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Por María Luz Rodríguez Fernández, miembro de Economistas Frente a la Crisis y Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Castilla- La Mancha
Marialuz.rodriguez@uclm.es
Acabamos de conocer lo datos del Global Gender Gap Report 2012 del Foro Económico Mundial[1], donde España ha descendido al puesto 26 del ranking mundial en relación con la igualdad de género. En 2011 ocupábamos el puesto número 12, con lo que la caída en igualdad entre mujeres y hombres habida en nuestro país en el último año es verdaderamente relevante.
Cierto es que el principal motivo de nuestro descenso en las cotas de igualdad parece deberse al desplome de la participación de las mujeres en la vida política, en la que pasamos de estar en el puesto número 5 (de un total de 135 países) a situarnos en el puesto número 27. Pero también caemos, aunque sea en mucha menor medida, en la igualdad en la educación (descendemos un puesto hasta situarnos en el 38) y en la igualdad en la participación de mujeres y hombres en la economía. En este ámbito, que es en el que quiero situar la reflexión, caemos un escalón y nos situamos en el puesto 75 de los 135 países tomados como referencia.
Nuestra posición al respecto de la igualdad de mujeres y hombres en la esfera económica es mala, me atrevería a decir que endémicamente mala, pero el hecho de que hayamos descendido un solo puesto en el ultimo año y que hayamos, incluso, mejorado nuestra posición con respecto a lo que sucedía el año 2009, donde ocupábamos el puesto 90, puede llevar a algunos a pensar que la crisis apenas está afectando a las mujeres.
Y es verdad que, en países como España, donde la crisis económica obedece a factores exógenos -la crisis financiera de nivel mundial-, pero también a componentes propios como lo es la caída del sector de la construcción, conviene observar con cuidado los efectos que la misma puede causar sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Al haberse desplomado un sector de actividad productiva prácticamente masculino en la composición de su fuerza de trabajo, puede pensarse que la crisis ha sido también masculina y que, por ello, las mujeres han salido, por así decirlo, indemnes de ella. Una lectura simplista de los datos de la Encuesta de Población Activa podría, incluso, avalar dicha suposición: de los más de 3 millones de puestos de trabajo que se han perdido en España desde el inicio de la crisis económica (enero 2008), más de 2’5 millones estaban ocupados por hombres.
Sin embargo, no deben precipitarse las conclusiones. Primero porque la tasa de paro de las mujeres no deja de haberse incrementado en más de 13 puntos durante este tiempo. Segundo, porque muchas mujeres, casi un millón, que antes de la crisis estaban fuera del mercado “oficial” de trabajo han entrado en él en busca del sustento para su familia, con nulas o muy escasas posibilidades de encontrar un empleo y con muchas -por edad, formación y, sobre todo, inexistencia de políticas activas de empleo apropiadas para ellas- de cronificarse en las listas del paro. En tercer lugar, la crisis ha parado de raíz el avance habido en la tasa de empleo de las mujeres, que desde 1996 venía incrementándose en cerca de 2 puntos por año y que, a partir de 2008, donde alcanza su punto más alto, superando el 44%, empieza a descender a razón de un punto por año (salvo para las mujeres de más de 55 años, cuya tasa de empleo ha sido la única que ha crecido durante la crisis). Y, por último, aunque quizá sea este el efecto mas negativo de todos, la crisis económica ha acabado con el discurso y la agenda política sobre igualdad dentro y fuera del mercado de trabajo.
En efecto, hasta bien entrado el 2008, la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres había ocupado un lugar central en la agenda política y en la obra legislativa del Gobierno. Guiado por el impulso de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se despliega un conjunto de actuaciones políticas y normativas que van asentando, también en el ámbito de las relaciones laborales, los mandatos de la Ley. No obstante, pronto empiezan a decaer los impulsos en materia de igualdad en el espacio de las empresas: algunas porque están inmersas en intensos procesos de reestructuración para hacer frente a los efectos de la crisis y otras porque aprovechan la difícil situación económica como pretexto para hacerlo. En ambos casos, el avance en igualdad se paraliza y queda postergado frente a otros objetivos que los empresarios juzgan en ese momento más urgentes e importantes.
De hecho, la negociación de los denominados “planes de igualdad”, que son el instrumento ideado por la Ley para erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito de las empresas, se produce a “cuentagotas”: 4 planes de igualdad en 2007, 19 en 2008, 58 en 2009 y 61 en 2010. El resultado a día de hoy es que solo el 8’6% de las empresas que deben negociar planes de igualdad (aquellas que tienen más de 250 trabajadores/as) lo han hecho[2].
En la esfera política, la lucha contra el paro empieza también a ocuparlo todo, desplazando casi por completo cualquier debate o política que no sea la batalla frente a la crisis económica. La igualdad queda, por tanto, relegada a un segundo o tercer plano, sin que empape ya, como hacía antes, la acción de gobierno. Aun así, la reforma laboral de 2010 todavía mantiene una cierta pulsión en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo y, junto a medidas muy controvertidas para intentar el estímulo del empleo, tanto que dan origen a una huelga general, se hallan otras que aún pretenden el avance en la igualdad real, como las que se refieren a la definición de la clasificación profesional, donde debe eliminarse toda forma de discriminación sea directa o indirecta, o a los colectivos de mujeres a que se puede aplicar el contrato para el fomento de la contratación indefinida.
La ruptura definitiva con las políticas de igualdad de mujeres y hombres dentro del mercado de trabajo vendrá con la reforma laboral de 2012. Primero porque el notable incremento del poder empresarial en la organización del trabajo tiene un reflejo inmediato en la ordenación del tiempo de trabajo y, por tanto, en las posibilidades que tienen trabajadores y trabajadoras (casi siempre, a pesar de los avances sociales en corresponsabilidad, trabajadoras) para combinar los tiempos dedicados a su profesión con los tiempos dedicados al trabajo de cuidados. Y, en segundo lugar, porque se da marcha atrás en la concepción de los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, supeditando el derecho de trabajadores y trabajadoras a combinar tiempos de trabajo con tiempos de cuidados, antes de carácter absoluto, a las necesidades de la empresa.
Todo ello tiene efectos negativos sobre la igualdad de mujeres y hombres en la esfera económica, donde, más allá de subir o bajar un escalón, España está –y vuelvo a repetir el dato porque es realmente elocuente- en el puesto 75 del ranking mundial.
[1] Disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf (fecha de consulta: 25 de octubre de 2012).
[2] Son los datos que proporciona Sanz Bernal en “El avance de los planes de igualdad en la negociación colectiva”, disponible en http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/835508-Observatorio_Mujer,_Trabajo_y_Sociedad,_n._5_(marzo_de_2011).pdf (fecha de consulta: 25 de octubre de 2012).
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