Presupuestos: La Crisis y el Multiplicador del Gasto Público

Juan Ignacio Bartolomé Gironella es miembro de Economistas Frente a la Crisis.

Los economistas no salen de su asombro. No por la amplia extensión de proposiciones debilmente fundamentadas (en situación de fuerte caída de la demanda efectiva es necesario reducir el gasto publico) lo que podría formar parte de una legitima controversia teórica, si no, sobre todo, por la tozuda defensa de ese tipo de posiciones a pesar de que la realidad está demostrando, contundentemente, las terribles consecuencias de la política económica que resulta de su aplicación dogmática.

En economía, como en medicina, también hay curanderos que porfían en tratamientos que empeoran la salud de su paciente. Son los tratamientos alternativos de quienes, seguros en su fe, cierran los ojos ante la realidad. Justo lo contrario de lo que exige el método científico, siempre tributario de la experiencia empírica.

En el curso introductorio a la macroeconomía, en primer año de la licenciatura de Ciencias Económicas, explicábamos un concepto al que llamábamos “Multiplicador del Gasto Público”. Era un efecto, en cierta medida paradójico, según el cual, bajo determinadas condiciones, un incremento del gasto público desencadenaba un proceso de incrementos sucesivos de la producción de bienes y servicios que permitían al Estado aumentar sus ingresos hasta el punto en que se contrarrestaba el incremento del gasto, con lo que acababan equilibrándose las cuentas públicas al nivel inicial. El mecanismo, explicado con la sencillez que requería un curso introductorio, es el siguiente: si, por ejemplo, el nuevo gasto se dedica a contratar a unos trabajadores, el Estado recupera el impuesto sobre la renta de estos trabajadores y, además, el IVA sobre la mayor parte de las compras que estos efectúen. Y, ya de forma indirecta, estas compras, en el supermercado o en el bar de la esquina, suponen un aumento del empleo y de las ventas y beneficios de determinadas empresas que también pagan los impuestos correspondientes y que, a su vez, aumentan sus compras a las empresas proveedoras, lo que implica nuevos aumentos de la recaudación del Estado y menos costes por prestaciones sociales. De ahí el concepto “Multiplicador”.

Este efecto opera igualmente, aunque en sentido contrario, si se trata de una reducción del gasto público. Si, por ejemplo, se despide a profesores, a médicos, o a investigadores, éstos pagan menos impuestos y también consumen menos lo que supone menores ventas de otras empresas, que acortan sus plantillas y aminoran los pedidos a sus proveedores, provocando nuevos descensos de los impuestos recaudados por las administraciones públicas. Calculábamos, tras operaciones aritméticas bastante simples, que al final del proceso el descenso del gasto público llevaría consigo un menor ingreso en cuantía similar. Es decir, la reducción del gasto no implica la pretendida reducción del déficit presupuestario.

Ambos fenómenos incorporan consecuencias muy relevantes. En el primer caso, el aumento del gasto público se traducía en mayor producción de bienes y servicios (PIB), mejora de la eficiencia del sistema productivo y más rentas y mayor grado de satisfacción de los ciudadanos. Mientras que en el segundo caso, reducción del gasto público, la consecuencia era un descenso del empleo, del PIB, de las rentas y de la eficiencia de la economía.

Son relaciones teóricas pero que pueden comprobarse en la práctica con un somero análisis de la evolución de las variables macroeconómicas y que sustentan la posibilidad de actuar desde el Estado para compensar una caída drástica de la actividad económica.

Siempre había en la clase un alumno aventajado que sintetizaba con una pregunta el desasosiego de sus compañeros. ¿Si esto es así, porqué no aumentar más y más el gasto de las administraciones públicas? La respuesta era el contenido de la segunda parte de la lección: como todo en la teoría económica, la relación entre causas y efectos se da en determinadas condiciones. Vamos a describir estas condiciones en un contexto de crisis profunda como la que sufrimos en la actualidad en España.

La primera condición es bastante evidente. Se requiere que el aparato productivo sea capaz de responder con aumentos de la producción de bienes y servicios al impulso de la demanda originada por el incremento del gasto público. Es decir, que tenga capacidades no utilizadas. En un escenario como el que vivimos esto no parece ser un problema. La mayor parte de las empresas están funcionando muy por debajo de sus posibilidades. Las cifras de paro son el mejor reflejo de la actual infrautilización de los recursos de que disponemos.

La segunda condición, conectada con la primera, se refiere al efecto sobre los precios, la tasa de inflación, que puede derivarse de incrementos sistemáticos de la demanda. Los movimientos de los precios reflejan las tensiones entre demanda y oferta. Si ésta no puede responder con aumento de las cantidades, responderá elevando los precios. En determinadas áreas se irán generando “cuellos de botella” traducidos en mayores precios que se trasmitirán al resto del sistema. La inflación tiene sus propios mecanismos de auto-alimentación, espirales de precios, que cuando se ponen en marcha son difíciles de corregir. Y en nuestro sencillo discurso aportábamos elementos que mostraban las graves ineficiencias que una inflación excesiva introducía en el funcionamiento del sistema económico. Sin embargo, éste tampoco parece ser un problema en las actuales circunstancias. La crisis, con un alto contenido de deficiencia de la demanda efectiva, convive con alzas de los precios muy limitadas.

