Tecnocracia y transparencia en la Economía Española

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No es la formación económica de los líderes, sino la transparencia de las instituciones, la que determina el desempeño económico. La apelación a la tecnocracia es mera ideología disfrazada de eficiencia económica.

José Moisés Martín es economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis.

Desde el inicio de la crisis de la eurozona, y muy especialmente durante el período en el que coincidieron Papademos en Grecia y Monti en Italia, se ha abierto un importante debate sobre la conveniencia de mantener, en situaciones de crisis, gobiernos de unidad nacional –o de salvación nacional- bajo el liderazgo de lo que se ha denominado un “tecnócrata”.

Este debate, con menos intensidad pero no por ello con menos importancia, se ha reflejado también en algunos creadores de opinión que, utilizando la vía de las tribunas en importantes medios de comunicación, han insistido en la conveniencia de que España se dote de un gobierno de técnicos, apoyados por una gran mayoría parlamentaria que sumaría a los principales partidos “mainstream”, como son el Partido Popular, el PSOE, y probablemente, PNVy CiU. Este gobierno tendría una gran legitimidad de origen –apoyo de más del 85% del arco parlamentario- y también gran legitimidad de resultados, pues, según los defensores de esta posición, situar a los técnicamente más competentes en el liderazgo del Estado garantizaría mejores resultados en la gestión de la crisis.

Sin embargo, y con independencia de la crítica política y moral que cabe realizar a esta propuesta (la técnica no es neutral, sino que siempre está al servicio de un proyecto político concreto) si nos centramos en términos estrictamente económicos, la evidencia empírica demuestra que este razonamiento no se corresponde con la realidad.

Anil Hira, publicó en 2005 un artículo titulado “¿Deberían los economistas dirigir el mundo?”. En el mismo, Hira realiza un estudio sobre las cualificaciones intelectuales y técnicas del liderazgo de 65 países durante los años 1960 a 2005, en los cinco continentes. Sus conclusiones son, al respecto de la discusión, extraordinariamente relevantes: si bien se detecta una clara tendencia a que los puestos de liderazgo sean cada vez más ocupados por líderes “tecnocráticos” (entendidos como aquellos que poseen un doctorado en Ingeniería o en Economía) en los últimos años, no hay evidencia empírica que demuestre que los resultados económicos de estos “líderes tecnócratas” sean mejores que los resultados obtenidos por otros dirigentes. Los resultados del estudio señalan que si bien estos líderes han sido efectivos en el control de la inflación, no lo han sido tanto en la promoción del crecimiento económico y han obtenido mucho peores resultados en el ámbito de la reducción de las desigualdades.

Las conclusiones de Hira vienen reforzadas por la reflexión de Acemoglu y Robinson en su celebrado libro “¿Por qué fracasan los países?”, tan utilizado estos días para argumentar una cosa y su contraria. Acemoglu y Robinson son claros en este aspecto: no es la cualificación de los líderes la que garantiza el buen desempeño económico y social, sino una estructura institucional transparente y susceptible de rendir cuentas a la ciudadanía. Contra la tentación de la tecnocracia, el poder de más democracia.

Y como parte irrenunciable del entramado institucional que garantiza en buen funcionamiento de la democracia y de la economía, tanto ellos como anteriormente José Antonio Alonso (por partida doble), Rafael Domínguez, y Carlos Mulas en diferentes trabajos han examinado el papel de las instituciones en el crecimiento económico a largo plazo, y, especialmente, el correcto funcionamiento de las instituciones reguladoras.

No son pocas las ocasiones en las que la racionalidad tecnocrática se impone a las condiciones del buen gobierno. Con la excusa de la necesidad técnica de «agilizar el funcionamiento del mercado», en España estamos viviendo una profunda crisis de la supervisión de nuestra economía. El descrédito al que el actual gobierno sometió durante la primavera al Banco de España, ha llevado a tener que contar con “asesores externos” para evaluar la situación de nuestro sistema financiero. De esta manera, Olivier Wyman y Roland Berger, dos consultoras de consultoría estratégica con poca presencia en nuestro sector financiero, se han erigido en jueces de la salud de nuestro sistema bancario, relegando al otrora prestigioso Banco de España a una función meramente subsidiaria.

No corre mejor suerte la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde una persona de la reconocía valía de Julio Segura, que había ocupado puestos de responsabilidad con gobiernos del PSOE y del PP, y el cual siempre había hecho uso de su independencia de criterio, va a ser, sustituido, al terminar su mandado, por Elvira Rodriguez, destacada militante del Partido Popular, estrecha colaboradora de Rato y Montoro, exministra y exconsejera de la Comunidad de Madrid.

El panorama regulador empeora todavía más si examinamos el proyecto de creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que unificará, bajo un mismo paraguas, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, y la Comisión Nacional del Servicio Postal, entre otros. La creación de la CNMC centralizará las tareas de supervisión de sectores estratégicos para el futuro de la economía española, y lo hará bajo el liderazgo de un presidente nombrado por tres años y sin posibilidad de repetir mandato. El propio Consejo de Estado ha destacado que bajo estas condiciones es muy difícil que se ofrezca el liderazgo independiente que tal puesto requeriría. Más grave es aún la falta de concreción sobre la financiación y los medios con los que va a contar este órgano clave para el futuro de nuestra economía. Se incrementa la sospecha si se tiene en cuenta que los actuales órganos supervisores, con mandatos en vigor, han sido muy críticos con algunas de las reformas del gobierno en sus respectivos ámbitos. En definitiva, el proyecto de la CNMC amenaza con crear una laguna de supervisión y de inseguridad jurídica de difícil arreglo si se pone en marcha tal y como está previsto.

Reestructurar la economía española desde una profunda liberalización, al tiempo que se debilita la supervisión y regulación independiente de los mercados estratégicos, es terreno abonado para la colusión, la creación de cárteles y oligopolios varios, en definitiva, para incrementar el riesgo de una mayor concentración de poder en las manos de las élites que dirigen la economía de este país. Tristemente, la ciudadanía poco podrá hacer si prospera el actual proyecto de ley de transparencia, altamente criticado por la sociedad civil, precisamente, por su “falta de transparencia”.

De acuerdo con Transparency International, España era, en 2010, el tercer país de la Unión Europea con mayor percepción de corrupción, sólo superado por Grecia y Rumanía. El índice de democracia de The Economist, diario poco sospechoso de veleidades populistas, rebajó a España desde el puesto 16 en 2006 al 25 en 2010 en el ranking de la calidad democrática.

En un país que está sufriendo los efectos de la connivencia entre el sector inmobiliario, el sector financiero, y una parte del sector político (730 casos abiertos de corrupción), este giro “antisupervisor” de la estrategia del Partido Popular nos lleva por el camino equivocado, nos lleva a una economía menos transparente, menos democrática y menos preocupada por el bienestar de sus ciudadanos. Y, de paso, menos eficiente.

En este caso de la «tecnocracia» , como en otros, nos encontramos con mera ideología disfrazada de un discurso de eficiencia económica. Ésta es la clave y ésta debería ser nuestra preocupación: la mejora de la calidad democrática, de la transparencia y de las instituciones, y no si nuestro presidente ha estudiado un doctorado de economía en Harvard. Acemoglu y Robinson dixit.