Economistas Frente a la Crisis pregunta. Pedro Sánchez, Secretario General electo del PSOE, responde

El siguiente documento tiene por objeto ofrecer una perspectiva sobre las posiciones de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ganador de las primarias internas a la Secretaría General del PSOE, en torno a las principales cuestiones económicas a las que se enfrenta España y a las que se deben enfrentar los partidos políticos desde la oposición o desde el Gobierno.

Estas son las respuestas de Pedro Sánchez Pérez-Castejón,

 próximo SG del PSOE

Pedro Sanchez

Mis respuestas a las preguntas de Economistas Frente a la Crisis deben enmarcarse en la necesidad que España emprenda una transición económica -que ha de acompañar la ampliación y profundización de nuestra democracia- hacia un modelo productivo sostenible, generador de progreso social y que debe acompasarse con profundos cambios en los modelos de distribución y consumo, todo ello en el marco de un cambio de modelo energético que prime la conservación del medio ambiente, aproveche las energías renovables disminuyendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles y la factura exterior que esto provoca.

1. Competitividad

En un contexto en que el tipo de cambio viene determinado por el mercado y la política monetaria es competencia del BCE, las ganancias de competitividad, imprescindibles para contribuir a la fortaleza del sector exterior, pueden conseguirse fundamentalmente a través de una mayor capacitación de los factores de producción, trabajo y capital, es decir, a través de la formación del capital humano y de una más eficiente capitalización financiera y tecnológica de las empresas o a través de la reducción de los costes de laborales. Es decir, innovación frente a devaluación salarial.

– ¿Qué elementos considera motores de la necesaria ganancia de competitividad de la economía española?

Nuestro país tiene que abordar una transición económica, España no puede plantearse como objetivo  competir en mano de obra barata en un mundo global.

Según los últimos datos, a pesar de que los salarios siguen bajando, se reduce la competitividad de nuestras empresas y nuestra economía, entre otras razones por el aumento de las rentas empresariales y por la fortaleza del euro.

El coste salarial es sólo uno de los muchos costes empresariales. En este momento lo más prioritario es actuar sobre el coste del capital y el coste de otros insumos como la energía que ahogan la recuperación económica. Es necesario eliminar las rentas oligopolísticas de las que aún disfrutan algunas grandes empresas.

Por otra parte la política económica no debe estar orientada a rebajar el coste del trabajo, sino a aumentar su productividad mediante el aumento de la inversión, de la innovación y de la mejora de la organización y dirección empresarial. La mejor manera de asegurar un salario digno es invirtiendo en educación y desarrollando nuestro capital humano.

– ¿Qué objetivos se plantearía a corto y medio plazo?

En el corto plazo, es necesario rebajar el coste del capital y aumentar su disponibilidad, acelerando el proceso de recapitalización de los bancos, estableciendo criterios que dificulten el reparto de dividendos a aquellos bancos que, como consecuencia de su escasa capitalización, restrinjan el crédito. Además es necesaria una verdadera reforma energética que elimine los excesos de tarifa.

De la misma manera, es necesaria la integración de los objetivos del sistema empresarial en el sistema educativo, fundamentalmente a través de la formación profesional. También es preciso reforzar la colaboración de las iniciativas públicas con la inversión en I+D +I de las empresas y sobre todo con su internacionalización. Es necesario transformar las metodologías educativas adaptándolas a este nuevo siglo, con especial sensibilidad hacia la adquisición de competencias necesarias para el mercado de trabajo de los nuevos tiempos.

Finalmente exigiría al BCE una política monetaria más flexible que ayude a corregir la sobrevaloración del euro como forma de recuperar la competitividad de nuestras exportaciones sin recurrir a la devaluación salarial.

A medio plazo, el desarrollo de una verdadera política industrial que permita aumentar el tejido industrial y generar servicios de alto valor añadido sobre la nueva estructura industrial. Es la única manera de mantener empleo de calidad.

2. Reforma Fiscal

Según recientes datos publicados por Eurostat, la presión fiscal de España se situaba en el 32,5% del PIB lo que nos sitúa en el puesto 19 de 28 de la Unión Europea. Es indudable la necesidad de, por una parte, hacer frente a los elevados niveles de déficit y deuda pública y, por otra parte, contribuir desde la Hacienda Pública al impulso a la demanda, al tiempo que se crean las condiciones tributarias para favorecer un cambio de modelo productivo y el reforzamiento del Estado de Bienestar. Respecto a la cuestión de cómo debe ser la composición del ajuste fiscal

– ¿Debe concentrarse en una reducción del gasto o en un aumento de los ingresos?

Sin lugar a duda en un aumento de los ingresos. En primer lugar, mediante una apuesta firme de lucha contra el fraude fiscal y la elusión de impuestos. Y en segundo, a través de una reforma fiscal progresiva y justa que equipare la imposición de las rentas del trabajo y del capital  y que grave de una manera más apropiada la riqueza.

Los impuestos no pueden seguir recayendo en su mayor parte sobre los trabajadores.

Por lo que respecta a la segunda cuestión, ¿Cómo orientaría la reforma fiscal en términos de equilibrio entre impuestos directos/indirectos?