La tercera condición se refiere a la financiación del incremento del gasto público. Si el Estado decide gastar más tiene que obtener créditos, que serán devueltos cuando sus arcas experimenten la afluencia de ingresos a través del efecto multiplicador que se describía al principio. Pero, en su búsqueda de financiación, el sector público compite con los inversores privados. En un escenario de fondos prestables escasos, la mayor demanda de préstamos por la Administración tiene consecuencias muy desfavorables para la inversión privada. Reduce las cantidades a su disposición y aumenta los tipos de interés. Sin embargo, éste tampoco es un problema relevante en los tiempos que vivimos. Las expectativas de los empresarios, que es lo que alimenta su demanda de inversión, están por los suelos, por lo que no se verían afectadas por el incremento del gasto público. De hecho, lo que les afecta con negativa intensidad es su reducción.

Un cuarto condicionante apunta al Comercio Internacional. La tan mencionada globalización supuso, hasta el estallido de la crisis, una expansión muy fuerte de los intercambios comerciales entre los países y de sus porcentajes sobre el PIB. El problema es que la expansión de la demanda, a través del gasto público, en un determinado país, corre el peligro de dirigirse, en parte, hacia las importaciones lo que, lógicamente, reduce sus efectos sobre el mercado interior. A pesar de la política expansiva llevada a cabo por el Gobierno español entre principios de 2008 y mediados de 2010, la debilidad de la demanda en ese periodo hizo que el déficit comercial se redujese prácticamente a la mitad motivado por una aguda caída de las importaciones y no tanto por la fortaleza de nuestras exportaciones. El impulso a la demanda en un país debe ser simultáneo al de los países de su entorno, de forma que el incremento de las importaciones venga contrarrestado por un aumento paralelo de las exportaciones. De ahí la crítica a la carencia angustiosa de coordinación de las políticas macroeconómicas en el seno de la Unión Europea.

La quinta condición también depende en gran medida de decisiones externas a la Administración del país. El tamaño de la diferencia entre gastos e ingresos públicos, el déficit, y su forma de financiación deben someterse a la normativa de la Unión Europea y a los acuerdos entre los estados miembros. Son normas establecidas cuando se crea el euro que limitan de manera estricta la autonomía de los gobiernos para contrarrestar, a través de su gasto, los efectos de la crisis en su propio país.

En concreto, y a diferencia del resto de las áreas económicas, EEUU, Reino Unido, Japón… el Banco Central Europeo no financia con Eurobonos los déficits públicos de los países cuya moneda es el Euro y las autoridades europeas exigen de forma rígida el mantenimiento de estos déficits en límites muy estrechos. Son reglas adecuadas en condiciones normales pero que, evidentemente, no están pensadas para situaciones de crisis, a pesar de lo cual, los Estados que controlan la Unión Europea, liderados por Alemania, las aplican rigurosamente, con la amenaza de expulsar de la moneda común a quien las incumpla.

Su aplicación se centra en la disminución del gasto público, ignorando que ello supone, a su vez, la reducción de los ingresos y, por tanto, el mantenimiento del déficit, e ignorando también sus consecuencias sobre el PIB, sobre los niveles de desempleo, sobre la calidad de vida de los ciudadanos y sobre la cohesión y la conflictividad social. El coste para la ciudadanía de esta política es inmenso y, por supuesto, muy superior a los beneficios que pudiera reportar.

En España hay recursos productivos en cantidades muy amplias que se mantienen ociosos. Trabajadores, empresarios, instalaciones, materias primas, tecnología… y también existen necesidades insatisfechas que suponen una gran demanda potencial que no se hace efectiva. Además, se cumplen las tres primeras condiciones que mencionábamos al principio. Sin embargo, las condiciones cuarta y quinta, que dependen de decisiones externas, impiden actuar a nuestras Administraciones Públicas para movilizar y emplear estos recursos.

Volviendo a la actividad docente, también tratábamos de explicar las causas de las crisis económicas: carencia de materias primas, excesos de oferta por sobreinversión, oleadas de nuevas tecnologías que provocaban la obsolescencia del aparato productivo, inadecuación de la mano de obra, falta de iniciativa empresarial,…. etc.

