A la política le compete poner en valor las propuestas económicas: entrevista a Jorge Fabra Utray

Esta es la versión completa de la entrevista realizada por el periodista Julián Mollejo Aparicio  a Jorge Fabra Utray @JorgeFabraU, presidente de Economistas Frente a la Crisis, para la VERDAD de Murcia, publicada el 19 de Noviembre de 2014

P- ¿Qué objetivos persigue Economistas Frente a la Crisis?

R- Buscamos institucionalizar el debate sobre la crisis y elaborar  propuestas que contribuyan al progreso social. Queremos contribuir a recuperar para la ciudadanía los conocimientos alcanzados por el avance de las ciencias sociales, en particular por la economía, y ponerlos a su servicio.

Nuestro objetivo como profesionales es aportar argumentos rigurosos y solventes desde la economía y desde las ciencias sociales. Pero es a la política, con mayúsculas, a la que le compete su puesta en valor a través de las leyes y del gobierno de la nación.

 P- Ustedes propugnan conservar y potenciar los bancos nacionalizados para crear una red de banca pública…

R- Si, efectivamente, entre nuestras propuestas –con todos los matices que existen en la pluralidad interna que caracteriza a Economistas Frente a la Crisis– puede encontrarse una posición favorable a la recuperación de la presencia del sector público en los sectores estratégicos, no solo en el bancario también en el sector energético.

El expolio de ENDESA por ENEL, en el que ha acabado la privatización culminada en 1997 de la empresa energética de referencia e instrumento precioso para la política energética española, avala nuestra preocupación por la pérdida de la presencia del Estado como actor económico e industrial en este sector estratégico.

También el sector bancario ha asistido, a lo largo de muchos años, a la completa desaparición de la banca pública. Una desaparición que no debiera ser refrendada por la mala y abusiva gestión realizada en algunas Cajas de Ahorro, entidades de singular naturaleza pública sometidas a un difuso poder territorial y corporativo. El sector bancario es un sector, como el energético, también sistémico y la presencia del sector público debiera actuar como testigo y revulsivo de la gestión de este sector, centro de la crisis que vivimos. Ello se puede lograr por medio de una agencia pública especializada  en la financiación de la inversión. Para ello sería necesario disponer de un  ICO redimensionado, más transparente y que preste directamente a los prestatarios finales. Una segunda vía complementaria sería mantener una participación de control público en Bankia y BMN.

Pero obviamente, muchas otras medidas son necesarias. Pongamos una de ella sobre la mesa: garantizar la independencia y recuperar la especialización de los órganos reguladores que existen, precisamente, porque en la economía existen sectores estratégicos que afectan a la sociedad de manera sistémica.

P- ¿No generaría esto un mayor déficit presupuestario y un aumento de la deuda pública?

R- Nada de esto tiene que ver con el aumento del déficit y de la deuda pública. Al contrario, contribuiría al relanzamiento del flujo crediticio y con ello al crecimiento y desapalancamiento de las cuentas del sector privado y del Estado. Y si hablamos del sector eléctrico, no hay duda alguna de que la presencia pública del Estado en una empresa como ENDESA hubiera permitido tener la información necesaria para derogar la regulación que ha encarecido la electricidad a empresas y familias en detrimento de la competitividad de la economía y del bienestar de las familias.

La presencia como testigo y como actor estratégico del sector público se ha ido desvaneciendo desde mediados de los 90 y, con su desaparición, la gestión del Estado ha perdido fuerza y credibilidad porque sin los instrumentos que esa presencia le hubiera podido suministrar su acción no puede ser eficiente.

P- Y relanzar la inversión pública ¿tampoco generaría esto un mayor déficit y un aumento de la deuda?

R- También –obvio- la inversión y el gasto público tienen que ver con el déficit y la deuda. Pero una vez más hay que advertir aquí, que lo que parece intuitivo no es cierto.

