de nuestras economías. El riesgo de entrar en una fase de crecimiento sin creación de empleo y en una dinámica deflacionista amenaza con lastrar la incipiente recuperación. Además, los crecientes niveles de desigualdad y pobreza ponen en riesgo la cohesión y el modelo social europeo. Debemos insistir en que la crisis ha sido utilizada como excusa para reducir los derechos sociales y medioambientales, elemento este último fundamental para el bienestar, la seguridad y el progreso al que Europa no puede renunciar.

Europa siempre ha sido para España el origen de las ideas de cambio y de progreso: los ideales republicanos de la Revolución Francesa, los movimientos emancipadores surgidos a raíz de la revolución industrial, la libertad durante la dictadura…

Estas son hoy las propuestas de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS

1. Reducir el desempleo debe ser la prioridad de la política económica [Más información]
Aunque la recesión en la Unión Europea parece que ha tocado suelo, la tasa de paro de alrededor del 12 por ciento sigue siendo absolutamente inaceptable especialmente entre los jóvenes. Europa no puede permanecer impasible ante un drama que amenaza con llevarse por delante a una generación entera de jóvenes a los que se les niega un futuro y que dificulta la reincorporación de los desempleados de larga duración. La política económica europea debe tener en cuenta la fuerte disparidad en las tasas de desempleo y el fuerte impacto que, a través de los estabilizadores automáticos, tienen sobre las cuentas públicas.
¿Qué objetivo debe tener la política económica sino, al menos, crear las condiciones para disponer un empleo digno y suficientemente remunerado para tener una vida digna? La salida de la crisis no puede pasar por la pérdida de derechos y la precarización de las condiciones laborales. Las fuerzas progresistas deben abanderar las propuestas que combatan el paro y mitiguen las consecuencias sociales y económicas del desempleo sin renunciar a los derechos de los trabajadores. Con el objetivo de potenciar la creación de empleo consideramos fundamental (i) completar el mercado interior europeo, y actuar sobre la competencia en los mercados, reduciendo el poder oligopolístico en determinados sectores que limita muy intensamente la creación de empleo y (ii) legislar a favor de la estabilidad del empleo, limitando las contrataciones temporales a las de carácter causal.
En este contexto proponemos la creación de un seguro de desempleo a nivel de la Zona Euro, que complemente los subsidios nacionales y actué como estabilizador del ciclo ante shocks asimétricos. Unido a un presupuesto europeo con mayor capacidad de actuación, proponemos la implantación de una tasa de cobertura mínima para cada país que se sitúe en el 80%. Las políticas activas de empleo deben ser fortalecidas, sobre todo en aquellas economías con altas tasas de paro, potenciando el Fondo Social Europeo dirigido preferentemente a los jóvenes pero también a aquellos trabajadores de mayor edad que hayan perdido su empleo de tal manera que se evite que se conviertan en parados de larga duración. Además consideramos fundamental culminar la puesta en marcha de un verdadero mercado europeo de trabajo, facilitando que los trabajadores puedan instalarse en cualquier punto de Europa sin perder derechos laborales. Por ello es necesaria la modificación de la Directiva sobre Trabajadores Desplazados reforzando las salvaguardas y controles para evitar el dumping social y los abusos sobre los trabajadores desplazados.

2. Para conseguir un crecimiento equilibrado el esfuerzo debe ser simétrico. [Más información]
El estallido de la crisis económica y financiera global evidenció la insostenibilidad de los desequilibrios acumulados en el área euro desde su concepción, resultando en la paralización de los flujos de capital intra-europeos y con ello, en la necesidad de los Estados Miembros de ajustar su demanda interna al ahorro nacional.
El reequilibrio exterior ha sido hasta ahora un proceso asimétrico, con los países deficitarios cargando con la mayor parte del ajuste. En efecto, los países con necesidades de financiación han sufrido elevados costes, reduciendo el tamaño de sectores previamente sobredimensionados, ajustando sus expectativas de crecimiento y sufriendo un aumento estructural de su desempleo. Rechazamos el proceso de devaluación salarial por considerarlo ineficaz en el plano económico y socialmente injusto. Este proceso supondría, en teoría, un impulso a las exportaciones y, por lo tanto, al reequilibrio exterior. Pero en la práctica, la moderación salarial no se ha trasladado a los precios y se ha capitalizado en su mayor parte a través de ganancias en los márgenes empresariales. Los avances hacia una senda exterior sostenible que permita generar superávits por cuenta corriente de forma consistente y así reducir el grado de dependencia del exterior, deben realizarse sin que ello suponga un hundimiento de la renta laboral, pues la devaluación salarial debilita aún más el consumo, deprime la demanda interna, aumenta las desigualdades, retrasa la generación de empleo y dificulta la recuperación.
Llegados a este punto de crecimiento anémico y desinflación, el proceso de ajuste de los desequilibrios exteriores debe evolucionar a lo largo de dos ejes principales: (i) futuros pasos hacia una senda exterior sostenible en los países deficitarios deben realizarse propiciando la reasignación de recursos hacia los sectores de vocación exportadora, más productivos, sin que ello suponga un empobrecimiento de familias y empresas; (ii) las autoridades comunitarias deben apoyar un ajuste simétrico, compartido por los países acreedores o superavitarios, mediante políticas de fomento de su demanda interna, que incrementen su producto potencial a la vez que alivian las presiones de apreciación sobre el euro y suavizan el ajuste de los países deudores.

