Economía, desigualdad y beneficios: otra perspectiva de la crisis

Carles Manera (@CarlesManera) es Catedrático de Economía de la UIB y miembro de Economistas Frente a la Crisis

Partimos de una comparación con la eurozona para el período 2000-2011 (véase el cuadro), en la que se intuye la distribución de la renta más desfavorable para los asalariados en el caso de España, a favor de los beneficios empresariales. En efecto, la participación salarial en el PIB decayó entre 2000 y 2007 tanto en la eurozona como en España; pero se aprecia una recuperación del total europeo a partir de 2008, mientras que el caso español constata las caídas de 2010 y 2011. Las curvas de los excedentes de explotación patentizan trayectorias divergentes tras el hundimiento de 2009: vemos la mayor contención, en 2010 y 2011, de las cifras de la eurozona, frente al claro crecimiento en España.

TABLA CLU EBEAquí, la caída de los CLU se explica por la mayor pérdida salarial y precariedad laboral, en relación a la eurozona, hecho que determina, a tenor de las tendencias dibujadas, la recuperación de los beneficios empresariales como cuota del PIB. Estos datos delatan que la contracción de la tasa de beneficio, junto a la pérdida de productividad del capital, se han compensado por el aumento de la cuota de excedente, un hecho que palia la falta de progreso técnico adecuado con actuaciones expeditivas –y severas– en el mercado de trabajo, en forma de despidos, contratos de peor calidad y salarios más bajos.

Costes LaboralesEstas situaciones infieren procesos de mayor desigualdad social prácticamente en todo el mundo. En efecto, los resultados del crecimiento económico son acaparados por una franja social cada vez más pequeña. Esta afirmación, que podría ser ideológica o intuitiva en algún tiempo, se ha revelado veraz a raíz de las investigaciones de Anthony Atkinson, Thomas Piketty y Emmanuel Saez, con estudios de largo plazo de Historia Económica, anteriores a las investigaciones más comentadas –tanto crítica como elogiosamente– por Piketty. El indicador que utilizan estos economistas es simple y, a la vez, de gran potencia explicativa: la parte del 1% de los más ricos que accede al conjunto de los ingresos. Las conclusiones son ilustrativas, y se exponen de forma telegráfica. A principios del siglo XX, el dato de los más pudientes representaba un nivel muy elevado, entorno al 20% de la renta nacional. La reducción de desigualdades se afianza tras la Segunda Guerra Mundial, de forma que a principios de la década de 1950 el porcentaje de los más ricos resumía el 10%, en una tendencia claramente a la baja.

EBE

Pero esta trayectoria cambia desde los procesos de desregulación económica y financiera de principios de los años 1980, lo cual atisba una profundización de las desigualdades. La evolución es diferente, si bien se confirma una conclusión de carácter general: la desigualdad ha aumentado entre 1982 y 2005, con cotas relevantes en Estados Unidos y en Reino Unido. Los contrastes son, en tal sentido, claros: casi diez puntos se incrementa el acceso de los más ricos al pastel de la renta nacional en Estados Unidos y más de siete en el caso británico, con una media de todas las áreas consideradas que no llega a los cuatro puntos. Es decir, las naciones que promueven el cambio de paradigma social y económico e inauguran la etapa neoliberal –con una clara noción hayekiana de la importancia del individuo y el mercado sobre el conjunto social y la participación del Estado en economía–, son los que marcan la pauta para el resto del mundo. A su vez, las naciones emergentes no se quedan atrás en ese desarrollo inequitativo: India y China ven crecer de manera exponencial sus PIB, pero al mismo tiempo consagran un modelo de crecimiento que impone la desigualdad como sello de identidad, en clara correspondencia con lo que acontece en las zonas más avanzadas del planeta.

La situación descrita es tan evidente que ha sido asumida por parte de la economía más convencional. Así, en una obra colectiva dirigida por James Mirrlees, Premio Nobel de Economía 1996, se señala que el rasgo más llamativo de la economía mundial en estos momentos es la gran desigualdad de las rentas; frente a ello, se aboga por adoptar unos sistemas de transferencia y tributarios cada vez más progresivos, en forma de subvenciones a la creación de empleo. En tal sentido, se deja constancia, por ejemplo, de los cambios registrados por el sistema impositivo en Gran Bretaña en los últimos treinta años, muchos de ellos siguiendo las pautas generales observadas en los países occidentales desarrollados. Se señala que las reformas fiscales impulsadas por los laboristas se han orientado a la disminución de la desigualdad, mientras que las auspiciadas por los conservadores han puesto mayor énfasis en reforzar los incentivos al trabajo. A su vez, se analiza la fiscalidad de los ingresos laborales, con énfasis en el conflicto que se plantea entre la eficiencia y la equidad a la hora de establecer los tipos del impuesto sobre la renta de los asalariados. La combinación de la tributación con la retirada de prestaciones sociales puede dar lugar a elevados tipos de gravamen cuando los individuos deciden incorporarse al mercado de trabajo. Se propone la aplicación de un sistema de apoyo familiar integrado, que supere la división existente entre las distintas ayudas actuales. La inacción en este campo conduce a un escenario de gran dureza social: relegar a una creciente proporción de la población a una vida de escaso trabajo.