Uno de los conceptos que a los estudiantes de economía les empieza a cambiar su cultura de ciudadanos corrientes -que en sus inicios de economía no tienen más noción que la que se intuye a través de las economías “caseras”-  es el concepto del “Multiplicador del Gasto Público”. Se trata de un efecto, paradójico, poco intuitivo, según el cual, bajo determinadas condiciones, un incremento del gasto público desencadena un proceso de incrementos sucesivos de la producción de bienes y servicios que permiten al Estado aumentar sus ingresos y disminuir su gasto en las prestaciones sociales hasta el punto en que puede llegarse a contrarrestar el incremento del gasto si este va dirigido hacia sectores con altos multiplicadores. Las cuentas públicas acaban reequilibrándose al nivel inicial impulsando una espiral virtuosa de crecimiento y mejora del bienestar de los ciudadanos. Olivier Blanchard, Economista Jefe del FMI, ha recalculado el valor medio del multiplicador del gasto en esta fase del ciclo y ha reconocido su minusvaloración por la UE y resto de instituciones financieras internacionales. Están empezando a reaccionar, además del FMI, la OCDE y algunos gobiernos de los Estados miembros de la UE. Lástima que este inicio en las rectificaciones llegue tan tarde.

Y lástima porque este efecto opera igualmente, aunque en sentido contrario, si se trata de una reducción del gasto público . La restricción del gasto tiene límites difícilmente sorteables en compromisos de corto plazo y tiende a centrarse sectores de alto valor añadido: investigación, enseñanza, sanidad… y acaba impulsando una espiral viciosa de decrecimiento con pérdida no sólo del bienestar de los ciudadanos, también de la capacidad potencial de crecimiento. Es decir, empobrece en todos los sentidos el país. En fin, la reducción del gasto no implica la pretendida reducción del déficit presupuestario. De hecho la curva de crecimiento de la deuda se ha acelerado durante estos años gestionados por la mal llamada austeridad.

Así es que, ambos fenómenos, aumentos y disminuciones del gasto incorporan consecuencias poco intuitivas, contrarias a lo que, sin conocimientos suficientes, cualquier ciudadano podría esperar. El Presidente de nuestro Gobierno que continuamente afirma que “no se puede gastar más de lo que se tiene” añadiendo que “hasta las amas de casa lo saben”  no podría pasar, simplemente, del primer curso de economía en cualquier Facultad de Economía. La austeridad expansiva ha resultado ser un fraude. Esto es lo que estamos viendo.

Y es, precisamente, saber que la economía de los hogares nada tiene que ver con la economía de una nación, la razón por la que Economistas Frente a la Crisis se suma a la propuesta de los sindicatos europeos de impulsar un Macro Plan de inversiones a nivel europeo… Para los países del sur de Europa es imprescindible un reequilibrio comercial en la zona euro, impulsando la demanda interna de los países superavitarios y un nuevo planteamiento de la consolidación fiscal: reducciones del déficit condicionadas al crecimiento económico. Y la vía es revertir la devaluación interna, estimulando la demanda desde la inversión y el gasto público para desencadenar la disminución del endeudamiento privado, única vía para salir de esta crisis en un plazo compatible con las escasas reservas de resistencia que después de dos recesiones restan a empresas y familias.

Desde el primer día Economistas Frente a la Crisis consideró un error y una equivocación política la reforma del artículo 135 de la Constitución. El saldo presupuestario, la variable más importante para la gestión política a disposición de un gobierno democrático, no puede dejarse abandonado a los automatismos ciegos de una “regla de oro”.  Consideramos necesaria la derogación o neutralización del artículo 135 de la Constitución. Si esa reforma, completamente necesaria, fuera una mera operación cosmética, la pérdida de credibilidad de todas las fuerzas políticas que la proponen no tendría retorno.

P- ¿Cuánto tardaremos en salir de la crisis con las actuales recetas que se están aplicando?

R- Tras  un primer semestre de 2014 decepcionante en el conjunto de la Eurozona, el PIB está en 2014 por debajo del nivel  del inicio de 2008. La baja inflación generalizada  es un reflejo de la falta de tensión de la demanda. El desapalancamiento se realiza a un ritmo lento, puesto que el PIB nominal crece menos que la deuda.