3. Suavización del proceso de desapalancamiento privado y minimización de sus costes [Más información]
La rápida corrección observada desde 2008 en los precios de los activos, tanto financieros como no financieros (principalmente viviendas), puso de manifiesto un desequilibrio evidente en los balances de hogares y empresas, cuyo nivel de endeudamiento no podía ser respaldado por su riqueza. Ante esta situación de endeudamiento excesivo, el sector privado inició un proceso de desapalancamiento con implicaciones contractivas para el crecimiento económico, a través de una caída del consumo y de la inversión. La minimización del impacto del desapalancamiento privado sobre la economía real requeriría, por un lado, de un efecto numerador positivo favoreciendo el retorno del crédito y, por otro lado, de un efecto denominador positivo gracias a fuentes alternativas de crecimiento y una mayor inflación para erosionar los altos niveles de endeudamiento.
Para ello, es necesario: (i) el restablecimiento del crédito al sector privado en condiciones asumibles por empresas y hogares que permita financiar proyectos viables; (ii) mejoras en la normativa de insolvencia para empresas y hogares, fomentando los procedimientos no judiciales, así como proveyendo a acreedores y deudores de mecanismos adecuados de reestructuración de deuda de proyectos viables en situación de pre-insolvencia; y (iii) medidas de apoyo al sector exterior como fuente alternativa de crecimiento, junto con la aceptación de tasas moderadamente elevadas de inflación, que reduzcan los levados niveles de deuda privada.

4. Estabilidad Financiera para la economía productiva: Acabar con la fragmentación financiera para que fluya el crédito a las PYMEs. [Más información]
Las condiciones crediticias se han deteriorado de manera brusca en Europa. Los últimos datos muestran que más de cinco años después del estallido de la crisis financiera global, el crédito al sector privado continúa cayendo. Las PYMES se han visto particularmente afectadas por este hecho. Miles de ellas, especialmente en las economías del Sur de Europa, se han visto forzadas a cerrar, con dramáticos efectos sobre la actividad productiva y los trabajadores, no porque su negocio fuese inviable, sino porque no tenían acceso a financiación para continuar su actividad.
Proponemos que la fragmentación financiera y la caída del flujo crediticio se aborde desde una perspectiva triple: (i) Eliminación de las dudas sobre la situación de los bancos y su infracapitalización a través de la culminación sin matices de una Unión Bancaria de tres pilares; (ii) puesta en marcha de un programa del BCE para la concesión de financiación a las entidades financieras, condicionado a la concesión de créditos al sector productivo y (iii) ampliación de los fondos del BEI para diversificar las fuentes de financiación de las PYMEs.

5. Políticas medioambientales para impulsar el necesario cambio de modelo productivo. [Más información]
Ante la falsa premisa de que sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental no son compatibles, la Unión Europea parece estar abandonando lo que antes era una apuesta decidida de lucha contra el cambio climático. Muy al contrario, las políticas medioambientales pueden ser una de las palancas más efectivas para el cambio necesario en el modelo productivo en Europa.
Proponemos que Europa refuerce sus compromisos de reducción de emisiones, desarrollo de renovables y mejora de la eficiencia a través de objetivos más ambiciosos y vinculantes a nivel de los estados miembros.
La Comisión Europea ha apostado, casi como eje único de su política energética, por la creación del Mercado Interior de la Energía. Y aunque sus efectos sobre la eficiencia productiva y la mejora de la garantía pueden ser notables, olvida que bajo la regulación vigente, el Mercado Interior también traerá un alza generalizada de precios. Por ello, Europa debe profundizar en la integración de sus mercados energéticos a través del desarrollo de las interconexiones, sin olvidar que la bajada de los precios de la energía sólo será posible con cambios profundos en su actual sistema retributivo.
Proponemos el establecimiento de sistemas retributivos basados en precios públicos, allí donde la competencia no pueda operar o revelar costes y precios eficientes, y recurrir al mercado bajo diseños específicos –licitaciones, subastas, mercados al contado y a plazo- cuando la competencia pueda operar sin enfrentarse a barreras de entrada y salida relevantes, o sin prácticas difícilmente reprimibles de poder de mercado.