La reforma fiscal debe aumentar la progresividad del sistema fiscal, de manera que contribuyan más quienes más tienen. Es necesario potenciar por lo tanto la capacidad recaudatoria de los impuestos directos, ya que solo estos  permiten una fiscalidad realmente progresiva.

– ¿Qué objetivo de recaudación mantendría en términos de % del PIB?

Una presión fiscal del 40% estaría en línea con la media de la zona euro y nos permitiría recaudar los recursos necesarios para mantener el Estado de Bienestar.

– ¿Qué medidas tomaría Vd. para aumentar los ingresos y favorecer la distribución de la riqueza?

Equiparar progresivamente la tributación de las rentas del capital con las rentas del trabajo, que ahora soportan tipos marginales muy superiores.

Eliminar o limitar considerablemente deducciones y bonificaciones fiscales regresivas, como las reducciones por aportaciones a planes privados de pensiones o por determinados rendimientos del capital inmobiliario.

Establecer un mínimo nacional en el impuesto de Sucesiones y Donaciones e integrar la tributación de la riqueza en el impuesto sobre la renta.

Establecer medidas que impidan la elusión de impuestos de las empresas multinacionales.

Y en concreto ¿Qué medidas específicas tomaría para luchar contra el fraude fiscal?

Aumentar los recursos destinados a la lucha contra el fraude, tanto humanos (inspectores y subinspectores) como materiales. Impulsar la creación de la Oficina Estatal contra el fraude fiscal. Mejorar la coordinación entre administraciones y, dentro de las mismas, entre diferentes organismos para compartir las bases de información y mejorar la eficacia de las mismas. Creación de Juzgados Económicos, especializados en fraude fiscal, a la Seguridad Social, corrupción y delitos económicos, ampliando los medios y las funciones de la Fiscalía Anticorrupción y de Delitos Económicos. Introducir incentivos para la delación por fraude fiscal. Endurecimiento de las sanciones por fraude y ampliación del plazo prescripción, así como la tipificación de nuevos delitos como la colaboración con el fraude. Mayor control de las SICAV. Educación cívica contra el fraude y mayor transparencia (por ejemplo publicitando lista de defraudadores).

3. Desempleo

Con una tasa de paro del 25,9% (EPA Q1) y una creciente precarización de las condiciones laborales, el desempleo es el principal problema económico y social de España. La reforma laboral aprobada en 2012 establece en este contexto potentes mecanismos para propiciar una ‘devaluación interna’ basada esencialmente en forzar a través de diversas medidas la contracción de los salarios reales y nominales. Por otro lado, el mercado de trabajo español presenta desde hace treinta años elevados niveles de precariedad y segmentación, ante los cuales han aparecido dos tipos de respuestas opuestas: las que optan por resolver esos problemas igualando las condiciones de los contratos, y las que apuestan por compensar las diferentes características de los trabajadores. Cada una de ellas determina evoluciones opuestas en materia de ordenación y funcionamiento del mercado de trabajo.

– ¿Qué medidas considera necesarias para la recuperación del empleo y la disminución del paro?

Para empezar hay que situar la creación de empleo en el centro de la política económica, cosa que hoy no sucede. Vivimos en un país con casi 6 millones de personas en situación de desempleo y, sin embargo, la política económica del Partido Popular está volcada en la reducción del déficit y no en la creación de empleo. Eso hay que cambiarlo. Por otra parte, es claro que para crear empleo debe haber crecimiento económico. No nos engañemos, sin crecimiento económico no puede haber creación de empleo, así que tendremos que hacer políticas que impulsen el crecimiento económico. Pero para ello no podemos ir solos, necesitamos a Europa.

Es verdad que la pertenencia a la UE reduce considerablemente los instrumentos de los que disponemos para afrontar la crisis económica. La UE ejecuta o condiciona la política monetaria, comercial, presupuestaria y de tipo de cambio entre otras. Por esa razón debemos exigir con contundencia que las instituciones de la UE tengan en cuenta también los problemas de España a la hora de establecer su política económica. Es necesario que el BCE adopte una política monetaria expansiva que facilite el crédito y corrija la sobrevaloración del euro. Es evidente que el recorte continuado del gasto y la inversión pública (la mal llamada “austeridad”) ha retrasado la salida de la crisis en la Europa comunitarida, por esa razón la UE, a través de su presupuesto o del de los países sin problemas de déficit, debe contribuir a la recuperación de la demanda agregada.

Por otra parte el sector público no puede seguir recortando empleo en sectores tan vitales como la educación o la sanidad. La reforma fiscal ha de proporcionar los recursos suficientes para recuperar el empleo en los principales servicios del Estado de Bienestar.

Es necesario también que fluya de nuevo el crédito y que se reduzcan los costes empresariales no salariales para mejorar la competitividad de nuestra economía y la aportación al crecimiento de las exportaciones.