Pero empieza a existir un consenso creciente en que el estancamiento europeo es una amenaza mayor que la deuda. El BCE y la Comisión Europea parecen estar empezando a plantearse una revisión de sus políticas -¿será tal vez porque las amenazas están también llegando a Alemania?- pero ¿no será ya tarde? Para hacer frente al estancamiento con medidas de estímulo sería necesario haber avanzado más en la unión política, llegando más lejos en aspectos tales como fiscalidad,  unión bancaria y emisión de eurobonos. El anti keynesianismo germánico frena el alcance de la política fiscal anti-cíclica. El débil crecimiento pone en cuestión a la Eurozona y a la deficiente unión monetaria creada al implantar el euro. Da la impresión que los que se dicen mayores defensores de la Unión Europea, lo que defienden en realidad es una Europa naif que sólo genera euroescepticismo.

Se hace necesaria una coordinación en Europa de los partidos políticos progresistas para impulsar reformas de las instituciones europeas. En concreto, es necesario poner en cuestión de la Unión Fiscal, el pacto de estabilidad y el estatuto del BCE.

Cambiar ahora como parecen indicar algunas declaraciones y algunos movimientos de las instituciones internacionales y europeas es confesar –sin admitirlo, naturalmente- que han infringido a millones de ciudadanos un sufrimiento inútil y que han debilitado el crecimiento potencial de la eurozona y, muy en particular, de los Estados del sur.

Y la cuestión se recrudece porque el estancamiento secular y el aumento de las desigualdades tienen consecuencias políticas devastadoras. Nacionalismos y populismos, como los que empiezan a dominar la escena en Francia y en Inglaterra, reaparecen con su peor cara. No basta con encontrar las recetas económicas adecuadas, es preciso además  aportar respuestas políticas a los problemas, como se advierte cada día con mayor claridad en España.

P- ¿Está en peligro el estado del bienestar?

R- La economía española está enferma y muy enferma. La productividad no aumenta, como en los demás países, cuando crece la economía sino cuando se hunde. Es un comportamiento anómalo y enfermizo derivado de la medicina de devaluación interna, cebada en la devaluación salarial, aplicada. El empleo ha caído mucho más que el PIB en esta crisis. Diez puntos porcentuales más: menos de seis ha caído el PIB y más de dieciséis el empleo. Esto no ha ocurrido en los demás países, también en crisis, en los que el empleo ha descendido menos que el PIB.

El mercado laboral español está muy desregulado: empleo temporal injustificado, despidos masivos sin causa, procedimientos para reducir reiteradamente salarios y condiciones laborales. Y lo último, empleos a tiempo parcial con horario y duración cambiantes e inestables. Un mercado laboral destrozado en nombre de la creación de empleo. Un empleo que es frágil e insostenible. Al primer indicio de debilidad de la economía, volverán la destrucción de empleo y las caídas de salarios. Con más intensidad, si cabe, de la mano de la reforma laboral que sólo sabe implorar a la Virgen del Rocío. Con este mercado laboral, España continuará siendo el país de los Veintiocho de la UE con mayor tasa de pobreza entre la población empleada. Porque nuestra desigualdad, la más alta de la Unión, proviene sobre todo del mercado laboral. Así lo muestran todos los indicadores europeos. La desregulación laboral es el motor de la desigualdad. Fracaso económico y fracaso social.

Y esto pasa en todos los sectores. También en la sanidad y en la enseñanza. No es necesario aportar datos. Es la experiencia cotidiana que viven todos los ciudadanos. El Estado de Bienestar está degradándose demasiado deprisa. El peligro es que entremos en niveles difícilmente reversibles.

Economistas Frente a la Crisis, plantea algunas cuestiones básicas en relación con esta deriva. Entre ellas, la  retrocesión de los procesos de privatización de la sanidad; la recuperación de la pujanza de la enseñanza pública que, inexcusablemente, pasa por poner fin a los privilegios económicos de la Iglesia  (impuestos, centros de educación concertados, subvenciones… ) en definitiva, denuncia del Concordato; el establecimiento de mecanismos de protección efectiva de las familias sin rentas mínimas para una subsistencia dignafinanciación de la dependencia. En fin, sí. El Estado de Bienestar está en serio peligro. No puede ser de otra manera con el 25% de paro y la precariedad de gran parte del empleo existente.

P- ¿Les preocupa que puedan alinearlos con algún partido político de izquierdas?