6. La arquitectura europea debe completarse con un pilar social. [Más información]
La incipiente gobernanza económica europea no puede centrarse únicamente en el control del déficit público, sin tener en cuenta sus efectos sociales. La reducción de las desigualdades sociales es un factor que contribuye positivamente al crecimiento sostenible y equilibrado. Reclamamos un pilar social a la arquitectura de la unión monetaria, que garantice el mantenimiento del modelo social europeo sobre la base de unos estándares mínimos en toda la Unión. Un pilar social que incluya un salario mínimo interprofesional para todos los países de la Unión, calculado en base al coste de la vida en cada país; el reforzamiento del diálogo social y la negociación colectiva para garantizar trabajos decentes y unas relaciones laborales equilibradas que tienen efectos positivos sobre la eficiencia de las empresas; unas pensiones mínimas que permitan llevar una vida digna para los mayores; una renta mínima de inserción por familia, introducida gradualmente hasta el año 2020, de forma que para ese año no haya ninguna familia europea viviendo en la pobreza; un Mínimo Social (Social Floor) en cuanto al gasto social dedicado en los presupuestos públicos, que debería estar en torno al 20%.

7. Reformas en la Gobernanza Fiscal: Una política fiscal para el crecimiento y el empleo. El presupuesto de la UE como elemento estabilizador del ciclo. [Más información]
El balance de los últimos diecisiete años de aplicación de las reglas fiscales comunitarias pone de manifiesto que su imperfecto diseño ha exacerbado el ciclo económico de los países de la eurozona. En la unión monetaria, donde la política fiscal es prácticamente el único instrumento disponible para la estabilización de la actividad económica, la miopía del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no evitó el sobrecalentamiento que experimentaron muchas economías en la primera mitad de la pasada década y ha impuesto una austeridad fuertemente procíclica en los años siguientes. Ambos errores han generado estragos económicos y sociales.
Proponemos un profundo cambio conceptual que permita que la política fiscal actúe como instrumento contracíclico. Las reglas fiscales deben flexibilizarse para permitir que la inversión pública actúe como elemento de estabilización cíclica. Asimismo abogamos por modificar en profundidad el llamado “Pacto Fiscal” para primar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo y de esta manera corregir su carácter procíclico, eliminando también la recomendación de incorporar el equilibrio fiscal en las constituciones. Además el presupuesto comunitario, claramente insuficiente, debe aumentarse para que pueda complementar los esfuerzos nacionales en etapas de crisis, potenciando su papel como instrumento contracíclico y cohesionador.
Se debe avanzar rápida y decididamente hacia una mayor armonización de las políticas tributarias y de los niveles de presión fiscal. En concreto, proponemos la armonización de la base imponible consolidada, la eliminación completa del secreto bancario y la puesta en marcha de un mecanismo de intercambio automático de información fiscal en toda la UE, incluyendo a los territorios asociados.