Finalmente, no podemos olvidar la ingente cifra de personas en situación de desempleo que necesitan volver a tener oportunidades de trabajar. Hay mucho talento y mucha capacidad productiva en las filas del paro que no podemos perder para nuestro país. Por eso es necesario incrementar considerablemente las inversiones en políticas activas de empleo. El Gobierno del PP ha recortado las inversiones destinadas a preparar a las personas desempleadas para volver al trabajo en más de un 45 por ciento en los últimos 3 años. Yo me comprometo, como ya hicimos en nuestra Conferencia Política, a obligarnos por ley a destinar un 1,5 por ciento del PIB a políticas activas de empleo. Eso significa dedicar algo más de 15.000 millones de euros a políticas destinadas a la preparación para la vuelta al trabajo de las personas desempleadas y no la raquítica cifra de menos de 4.000 millones de euros que hoy destina a algo tan importante el PP.

– ¿Respalda la devaluación salarial como estrategia de política económica?

No, claro que no.

Creo que la economía de nuestro país debe ser muy competitiva. Todos sabemos que no habrá creación de empleo sin crecimiento económico. Y el crecimiento económico demanda economías muy competitivas a escala global. Ya hemos explicado anteriormente que la competitividad no puede ganarse con la simple rebaja de los costes laborales. Hay otros factores como el precio de la energía, el del dinero o la formación del capital humano que son más importantes que los costes laborales como elementos de competitividad.

La pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos se ve agravada por el debilitamiento del Estado como igualador de servicios y oportunidades, además de disminuir la demanda interna con la repercusión negativa sobre el PIB y la recaudación de tributos, un bucle claramente destructivo.

Por otra parte, creo, sinceramente, que la política salarial de nuestro país debe ser objeto de acuerdo entre los agentes sociales. Ello demanda sindicatos fuertes y negociación colectiva potente. Y ambos han sido debilitados por la reforma laboral del Partido Popular. Así que necesitamos recuperar el poder y la credibilidad de los sindicatos y la fortaleza de la negociación colectiva como elementos centrales de nuestro modelo de relaciones laborales, pero también de nuestra política salarial. Que sean sindicatos y empresarios, en definitiva, los que fijen cómo, cuándo y en qué cuantía deben subir los salarios. Es lo más acorde con el principio de autonomía colectiva que reconoce nuestra Constitución. Además, lo han hecho ya en el pasado, y siempre han demostrado un gran sentido de la responsabilidad. No veo por qué no iba a ser así también en el futuro.

– ¿Cambiaría la reforma laboral? ¿En qué sentido?

Hay que reconocer que todas las reformas laborales hechas durante la crisis, también las que hicimos cuando el Partido Socialista estaba en el Gobierno, han tenido un hilo conductor común. En todas ellas se han relajado algunas garantías o derechos de los trabajadores creyendo que, de esta forma, podía crearse empleo o, al menos, contenerse la destrucción del mismo. Sin embargo, creo que la reforma del Partido Popular de 2012 ha sido cualitativamente distinta a las anteriores. Y lo ha sido porque, desde mi punto de vista, supone un cambio de paradigma o modelo de relaciones laborales. Hemos pasado de un modelo en que había un relativo equilibrio de poder en las relaciones entre trabajadores y empresarios a un modelo mucho más autoritario, donde el poder del empresario sale muy fortalecido y la participación de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales francamente devaluada. Que se puedan modificar sustancialmente las condiciones de trabajo, incluido rebajar el salario, sin que haya acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores es una buena prueba de lo que digo.

También es una muestra de este nuevo modelo autoritario la reforma que se ha hecho de la negociación colectiva. Imponer la prioridad aplicativa de la negociación colectiva en la empresa, sin condicionamiento alguno que proceda de la negociación sectorial, en un país como España, donde casi el 90 por ciento de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y, por tanto, una representación de los trabajadores inexistente o sin apenas poder de negociación, o la “muerte” de los convenios colectivos 12 meses después de su denuncia sin que haya habido un acuerdo para renovar los mismos, supone eliminar elementos claves de equilibrio de poder en las relaciones entre trabajadores y empresarios y, por eso mismo, desvitalizar la negociación colectiva. Eso es lo que ha hecho el PP. Para mí, resulta claro que debemos cambiar la normativa laboral para recuperar esos elementos de equilibrio de poder. Un ejemplo evidente de lo que digo: hay que derogar la pérdida de ultra-actividad de los convenios colectivos una vez transcurrido 12 meses desde su denuncia.

– ¿Considera que el desempleo es un problema de rigideces normativas o se deriva de una fuerte debilidad de la demanda?

El desempleo es producto de una pluralidad de factores, entre ellos la fuerte debilidad de la demanda, pero no de las rigideces normativas. Con las mismas normas laborales que algunos consideraban rígidas fuimos capaces de crear casi 3 millones de empleos entre 2004 y 2008. Pero creo que cuando los socialistas estuvimos en el Gobierno cometimos una equivocación en este terreno. Pensar que las reformas laborales crean empleo. El tiempo nos ha demostrado de forma más que suficiente que ninguna reforma laboral crea empleo por sí sola. No lo hicieron las socialistas y no lo está haciendo la reforma laboral del PP. No hay más que ver las cifras de paro para darse cuenta de que ello es así. Lo que sí pueden hacer las normas laborales es definir el modelo de relaciones laborales y de empleo que queremos como país. Y yo tengo muy claro que hay que crear empleo, pero también que tenemos que tener un modelo de relaciones laborales donde exista un relativo equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios y un modelo de empleo de más calidad.