R- No nos preocupa. Nuestra independencia intelectual está plenamente acreditada. Si nos preocupara es que no estaríamos seguros de ser realmente independientes. Ahora bien, la independencia no es neutralidad ni es incompatible con las coincidencias en los diagnósticos y en las propuestas. Tampoco con las discrepancias. Coincidencias y discrepancias mantenemos con todos los partidos de izquierda. Con unos más, con otros menos. En Economistas Frente a la Crisis la pluralidad convive con la sintonía. Es nuestra formación como economistas y las preocupaciones compartidas lo que nos ha permitido encontrarnos en esta iniciativa. No éramos realmente conscientes, cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos, que caminábamos por caminos que muchos otros también querían transitar. Una iniciativa que también comparten otros profesionales que desde sus conocimientos enriquecen  nuestras posiciones. En el fondo, la economía es, más allá de su alto grado de formalización, una ciencia social y, por ello, pluridisciplinar.

P- ¿En qué grado contribuye a la crisis la corrupción política tan extendida en nuestro país?

R- La corrupción reduce la eficiencia del gasto público. La corrupción distorsiona la estructura del aparato productivo. La corrupción condiciona los procesos de privatización.

El Estado tiene legitimidad para privatizar empresas públicas, pero cuando se trata de empresas con posiciones estratégicas de largo alcance para la economía o cuando afectan a servicios sociales, sanidad, educación…   es necesario ser muy precisos en sus valoraciones y consecuencias económicas y sociales. Las privatizaciones pueden generar centros de poder económico fieles a quienes deciden privatizar, convirtiéndose en un incentivo de naturaleza corrupta que puede mermar los ingresos públicos y degenerar la calidad del Estado de Bienestar.

La corrupción desalienta al contribuyente. El espectáculo de gobernantes que reciben dinero no declarado, “en negro”, es una fábrica de desaliento. Las consecuencias son automáticas: disminuyen los ingresos públicos y aumentan los gastos derivados de los intereses de la deuda pública. Pero hay otra adicional muy importante en momentos de crisis como los que vivimos: reduce la capacidad del Estado para tomar medidas de carácter anti-cíclico, medidas que traten de contrarrestar los efectos de la crisis y ayuden a superarla.

La incidencia del Estado en la economía se canaliza a través del presupuesto y un presupuesto limitado por la evasión fiscal limita su capacidad de actuar, más, ahora cuando estamos abocados –y está en nuestras propuestas- a incrementar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas; a la revisión de la  imposición sobre las rentas del capital y sobre el patrimonio; a la supresión de beneficios fiscales que esconden subvenciones sin el control del Estado; y al establecimiento  de una verdadera fiscalidad verde. En definitiva, a la armonización de nuestra fiscalidad con nuestro entorno comunitario que debe llevar, por otra parte, al fin taxativo de los paraísos fiscales dentro de la UE.

La corrupción deteriora la imagen exterior de España. Las noticias de miembros de la Casa real y de un Presidente del Gobierno involucrados en la corrupción impacta en la línea de flotación de nuestra imagen y justifica cualquier exceso. Portadas y editoriales contundentes de periódicos como el Financial Times, el Washington Post o The Economist, protagonizadas por la corrupción en nuestro país llevan nuestra imagen a las cercanías de una monarquía africana. Y esto tiene consecuencias económicas muy desfavorables. Reduce la capacidad de negociación de nuestros representantes en los foros internacionales (un mundo de lobos), transmite la sensación de inseguridad jurídica a los inversores potenciales y trastoca la confianza de los mercados.

Por ello creemos que las fuerzas políticas deberían alcanzar un acuerdo para elaborar y aprobar una Ley contra la corrupción. No se trataría de una Ley más. Se trataría de refundir, para hacer explícitas y eficaces en su aplicación, las normas existentes. Pero ese acuerdo sólo puede alcanzarse entre quienes sean creíbles o puedan recuperarse de una credibilidad amenazada.

