¿Está perdiendo la Unión Europea el liderazgo en la lucha contra el cambio climático?

Por Cristina Narbona, miembro de Economistas Frente a la Crisis

El pasado 23 de octubre, el Consejo Europeo alcanzó una muy cuestionable posición común cara a la negociación internacional sobre cambio climático en el horizonte 2030: un 40% de reducción de las emisiones de CO2 del conjunto de la UE respecto del nivel de 1990, un porcentaje del 27% de energías renovables en el consumo de energía a escala europea, y un objetivo indicativo de un aumento del 27% de la eficiencia energética.(40-27-27) Es decir, ni un solo objetivo vinculante para cada uno de los países miembros, y con propuestas menos ambiciosas que las de la anterior Comisión y el Parlamento Europeo -e incluso por debajo de lo reflejado en el mandato del nuevo Presidente Juncker al Comisario Arias Cañete, donde se marca un porcentaje obligatorio del 30% para las energías renovables-.

Aparentemente, la UE se fija objetivos más ambiciosos que los hasta ahora aceptados por otros países. Así fue en el marco del protocolo de Kioto, cuando la UE se comprometió a reducir en 2012 en un 8% sus emisiones de CO2 respecto al nivel de 1990, -frente al 5% comprometido por el resto de los países firmantes-. En ese caso, los datos definitivos de 2012 son muy satisfactorios: la disminución ha sido del 19% para el conjunto de la UE ; y, aunque la crisis y la consiguiente menor actividad económica han propiciado dicha evolución, está demostrado que el éxito se ha debido, sobre todo, al progreso de las energías renovables y de la eficiencia energética.

De hecho, la UE está ya muy cerca de alcanzar el objetivo de reducción de emisiones -un 20% respecto del nivel de 1990-, que se había marcado para 2020. Precisamente por eso, la decisión adoptada en el citado Consejo Europeo puede parecer ambiciosa respecto de los escasos compromisos oficiales anunciados hasta ahora por parte de otros países, pero es muy insuficiente respecto de la capacidad ya demostrada en el conjunto de la UE.

Lo lógico hubiera sido revisar al alza el objetivo de 2020 -ya que apenas hubiera supuesto un esfuerzo adicional para los países miembros- y, además, plantear objetivos bastante más ambiciosos para 2030: en particular, en lo relativo al peso de las energías renovables, fijando objetivos específicos para cada país, así como un objetivo más alto en materia de eficiencia energética – vinculante y no sólo indicativo-. Según los informes de la propia Comisión, una combinación 40-30-40 hubiera comportado un ahorro para la UE en la importación de combustibles fósiles de 260.000 millones de euros, frente a los previstos 190.000 millones de euros con los objetivos 40-27-27.

España confía en una mejora de la interconexión

España ha jugado a la contra de una mayor ambición, defendida por Alemania, Dinamarca e incluso Portugal. Algo incomprensible en Bruselas, habiendo sido nuestro país líder en renovables y disfrutando del doble de horas de sol que Alemania… De hecho, la Comisión europea ya ha manifestado su preocupación por los cambios regulatorios -que pueden impedir que España alcance su objetivo de renovables en 2020-, así como su crítica al funcionamiento oligopolista del mercado eléctrico- principal causa del denominado déficit tarifario-. España ha aceptado, por tanto, un acuerdo muy por debajo de la verdadera capacidad global de la UE, a cambio de que la Comisión reitere el compromiso de alcanzar en 2015 una interconexión del 10% (compromiso ya anunciado en 2002, sin ninguna consecuencia hasta la fecha) sin que exista la menor garantía de que dicho objetivo, sin duda muy deseable, esta vez sí se cumpla. Basta leer el texto de las conclusiones del Consejo Europeo que “invita a la Comisión, a que presente propuestas, dentro de los límites del marco financiero plurianual”.

No hay, pues, ni un objetivo que obligue a los países menos interesados en dichas interconexiones, ni herramientas que permitan confiar en un aumento significativo de nuestra capacidad de exportar electricidad, optimizando así nuestro potencial de producción de renovables y reduciendo el coste de sobrecapacidad inutilizada en ciclos combinados. Otros países, como Polonia, se han sumado al acuerdo a cambio de la promesa de fondos comunitarios para favorecer tecnologías de carbón limpio.

Lamentablemente, es posible que durante los próximos años, -cruciales para frenar el calentamiento global- algunos países europeos puedan esgrimir que no cumplen con el necesario incremento en el uso de energías renovables porque no consideran suficientes los recursos europeos que se les han ofrecido como contrapartida, sea para aumentar las interconexiones o para minimizar las emisiones en el uso de su carbón nacional.

Un resultado, por tanto, decepcionante. Sobre todo si se amplía la mirada a lo que sucede en el resto del mundo, donde,- incluso sin acuerdos nacionales o regionales vinculantes- se están adoptando iniciativas en la lucha contra el cambio climático, inimaginables hace poco tiempo, como tuve ocasión de comprobar el pasado 23 de septiembre cuando Naciones Unidas convocó en Nueva York a líderes políticos, empresariales y sociales, con el fin de impulsar la negociación internacional sobre el clima mediante la puesta en común de experiencias ya en curso o de inmediata implementación.

Este empeño de demostrar con ejemplos concretos que las medidas para mitigar o para adaptarse al calentamiento global tienen efectos positivos sobre el crecimiento económico y la creación de empleo, pretendía neutralizar la opinión -propiciada por algunos gobiernos, como el español- de que tales medidas no son posibles en el actual contexto de crisis.

Mi percepción fue positiva: esta claro que las nuevas tecnologías son cada vez más competitivas, y las “viejas”, menos rentables. Lo más impactante en esta Cumbre fue, de hecho, la constatación de que el cambio climático comienza a convertirse en un potente vector de transición económica: por ejemplo, 180 inversores institucionales y 650 individuales anunciaron el desplazamiento de 50.000 M$ (de los que más de la mitad corresponden al grupo Rockefeller), desde su actual colocación en empresas de hidrocarburos hacia el sector de las energías renovables. Esta coalición, bautizada como “Global Divest/Invest”, no responde a impulsos éticos, sino a cálculos financieros precisos, como los que subyacen en el informe de H.Paulson y M.Bloomberg, dos reputados republicanos, que mantienen además una interesante web –www.riskybusiness.org– nada negacionista.

Y es que cada vez hay más voces calificadas que defienden un enfoque muy diferente al todavía dominante: lo que es bueno en la lucha contra el cambio climático, es bueno para la economía: ahí esta el último informe redactado por Nicholas Stern para la Global Comission on the economy and the climate, Better growth, Better climate, donde se insiste en que los países que antes aprovechen los nichos de actividad relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático dinamizaran significativamente su economía.

En ese contexto, el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo resulta claramente miope: la economía de la UE, y en particular la de algunos países miembros entre los que se encuentra España, podría beneficiarse de sus ventajas comparativas cara a una transición energética que, con o sin la UE, será una realidad a medio plazo.

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