– Y en concreto, ¿qué medidas considera apropiadas para atajar el desempleo juvenil?

El desempleo juvenil es un fenómeno dramático, porque podemos perder una generación de jóvenes para nuestro mercado de trabajo y nuestro país, pero también es un fenómeno muy complejo, porque la situación de todos los jóvenes en situación de desempleo no es la misma.

Hubo un tiempo en el que, por decirlo de algún modo, el trabajo compitió con la escuela y muchos jóvenes abandonaron de forma prematura el sistema educativo para irse a trabajar. Hoy se encuentran sin trabajo y sin una formación suficiente para poder acceder a nuevos empleos. Para estos jóvenes volver a la formación es el mejor camino para volver a trabajar.

Otros muchos jóvenes tienen educación y formación más que suficiente para incorporarse al mercado de trabajo, pero no encuentran empleo. Más aún, sabemos que muchos de nuestros jóvenes tienen que dejar nuestro país para encontrar una oportunidad de trabajar en un país extranjero. Y no lo hacen de manera voluntaria, como dijo la Ministra de Empleo, sino forzados por la situación de falta de empleo en España. Pensando en ellos es necesario definir fórmulas que les permitan incorporarse al mercado de trabajo y, una vez hecho esto, no caer en la trampa de la precariedad. Es decir que no sean temporales o becarios de por vida, como hoy está empezando a suceder en demasiadas ocasiones. Para eso creo que hay que hacer una revisión en profundidad de todas las normas que regulan la contratación de jóvenes, incluidas las becas y el trabajo autónomo.

Finalmente, creo que debemos elaborar algo así como un “Plan de Retorno de nuestro Talento”. Me refiero a un plan para intentar que todos aquellos jóvenes que han tenido que dejar nuestro país por falta de trabajo puedan volver a trabajar a España.

– ¿Está de acuerdo en la implantación del denominado “Contrato Único”?

No, no estoy de acuerdo con la implantación del “contrato único”. Sinceramente no creo que haya fórmulas mágicas, por atractivas que parezcan, que remedien por sí solas el dramático problema del desempleo que sufre nuestro país y la fuerte segmentación o dualidad de nuestro mercado de trabajo. Ahora bien, debe reconocerse que este problema de la segmentación o dualidad existe y que, en España, hay muchos más contratos temporales que en otros países de nuestro entorno. Cerrar los ojos a esta evidencia sería un claro error. De ahí que sí sea partidario de ensayar soluciones audaces para combatir este problema, pero no, como digo, de la figura del “contrato único”.

4. Energía

En el año 2006 el Gobierno deroga la DT Sexta de la Ley del Sector Eléctrico que regulaba la percepción de los Costes de Transición a la Competencia (CTC’s) por las empresas propietarias de las centrales eléctricas existentes antes de 1997, consolidando así una elevada retribución de las Centrales Nucleares (CC.NN) e Hidroeléctricas (CC.HH) muy por encima de la esperada por sus propietarios y por los consumidores cuando se produjeron las correspondientes inversiones. En los años 2010 y 2011, el Gobierno emitió diferentes normas que modificaron con carácter retroactivo determinados aspectos del régimen económico bajo el cual se habían producido las inversiones en las centrales eléctricas renovables (EE.RR) existentes. En 2012 el Gobierno aprobó un RD mediante el cual quedaban paralizadas las inversiones en EE.RR. En 2013 el Gobierno promulgó una Ley mediante la cual se modifica de manera completa y sistémica la regulación técnica y retributiva de la EE.RR. En 2014 el Gobierno emite normas de desarrollo de la Ley aprobada en 2013 que confirman su carácter retroactivo lesivo de primer grado.

Este proceso normativo ha afectado a la seguridad jurídica y a la confianza legítima en las normas de los consumidores primero y de los inversores en EE.RR después, comprometiendo la aportación posible del Sector Eléctrico a la competitividad de la economía y el tránsito hacia un nuevo modelo energético crecientemente renovable.

Para cambiar el rumbo de este proceso destructivo,

– ¿Estaría de acuerdo en que sean restituidas las regulaciones técnicas y retributivas bajo las cuales se produjeron cada una de las inversiones en las centrales eléctricas existentes?

Sí, porque la restauración de la regulación bajo la cual se produjeron todas y cada una de la inversiones en generación de energía eléctrica tendría efectos muy positivos. Para empezar supondría que la sobre-remuneración de las centrales nucleares e hidroeléctricas se terminaría y que la confianza de inversores y consumidores en las normas que emiten las instituciones del Estado se recuperaría. Pero, además, haría que el Sector Eléctrico pudiera convertirse en una oportunidad para el cambio del modelo productivo que necesita nuestro país y que España pudiera empezar a gestionar con inteligencia la parte que le corresponde en la lucha por mitigar las causas del cambio climático que derivan de la actividad humana.

– Y para el futuro ¿Considera que la planificación energética debe recuperarse y recurrir a las subastas por tecnología como instrumento de una política energética e industrial económica y medioambientalmente sostenible?