Pero no sólo. También debieran establecerse políticas positivas que incentiven comportamientos alineados con el interés general y no con los intereses particulares. En este campo pueden hacerse muchas cosas. Mencionaré una. Sólo como ejemplo: establecer un sistema de financiación pública de los sindicatos, como también los partidos políticos tienen. Los sindicatos, como los partidos, son organizaciones que cumplen un papel esencial en nuestro ordenamiento constitucional: en la Constitución Española los sindicatos tienen encomendada una función de intermediación…. Y de paso diré que la reforma laboral intenta mermar el alcance de ese mandato constitucional, esencial para la convivencia y el progreso económico.

P- ¿Qué opina del programa económico de Podemos y, en general, de este proyecto político?

R- De momento no opino. Hay que esperar a que lo elaboren, lo concreten más y lo depuren. Lo que conocemos hasta ahora está confusamente formulado y necesita un mayor desarrollo. En mi opinión, su programa nace más de la indignación que del análisis. Con seguridad, a medida que se aproximen al poder, irán incorporando expertos que introducirán elementos de responsabilidad, rigor y solvencia en sus planteamientos. Hacer juicios ahora, para descalificarlo o para lo contrario, también sería populismo.

P- ¿Qué opina sobre las polémicas prospecciones petrolíferas en Canarias? ¿Está a favor o en contra?

R- En contra… Pero no podría ser de otro modo. Entre nuestras propuestas consideramos urgente e inaplazable concretar un programa de transición energética que descarbonice el sector eléctrico y que adquiera dimensión suficiente para aportar energía renovable al transporte, la mayor fuente de emisiones de efecto invernadero. Además, ya nadie duda de que  tenemos que cambiar el modelo productivo y…  la transición energética puede  ser una de las palancas de ese cambio porque ella misma contiene elementos de reindustrialización, de expansión del tejido empresarial, de empleo de calidad y de innovación y desarrollo tecnológico. Todas cuestiones que no son hoy, precisamente, las mayores virtudes de nuestra economía.

Este programa debe verse potenciado con el cierre de las centrales nucleares a lo largo de la próxima década de los 20 para abrir espacio a las inversiones en tecnologías de generación basadas en fuentes primarias energéticas renovables. En definitiva, es la retrocesión de la reforma eléctrica iniciada con la LSE de 1997 y de sus sucedáneos, lo que nos permitirá abrir esta vía de progreso real.

Las prospecciones petrolíferas en Canarias se incardinan en proyectos que nada tienen que ver con estos planteamientos. Tampoco, por supuesto, las prospecciones en el Mediterráneo. ¡Qué disparate! Pero es que además constituyen una amenaza para nuestros recursos turísticos. Un riesgo inasumible, por bajo que se pretenda. Un disparate.

Nota: La Verdad de Murcia publicó el 19 de Noviembre una versión abreviada de esta entrevista, por razones obvias de espacio, que respeta fielmente el contenido de esta versión completa

2 pensamientos en “A la política le compete poner en valor las propuestas económicas: entrevista a Jorge Fabra Utray

  1. Coincido en el análisis y en las propuestas de esta interesante entrevista. Me parece muy certero el comentario de que la desregulación laboral es un motor de la desigualdad.

  2. Absolutamente de acuerdo en todo.
    Y quisiera añadir que estos planteamientos ya los vienen defendiendo, sin ningún éxito (en cuanto a difusión mediática, ni apoyo de colectivos profesionales) algunos partidos desde hace ya bastantes años.
    Bueno es que los “jóvenes” Economistas frente a la crisis hagan oír su voz respaldando dichas propuestas y, como es el caso, aportando otras nuevas (como el cuidar la independencia de los reguladores) cuya importancia es cada día más creciente.
    Bienvenida sea la propuesta (en estos momentos inviable, salvo que se hunda electoralmente el Partido Popular) de derogar (espero que sea eso lo que se propone) la modificación del artículo 135 de la Constitución.
    Y bienvenidas, también, las propuestas (poco explicitadas hasta el presente) de la creación de una banca pública y la recuperación de la presencia del estado en los sectores estratégicos.
    Finalmente quiero añadir que ninguno de estos cambios será posible mientras sobreviva el bipartidismo; Porque los dos grandes partidos han sido los artífices y beneficiarios de la demolición y saqueo al que desde hace ya más de 30 años se ha venido sometiendo al Estado en cumplimiento de los criterios (órdenes, más bien) emanados de instituciones ajenas al control democrático.
    Saludos.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s