La contrarreforma eléctrica y el sector fotovoltaico

NdE: Este artículo tendrá una segunda parte que se centrará en los mitos en torno a las energías renovables sobre los que se ha cimentado la contrarreforma.

Por José Donoso (@JoseDonosAI) Director General de UNEF

La contrarreforma eléctrica que está en curso en este momento está afectando de manera particular al sector fotovoltaico. Ha afectado al pasado, el presente y el futuro del sector. Ha destruido la rentabilidad prevista de las inversiones realizadas, al punto de poner a las plantas en situación técnica de concurso de acreedores, ha generado una desconfianza futura hacia las tecnologías renovables, al romper el principio de la seguridad jurídica, que implicará la adopción de primas de riesgo importantes en futuros proyectos lo que perjudicará su competitividad y además ha cerrado la puerta al autoconsumo y el balance neto impidiendo el ejercicio de un derecho individual y una vía de desarrollo tecnológico futuro que puede alterar de manera importante el mundo del consumo y producción de electricidad.

Lo paradójico de la situación radica en que este intento de anulación e la energía FV en nuestro país coincide con un momento de auge mundial de la misma tecnología. El año pasado se consiguió un record de potencia FV anual instalada en el mundo, 36.500MW. Para este año se espera pulverizar ese record con la instalación de 55.000MW.

Según un reciente estudio de UBS, los costes de fabricación de placas FV se han reducido en un 85% desde 2007 hasta ahora. En este estudio de la mayor banca privada del mundo, señala que a nivel internacional, la FV ya aventaja a tecnologías convencionales como la nuclear. Destaca que el coste está en los 60 €/Mwh para la FV en tierra frente a los 95 €/Mwh de la nuclear y los 80-85€/Mwh en que se mueven los ciclos combinados y el carbón. (1)

La contrarreforma se ha querido justificar primero por la necesidad de frenar el déficit de tarifa, identificando la generación de este déficit con las energías renovables y después, en un segundo momento, cuando fue difícil seguir manteniendo esa argumentación, ya que el déficit del año pasado se produjo por la decisión política de que el Ministerio de Hacienda no cubriera los gastos a los cuales se había comprometido, se ha centrado la argumentación en la mejora de la competitividad.

Ambas argumentaciones son inexactas como comentaré más adelante.

Antecedentes.                                                      

Quizás convenga hacer un poco de historia para centrar este debate .Podemos partir de los años ochenta del Siglo pasado. En ese momento en Europa se daban una serie de circunstancias que iban a contribuir al comienzo del desarrollo a gran escala de las energías renovables tal como las conocemos hoy. En primer lugar, el surgimiento de una conciencia ambiental en diferentes países del Norte de Europa o el acogida de manera favorable de los mensajes ambientalistas por parte de los partidos tradicionales. La percepción de que una parte importante de los problemas ambientales provenían de la producción de energía eléctrica (lluvias ácidas, accidentes de Three Mille Islands, y Chernobil), fue generando una opinión pública favorable a la transición a un modelo de producción de energía eléctrica con un menor impacto en el Ambiente.

Pero, el poder impulsar la sustitución de las energías contaminantes con otras más limpias tenía que ser compatible con el sistema de mercado. Sistema en el que se daba la paradoja que el precio que pagaban los consumidores energéticos no se correspondía con el coste real que esa misma energía tenia para sistema económico por la no internalización de sus externalidades en el precio final. Esta subvención que la sociedad estaba realizando, a aquellas tecnologías “sucias”, estaba impidiendo el despegue de unas tecnologías limpias, aún inmaduras y lejanas del nivel de precio al que se estaban ofertando las convencionales.

Para resolver esta contradicción y conseguir hacer atractivas las inversiones en energías renovables, de forma que se permitiera su desarrollo se lanzó la idea de reflejar en el precio de cada energía convencional la parte del mismo que estaba siendo subsidiada directa o indirectamente, a través de los que se llamó la tasa de CO2 o tasa ambiental. A continuación se produjo un encendido debate en el que se planteó por parte de la industria y los sectores relacionados con las fuentes de energía afectadas, en el que se planteó el habitual argumento de que la U.E. iba a perder competitividad si adoptaba en solitario la Tasa Ambiental. Debate que se plantea ahora en los mismos términos, treinta años después.

Desde esos mismos sectores se lanzó la idea, que se aceptó, de que en lugar de penalizar al que contaminaba se primara al que producía con una fuente de energía limpia. Y así surgieron los primeros sistemas de apoyo nacionales a las energías renovables. Cada país implementó un sistema diferente, con diferentes grados de eficacia.(2).

Desarrollo

Dada la señal adecuada tanto la tecnología eólica como la fotovoltaica comenzaron a desarrollarse sin pausa. En pocos años, lo que comenzó siendo un sueño de ecologistas y una fotografía bonita para decorar las memorias anuales de las grandes compañías se convirtieron en una realidad industrial y en una importante fuente de producción de energía en los países que habían establecido sistemas de apoyo adecuados.