Lo paradójico es que ninguna de estas causas se adecúa a lo que está pasando. Conocemos los orígenes de la crisis pero su permanencia se debe a la caída de la demanda efectiva por depresión de las expectativas de los inversores y consumidores, por la reducción de la capacidad de comprar de estos últimos y por la inoperancia del sistema financiero. Son factores que pueden ser corregidos a través del impulso de las administraciones públicas Anunciar nuevos recortes no mejora, evidentemente, las expectativas de inversores y consumidores ni el funcionamiento del sistema financiero, cuya capacidad para abordar su endeudamiento depende de la evolución de los negocios. Es lógico que las reducciones del gasto público aumenten la prima de riesgo de la deuda, tanto del sistema financiero como del Estado, ya que la garantía de su devolución depende, fundamentalmente, de las previsiones sobre la evolución del PIB.

La desconfianza de los mercados no se debe a la insuficiencia de las medidas restrictivas que anuncian los presupuestos, sino, por el contrario, a la percepción de que estas medidas suponen ahondar en la depresión y, por tanto, a las dificultades para hacer frente a la deuda en un escenario más crítico.

Por ello, no es fácil clasificar la actual crisis con los criterios que utilizábamos en nuestros cursos. Si tuviéramos que asignarle un adjetivo hablaríamos de crisis “deliberada”. Las autoridades europeas nos mantienen deliberadamente en un escenario de paro, de inutilización del aparato productivo, de recortes de las prestaciones sociales y todo ello en aras de una pretendida austeridad, cuando este escenario, que prescinde de médicos, profesores, investigadores, etc., es precisamente el mayor derroche.

Y todo esto ¿porqué? Una característica esencial de esta crisis, a diferencia de otras que hemos sufrido, es que ha desencadenado un conglomerado de intereses que abogan por el mantenimiento de la recesión en los países del sur de Europa. Se sienten cómodos en ella. Son elementos que impiden la adopción de medidas para salir de la crisis. Pongamos algunos ejemplos:

A.-La colocación de eurobonos por el Banco Central Europeo, empleando los recursos obtenidos en la financiación a bajos tipos de interés de los déficit públicos, acompañada, por supuesto, de una fiscalización estricta de su utilización, reduciría el servicio de la deuda y permitiría a los gobiernos impulsar la movilización de los recursos productivos.

Sin embargo, eliminaría la especulación en torno a la deuda pública y reduciría los beneficios de los operadores financieros. Es lógico que estos se opongan con toda su capacidad de lobby.

B.-Un contexto de crisis como el que vivimos es el más adecuado para imponer una reforma laboral que quiebre la fuerza de las centrales sindicales y someta al mundo laboral.

C.-La pretendida austeridad es una magnifica coartada para reducir las prestaciones sociales. Al fin y al cabo, estas prestaciones son el eje de la redistribución de rentas por parte de estado. Y esta redistribución es obviamente, de los ricos hacia los pobres. Eliminando las prestaciones se elimina la redistribución.

D.-Aferrados a los tratados, en medio de una crisis profunda, un conjunto de países, liderados por Alemania, pueden modificar las relaciones de poder en el seno de la Unión Europea. El espectáculo de Alemania imponiendo los gobiernos de Grecia, Italia, Portugal e, indirectamente, España, solo es explicable en las actuales circunstancias.

E.-La crisis impulsa un cambio en la distribución del trabajo, tanto dentro de la Unión Europea como en el ámbito mundial. Habrá países ganadores y perdedores en esta nueva distribución.

En definitiva se trata de cambiar el sistema de producción, de distribución y de relaciones industriales y sociales. Eso es lo que está en juego. Las crisis desembocan en un nuevo sistema económico y la batalla se centra en la definición de este nuevo sistema. La derecha europea, amparada por los análisis de un amplio espectro de economistas heterodoxos, está ganando esta batalla por amplia goleada.

Este conglomerado de intereses es la explicación de los presupuestos elaborados por el Gobierno Español. La imagen del alto cargo europeo echando las manos al cuello del ministro español, al parecer en broma, no le vemos la gracia, es bastante expresiva. Lo surrealista son las declaraciones de este alto cargo: “Sabemos que ello supondrá mayor paro y más pobreza, pero es necesario hacer nuevos esfuerzos de reducción del gasto público en España”.

Se ha subvertido el objetivo de la política económica. No es combatir el paro y la pobreza, es reducir el gasto público. Estamos al borde del abismo y nos dicen que demos un paso al frente. Es lógico que tras la publicación de los presupuestos de la Administración Española aumenten la desconfianza en nuestra capacidad de afrontar la deuda, la prima de riesgo, las cifras de paro y las dificultades del sistema financiero.

Ello lleva a insistir en que nos mantienen deliberadamente en la crisis. Solo la aparición de intereses favorables a su superación, con suficiente potencia para contrarrestar los intereses en contra, puede cambiar la tendencia. De momento la crisis durará el tiempo que necesiten estos últimos para conseguir sus objetivos.

Juan Ignacio Bartolomé Gironella es economista y miembro de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS

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