La reforma de la regulación del sector eléctrico es la única llave que puede abrir la puerta a una mejor política energética dado que los costes reconocidos por la regulación vigente encorsetan cualquier cambio de rumbo que se quiera dar a esta política. Para España debe ser una prioridad realizar una política energética cuyo fin sea la sostenibilidad en su doble componente económico y medioambiental, con capacidad para contribuir al cambio del modelo productivo aportando independencia energética, tejido industrial y empresarial, innovación tecnológica y empleo de calidad.

El que la configuración actual del sector eléctrico español no sea sostenible, nos debe llevar a rediseñar el modelo regulatorio para permitir que el mercado recupere su capacidad  para asignar de forma eficiente los recursos y para determinar de forma adecuada, ni por exceso ni por defecto, la retribución de los distintos sistemas productivos de electricidad. Nos debemos plantear el recuperar el mercado de la electricidad bajo un nuevo diseño que contemple las singulares características de la electricidad y de las diversas tecnologías que concurren en su producción.

-¿Estaría de acuerdo en una regulación bajo la cual el autoconsumo energético pudiera desplegarse sin trabas?

La energía es un puntal básico en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y también en la consecución de un sistema económico generador de una riqueza sostenible, por tanto, siempre que sea respetuoso con el medio ambiente, sí que soy partidario de esta regulación.

-¿Cuál es su opinión sobre la prolongación de la vida útil de diseño de las CC.NN?

Coincido con la propuesta que al respecto se contenía en el programa electoral del PSOE de promover el cierre de las centrales nucleares a medida que vayan consumiéndose los períodos de tiempo de vida para las que se les concedió la autorización de la puesta en marcha de las mismas.

-¿Cuál es su opinión en relación con las prospecciones petrolíferas en las costas españolas? ¿Y sobre la tecnología de Fraking para la extracción no convencional de hidrocarburos?

Soy radicalmente contrario a la realización de prospecciones petrolíferas en las costas españolas por el riesgo claro e incontrolable de deterioro medioambiental que podría producirse en el medio marino en las que se llevase a cabo las referidas actuaciones. Creo necesario adoptar medidas cautelares que suspendan dichas prospecciones antes de que se produzcan daños irreparables. Al mismo tiempo, instaremos la modificación de la Ley de Hidrocarburos para que sea el Estado quien controle en todo momento la adquisición de los derechos de prospección evitando que sea un proceso cuasi automático como lo es ahora.

Estas prospecciones ponen en riesgo, además de la riqueza medioambiental, la industria turística y la pesquera, generadoras de riqueza que repercute en amplias capas de nuestra sociedad.

Por lo que se refiere a la obtención de llamado gas de esquisto considero que debe prevalecer el interés de defensa del medio ambiente, del contenido acuífero y la defensa de la salud de los colectivos ciudadanos.

5. Estado del Bienestar

La crisis ha modificado el equilibrio de fuerzas entre trabajo y capital y a menudo ha sido utilizada como excusa para eliminar derechos y asimismo reducir el alcance del limitado Estado del Bienestar español. Además, en concreto, la última reforma del sistema de pensiones realizada en 2013 ocasionará, según la Actualización del Programa de Estabilidad del Gobierno, una reducción en cuatro puntos del PIB del gasto anteriormente previsto para 2050 tras la reforma de 2011, lo que entraña caminar hacia un modelo de pensiones públicas reducidas y muy complementadas con un sistema privado de capitalización mucho más robusto que el actual. Aun así, nuevas propuestas, como las que defienden el establecimiento de cuentas nocionales, consideran que el sistema de pensiones públicas de reparto debe transformarse en otro basado exclusivamente en las estrictas aportaciones individuales.

– ¿Qué aspectos del  actual Estado de Bienestar español le parecen angulares?

Todos los pilares del Estado de Bienestar que construimos son angulares, todos son viables y todos hay que mantenerlos con esa reforma fiscal que propongo. Quizás habría que revisar el modelo de política social y el enfoque de estas políticas. A mi me gusta especialmente el sistema de bienestar de los países del norte de Europa en los que las políticas familiares son una pata más de la política económica. Esto significa que con medidas claras de apoyo a las familias se consiguen objetivos sociales y económicos diversos. Por ejemplo, la extensión de una buena red de servicios públicos de atención a menores y dependientes genera empleo, pero además permite la incorporación de muchas mujeres al mercado de trabajo. Los países con mayor tasa de actividad femenina son los que tienen un índice de natalidad más alto. Y esto sí que es uno de los grandes retos, aumentar la natalidad para coadyuvar en el sostenimiento del sistema de bienestar.

-¿Cuáles reformaría, y en qué sentido?

En realidad España ha sido uno de los países con mejor calidad en la sanidad pública. Hay que recuperar esa calidad e invertir en investigación para recuperar a los grandísimos profesionales e investigadores que están desarrollando su talento fuera del país.

En el sistema educativo, al que ya me he referido antes, hay que modificar las metodologías de enseñanza y reordenar cuáles son las competencias prioritarias a adquirir. La aparición de las nuevas tecnologías hace necesario revisar qué es ahora lo imprescindible en educación y que es lo accesorio y estoy convencido de que esas competencias imprescindibles ahora mismo deberían trabajarse mejor. Este es un gran reto. Además, por supuesto hay que volver a la equidad en el acceso a la educación mediante becas que en lugar de disminuir, deberían aumentar.