8. Reformas en la Gobernanza Financiera para la estabilidad y el crecimiento: Unión Bancaria y mutualización de riesgos. [Más información]
Europa necesita con urgencia la aplicación de medidas que disipen la incertidumbre en torno al sector financiero, contribuyan a afianzar la estabilidad financiera de la que se beneficien las familias y las empresas productivas y fomente el crecimiento económico.
Proponemos que la regulación financiera se reforme para profundizar en los elementos de solidaridad interestatal y de mutualización de riesgos, incluyendo una Unión Bancaria que se asiente sobre los tres pilares de supervisión, resolución y garantía de depósitos común y la introducción de Eurobonos como medio para reducir los costes de financiación. Consideramos que es posible la puesta en marcha sin mayor dilación de un Fondo de Resolución Común que esté operativo de manera inmediata, con capacidad de endeudamiento y respaldado por un cortafuegos fiscal creíble, fuerte y flexible para actuar en caso de que los fondos disponibles para la resolución de entidades financieras insolventes no sean suficientes. En este sentido, consideramos necesario que este fondo de liquidación ordenada disponga de una línea de financiación crediticia adicional otorgada por el MEDE, de forma que aumente su disponibilidad de fondos, tanto en volumen como en liquidez y reduzca así las dudas sobre posibles liquidaciones bancarias desestabilizadoras.
No es aceptable la desnaturalización de la idea original de Unión Bancaria. Consideramos inadmisible el bloqueo de elementos de solidaridad entre países, como la recapitalización directa por parte del MEDE. Entendemos la Unión Bancaria como un proyecto de estabilidad financiera para el crecimiento que incorpore elementos de solidaridad y condiciones estrictas de gobernanza a las entidades que se beneficien de los fondos para su recapitalización.

9. Reformas en la Gobernanza Monetaria: El BCE al servicio de la cohesión económica y social. [Más información]
La política pasivamente restrictiva del BCE en la actualidad ha generado graves riesgos de deflación, comprometiendo la sostenibilidad de la deuda pública y privada en la Eurozona y la recuperación económica. El BCE está incumpliendo su mandato de manera manifiesta ya que su política actual ni garantiza la estabilidad de precios, dado el riesgo de deflación, ni contribuye a la cohesión económica y social. Además, ha provocado un proceso de apreciación del euro, comprometiendo los esfuerzos para ganar competitividad de los países del Sur.
Esta renuencia a actuar de manera decididamente expansiva debe acabar urgentemente para dar paso a una política monetaria moderna que combine instrumentos tradicionales con otros no-estándar. En particular, el BCE debe agotar el margen de la política convencional de bajada de tipos, acompañándolo de políticas no convencionales como la expansión de su balance. Paralelamente, el BCE debe adoptar una política de comunicación más agresiva que revele el compromiso de aplicar políticas expansivas hasta que la tasa de inflación del área euro se sitúe en su valor objetivo en torno al 2% o incluso por encima dados los riesgos actuales de deflación.
La política monetaria tiene siempre efectos redistributivos: típicamente un tono expansivo transfiere recursos desde los países ahorradores hacia los deudores. Por ello, en el contexto actual una mayor tasa de inflación ayudaría también al reequilibrio macroeconómico de la zona euro, compartiendo el esfuerzo del ajuste entre países deudores y acreedores. La presión de los países acreedores por no ver reducida la rentabilidad de su ahorro no debe comprometer la política monetaria actual para el conjunto de la Eurozona. La política monetaria del BCE se enfrenta, más que a una limitación jurídica, a una restricción política. Cumplir con los requerimientos que imponen los Tratados, incluido el de la estabilidad de precios, exige un cambio urgente y decidido en la orientación de la política monetaria. Reformar el mandato del BCE para que la estabilidad de precios y la cohesión económica y social sean objetivos al mismo nivel de importancia debe ser el paso siguiente para evitar que puedan reproducirse situaciones como la actual.

10. Reformas en la Gobernanza Política: Reequilibrio de poderes para atajar el déficit democrático. [Más información]
Las medidas de política económica deben completarse con una reforma de la Gobernanza Política. El creciente recurso a los Acuerdos Intergubernamentales aprobados al margen de las instituciones europeas (Fiscal Compact, Fondo de Resolución Común) evidencia la asimetría de poderes en el seno de la UE, que imponen una determinada visión del modelo económico y social. Frente a ese poder asimétrico de los Estados Miembros, hay que reforzar las instituciones comunitarias, como la Comisión Europea, y fomentar la cooperación entre aquellos ciudadanos europeos que comparten características sociales y dificultades económicas.
Es necesario abordar cuanto antes el llamado déficit democrático de la Unión Europea, entendiendo por tal el grado de inclusividad de los ciudadanos europeos en las decisiones que les afectan, y en concreto, en relación a la salida a la crisis. Si los Estados Miembros transfieren cada vez más responsabilidades y competencias hacia las instituciones europeas, es necesario que de igual manera la rendición de cuentas se traslade al nivel en que se toman las decisiones. Ello pasa obligatoriamente por reforzar el papel del Parlamento Europeo, colocándole en el centro del proceso de construcción europea y mejorando su vinculación formal con los parlamentos nacionales.

Marzo 2014
Economistas Frente a la Crisis

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    El pensamiento económico al servicio de los ciudadanos

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