El planteamiento de Mirrlees es recogido en las aportaciones de John Ruggie, en el sentido de que la dignidad es la esencia de la sostenibilidad social; por esto, las empresas deben preocuparse de los derechos humanos, máxime cuando en Estados Unidos la desigualdad en la distribución de la riqueza nunca ha sido tan grande como ahora, desde los años 1920. Algo escandaloso e inaceptable para este autor. Otros análisis van en la misma dirección. Según la organización Oxfam, 85 personas poseen el mismo volumen de riqueza que la mitad menos rica de la población mundial, a partir de un cálculo realizado con estimaciones nada sospechosas del Crédit Suisse. Oxfam indica que la desigualdad extrema no es inevitable, y centra su atención en el desarrollo de servicios públicos de salud y educación gratuitos y en un sistema fiscal más justo que recaude más de aquellos con mayor poder económico. Los servicios públicos son una inversión de futuro, y de una importancia crítica si se quiere evitar que la sociedad se vea abocada a un mundo que sólo tiene en cuenta las necesidades de las élites. En efecto, los estudios sobre disfunciones sociales recientes establecen elevadas correlaciones con las desigualdades. Ésta es una de las principales conclusiones de las investigaciones de Richard Wilkinson y Kate Pickett, cuando interrelacionan la degradación de los procesos sociales, los problemas de salud mental, las dificultades en la movilidad social, los déficits educativos y sanitarios con el incremento de la inequidad. A su vez, Michel Husson ha destacado la relevancia del gasto público para girar la tendencia de la desigualdad, hasta el punto que este autor expone la idea de un “triángulo ganador”: el mayor esfuerzo público supone reducir la desigualdad y, por ende, mejorar la salud de la población.

La tesis de la importancia del gasto público como palanca de crecimiento ha sido refrendada, curiosamente, por el mismo FMI, inmerso en continuas contradicciones en las declaraciones de sus dirigentes y en los informes técnicos de sus expertos. Así, los análisis del Fondo estimaban que por cada punto de ajuste fiscal –en suma, de recorte en el gasto público– en los países desarrollados, el PIB se contraía 0,5 puntos: un multiplicador, por tanto, muy bajo, de manera que esto de alguna forma bendecía las políticas de austeridad. Pero el reciente trabajo del economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, firmado con Daniel Leigh, revisa en profundidad los cálculos primigenios de la institución y establece nuevos multiplicadores. La transcendencia de esta aportación, de una encomiable honestidad intelectual y sustentada sobre más de treinta investigaciones realizadas entre 2008 y 2012, se concreta en unos puntos esenciales:

  • En fases de depresión y de trampas de liquidez (tipos de interés cercanos al cero, con poco margen pues para la política monetaria), el multiplicador fiscal puede superar con creces la unidad.
  • Se establece una horquilla que sitúa los multiplicadores, según los países considerados, entre 0,9 y 1,7 puntos porcentuales, con lo que se concluye que los efectos de las políticas de austeridad han resultado mucho más negativos de lo esperado y explicaría, entre otros elementos, los fallos de cálculo de las instituciones y, a su vez, el crecimiento notable de la desigualdad.
  • Un recetario único no es asumible por todos los países por igual; así, deben tenerse en cuenta las características de cada uno de ellos y de sus diferentes realidades. El cuestionamiento de la aplicación de una plantilla común que no distinga factores particulares subyace en esta revisión.
  • Urgen diagnósticos más rigurosos de la realidad económica, toda vez que los errores han supuesto la adopción de políticas económicas muy duras sobre todo en los países del sur de Europa, con resultados negativos para su cohesión social.

Por tanto, elevar el multiplicador según las nuevas estimaciones del FMI (recuérdense: del 0,5 al 0,9-1,7) alimenta la austeridad fiscal, habida cuenta que los efectos sobre el crecimiento del PIB pueden ser perversos: por la disminución de los ingresos públicos y por mayores gastos de los estabilizadores automáticos. Ante esto, una contribución reciente de J. Bradford DeLong y Lawrence H. Summers defiende la expansión fiscal precisamente para capacitar la financiación de la deuda y, a su vez, reducir el déficit. Estos autores defienden el incremento transitorio del gasto público para recuperar la economía, ante el agotamiento de las herramientas tradicionales en la política monetaria. Sin embargo, la prudencia guía ahora los escritos de los economistas, tras la fe de erratas de Blanchard; y esa cautela –observable, por ejemplo, en la entrega ya citada de Andrés y Doménech– para criticar los fallos, que se matizan una y otra vez, del FMI, solía ser implacable certeza por el mainstream en su práctica totalidad cuando la institución defendía, a capa y espada y con escaso soporte –que ha reconocido el propio Blanchard– que la transcendencia de los recortes era menor –un 0,5 de incidencia sobre el PIB– para la evolución del crecimiento.

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