Y como decía antes la política de apoyo a las familias es básica. Decía Gosta Spin-Andersen que la mejor forma de evitar la pobreza infantil es que las madres trabajen. Este es uno de los grandes retos en el segundo país de Europa con la tasa más alta de pobreza infantil y hay que abordarlo de forma inmediata.

Finalmente, me propongo estudiar con mucha atención la futura Ley de Renta Básica que aprobará el Parlamento andaluz para ver su posible adaptación al conjunto del Estado, colaborando activamente con las CCAA en sus ámbitos competenciales. España no puede permitirse unos niveles de pobreza infantil superiores al 27% mientras se realizan reformas fiscales retrógradas que hacen que el Estado ingrese 7.000 millones de euros menos.

– ¿Qué reforma de las pensiones plantea?

No defiendo reformas sustanciales. El modelo público de pensiones basado en el reparto me parece el adecuado. Los ajustes deben ser puntuales y menores y siempre acordados en el marco del Pacto de Toledo. El Estado debe cubrir la parte redistributiva del sistema de pensiones con cargo a impuestos generales y no sólo a las cotizaciones sociales. La solidaridad no es exclusivamente un problema entre trabajadores. Por otra parte reduciría los incentivos fiscales a los sistemas privados de pensiones y dedicaría esos recursos a mejorar las pensiones más bajas. Esto último sería, además, un factor clave de igualdad entre mujeres y hombres, dado que las pensiones más bajas las tienen las mujeres. Hay que subir las pensiones más bajas para subir las pensiones de las mujeres.

– ¿Apoyaría la transformación del actual sistema de reparto en otro basado en las cuentas nocionales?

No, el actual sistema de reparto está basado en un acuerdo entre generaciones que le confiere gran solidez y estabilidad. Además incorpora elementos de solidaridad que sería imposible mantener en un sistema individual de capitalización basado en cuentas nocionales. En la práctica supondría cambiar de un sistema de seguro colectivo a un sistema de ahorro individual, lo que aumenta considerablemente el riesgo de jubilarse con una pensión insuficiente.

6. Sistema financiero

En toda economía el Sistema Financiero es uno de los sectores económicos sistémicos. De hecho la crisis financiera ha alcanzado en España una magnitud superior a la que podía, por sí sola,  ser soportada por la economía española. Esta circunstancia ha obligado a un rescate del sector financiero que ha impuesto una fuerte condicionalidad a la política y a la legislación, limitando aún más el margen de maniobra de la política económica en manos del Gobierno. La profundidad de la crisis bancaria ha conducido además a un intenso proceso de concentración bancaría sin que ello haya podido solucionar, no obstante, los problemas del flujo de crédito que padece nuestra economía.

Ante la concentración bancaria en marcha y el alto grado de bancarización de nuestra economía

-¿Dejaría alguno de los bancos ahora controlados por el gobierno dentro del sector público?

El objetivo debe ser conseguir un sector financiero que proporcione a particulares y empresas el crédito que necesitan a un coste competitivo y con el adecuado control de riesgos. Para ello es necesario garantizar una competencia sana en el sector, evitando que ninguna entidad alcance un tamaño demasiado grande como para restringir la competencia o provocar riesgo sistémico. Además es necesaria una adecuada capitalización de las entidades financieras. En principio una mejor regulación y una mayor supervisión del sistema financiero podrían parecer elementos suficientes para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que el mercado no siempre facilita el crédito necesario, incluso cuando la demanda es solvente. Por esa razón contemplaría la posibilidad de conservar alguna de las entidades financieras controladas por el gobierno para atender dicha demanda.

Al mismo tiempo, es necesario un replanteamiento del funcionamiento del Instituto de Crédito Oficial y de las diferentes SGR con participación pública que dependen de los gobiernos autonómicos para que catalicen directamente sin pasar por la banca comercial el crédito que necesitan las PYMES para poder competir ya que son las grandes creadoras de empleo y de mantenimiento del tejido productivo español.

Por cierto, comparto la iniciativa del Gobierno de Andalucía de poner en marcha el Instituto de Crédito Oficial Andaluz que pueda realizar las funciones descritas en el párrafo anterior.

-¿Dejaría que siguiesen existiendo cooperativas de crédito-cajas rurales- o las bancarizaría como se ha hecho con las cajas de ahorros?

Por supuesto que las mantendría, ya que el modelo de cooperativas de crédito ha demostrado su eficacia en la política de desarrollo regional, y con el proceso de concentración bancaria actual se corre además el peligro de exclusión financiera en muchos territorios de la geografía española. Que el sistema financiero no se estructure sólo entorno a un número muy reducido de grandes bancos mejora la competencia y la capacidad de elección de los ciudadanos.

