¿Adónde van nuestros impuestos? EFC en Reporteros de Canal Sur


Manuel de la Rocha Vázquez es miembro de Economistas Frente a la Crisis

Durante el año 2012 se subió el IRPF y el IVA, y también se declaró una amnistía fiscal para quienes habían defraudado a Hacienda. La crisis ha puesto de manifiesto que la gestión de los impuestos presenta un componente importante tanto en la solución financiera como en la búsqueda de recursos, aunque hay orientaciones políticas que marcan las estrategias del reparto de las cargas. ¿Adónde van nuestros impuestos?

El programa de Canal Sur, Reporteros (emitido 22-12-12), realiza un reportaje sobre el destino de los impuestos y entrevistan a Manuel de la Rocha Vázquez, de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, para analizar el problema del fraude fiscal y la elusión de impuestos.

[youtube:http://youtu.be/P3bPxuQIB28?t=4m46s%5D

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera supone una devaluación de la democracia.


Francisco Javier Braña y Bruno Estrada, miembros de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, han elaborado un análisis sobre el Anterpoyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera que puede ser leído en su totalidad aquí.

La ideología por encima de todo. 

De llegar a aprobarse, este anteproyecto de ley supone elevar a rango legal una parte importante de los componentes ideológicos que están detrás de la interpretación neo-clásica dominante en el análisis económico desde los años 70 del siglo pasado, que rechaza las contribuciones del keynesianismo y trata a toda costa de socavar el Estado del bienestar. Y ello a pesar de sus importantes limitaciones metodológicas y empíricas. La democracia representativa, a través de los parlamentos, surgió hace varios siglos como una forma de participar en la elaboración del presupuesto público, que hasta entonces era una potestad reservada al rey. Este proyecto supone un importante paso atrás, ya que entroniza a la tecnocracia econométrica como un nuevo rey absoluto, por encima de la voluntad ciudadana. A pesar de que los supuestos en los que basan sus cálculos son altamente controvertidos, tratando de ocultar que la economía es una ciencia social donde no existe exactitud matemática. Esta ley interpreta, en contra de toda la teoría de la Hacienda Pública, que la estabilidad presupuestaria es el equilibrio(el déficit cero) o el superávit  presupuestario (en términos de capacidad de financiación según la definición del Sistema de Cunetas Europeo), lo que supone negar el propio principio que otorga a las Administraciones Públicas, al Estado, la capacidad de actuar con medidas contracíclicas.

La fuerte restricción democrática que supone esta ley se aprecia con nitidez en el artículo 11, donde se prevé que se podrá interponer recurso de inconstitucionalidad, frente al incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Así el Tribunal Constitucional se sitúa como el lugar donde dilucidar si es correcta la apreciación por parte del Congreso de los Diputados de que una situación es de catástrofe natural, de emergencia extraordinaria, o qué es el déficit estructural y como se calcula. Con ello se coloca al Tribunal Constitucional por encima de la voluntad popular en cuestiones que pertenecen al debate político y social.

Eso sí, el proyecto recurre a la verborrea y mezcla de conceptos (eficiencia, eficacia, economía, calidad) como en el artículo 7, en el que se trata de fundamentar el proyecto apelando a la eficiencia en la asignación de recursos. Con ello destierra que entre las funciones del Estado está también la redistribución, y que una manera de entenderla es no repercutiendo sólo sobre la generación actual la financiación de aquellos gastos que benefician a generaciones futuras. Sigue leyendo–>

Francisco Javier Braña.

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca.

Miembro de Economistas Frente a la Crisis

Bruno Estrada López.

Director de Estudios de la Fundación 1º de mayo.

Miembro de Economistas Frente a la Crisis

Dos reglas fiscales diferentes


Para funcionar, la nueva regla fiscal europea debe tener como contrapartida una unión fiscal

Las reglas fiscales destinadas a la contención del gasto público o a un presupuesto equilibrado están basadas en la experiencia de que algunos Gobiernos pueden llegar a tener comportamientos subóptimos desde el punto de vista del bienestar social general para conseguir objetivos electorales o políticos a corto plazo a costa de los contribuyentes y la sociedad a largo plazo. El nuevo Tratado sobre el Pacto Fiscal aprobado hace unos días por 25 de los 27 miembros de la UE introduce una regla fiscal que se ha dado en llamar regla de oro.

Sin embargo, esta regla de oro fiscal no debería llamarse así, al no tener nada que ver con la ya conocida regla de oro que introdujo en Estados Unidos, en 1790, Alexander Hamilton, secretario del Tesoro, tras haber decidido que el Tesoro Federal asumiría todas las deudas de los Estados miembros de la Unión. A cambio de asumir su deuda, Hamilton impuso a los Estados una regla sencilla y eficaz, consistente en que solo pueden endeudarse para invertir y no para financiar su gasto corriente. Este último tiene que ser financiado con sus propios impuestos. Sigue leyendo

Keynes Tenía Razón


PAUL KRUGMAN 03/01/2012

http://www.elpais.com/articulo/economia/Keynes/tenia/razon/elpepieco/20120103elpepieco_9/Tes

“La expansión, no la recesión, es el momento idóneo para la austeridad fiscal”. Eso declaraba John Maynard Keynes en 1937, cuando Franklin Delano Roosevelt estaba a punto de darle la razón, al intentar equilibrar el presupuesto demasiado pronto y sumir la economía estadounidense -que había ido recuperándose a ritmo constante hasta ese momento- en una profunda recesión. Recortar el gasto público cuando la economía está deprimida deprime la economía todavía más; la austeridad debe esperar hasta que se haya puesto en marcha una fuerte recuperación.