La mayor cercanía del coste de producción en aquel momento de la energía eólica a los precios de mercado hizo que esta se desarrollara más rápidamente

En nuestro país, el desarrollo comenzó a principios de los 90, gracias a la iniciativa pública implementada a través de IDAE y el establecimiento de regulaciones del tipo Feed-In (pago de un precio fijado por kwh producido y prioridad de acceso a la red), con una sofisticación posterior consistente en hacer variar la prima en función de la evolución de los precios de mercado pool.

Una regulación estable y el desarrollo tecnológico permitieron que fuera creciendo el sector eólico en nuestro país. Así en la primera década del presente siglo entraba cada año nueva potencia en el entorno de los 2000MW. Esta estabilidad en la regulación y el tamaño del mercado permitió el surgimiento de un sector industrial y de servicios, que fue capaz de generar tecnología propia y empresas líderes a nivel internacional.

En el sector FV, la historia fue diferente. El elevado precio de los paneles impidió que despegara el sector hasta que el RD661/2007 estableció una tarifa que daba rentabilidad a las instalaciones y que preveía alcanzar el objetivo fijado en el P.E.R 2005/2010 de 450 MW.

Para sorpresa del regulador a finales de 2007 ya se habían alcanzado 526 MW instalados, superándose el objetivo fijado para el año 2010. ¿Qué había pasado?

Este hecho que ha marcado la historia posterior del sector FV en España proviene de un error básico al aplicar el mismo sistema que había funcionado para la energía eólica a la FV, pero sin tener en cuenta las diferentes características de ambos sectores. El sector eólico, es un sector en el cual los proyectos tienen unos periodos largos de maduración, entre 7 y 10 años, y con barreras económicas y tecnológicas de entrada, que limitan el número de agentes económicos que pueden participar en él y la velocidad de la respuesta a una señal de precio dada.

Por el contrario, el sector FV se caracteriza por tener unos periodos de maduración cortos, solo unos meses, con unas tramitaciones administrativas relativamente cortas y no existir prácticamente barreras tecnológicas o económicas de entrada, pudiendo participar en el tanto las grandes empresas como los muy pequeños inversores. Mostrando una gran flexibilidad y rapidez en su reacción ante una señal de precio positiva. A estas características estructurales hay que añadir dos circunstancias coyunturales una la existencia de una bolsa de proyectos con la tramitación administrativa terminada, que se habían desarrollado al amparo del RD 436/2004 y el comienzo en el descenso de los precios de la tecnología, que favorecieron la rapidez de despliegue. El sobrepasar el objetivo se podría haber evitado simplemente con establecer en el RD que solo tendrían derecho a la prima los primeros 450MW instalados; en cambio, el RD hablaba de que la caducidad del sistema de primas se produciría un año después de que se alcanzara el 85% del objetivo.

Cuando se fue consciente de la superación del objetivo fijado, se quiso frenar la instalación de proyectos, pero para evitar no perjudicar a los proyectos en curso y, por la presión de las CC.AA. más afectadas, mediante la Resolución de 27 de set. de 2007 se aplicó la prórroga prevista en el R.D. de un año para la finalización de los proyectos en curso. Y en esta resolución se cometió el segundo y quizás más importante error, ya que una prorroga que solo quiere dar tiempo a que se terminen los proyectos iniciados, debería de haber sido inferior al periodo de maduración de los proyectos. Al ser superior, se consiguió el efecto contrario produciéndose un efecto llamada e instalándose 2.707 MW.

A partir de entonces comenzó la polémica que aún no ha terminado. ¿Se puede llamar especuladores a unos agentes económicos que respondieron a una señal de precio emitida por el B.O.E.? ¿Son los inversores los que deben de pagar el error regulatorio del Gobierno?

Polémica en la que hemos observados curiosas aportaciones, como el nuevo concepto jurídico acuñado por la CNMC sobre la obligada desconfiado del regulador sobre el regulado. Según la CNMC el regulado debería de haber comprendido que el Estado no era creíble y terminaría por cambiar la Ley perjudicándole con efectos retroactivos. Obvio explicitar el efecto que sobre nuestra economía y nuestra sociedad tendría la extensión de este principio.

NdE: Este artículo tendrá una segunda parte que se centrará en los mitos en torno a las energías renovables sobre los que se ha cimentado la contrarreforma.

6 pensamientos en “La contrarreforma eléctrica y el sector fotovoltaico

  1. Tantos errores son sospechosos… O hay trampa especulativa, o los servicios técnicos del Estado están llenos de irresponsables, incompetentes, o distraídos… Habría que someter en fualquier caso a lo que se publica en el BOE al control y aprobación de los interesados, o por lo menos crear la figura del recurso.., de forma que no sea siempre el usuario, el pueblo en general, el que pague las consecuencias de tantos funcionarios desaprensivos o inconscientes…

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