7. Política fiscal europea

Las políticas de austeridad se han estructurado fundamentalmente en torno a dos ejes: (i) el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, reforzado para aumentar la supervisión presupuestaria y (ii) el Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación Económica, conocido como Pacto Fiscal. El primero de ellos introduce un sesgo pro-cíclico en la política fiscal, al exigir la consolidación fiscal independientemente de la posición cíclica, al tiempo que exige la revisión del borrador de los Presupuestos incluso antes de que sea conocido por los Parlamentos nacionales. El segundo eje, el del Pacto Fiscal, establece reglas fiscales semiautomáticas e introduce la recomendación de incorporar el equilibrio presupuestario en las Constituciones nacionales.

– ¿Propondría, como Secretario General del PSOE, la modificación de estas normas europeas?

Sí, se ha ido demasiado lejos en la política de austeridad y en las restricciones al déficit. Ni siquiera desde el punto de vista de la teoría económica más tradicional tiene sentido el objetivo de déficit cero, ya que la financiación de las inversiones que contribuyen al desarrollo del país mediante deuda resulta  plenamente justificada, así como los déficit coyunturales consecuencia del papel estabilizador del Estado.

– ¿Qué opinión le merece la reforma que se realizó del artículo 135 de la Constitución Española?

Una reforma precipitada tomada en un contexto de debilidad de nuestra economía y gran presión exterior y que no consiguió el objetivo de calmar a los mercados.

Creo que es necesario abordar una reforma en profundidad de nuestra constitución que garantice antes que ningún otro derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y no el pago de la deuda que no debería ofrecer dudas en un país serio como el nuestro.

8. Desigualdad

El último informe, publicado recientemente por la (OCDE) sobre la desigualdad, muestra que en los cuatro primeros años de la crisis 2007-2011, el ingreso medio del 10% más pobre de la población española retrocedió 7,5 veces más que lo que cayó la renta del 10% más rico, apenas erosionada entre 2007 y 2011. En ninguno de los treinta países industrializados que aglutina la OCDE se ha producido un ajuste tan desequilibrado en la sociedad. España es uno de los países de la OCDE en el que la desigualdad ha aumentado más y hay sólidos indicios de que en los dos últimos años, desde la llegada del PP al poder, la desigualdad se ha acentuado aún más.

-¿Qué tipo de estrategias de política económica pondría en marcha para abordar el problema de la desigualdad en nuestro país?

El crecimiento de la desigualdad en nuestro país se explica fundamentalmente por el aumento del desempleo, que ha afectado con más intensidad a los sectores más vulnerables, y por la reducción progresiva de las políticas públicas con mayores efectos redistributivos como consecuencia de las dificultades para financiar el Estado de bienestar en un mundo globalizado donde cada vez resulta más difícil gravar las rentas del capital. Por lo tanto las políticas económicas más útiles para luchar contra la desigualdad son (las políticas de crecimiento, la política industrial, las políticas de incentivos a sectores emergentes, algunos intensivos en mano de obra como los empleos verdes y otras más basados en la I+D+I. Sólo así será posible la creación de empleo de calidad y una reforma fiscal “de verdad” que aumente el gravamen del capital y la riqueza permitiendo así financiar servicios con grandes efectos redistributivos como la sanidad y la educación.

-¿Podría poner ejemplos concretos?

En política fiscal las medidas ya mencionadas encaminadas a aumentar el gravamen de la riqueza y el capital. Dentro de las políticas de gasto considero fundamental  asegurar una igualdad de oportunidades real desde la infancia, reforzando para ello las políticas familiares, las políticas educativas y sanitarias y otras políticas específicas.

-¿Cuál cree que debe ser el objetivo principal de la Política Económica?

Conseguir el pleno empleo en unas condiciones laborales y salariales dignas.

-¿Cree que la desigualdad es solo un problema ético?

En absoluto. La desigualdad es un problema social que nos afecta a todos, y no solo a los más desfavorecidos. Está comprobado que a partir de un cierto nivel de desarrollo material la igualdad contribuye más que ningún otro factor al bienestar social, reduciendo todo tipo de problemas socioeconómicos como el crimen, las drogas o la salud mental, por poner tan sólo algunos ejemplos. Los seres humanos somos socialmente interdependientes y es un gran error pensar que podemos permanecer ajenos al sufrimiento de los demás, y no sólo por razones éticas.

Son sobradamente conocidas las tesis del premio Nobel John Stiglitz que demuestra cómo la desigualdad genera ineficiencia económica. Los países más ricos de Europa son aquellos que han desarrollado un sistema de bienestar más avanzado y con mayor cohesión social. Yo diría que la igualdad es rentable económicamente y por eso trabajar para la igualdad será mi prioridad.

9. Desafección

La desafección de la ciudadanía en las instituciones ha acabado por irrumpir en el panorama político con una fuerza inusitada. Los equilibrios políticos existentes desde 1978 están seriamente comprometidos. La dispersión del voto progresista y las elevadas tasas de abstención en las consultas electorales son prueba fehaciente de la gravedad del problema que, más allá del mayor o menor grado de racionalidad con que es expresado, es parte de una realidad insoslayable que enraíza en lo más profundo de los graves problemas económicos que sufre gran parte de la población. Paro, pobreza, precariedad e incertidumbre son la concreción de una creciente e intolerable desigualdad que amenaza con ser la característica principal con la que nos es ofrecida la salida a esta crisis.