Por desgracia, a finales de 2010 y principios del 2011, los políticos y legisladores en gran parte del mundo occidental creían que eran más listos, que debíamos centrarnos en los déficits, no en los puestos de trabajo, a pesar de que nuestras economías apenas habían empezado a recuperarse de la recesión que siguió a la crisis financiera. Y por actuar de acuerdo con esa creencia antikeynesiana, acabaron dándole la razón a Keynes una vez más.

Lógicamente, al reivindicar la economía keynesiana chocó con la opinión general. En Washington, en concreto, la mayoría considera que el fracaso del paquete de estímulos de Obama para impulsar el empleo ha demostrado que el gasto público no puede crear puestos de trabajo. Pero aquellos de nosotros que hicimos cálculos, nos percatamos, ya desde el primer momento, de que la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009 (más de un tercio de la cual, por cierto, adquirió la relativamente ineficaz forma de recortes de impuestos) se quedaba demasiado corta teniendo en cuenta la gravedad de la recesión. Y también predijimos la violenta reacción política a la que dio lugar.

De modo que la verdadera prueba para la economía keynesiana no ha provenido de los tibios esfuerzos del Gobierno federal estadounidense para estimular la economía, que se vieron en buen parte contrarrestados por los recortes a escala estatal y local. En lugar de eso, ha venido de naciones europeas como Grecia e Irlanda que se han visto obligadas a imponer una austeridad fiscal atroz como condición para recibir préstamos de emergencia, y han sufrido recesiones económicas equiparables a la Depresión, con un descenso del PIB real en ambos países de más del 10%.

Según la ideología que domina gran parte de nuestra retórica política, esto no debía pasar. En marzo de 2011, el personal republicano del Comité Económico Conjunto del Congreso publicó un informe titulado Gasta menos, debe menos, desarrolla la economía. Se burlaban de las preocupaciones de que un recorte del gasto en tiempos de una recesión empeoraría la recesión, y sostenían que los recortes del gasto mejorarían la confianza del consumidor y de las empresas, y que ello podría perfectamente inducir un crecimiento más rápido, en vez de ralentizarlo.

Deberían haber sido más listos, incluso en aquel entonces: los supuestos ejemplos históricos de “austeridad expansionista” que empleaban para justificar su razonamiento ya habían sido rigurosamente desacreditados. Y también estaba el vergonzoso hecho de que mucha gente de la derecha ya había declarado prematuramente, a mediados de 2010, que la de Irlanda era una historia de éxito que demostraba las virtudes de los recortes del gasto, solo para ver cómo se agravaba la recesión irlandesa y se evaporaba cualquier confianza que los inversores pudieran haber sentido.

Por cierto que, aunque parezca mentira, este año ha vuelto a suceder lo mismo. Muchos proclamaron que Irlanda había superado el bache, y demostrado que la austeridad funciona (y luego llegaron las cifras, y eran tan deprimentes como antes).

Pero la insistencia en recortar inmediatamente el gasto siguió dominando el panorama político, con efectos malignos para la economía estadounidense. Es verdad que no hubo ninguna medida de austeridad nueva digna de mención a escala federal, pero sí hubo mucha austeridad “pasiva” a medida que el estímulo de Obama fue perdiendo fuerza y los Gobiernos estatales y locales con problemas de liquidez siguieron con los recortes.

Claro que, se podría argumentar que Grecia e Irlanda no tenían elección en cuanto a imponer la austeridad, o, en cualquier caso, ninguna opción aparte de suspender los pagos de su deuda y abandonar el euro. Pero otra lección que nos ha enseñado 2011 es que Estados Unidos tenía y sigue teniendo elección; puede que Washington esté obsesionado con el déficit, pero los mercados financieros están, en todo caso, indicándonos que deberíamos endeudarnos más.

Una vez más, se suponía que esto no debía pasar. Iniciamos 2011 con advertencias funestas sobre una crisis de la deuda al estilo griego que se produciría en cuanto la Reserva Federal dejara de comprar bonos, o las agencias de calificación pusieran fin a nuestra categoría de Triple A, o el superfabuloso comité no consiguiera alcanzar un acuerdo, o algo. Pero la Reserva Federal finalizó su programa de adquisición de bonos en junio; Standard & Poor’s rebajó a Estados Unidos en agosto; el supercomité alcanzó un punto muerto en noviembre; y los costes de los préstamos de Estados Unidos no han parado de disminuir. De hecho, a estas alturas, los bonos estadounidenses protegidos de la inflación pagan un interés negativo. Los inversores están dispuestos a pagar a Estados Unidos para que les guarde su dinero.

La conclusión es que 2011 ha sido un año en el que nuestra élite política se obsesionó con los déficits a corto plazo que de hecho no son un problema y, de paso, empeoró el verdadero problema: una economía deprimida y un desempleo masivo.

La buena noticia, por decirlo así, es que el presidente Barack Obama por fin ha vuelto a luchar contra la austeridad prematura, y parece estar ganando la batalla política. Y es posible que uno de estos años acabemos siguiendo el consejo de Keynes, que sigue siendo tan válido hoy como lo era hace 75 años.

Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel 2008. © 2011 New York Times Service Traducción de News Clips.