La desafección alcanza a todas las instituciones. Todo está puesto en cuestión. Desde la alta Magistratura del Estado hasta los medios de comunicación -que se prestan a difundir el “argumento de la estabilidad a ultranza” como un valor superior-, ninguna institución escapa a la desafección. La falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones es tal que dejaría de resultarnos sorprendente la aparición de episodios de desobediencia civil. El desprestigio de los órganos reguladores, de inspección y vigilancia: CNMC, CNMV, CSN, BdE, Tribunal de Cuentas; o de la Justicia: Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional; o de la gobernanza de las grandes empresas, que bajo la protección de la LSA ha generado una nueva clase de ejecutivos multimillonarios y especuladores; o de los partidos políticos y de los sindicatos que alcanzan las cotas de desprestigio más altas desde 1978…. todo ello configura una situación de inestabilidad –en este caso sí, inestabilidad de la peor- que no puede ser ignorada. Sus efectos sistémicos sobre la economía podrían comprometer una salida a la crisis que fuera socialmente compartida y, por consiguiente, sostenible y creíble

– ¿Comparte –aunque sólo sea con matices- este diagnóstico que no está exento de alarma?

Parcialmente. Es cierto que necesitamos nuevos acuerdos sobre las reglas del juego político, o confirmar aquéllas reglas que pretendamos mantener, porque muchas reglas y acuerdos están cuestionados, particularmente por los sectores sociales progresistas. Ello creo que se debe a que el Estado no está respondiendo adecuadamente a algunos problemas y conflictos sociales especialmente graves: paro, corrupción y funcionamiento de los servicios públicos. Ahora bien, hay varios aspectos que objetar en su diagnóstico de desafección:

– No ha habido hay un sustancial incremento de la abstención en España, ni en las últimas elecciones generales, ni en las municipales, ni en las últimas europeas.

– La desafección supone una huida o supone pasividad, mientras que la desobediencia civil de la que alertan supondría una movilización contra el sistema político, pero en un sentido activo, de ejercer la protesta. Por tanto, la desafección a las instituciones no conduce a la desobediencia.

– El desprestigio de las instituciones habría que medirlo en cada institución respecto al que tenían antes, pero ni todas las entidades citadas son iguales, ni parece que su desprestigio lleve a la desobediencia civil, porque en realidad todavía existe en una parte importante de la población la creencia de que se pueden cambiar las cosas con la participación política dentro del sistema actual, y que le siguen demandando a las instituciones públicas soluciones a los principales problemas sociales.

En lo que si coincidimos es en que parece haber una falta de confianza en muchas instituciones públicas y privadas, incluso una desconexión entre los ciudadanos y las elites políticas, económicas y culturales, pero esto no tiene porque llevar a la desobediencia masiva, también puede llevar a una movilización positiva de una parte importante de la sociedad en la búsqueda de nuevos acuerdos y reglas de convivencia sobre nuevos valores compartidos a los que deberían ajustarse las entidades mencionadas.

El mejor antídoto contra la desafección es la transparencia absoluta en la gestión pública.

–  ¿Considera que la calidad de nuestras instituciones está entre los fundamentos de la desafección ciudadana? En caso de que así lo considere ¿qué ejemplos pondría como exponentes de una baja calidad institucional?

Si lo que estamos entendiendo por calidad de nuestras instituciones es la calidad democrática, sí que es un elemento que creo que ayudaría a mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Democratizar las instituciones públicas supone incorporar esos nuevos valores ciudadanos y cómo hacerlo son esos nuevos acuerdos a los que debemos llegar. Se democratiza aplicando principios de igualdad de oportunidades y derechos de acceso y representación de y en las organizaciones públicas, y, sobre todo, facilitando la transparencia, la participación y la colaboración con los ciudadanos en las instituciones.

Un ejemplo especialmente crítico de baja calidad democrática son las dificultades de acceso a la administración de justicia en función de la renta, con las nuevas tasas, ya que impide a los ciudadanos ejercer derechos fundamentales en términos de igualdad. Pero incluso sin tasas, la democratización del poder judicial se podría mejorar con la elección directa de los miembros del CGPJ, por ejemplo.

–  ¿Qué medidas o acciones considera que deben ser puestas en marcha para mejorar la calidad de las instituciones?

Haciendo que las instituciones públicas fomenten la participación ciudadana, la colaboración con entidades de la sociedad civil, orientando las actividades a los grupos sociales más débiles para conseguir mayor igualdad de oportunidades, con transparencia, rindiendo cuentas públicas de las actividades… en definitiva, incorporando los valores democráticos en las actividades diarias de las organizaciones públicas.

 

4 pensamientos en “Economistas Frente a la Crisis pregunta. Pedro Sánchez, Secretario General electo del PSOE, responde

  1. Pingback: Los candidatos del PSOE | Economistas Frente a la Crisis

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  3. Esperaba unas respuestas más frescas, más renovadoras en todos los campos. Un dirigente joven con ideas muy de centro derecha, y eso es lo que los ciudadanos ya no quieren, quieren ver claramente lo que es la izquierda de lo que es la derecha.
    Pedro debes de cambiar de asesores y de equipo para ilusionar al electorado y antes a los afiliados del Partido.

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